Desde el ‘Foros por el futuro de Colombia’ que lidera el partido Centro Democrático desde Barranquilla, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, aseguró que “no ha sido afortunada” la manera en la que han venido avanzando las negociaciones con la guerrilla del ELN.Cuestionó, entre otras cosas, el corredor humanitario habilitado en el Chocó, afirmando que “no es suficiente” pues, para él, tratar de mantener diálogos es insuficiente cuando no hay verdadera voluntad de paz.“No ha sido afortunada la manera en la que ha venido avanzando este proceso. Casi que firmando el comunicado que se expidió en Caracas, secuestraron a Cristian Serrano el Río de Oro (César). Adicional, decretaron un paro armado en el Chocó. No podemos seguir tratando de mantener un diálogo cuando evidentemente no hay ese tipo de manifestaciones “, señaló Lafaurie.Adicionalmente, se refirió a la crisis del sector lechero en el país, asegurando sentirse preocupado porque no ha habido una integración con el sector transformador.Según explicó, esto no ha permitido eliminar, inclusive, la brecha que hay en cuanto al consumo de leche entre estratos altos y los sectores más vulnerables del país.“Yo veo que no nos integramos debidamente, entre otras cosas, en el sector transformador. Colombia produce mucha leche, más del doble de lo que transforma la industria. Yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo en esa materia”.Bajo esta línea, indicó que “por una razón elemental, porque un país como el nuestro que produce tanta comida, no puede dormir un niño sin un vaso de leche”.
El presidente Gustavo Petro, reveló que la "propuesta confidencial" que su Gobierno le presentó al ELN para descongelar los diálogos de paz está relacionada con una "reforma económica" y acusó a la guerrilla no estar interesada en el tema."No hay problema con que se haga publica la 'propuesta confidencial': se les propuso viabilizar la propuesta sobre reforma económica que se acordó con el ELN, que se firmó como primer punto de acuerdo, con el empresariado del país y el movimiento social de Colombia para discutir los mecanismos de su implementación", expresó el mandatario en la red social X.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el integrante del equipo negociador del Gobierno José Félix Lafaurie, se refirió a proceso con esa guerrilla. Mencionó que ahora se está entrando en una etapa crítica en la cual se discutirán temas como el régimen político, el modelo económico y el sistema de sostenibilidad ambiental, económica y social de Colombia, lo que implica cambios profundos en las normas legales y constitucionales del país. En ese sentido, señaló que a su parecer se debe hacer un alto en el camino con respecto al proceso, pues no está saliendo bien. "Mientras que el Ejército no puede tener ningún tipo de acción ofensiva, estos grupos se reparten el territorio a sus anchas. Yo he dicho que hay que hacer un alto en el camino. Si no funciona el cese, ¿para qué hacerlo? ¿Para una burla?", dijo. Sobre la propuesta confidencial de la que habla el presidente Gustavo Petro, señaló: "Yo no sé si Vera Grave como jefa de la delegación e Iván Cepeda conozcan de la propuesta confidencial, entiendo que nadie". 'Propuesta confidencial'El sábado pasado el Gobierno anunció una 'propuesta confidencial' para avanzar en los diálogos, que pasan por un momento crítico por las exigencias de esa guerrilla de que el Ejecutivo los retire de la lista de grupos terroristas y la terminación del cese el fuego bilateral."Es una propuesta para salir adelante, impulsar los diálogos y no simplemente encallar en unas discusiones fácticas y procedimentales", dijo el senador Iván Cepeda.Según la jefa negociadora del Gobierno, Vera Grabe, la propuesta "muestra la importancia que desde el Gobierno le dan a este proceso"."Valoramos la respuesta de las organizaciones sociales, las expresiones de la ONU, de la iglesia y de los países garantes en pro de este proceso", añadió.El cese del fuego bilateral con el ELN venció el pasado 3 de agosto y no se ha podido prorrogar. El grupo armado solicitó esta semana al Gobierno que lo retire del listado de grupos armados organizados (GAO) para reanudar la tregua.Escuche aquí la entrevista:
El cese al fuego con el ELN, que comenzó hace un año y es el más largo que se ha pactado con la guerrilla, finaliza este sábado sin acuerdo por las dos partes de una prórroga y cuando la mesa de diálogos pasa por su peor momento.El Gobierno y el ELN iniciaron en noviembre de 2022 una nueva negociación de paz, que actualmente se encuentra congelada, y, como parte de ese proceso, el 3 de agosto de 2023 entró en vigor un cese el fuego bilateral de 180 días que fue prorrogado por otros 180.Desde la delegación del Gobierno tratan de pactar una "extensión técnica" del cese al fuego, pero la guerrilla condicionó la reunión con el Gobierno colombiano para acordar una prórroga a que se publique un decreto presidencial donde retire al ELN de la lista de grupos armados organizados (GAO).En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan e integrante de la mesa de negociación, habló sobre el tema y las razones para no prorrogar el cese el fuego."El cese al fuego tiene una finalidad y es proteger la población civil. Hoy creo que hay que hacer un alto en el camino por varias razones", señaló. De acuerdo con Lafaurie, "haber suspendido el cese al fuego no puede ser tampoco para rasgarse las vestiduras. Incluso cuando arrancamos en Caracas en su momento varias voces sostuvieron la tesis que incluso era mejor negociar sin cese el fuego". Por su parte, Jesús Martínez, gobernador de Arauca, habló sobre la decisión de no extender el cese al fuego con el ELN en medio de los diálogos de paz y explicó lo que esto significa para este departamento. Aseguró que hay preocupación en la población civil, "en la medida en que se presenten situaciones que alteren el orden público, pues indirectamente también se va a ver afectada la seguridad de los habitantes en el departamento de Arauca", reflexionó.Voces piden la prórrogaEn los últimos días múltiples voces y organismos han pedido a las dos partes compromiso para una prórroga que traiga a los territorios paz.El pasado mes, el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, aseguró: "Hemos visto muchos beneficios del cese al fuego entre el ELN y el Gobierno y sería beneficioso que ese cese se extendiera, se prorrogara y ojalá también se ampliara porque tiene campo para ampliarse".Por su parte, la Coordinadora Humanitaria, que agrupa a un centenar de organismos sociales, aseguró que en el primer semestre de 2024 se produjeron 605 eventos violentos (328 posibles violaciones al cese y 277 acciones hostiles), pero a pesar de ello pidieron "impulsar un cese al fuego y de hostilidades multilateral para salvaguardar la vida"."Consideramos fundamental el avance y continuidad de los diálogos y negociaciones con estos grupos, la exploración y apertura de diálogo con otros grupos y estructuras armada", apuntó este conjunto de organizaciones.Escuche aquí la entrevista:
En medio de su participación en el Foro Ideológico y Programático del Partido Conservador en la ciudad de Cartagena, el presidente de Fedegán y negociador del Gobierno con el ELN, José Felix Lafaurie, confirmó que ya solicitó un encuentro con el presidente de la República, Gustavo Petro, para presentar los motivos por los que se debe suspender los diálogos con esa guerrilla.“Pedí audiencia y voy a insistir, porque no se puede, de alguna manera, seguir permitiendo que mientras le exigen al Gobierno, mientras cuestionan buena parte de las cosas que el Gobierno hace, por ejemplo, como el tema de Nariño, de Samaniego, por el otro lado, siguen secuestrando, siguen asesinando y siguen extorsionando. Creo que los diálogos de paz son demasiado serios y no puede, de alguna manera, el ELN, ni ningún grupo armado, continuar con un juego que es una especie de dinámica de terror que claramente termina por afectar y mandar un mensaje equivocado a la sociedad colombiana”, señaló Lafaurie.El presidente de Fedegán señaló en una columna publicada hace tres días, que entre los argumentos que ameritaba la evaluación de una eventual suspensión de los diálogos están las revelaciones hechas por Noticias Caracol de que una parte de los contratos en la Unidad para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) tuvieron como destino financiar ese grupo armado y las acciones criminales que siguen operando en diferentes regiones del país.“No vamos bien porque, en el fondo, yo soy delegado con el ELN y tenemos a corto plazo que sentarnos a mirar si hay o no hay una prórroga del cese al fuego. Pero cese el fuego sin que opere el mecanismo de verificación y monitoreo para que identifique todos estos casos que se han venido presentando. Dieciocho personas secuestradas en Arauca, dos personas que devolvieron hace poco, una serie de hechos que claramente muestran la poca voluntad de paz. Creo que obliga a un alto en el camino. Me parece que el Gobierno, más bien, tendría que plantarse para exigirle, en el caso nuestro al ELN, que tenga muestras ciertas de paz”, afirmó Lafaurie.El negociador sostuvo que no se puede estar insinuando una participación de la sociedad, y generando al tiempo una serie de hechos críticos que, de alguna manera, forman parte de una lógica de terror: confinando, secuestrando, desplazando a sectores vulnerables de la sociedad colombiana; sobre todo en regiones tan duramente golpeadas por todos los factores de violencia.
Fue el mismo presidente ejecutivo de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien confirmó que no hará parte de la siguiente ronda de negociaciones entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN, que está prevista para iniciar el próximo 20 de mayo en Caracas, Venezuela. Además, señaló que esto se debe a que va a cumplir con unos compromisos en el exterior.“El Consejo Nacional de Participación, CNP, deberá someter a consideración de la Mesa de Diálogos los tres entregables previstos en el Acuerdo de Participación (Acuerdo 9) para esta primera fase de diseño: un modelo de participación, unas recomendaciones y un Plan Nacional de Participación”, afirmó Lafaurie en su columna ‘Una Caja de Pandora’.El mismo Lafaurie ya había manifestado que las actuales negociaciones con este grupo armado tienen varias complejidades para avanzar, principalmente debido a la postura de la guerrilla de haber dado por terminada la suspensión de los secuestros con fines económicos, lo que ya ha sido manifestado como no negociable con el estado, y que ya había traído complicaciones en la mesa después del secuestro de Mane Díaz, el padre del futbolista de la Selección Colombia Luis Díaz, caso que conmovió a todo el país y que fue una de las razones por las que se comprometieron a suspender esta actividad.Hay que mencionar que el mismo Lafaurie previamente había puesto en duda su continuidad en la mesa de diálogos ante la posibilidad de que el grupo armado fuese responsable de los secuestros de los ganaderos Néstor Julio, ocurrido el 8 de mayo en Casanare, y el de Uriel Libardo, llevado a cabo el 5 de mayo en el departamento de Arauca".
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dio "por terminada" la suspensión de los secuestros con fines económicos, al considerar que se le incumplió con la creación de un "fondo multidonante para el proceso de paz", a lo que el Gobierno respondió que la "eliminación" de ese crimen no es negociable con el Estado."El ELN da por terminada su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas (...) El Fondo aún no está constituido, el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo", señaló la Dirección Nacional de esa guerrilla en un comunicado.Ante esa declaración, la delegación del Gobierno respondió en otro comunicado que en los diálogos de paz "siempre ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano"."Esperamos que el ELN mantenga el compromiso adquirido ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional y ponga fin a cualquier forma de secuestro", añadió la delegación del Gobierno.Por su parte, en diálogo con Mañanas Blu, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y que hace parte de la delegación del Gobierno, agregó que este es un duro revés para el proceso y que ante esa decisión ve muy difícil avanzar positivamente.Asimismo, sentenció que, mientras el ELN mantenga su decisión de volver a secuestrar, su presencia en la mesa de diálogos “se hace insostenible”.
El presidente Gustavo Petro y José Félix Lafaurie, sostuvieron una reunión en la que abordaron la propuesta de los ganaderos sobre frentes de seguridad ante la ola de inseguridad que se presenta en el país. De acuerdo con Lafaurie, el diagnóstico hecho sobre la seguridad, es compartido por el presidente Gustavo Petro: "evidentemente el diagnóstico que le hice lo comparte plenamente. Es decir, aquí hay una situación crítica de violencia en muchas zonas del país". De esta manera, reveló que el mandatario coincide en que se deben tomar medidas frente a la seguridad, sin embargo, aclaró que con respecto a la solución que proponen desde el sector ganadero el presidente sentó su posición, a lo que Lafaurie le explicó que la afectación de inseguridad no solo afecta a los ganaderos, sino a los comerciantes en general. ONU DD.HH. alerta sobre aumento de violencia en Colombia a pesar de medidas del GobiernoLa Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó su informe anual que recoge, una vez más, un aumento de la violencia como en el caso de las masacres, que fueron 98 en 2023, y el crecimiento de los grupos armados pese al avance en las negociaciones de paz y de un mayor enfoque en derechos humanos en las políticas del Gobierno.En ese sentido, el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señala que en 2023 en Colombia esta entidad pudo verificar seis masacres más que en 2022, con 320 víctimas, y 105 asesinatos de defensores de derechos humanos (once menos que el año anterior)."De nuestro balance de la situación en el 2023 preocupa que a pesar de existir una disminución en algunos indicadores de violencia, continúa la expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales con graves consecuencias para los derechos humanos", explicó en la presentación del informe la representante en Colombia de esta oficina, Juliette de Rivero.En ese sentido, De Rivero apuntó que "aunque en relación con el 2022 se registró una disminución del 9,5 % en homicidios de personas defensoras verificados, la violencia contra ellas siguió siendo absolutamente intolerable. Sigue siendo la cifra más alta del mundo".Escuche aquí la entrevista:
El presidente de Fedegan y miembro de la mesa de negociación con el ELN, José Félix Lafaurie, aseguró que es necesario “cotejar” la cifra de secuestrados actuales del ELN con el listado original que presentó esta guerrilla, luego de que la delegación del Gobierno anunciara que ya no queda ningún secuestrado por parte de este grupo armado.“Es posible, entre otras cosas, mañana hay una plenaria del mecanismo y ahí habrá que cotejar los 26 originales y otros que eventualmente fueron secuestrados, por ejemplo hace pocos días en Arauquita hubo un ciudadano que fue secuestrado por el ELN”, sostuvo.El líder gremial agregó que en el siguiente ciclo de negociación con el ELN es necesario aterrizar los diálogos en la región.“El próximo ciclo va ser muy definitivo porque, al margen de que las conversiones son de carácter nacional, el problema está en los territorios, la violencia está en los territorios, la violencia está en los territorios (…) hay que aterrizar los diálogos en la región, para que sea la sociedad la que exprese libremente qué tipo de amenazas, que tipo de presiones, cuáles son las violencias que están haciendo imposible la vida con el pleno goce de derechos y libertades”, enfatizó.El presidente de Fedegan descartó que en este momento la mesa de diálogos atraviese una crisis: “Llevamos veintitantos acuerdos firmados. No estamos igual que el día que nos fuimos a Caracas (…) De entonces acá ha pasado año y medio, algo hemos avanzado”, dijo.Sobre las declaraciones del líder guerrillero Antonio García que puso entredicho la existencia del frente Comuneros del Sur en Nariño, afirmó que debe ser revisada.“Es un dirigente del ELN de una larguísima trayectoria, en consecuencia me parece que la declaración de Antonio García habría que mirarla porque que yo sepa ese es un comandante que hace más de 50 años y tiene uno de los frentes de guerra más significativos del ELN”, concluyó.
El ELN anunció este que a partir de la medianoche daba por finalizado el 'paro armado' que declaró en el departamento del Chocó, que afecta a 27.000 personas que están confinadas o sin poder desplazarse.A través de un comunicado del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, el ELN anunció esta medida y "agradeció" a los "pobladores que asumieron el llamado y no se presentaron incidentes".La guerrilla impuso el viernes esta medida amenazando a la población con "abstenerse de moverse para evitar incidentes" asegurando que en este departamento, históricamente afectado por el conflicto y la desidia estatal, "la presencia del paramilitarismo arrecia contra la población humilde de este territorio, en complacencia con la fuerza pública que opera en este sector de la región".José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan e integrante de la mesa de negociación con el ELN, entregó detalles sobre el cese el fuego con esa guerrilla y el último anuncio de suspender el paro que habían anunciado. "La gobernadora del departamento del Chocó ha estado muy activa, abogando y tratando de mostrar la realidad de más de treinta mil personas confinadas por el paro armado. Entendemos que ayer se suspendió, pero claro, sólo en la medida en que las propias autoridades estén allá en el territorio, es posible verificar si eso es exactamente así o no lo es", dijo sobre el anuncio de suspensión del paro.Sobre el paro armado del ELN, señaló que es una situación que requiere de atención, teniendo en cuenta los protocolos firmados, "yo sí creo que es una situación que merece la mayor atención, porque los acuerdos firmados, si bien no establecen la prohibición expresa durante el cese del fuego que se elabora en un acuerdo muy técnico sobre con protocolos de acciones prohibidas, el caso del paro armado no se ha considerado", señaló.Y agregó, "si bien técnicamente no está incorporado en el protocolo, es evidente que el cese se hace precisamente en favor de la población. Es un contrasentido. Sobre todo hay poblaciones víctimas y vulnerables como esta".Cabe recordar que el propio gobierno tildó la medida como "una deslealtad" de la guerrilla con los acuerdos alcanzados en las conversaciones de paz en curso, ya que apenas hace una semana se acordó prolongar el cese al fuego bilateral extendiéndolo hasta el 3 de agosto."La declaración de 'paro armado' del ELN es una deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias", había asegurado el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.Escuche la entrevista aquí:
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y quien forma parte de la delegación gubernamental en los diálogos con el ELN, recientemente abordó las negociaciones y expresó inquietudes sobre ciertos asuntos nacionales.“Nos preocupa la inseguridad rural, el regreso del secuestro y la extorsión que nunca se fue, además del futuro de las negociaciones con el ELN, en las cuales participo como presidente de Fedegán con aprobación del pleno del Congreso Nacional de Ganaderos de 2022”, señaló Lafaurie en una columna.Por otro lado, dijo que había una contradicción entre las declaraciones del máximo cabecilla de ese grupo, alias ‘Antonio García’, y lo que se acuerda en la mesa de diálogo.“No ha sido fácil, sobre todo por la contradicción entre lo acordado en la mesa y las declaraciones del jefe del ELN, frente a un país que, por esa vía, no superará el escepticismo sobre un proceso que tanto apoyo necesita. Aun así, aunque la meta es importante, lo más importante es no detenerse. El campo y la paz lo merecen como augurio de un mejor Año Nuevo”, asegura Lafaurie.Cabe recordar que recientemente el máximo cabecilla del ELN, señaló que para que la guerrilla pueda dejar de secuestrar sus combatientes debían recibir una financiación.Le puede interesar:
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
El Metro de la 80 en Medellín es una obra de más de 13 kilómetros que conectará a la ciudad entre las estaciones Caribe y Aguacatala en el sistema actual, por nuevas rutas que comprenden 17 estaciones por el occidente de la ciudad.Aunque traerá beneficios en materia de movilidad para la ciudad, hoy los recursos enredan el proyecto. En el 2020 se suscribió un convenio por ley de metros y quedó establecido que el gobierno aportaría el 70 % de la plata, mientras que el otro 30 la Alcaldía de Medellín.“Ya lo que son las vigencias futuras, el Distrito ya cumplió, ya les cumplimos a tiempo. Más de 70.000 millones de pesos y el Gobierno nacional tenía que haber puesto 483.000 millones de pesos y no han llegado”, señaló el alcalde Federico Gutiérrez.Por su parte, el concejal de Medellín Alejandro De Bedout realizó un derecho de petición al Gobierno nacional haciendo esta misma pregunta y desde el Ministerio de Hacienda admitieron que “los recursos no han sido asignados, toda vez que están sujetos a la disponibilidad de caja de Nación, como es de conocimiento público, el incumplimiento en las metas de recaudo durante la presente vigencia ha obligado a replantear las metas en el gasto”, afectando así al Metro de la 80.“Tengo información que, al Metro de Bogotá, que es una obra también muy importante bajo la ley de metros 7030, ya le hicieron los desembolsos. 600.000 millones de pesos ha recibido el Distrito de Bogotá por parte de la Nación y viene cumpliendo. ¿Por qué con Medellín y Antioquia no? ¿Cuál es el odio que hay con Medellín y con esta región?”, dijo el concejal.A su vez, el Metro de Medellín señaló que los recursos de la obra están garantizados porque se hizo un préstamo con entidades bancarias. Esto quiere decir que, si el Gobierno no cancela la deuda de 483.000 millones de pesos el 31 de diciembre, el metro podría entrar en una crisis por cuenta de esos créditos.“La entrega de recursos por parte del Gobierno nacional y el Distrito se van a mayor plazo para eso fue necesario tener un crédito para poder ejecutar el proyecto este crédito nos da nosotros la salvedad que vamos a tener el flujo de caja para cumplir con todas nuestras obligaciones. Sin embargo, es muy importante y estamos esperando los recursos del Gobierno nacional para poder cubrir con las obligaciones estos 483.000 millones de pesos y las cifras que nos tiene que entregar el año 2025-2026 cubrir no solamente las condiciones del crédito, sino también todos los recursos y el flujo de caja que vamos a tener después de los créditos”, explicó Antonio Toro, profesional de la empresa de transporte.Otro de los problemas es el de los moradores, que no ven justos los avalúos de las viviendas que tienen que ser adquiridas para la construcción del proyecto.“Los avalúos que nos están presentando en estos momentos son avalúos que están en un 50% o 60% por debajo del valor comercial de cada una de las propiedades. Están basados en una zona geoeconómica homogénea de las cuales el alcalde Federico cambió una ley de orden nacional a un decreto distrital para que esta zona fuera en la base para los avalúos que nos están presentando”, indicó Luis Bernal, uno de los afectados por las obras.El Metro de la 80 también tiene un déficit de 1.1 billones de pesos, desagregados de un desfase financiero de 510.000 millones de pesos y la necesidad de construir intercambios viales con otros 665 mil millones de pesos.Ahora, la preocupación es que el Gobierno nacional se atrase con este pago de 2024 y de ahí en adelante se acumulen los de 2025 por 497.000 millones y 2026 por 512.000 millones de pesos. La obra va en un 27 % de ejecución y se estima que inicie operación comercial en 2028.
En un hito significativo para la aviación en Colombia, este 21 de noviembre llegó al país el nuevo avión de la flota de Satena, la aerolínea estatal de Colombia, que espera la incorporación de siete aeronaves adicionales en los próximos meses. Se trata de su primer avión Twin Otter DHC-6 Serie 400 de matrícula FAC-1400 y HK-5452-X. Este equipo es el primero de una flota de ocho aeronaves destinadas a mejorar la conectividad en las zonas más apartadas del país. El mayor General Óscar Zuluaga, presidente de Satena, encabezó la recepción de la aeronave, que representa un salto tecnológico y operativo para la aerolínea estatal. Este avance marcó un momento crucial para la conectividad aérea en el país, especialmente en aquellas regiones remotas donde las opciones de transporte son limitadas.Aeronaves diseñadas para superar desafíosEl nuevo avión incorporado es una aeronave tipo STOL (Short Take-Off and Landing), especialmente diseñada para operar en pistas cortas y no preparadas, ideales para acceder a regiones apartadas con difíciles condiciones geográficas y climáticas. Además, cuenta con tecnología avanzada que prioriza la seguridad operacional, uno de los pilares fundamentales de la aerolínea.Satena promete tarifas más accesibles Uno de los aspectos más destacados es el impacto económico positivo para los pasajeros. Los vuelos regulares y programados de Satena tendrán tarifas que oscilarán entre $180.000 y $250.000 pesos, dependiendo de la distancia. Esto no solo hace el transporte más asequible, sino también más predecible y organizado, eliminando la especulación de precios en regiones de difícil acceso."Con estas aeronaves, los colombianos podrán viajar a regiones apartadas de manera económica y segura, sabiendo que cuentan con su aerolínea para conectarlos con el resto del país", concluyó Zuluaga.Las tripulaciones que volarán este equipo, en su mayoría compuestas por pilotos militares de la Fuerza Aérea Colombiana, han recibido un riguroso entrenamiento en Calgary, que incluyó simuladores avanzados de clase D, asegurando que las operaciones se realicen bajo los más altos estándares de seguridad.
