La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, en la noche del martes, tras un largo proceso penal en su contra. La captura fue ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes cumplieron la instrucción del alto tribunal. Abadía está citado para este miércoles a una audiencia de lectura de fallo ante la Sala de Primera Instancia, donde se espera que se le imponga una pena por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.El caso contra el exfuncionario ha capturado la atención pública, dada su prominente posición como gobernador del conocido departamento colombiano. Los detalles del proceso legal son críticos, ya que implican acusaciones de corrupción que afectan la confianza en el sistema administrativo y de justicia en el país.El magistrado Augusto Torres Rojas es el ponente en este caso. La aprehensión de Abadía subraya el compromiso del sistema judicial colombiano con el procesamiento de delitos de corrupción, incluso cuando involucran a altos funcionarios.La audiencia programada y los cargos imputados señalan un momento significativo en la lucha por la transparencia y la integridad en la gestión pública. A medida que el país sigue de cerca el desarrollo de este caso, queda claro el mensaje de que nadie está por encima de la ley.AntecedentesEn junio de 2022, se imputaron cargos a Juan Carlos Abadía por presuntamente ofrecer dinero para obtener beneficios en un proceso penal en su contra. Según las pruebas presentadas, habría pagado 400 millones de pesos para obstaculizar una investigación en su contra.Un fiscal auxiliar delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Abadía, quien fuera gobernador del Valle del Cauca entre 2008 y 2011, por supuestamente pagar sobornos para evitar el avance de una investigación por corrupción en la que estaba involucrado.Las pruebas indican que Abadía habría contactado al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, a quien contrató en 2014, para obtener ayuda en un proceso penal relacionado con un convenio para dotar bibliotecas escolares en el departamento.Se alega que Abadía pagó para que las investigaciones en su contra fueran archivadas o retrasadas, evitando así una posible imputación o medida de aseguramiento. Se afirma que entregó 400 millones de pesos al abogado Moreno Rivera, quien canalizó el dinero hacia Francisco Ricaurte, ya condenado por este caso. Abadía también fue representado por José Leonidas Bustos en este proceso.Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Juan Carlos Abadía Campo el delito de cohecho por dar u ofrecer. Sin embargo, el imputado no aceptó los cargos.
En una sentencia de 41 páginas, el Consejo de Estado tumbó las sanciones disciplinarias que la Procuraduría le había impuesto al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía.El Ministerio Publicó lo había destituido e inhabilitado por 10 años por un contrato de servicios de salud que el exgobernador había firmado en el año 2010.La Procuraduría halló varias irregularidades en ese contrato que motivaron las medidas disciplinarias, sin embargo, Abadía demandó dicha sanción y el Consejo de Estado estudió la competencia de la entidad para sancionar a servidores públicos elegidos por voto popular.En la sentencia, el Consejo de Estado explicó que no se puede reconocer ninguna medida disciplinaria porque para la fecha en que de se determinaron las medidas contra el exgobernador del Valle del Cauca, ya no fungía en ese cargo.Juan Carlos Abadía, investigado por presunta participación en 'Cartel de la Toga'El exmandatario deberá responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer, pues supuestamente habría entregado un millonario soborno para ser beneficiado en las investigaciones que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia.Según el ente acusador, en el año 2014, Abadía le habría pagado la suma de 400 millones de pesos al ex fiscal contra la corrupción Luis Gustavo Moreno, para dilatar el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción, cuando fue gobernador del Valle del Cauca entre los años 2008 y 2010, dinero que habría sido redireccionado al ex magistrado Francisco Ricaurte, quien hoy también enfrenta una condena.Le puede interesar
Tras permanecer secuestrado durante seis días, Diego Cardona Campo, exsecretario del Deporte de Cali, y quien también es primo del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, habría sido liberado por sus captores en zona rural de Buenaventura. "Con profunda alegría les informo que Diego Cardona Campo se encuentra en libertad, sano y salvo. Agradezco a las autoridades por su gestión, y a las demás personas por la solidaridad", informó el personero de Cali, Harold Cortés, con quien Cardona trabaja actualmente, pues se desempeñaba como director financiero de la Personería de Cali.El pasado 10 de junio, el exsecretario fue secuestrado cuando se encontraba de descanso en una finca del municipio de Restrepo Valle, junto a su esposa. Hombres armados ingresaron al predio y lo obligaron a irse con ellos.Por su liberación la gobernación del Valle había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos, de manera preliminar su secuestro se atribuye al ELN, grupo armado que opera en la zona de Buenaventura donde Cardona fue puesto en libertad.Le puede interesar:
Graves denuncias de corrupción tienen pasando a Jorge Iván Ospina por su peor momento como alcalde de Cali. En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, hablaron líderes caleños que le han hecho un seguimiento riguroso y crítico a la gestión del mandatario.Escuche a la excongresista Catalina Ortiz, a la activista María Isabel Alvarado, al concejal Roberto Ortiz y a la cabildante Diana Rojas en sus opiniones frente al escándalo que sacude a la capital vallecaucana.“Ahora borran los trinos, dicen que nunca lo apoyaron. Hay una responsabilidad de la que no estamos hablando. Hubo un apoyo político a un señor que se sabía que había cometido severas irregularidades, que incluso tenía procesos ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo Catalina Ortiz.Según la exrepresentante a la Cámara, uno de los temas que deben abordarse es la presunta defraudación de cerca de 70.000 millones de pesos.“Hay otro caso, 70.000 millones de pesos para hacer el parcheo de la malla vial en Cali. Le obligaron a Ospina a que no se podía hacer contratación directa. Hicieron licitación y la amañaron. Quedó en manos de una empresa con todo tipo de cuestionamiento, que tiene vínculos con Aguilar en Santander”, indicó.“Aquí hay una gente que se ha beneficiado de haber elegido a Ospina. Juan Carlos Abadía es el que más se resalta”, agregó la excongresista Ortiz.El concejal Roberto Ortiz, que perdió las elecciones contra Ospina, pidió que los organismos de control actúen.“Esperamos que actúen. Cómo así que el alcalde imputado por un hecho de posible corrupción en un contrato de 2010, todavía ese proceso siga engavetado”, manifestó Ortiz.“Nos preocupa la toma de decisiones previas a la contratación, donde vemos una tendencia al fraccionamiento de bienes y servicios”, manifestó por su parte María Isabel Alvarado.“Se escuchan voces, aunque miedosas. Aquí es importante las cifras, este Concejo decidió aprobarle un crédito de los 650.000 millones de pesos, el problema es que no sabíamos con lista cierta en qué se iban a destinar”, declaró la concejal Diana Rojas.
