El Consejo de Estado cambió las condiciones del programa Jóvenes en Paz, bandera del Ministerio de Igualdad y la vicepresidenta Francia Márquez y ahora la población beneficiada con el pago de $1 millón será menor.La decisión se da tras estudiar una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia quien alegaba que la redacción del Decreto 1649 de 2023 que respaldó el proyecto incurrió en irregularidades a la hora de definir el grupo poblacional objetivo.Puntualmente, la Sección Primera del alto tribunal suspendió algunas expresiones o los términos incluidos en este decreto: la pobreza, o pobreza y vulnerabilidad en términos monetarios. Es decir que el pago del Estado aplicaría para quienes estén en situación de “extrema pobreza”.El argumento del magistrado ponente Oswaldo Giraldo López es que hubo una extralimitación de la función reglamentaria en la redacción pues al usar los términos ‘pobreza’ y ‘vulnerabilidad en términos monetarios’ se amplió el universo a jóvenes entre 14 y 18 años en “extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado”.Esto, según la demanda de Valencia, no fue aprobado en el Congreso cuando avalaron el Plan Nacional de Desarrollo, que incluía el programa social. En ese momento solo se aprobó la categoría “extrema pobreza”. Esto fue respaldado por el Consejo de Estado que también alertó los posibles problemas con la financiación del programa.“... En el debate democrático para la aprobación de la ley del plan, delimitó el alcance de la cobertura del Programa y, por ende, el gasto y el presupuesto que supone implementarlo. No puede pasarse por alto que, cuando el decreto reglamentario incorpora una población que no fue la prevista en el Plan Nacional de Desarrollo, la consecuencia práctica es el aumento del gasto frente al Programa, pasando por alto que la ley no lo autorizaba”, explicó el magistrado en su decisión.Estas medidas cautelares obligarán al Gobierno nacional a cambiar la metodología para seleccionar a los jóvenes beneficiarios con un proceso que, inicialmente, se haría a través de las bases de datos del DANE.
En un esfuerzo sin precedentes para transformar el futuro de la juventud colombiana, Seynekun, en colaboración con organizaciones líderes como Organon, Fundación Coontigo, Tirando x Colombia, Siigo, Campusland, Biz Nation, Deloitte y Home Capital, lanzaron el ambicioso proyecto Aluna. Este fondo social de impacto tiene como objetivo beneficiar a más de 100.000 jóvenes colombianos en un plazo de cuatro años, concentrándose principalmente en la región del Caribe colombiano.La situación actualLa juventud colombiana enfrenta retos significativos que han fomentado la migración forzada, especialmente en el Caribe colombiano. Un informe reciente, realizado conjuntamente por Seynekun y Deloitte, destaca que los principales desafíos incluyen el embarazo en edades tempranas, la falta de oportunidades educativas y laborales, y el déficit habitacional. La gravedad de la situación es tal que se estima que hasta 624.000 jóvenes de esta región podrían verse obligados a emigrar si no se implementan soluciones efectivas.Seynekun ha identificado estos problemas como prioritarios y ha desarrollado el proyecto Aluna para abordar directamente las causas subyacentes de la migración juvenil, con un enfoque integral en salud, formación laboral e inclusión financiera.Aluna: un fondo social de impacto innovadorEl proyecto Aluna se posiciona como uno de los fondos más influyentes en Latinoamérica, gracias a su enfoque único en finanzas sostenibles. Este fondo no solo busca frenar la migración juvenil, sino también promover el desarrollo económico y social en el Caribe colombiano. Según Marianna Minervini-Reyes, cofundadora y Chief of Social Operations de Seynekun, “Queremos devolverle a la costa lo que tanto nos ha dado”, resaltando el compromiso de la organización con las comunidades locales.Aluna se enfoca en tres áreas principales:Salud: Empoderamiento juvenil en salud sexualUno de los pilares fundamentales de Aluna es la educación en salud sexual para jóvenes. En colaboración con Tirando x Colombia, Fundación Coontigo y Organon, se implementarán programas educativos destinados a empoderar a más de 100.000 jóvenes en temas de salud sexual y reproductiva. Estos programas no solo buscan prevenir el embarazo adolescente, sino también ofrecer acceso a métodos anticonceptivos modernos a más de 8.400 jóvenes.Además, se proporcionará consejería en salud sexual y reproductiva a 27.500 jóvenes, creando una base sólida para decisiones informadas y responsables en su vida personal.Formación laboral y empleabilidad: Preparando a la juventud para el mercado laboralLa segunda fase del proyecto se centra en la formación laboral, un aspecto crucial para garantizar que los jóvenes puedan acceder a empleos formales y sostenibles. Con el apoyo de Biz Nation, Campusland y Siigo, se ofrecerán cursos en tecnología de la información, servicios financieros y habilidades industriales, junto con el desarrollo de habilidades blandas, esenciales para el éxito en cualquier entorno laboral.El objetivo es capacitar a 5.400 jóvenes en estas áreas, asegurando que estén preparados para enfrentar los desafíos del mercado laboral y puedan contribuir al desarrollo económico del país.Inclusión financiera y habitacional: Construyendo un futuro sólidoEl tercer enfoque de Aluna es la inclusión financiera y habitacional. Este componente del proyecto está diseñado para enseñar a los jóvenes a gestionar sus ingresos, ahorrar e invertir de manera efectiva. Se implementarán programas de educación financiera que incluirán la creación de cuentas de ahorro y orientación en la gestión salarial.Además, aquellos jóvenes que demuestren una gestión financiera responsable y alcancen ciertos criterios salariales, podrán acceder a créditos de vivienda, beneficiando a 700 jóvenes con viviendas asequibles y condonación parcial de deudas educativas.Seynekun no está solo en esta misión. Para garantizar el éxito de Aluna, la organización ha establecido alianzas estratégicas con algunas de las empresas y organizaciones más reconocidas del mundo. Deloitte desempeña un papel crucial como auditor del proyecto, asegurando que todos los objetivos se cumplan de manera transparente y efectiva.El fondo también cuenta con un equipo estructurador que incluye a BIPm Athena y Chalela Abogados, quienes se encargarán de captar la inversión semilla de capital privado y de encontrar una organización pública que actúe como pagadora por resultado, lo que asegura la viabilidad y continuidad del proyecto.
Uno de los proyectos del Gobierno en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro, es el denominado Jóvenes en Paz que busca, mediante subsidios o incentivos económicos, evitar que los jóvenes cometan actos delictivos.La demanda argumenta que el decreto 1649 de 2023 viola principios constitucionales, particularmente el de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, según los demandantes, el decreto otorga beneficios exclusivamente a jóvenes de 14 a 28 años en situación de extrema pobreza, ruralidad, explotación sexual, y vinculados a dinámicas de criminalidad, dejando de lado a otros grupos vulnerables como personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, madres cabeza de familia, personas de la tercera edad y la primera infancia.En diálogo con Blu Radio, abogados expertos aseguraron que el Consejo de Estado sí podría tumbar la reglamentación de este decreto, ya que el Departamento de Planeación Nacional (DPN), no habría hecho la focalización de a qué jóvenes les iba a llegar estos recursos.“Establecer que dentro del decreto hay una expedición irregular de dicha disposición en razón a que se omitió deliberadamente integrar los criterios técnicos de focalización y dejar diferida a otra norma a desarrollar por el Departamento Nacional de Planeación quienes serán los destinatarios. Dicho de otra manera, no sabemos a quién va dirigido y bajo qué criterios va a ir dirigido los recursos multimillonarios destinados a este programa de Jóvenes en Paz”, afirmó el jurista.Además, resaltan que es un decreto emitido sin competencia, ya que el programa implicaría el uso de recursos del Estado, por lo que la propuesta debía pasar por el Congreso para que se estudie su aprobación.Por otro lado, otro de los argumentos de la demanda es precisamente la desigualdad detectada dentro del decreto entre jóvenes rurales quienes serían los destinatarios de las transferencias monetarias creadas con el programa y los jóvenes urbanos los cuales, sin ningún tipo de justificación, no podrían recibir dicho beneficio.Será el Consejo de Estado quien tome una determinación de fondo en este caso, luego de estudiar los argumentos de los accionantes.
Este miércoles 15 de mayo, se realizó en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella un evento con consejeros de juventud, plataformas de juventud y beneficiarios del programa Jóvenes en Paz. Allí, el presidente Gustavo Petro dio un corto discurso ante los asistentes y, cuando se iba a retirar y la maestra de ceremonia pedía a todos mantenerse en sus puestos para la salida del mandatario, los jóvenes le pidieron que no se retirara y le exigieron que los escuchara.En la transmisión del evento se vio cómo cientos de jóvenes lo llamaban para que se quedara atendiendo a peticiones sobre dinero para la educación superior, que despegue Jóvenes en Paz, y que haya avances en la política de juventud. “Lo que le dije al presidente era que no podíamos caer en discursos populistas. Si él lo vio así fue porque se sintió aludido (…) por eso el Legislativo no le va a aprobar ninguna reforma al presidente porque es un señor prepotente y así no son las cosas, hay que respetar la autonomía de los diferentes poderes”, afirmó el William Molina, consejero por Santander, quien aseguró que no sale satisfecho del encuentro y sí con preocupaciones.Por su parte, Jhon Parra, consejero de Caqueta, añadió que el presidente los ha dejado plantado cuatro veces: “En el consejo nacional anterior tuvimos cuatro ausencias del presidente, en este nuevo consejo en diciembre nos dejó plantados también en la sesión de consejo nacional de juventud y gabinete ministerial”.En Jóvenes en Paz, que se realiza desde esta mañana en Bogotá, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió al polémico programa de Jóvenes en Paz y aseguró que ha recibido llamados de atención por parte del presidente Petro porque aún no arranca la primera transferencia. La funcionaria aseguró que la iniciativa avanza y que la idea es que más de 100.000 personas sean beneficiadas.
En agosto se harán las primeras transacciones del polémico programa Jóvenes en Paz, que entrega 1.000.000 de pesos a sus beneficiarios. El requisito para ingresar a este programa es haber estado vinculado a la criminalidad o tener riesgo de estarlo. Inicialmente, se beneficiaría a 30.000 jóvenes, pero se espera extenderlo a 60.000.“Una de las grandes apuestas para evitar el reclutamiento forzoso de los colombianos es Jóvenes en Paz. Pretende que jóvenes que estén estudiando en zonas de conflicto no se sumen a las bandas criminales o guerrillas. Se trata de financiarles el estudio, la vida y que hagan trabajo comunitario. El primer pago oficial será en agosto y vamos a comenzar con un primer giro, vamos a empezar con 30.000 jóvenes y haremos cinco pagos hasta diciembre”, explicó el director de Prosperidad social, Gustavo Bolívar.Prosperidad Social, que paga Renta Ciudadana y más subsidios, emite alerta: “¡Qué no lo estafen!”¿Cómo ser beneficiario de Jóvenes en Paz?Para participar de este programa dirigido a jóvenes entre 14 y 28 años es necesario cumplir con las siguientes condiciones:Estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios.Tener residencia habitual en zonas rurales.Ser, haber sido o tener riesgo de ser víctimas de explotación sexual.Estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado.Estar en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado.
El viceministro de Juventud del Ministerio de Igualdad, Gareth Sella, anunció que ya iniciaron las inscripciones para el programa Jóvenes en Paz, que tiene como objetivo principal de entregar mensualmente hasta 1 millón de pesos a aquellos jóvenes en riesgo de vincularse con actividades delictivas. Con la promesa de beneficiar a aproximadamente 65.000 jóvenes en 100 municipios del país durante los próximos tres años, Jóvenes en Paz busca abordar la problemática de vulnerabilidad a la participación en actividades delictivas. En esta fase inicial, se priorizará la atención de 6.000 jóvenes en cinco municipios clave: Guachené y Puerto Tejada en Cauca, Buenaventura en Valle del Cauca, Quibdó en Chocó, Medellín en Antioquia y la capital, Bogotá.¿Quiénes son elegibles?El programa está dirigido a jóvenes entre 14 y 28 años que residan en zonas rurales de municipios con presencia de grupos criminales y que no tengan orden de captura vigente. Para ser elegibles, los solicitantes deben cumplir con al menos uno de los siguientes criterios:Estar en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad económica.Residir habitualmente en áreas rurales.Ser, haber sido o estar en riesgo de ser víctima de explotación sexual.Estar o estar en riesgo de estar vinculado a actividades delictivas, violencia o reclutamiento forzado.Residir en áreas afectadas por la violencia o el conflicto armado y estar en situación de vulnerabilidad.Condiciones para recibir el beneficioLos beneficiarios de Jóvenes en Paz deben comprometerse a participar en actividades educativas y comunitarias como parte del programa. Estas condiciones incluyen:Participación en actividades educativas según lo establecido por el programa.Participación en actividades comunitarias o de corresponsabilidad en el municipio de residencia, de acuerdo con las directrices del programa.Cómo pagarán Jóvenes en PazEl valor de las transferencias monetarias, repartidas por el Departamento de Prosperidad Social, se liquidará mensualmente y su monto será de hasta un millón de pesos. ($1.000.000) de acuerdo con el cumplimiento que certifique el Ministerio de Igualdad y Equidad, conforme a las siguientes reglas:Con el 100 % de cumplimiento mensual de los componentes de educación y corresponsabilidad se entregará la totalidad de la transferencia monetaria estipulada ($1,000,000).Entre el 90 % y menos del 100 % de cumplimiento mensual promedio a los componentes de educación y corresponsabilidad, se entregará el 90 % de la transferencia monetaria condicionada ($900,000).Entre el 80 % y menos del 90 % cumplimiento mensual promedio a los componentes de educación y corresponsabilidad, se entregará el 80 % de la transferencia monetaria condicionada ($800,000).Entre el 70 % y menos del 80 % cumplimiento mensual promedio a los componentes de educación y corresponsabilidad, se entregará el 50 % de la transferencia monetaria condicionada ($500,000), por una sola vez.Si el cumplimiento mensual promedio a los componentes de educación y corresponsabilidad es inferior al 70 %, las y los participantes no tendrán derecho a recibir la transferencia monetaria condicionada.Las transferencias podrán hacerse a cuentas bancarias, billeteras digitales, giros o transferencias, según establecen los lineamientos del Gobierno nacional.Le puede interesar:
El Ministerio de Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, publicó en la mañana de este jueves, 11 de enero, el Manual Operativo del Programa Jóvenes en Paz, una de las más importantes apuestas del Gobierno de Gustavo Petro para atender a los jóvenes en condición vulnerable, lo que algunos críticos han calificado como el programa "pagar para no matar", citando una frase del primer mandatario.En el documento de casi 200 páginas, establece que Jóvenes en Paz estará enfocado a implementar una ruta de atención integral, para jóvenes entre 14 y 28 años, que les permita romper ciclos de violencia presentados en comunidades vulnerables, desvincularse de dinámicas criminales y promover su vinculación educativa, laboral y social, de acuerdo con los criterios de focalización territorial e individual definidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), cumplan con alguna de las siguientes condiciones:Estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios.Tener residencia habitual en zonas rurales.Ser, haber sido o tener riesgo de ser víctimas de explotación sexual.Estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado.Estar en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado.Durante la participación en el programa, las y los jóvenes deben vincularse a una oferta educativa y realizar acciones de trabajo comunitario o corresponsabilidad a favor de sus comunidades. Así mismo, recibirán atención en salud con énfasis en salud mental y acompañamiento psicosocial, y apoyo en tema de empleabilidad, emprendimiento y asociatividad. Todo esto liderado por los ministerios de Educación, Interior, Salud y Trabajo.En aquellos municipios donde se esté desarrollando un proceso de paz con Grupos armados y/o Estructuras Armadas de Alto Impacto, se coordinará con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para verificar la pertinencia de la socialización en estos espacios, y en caso positivo articular el desarrollo de esta.Los beneficiarios del programa que cuenten con procesos penales en su contra o que se encuentren inmersos en conflictos, puedan contar con orientaciones socio jurídicas que les permitan comprender las consecuencias legales, asumir la responsabilidad por el daño causado y reparar de forma directa o simbólica a las personas afectadas y si cuenta con una orden de captura tiene el deber legal de presentarse ante la autoridad judicial. Hasta que no se resuelva dicha situación, o se tenga una autorización del juez no puede participar del programa.El valor de las transferencias monetarias, repartidas por el Departamento de Prosperidad Social, se liquidará mensualmente y su monto será de hasta un millón de pesos. ($1.000.000) de acuerdo con el cumplimiento que certifique el Ministerio de Igualdad y Equidad, conforme a las siguientes reglas:Con el 100 % de cumplimiento mensual de los componentes de educación y corresponsabilidad se entregará la totalidad de la transferencia monetaria estipulada ($1,000,000).Entre el 90 % y menos del 100 % de cumplimiento mensual promedio a los componentes de educación y corresponsabilidad, se entregará el 90 % de la transferencia monetaria condicionada ($900,000).Entre el 80 % y menos del 90 % cumplimiento mensual promedio a los componentes de educación y corresponsabilidad, se entregará el 80 % de la transferencia monetaria condicionada ($800,000).Entre el 70 % y menos del 80 % cumplimiento mensual promedio a los componentes de educación y corresponsabilidad, se entregará el 50 % de la transferencia monetaria condicionada ($500,000), por una sola vez. Si el cumplimiento mensual promedio a los componentes de educación y corresponsabilidad es inferior al 70 %, las y los participantes no tendrán derecho a recibir la transferencia monetaria condicionada.Las transferencias podrán hacerse a cuentas bancarias, billeteras digitales, giros o transferencias, según establecen los lineamientos del Gobierno nacional.Le puede interesar:
El Gobierno estableció el marco que le abre el paso a la implementación del programa Jóvenes en Paz que estará a cargo del recién creado Ministerio de la Igualdad, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez.Así las cosas, el programa espera transferir un millón de pesos mensuales a por lo menos 100.000 jóvenes en zonas de conflicto que estén entre los 14 y 28 años de edad, priorizados como población vulnerable, en condición de pobreza y bajo riesgo de grupos criminales.Pese a que el decreto se basa en datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), según los cuales el 24.4 % de la población colombiana (12.7 millones) son jóvenes, la reglamentación no justifica la edad de 14 años como edad mínima para recibir un total de 12 millones de pesos anuales del programa Jóvenes en Paz.Sin embargo, hay que decir que el programa condiciona la transferencia de esos recursos a que los beneficiarios no tengan en su contra órdenes de captura o de aprehensión; medidas privativas de la libertad o que reciban otro tipo de ayudas del Gobierno nacional como el programa Jóvenes en Acción.Otra de las condiciones es que los jóvenes que se vinculen deberán estudiar y aportar a su comunidad como “corresponsabilidad o trabajo comunitario” por un periodo de 6 a 18 meses.El decreto cuenta con la firma de 12 ministros del gabinete, el Departamento Administrativo de la Presidencia, Planeación Nacional y Prosperidad Social que está bajo la dirección de Laura Sarabia.A continuación el decreto:
El candidato a la Alcaldía de Barrancabermeja, Elkin Bueno, afirmó que tiene un plan para crear más de 20.000 empleos en esa zona de Santander. Señaló que existe una necesidad apremiante que es la falta de empleo para los jóvenes que se están quedando sin oportunidades en el municipio.“A través del Forcap fortaleceremos líneas de ingresos para emprendedores, facilitándoles formación y financiación para que sus ideas de negocio prosperen. Lo mismo haremos con Parche E, donde los jóvenes recibirán capacitación, asesoría y apoyo para sus emprendimientos. Crearemos incentivos para que las empresas privadas contraten jóvenes que hagan sus pasantías y prácticas laborales remuneradas, de esta manera lograrán culminar sus estudios y a la vez adquirir la anhelada primera experiencia laboral.El candidato señaló que será reconfigurado el programa de alimentación escolar (PAE).“Vamos a aumentar a 40.000 mil los almuerzos que serán entregados diarios a los estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad, alimentos que serán preparados por las familias en los barrios y no por grandes contratistas del país como se viene haciendo. La carne, el pollo, el pescado y los productos alimenticios necesarios serán comprados a comerciantes y campesinos de Barrancabermeja, contribuyendo así a la dinamización de la economía local. De igual forma, los servicios como el transporte y logística deben ser contratados en la ciudad”, aseguró.Otra fuente de ingreso para los habitantes de Barrancabermeja será potencializar el sector turístico y traer grandes eventos deportivos y culturales para dinamizar la económica y la generación de empleo, manifestó Bueno Altahona.En la contienda electoral por la Alcaldía de Barrancabermeja compiten 12 candidatos. Los temas más neurálgicos del municipio es la inseguridad, la ola de sicariatos, el microtráfico y la falta de empleo diferente al que ofrece la industria petrolera.
El Ministerio de Hacienda dio viabilidad presupuestal al programa Jóvenes en Paz, una iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro, que busca brindar un subsidio mensual de un millón de pesos a 100.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad o riesgo de caer en la delincuencia.El presidente Gustavo Petro, inicialmente, presentó el programa como una forma de "pagarles a jóvenes por no matar", lo que generó un debate inicial sobre la efectividad y la ética de incentivar a los jóvenes a través de subsidios. Algunos críticos han cuestionado el enfoque, argumentando que el título en sí mismo es inapropiado y sugiere una relación directa entre el subsidio y la violencia.En el espacio de discusión de Mañanas Blu, se expresaron diversas opiniones sobre el programa. Algunos panelistas han defendido la idea de invertir en la juventud como una estrategia para prevenir la delincuencia.“Pero son poquitos si tenemos en cuenta el número de jóvenes que están en situación de vulnerabilidad y en riesgo de ser víctimas o victimarios de violencia en Colombia. Ese es tal vez el problema social más grande que tiene Colombia: un montón de jóvenes que están a lo largo y ancho de este país que ni estudian ni trabajan, tienen problemas de adaptación social, tienen problemas de consumo problemático de drogas o alcohol, son maltratados en su casa, en fin, una cantidad enorme de problemas sociales y no atacar ese problema es lo que ha hecho que en Colombia”, opinó Héctor Riveros tras criticar que se quiera caricaturizar la iniciativa.A la pregunta de si un millón de pesos mensuales soluciona la problemática, Riveros añadió que el objetivo es insertarlos en la sociedad: “Es un incentivo importante, pero yo francamente a mí me ha dado mucha tristeza toda la discusión alrededor de este proyecto. Porque me parece primero que los colombianos parecemos condenados, porque si metemos semejante discusión por un programa de prevención de violencia juvenil, que en cualquier parte no merecería sino aplausos, pues realmente estamos condenados".El debate también giró en torno a la viabilidad presupuestaria del programa dado que se destinarán 1.2 billones de pesos anuales para el subsidio de los jóvenes. Algunos críticos han planteado preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo y si el subsidio realmente abordará las raíces de la delincuencia juvenil.“La pregunta de fondo es qué pasa al cabo de un año Cuando se agoten los recursos, ¿entonces vuelve la violencia. Porque es que son 1.2 billones de pesos por un año, por una vez”, se preguntó Paola Ochoa.Por su parte, Álvaro Forero manifestó que el problema de la delincuencia en Colombia es que las organizaciones criminales “no tienen competencia” a la hora de reclutar jóvenes, algo que sí podría lograr este programa.“Gran parte de los temas de violencia, de narcotráfico, se concentran en esas edades, y se concentran en unas zonas del país. Y es simplemente que muchos de esos muchachos no tienen competencia, no les compite a las organizaciones criminales nadie. Entonces, esto es un tema de inversión. ¿Por qué se utiliza este mecanismo? Pues porque es que los anteriores no han funcionado. Si lo anterior hubiera servido, uno aceptaría que se encontraran los problemas de este mecanismo. obviamente ningún mecanismo, casi que ninguna política pública es perfecta y como las drogas casi todas tienen daño colateral no hay la menor duda de que la situación socioeconómica de unos ciudadanos en una zona del país es lo que más contribuye a que sean sujetos de la violencia”, puntualizó.La polémica también ha abierto una discusión más amplia sobre cómo abordar el problema de la delincuencia juvenil en Colombia. Algunos han señalado que la inversión en educación, empleo y servicios sociales es esencial para atacar las raíces de este problema. Otros han resaltado que el enfoque de prevención y contención debe ser complementado con políticas a largo plazo que aborden la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.“Son dos enfoques que compiten porque es que hay otro programa ya de jóvenes, el de Jóvenes en Acción, que es un programa pues que está sujeto seguramente a muchas mejoras y a muchas más precisiones y por supuesto a muchos desarrollos. Pero fíjense que tienen dos concepciones distintas. El programa de Jóvenes en Acción es un programa que estimula, que incentiva, que trata de ser proactivo frente a la vida de jóvenes, que en eso coincido con Héctor: es un problema gravísimo que tiene Colombia con los famosos ninis y su proclividad eventual, porque no todos acaren la violencia. Este es un programa que no es el incentivo, sino es el e contención digamos es el incentivo por contención y no por estímulo, pero hay algo más más más curioso este programa que aprobó el Ministerio de Hacienda: $1.200.000 vale de tres a cuatro veces más que el de Jóvenes En Acción. Entonces, tenemos un programa para estimular incentivar. Tenemos un programa para incentivar y estimular que vale la cuarta o la tercera parte del programa que es de contención”, puntualizó Aurelio Suárez.
