Este martes, 19 de marzo, fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia que interpuso la Agencia Nacional Jurídica del Estado en contra del exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar, luego de que le otorgara el polémico contrato de pasaportes a la empresa estadounidense Thomas Greg and Sons.En el documento, el director (e) de la Agencia, Jhon Jairo Camargo, entregó las pruebas de presuntas irregularidades cometidas por parte del funcionario; menciona los delitos de falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y abuso de función pública.En la denuncia, el director Camargo puso en conocimiento de la Fiscalía hechos y pruebas que acreditan que Salazar adjudicó el contrato de manera unilateral y justo cuando el canciller encargado, Gilberto Murillo, lo había retirado del Ministerio de Relaciones Exteriores.“Con base en ello, el secretario Salazar, como servidor público, abusó de su cargo y realizó funciones diversas de las que legalmente le correspondía, pues, al no haber acto de delegación escrito, expreso y específico, la función (de adjudicar el contrato) permanecía a cargo del ministro, quien legalmente la ostenta. Además, luego de atribuirse la función, emitió varios actos administrativos que contradicen las normas aplicables, los cuales tenían como propósito favorecer a un tercero”, dice la denuncia.La agencia aseguró que dicho despido al exsecretario se había dado el 22 de febrero pasado y, en lugar de realizar las tareas propias de una situación así, el exsecretario aprovechó el fin de semana siguiente, entre el 23 y 25 de febrero, para elaborar los documentos que firmó el 26 de febrero para adjudicar el contrato de los pasaportes.
La lista comienza con Juan Carlos Losada Perdomo, que trabajaba en la oficina jurídica interna y dependía del canciller suspendido Álvaro Leyva. Él estaba atendiendo por instrucción de Leyva la nueva licitación que se pretendió hacer, era el enlace entre el equipo de estructuración de ese proceso y el canciller.El siguiente nombre es el de la coordinadora de contratos, Lida Magali Rodríguez. Ella era el enlace entre la Cancillería y la Presidencia para la arquitectura tecnológica del Ministerio, pero fue nombrada por José Antonio Salazar como coordinadora de contratación. El único pecado de la funcionaria fue ser cercana a Salazar y ser enlace entre el secretario general y el comité evaluador de la anterior licitación de pasaportes, la que fue declarada desierta por Leyva.La siguiente persona en salir fue Francy Ramírez, de jurídica interna. Ella fue quien preparó la resolución con la que el canciller Murillo le devolvió a la secretaria general las competencias del proceso de licitación de pasaportes, un simple acto administrativo que al parecer la sacó de la Cancillería.Del ministerio también salieron un par de asesores cercanos al exsecretario, entre ellos, una abogada que llevaba más de siete años en la cancillería que trabajaba en el despacho de Leyva, ella fue quien puso el visto bueno del documento con el que se hizo el traslado de funciones que hizo murillo a Salazar, es decir, quien revisó el documento, la ortografía y que todo estuviera en orden.Así las cosas, entonces, por ahora son seis funcionarios los que salieron de su cargo por este polémico proceso de licitación.
El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, anunció que la licitación para adjudicar el contrato de elaboración de pasaportes se mantiene suspendida.Además, consideró que secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por Álvaro Leyva.“El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo, proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva. El mismo doctor José Antonio Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y, por tanto, contrarias a las instrucciones del Canciller encargado”, reveló Murillo en un video publicado por la cancillería.El funcionario indicó que el 26 de febrero, el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro.“Se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599 mil millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario”, aseguró.La Procuraduría General suspendió en enero pasado a Leyva por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación del contrato para fabricar pasaportes.Leyva acató la decisión y el presidente colombiano, Gustavo Petro, nombró como canciller encargado al embajador en Washington.Sin embargo, la Procuraduría no suspendió a Salazar por este caso, a pesar de que lo investiga desde septiembre pasado por presuntas irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.La Cancillería suspendió la licitación porque, según otras empresas interesadas, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos.
En una decisión controversial, José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, adjudicó a Thomas Greg & Sons la licitación de la expedición de pasaportes, un contrato de gran envergadura valorado en más de 600.000 millones de pesos.Salazar, en una detallada entrevista con Mañanas Blu, compartió las circunstancias que lo llevaron a tomar medidas sin previa consulta con sus superiores."El jueves o el viernes tratamos el tema y [el canciller Murillo] me dijo de manera expresa: 'Yo pienso proponerle al señor presidente que es el mejor conciliar'", relató el ahora exfuncionario en Mañanas Blu.Esta conversación fue crucial para las decisiones posteriores de Salazar, quien interpretó la resolución 1344, que le devolvía plenas facultades sobre el Fondo Rotatorio de la Cancillería, como una señal para actuar de forma decisiva y evitar potenciales perjuicios financieros y legales para el Estado.“Yo entendí, desde ese momento, que el canciller Murillo iba a proponerle al presidente una solución que él hacía rato había manifestado que no aceptaba”, detalló tras afirmar que, conociendo a Gustavo Petro, no aceptaría la propuesta.La decisión de Salazar de actuar de manera autónoma ha desatado una serie de reacciones. El presidente Gustavo Petro, manifestó su desacuerdo y preocupación a través de las redes sociales. Describió la situación como un acto de traición y corrupción y llamó a una investigación exhaustiva, incluso de tipo penal.“Actué para resolver un problema”Salazar defendió su actuación y argumentó su compromiso es con la legalidad y la transparencia. Aseguró que su decisión no comprometerá la expedición de pasaportes en Colombia. "Colombia no se queda sin pasaportes", dijo.Actuó soloAsimismo, Salazar dijo que asume la responsabilidad de su actuar y que la adjudicación a Thomas Greg & Sons fue una decisión que tomó él solo, no la consultó con nadie, pero, argumentó, era lo más sensato que podía hacer.“No podía hacerlo a nadie. Le consulté porque tenía la seguridad de que se me entorpecía la decisión de que me iban a hacer recomendaciones distintas de que no iba a encontrar una solución definitiva como las que había que darle a este asunto. Entonces dije: ‘Yo asumo como hombre de bien la responsabilidad y eso fue lo que hice. Y a propósito de las demandas que usted me está indicando, salgo a las 8:00 de la mañana al Tribunal Administrativo a entregar el acto administrativo que deroga el demandado para que el tribunal ponga fin al proceso. Ese proceso, ya con esto, se decae totalmente, porque no puede el tribunal entrar a estudiar un acto administrativo que ya fue revocado directamente por la misma administración pública”, explicó.Sobre una posible apelación de la decisión del presidente Petro de declararlo insubsistente, Salazar dijo que no le interesa volver a la Cancillería y es consciente que ahí termina su carrera como funcionario, pero dijo que se va con la tranquilidad de haber actuado de la mejor manera.“Esa es la decisión del señor presidente. Me están llamando una avalancha de abogados: que me ponen una tutela, que me devuelven al puesto Yo no tengo ningún interés de esos. Ayer dije de pronto que reposición porque una abogada que estaba al lado del entrevistador me sopló eso, que es un error, porque esa providencia del presidente no tiene ningún recurso. Yo podría poner, por ejemplo, una tutela para que me restablezcan como mecanismo transitorio diciendo que me están desconociendo el derecho al trabajo. Entonces llegan a la primera instancia y la resuelven, cualquiera que sea el resultado, en una apelación a la segunda instancia, cualquiera que sea el resultado, van a terminar diciendo que esa tutela es de interés nacional porque está implicado el señor presidente de la República. Entonces llega a la Corte Suprema de Justicia y la revisan y al final le ha hecho perder el tiempo a la a la jurisdicción, saturando el trabajo al señor presidente, preocupado por un tema que no amerita que él le preste interés y perdiendo el tiempo los colombianos”, sostuvo.¿Álvaro Leyva sabía?José Antonio Salazar manifestó que no está pensionado aún, pero que no la necesita. Además, reveló que pasará hoy a la Cancillería a “recoger unas cositas”. Igualmente, reveló que el suspendido canciller Álvaro Leyva no sabía de la decisión que iba a tomar, pese a que admitió que luego de la noticia hablaron un par de minutos.“Él ayer me dijo estas palabras: ‘Don José, usted sabiendo que es el secretario general, que yo designé, ¿por qué no me dijo antes? Y yo le dije: ‘Doctor Álvarez, porque yo tenía la decisión y la autonomía para resolver y sabía que si me ponía a hablar con ustedes se me volvía a enredar”, confesó.¿Corrupción?Finalmente, al trino del presidente Petro, que habla de traición y corrupción, Salazar respondió: “El señor presidente está rodeado de un entorno que es el que le informa. El señor presidente, no conoce los detalles, los detalles menores de todo este proceso, los detalles que yo estoy contando. Entonces él tiene otra percepción. El señor presidente viene muy ocupado para estar pendiente de temas que al fin y al cabo son menores”
El saliente secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, está en el centro de una polémica que este lunes estalló por cuenta de que, en una decisión que el presidente Gustavo Petro tildó de “traición”, adjudicó finalmente la licitación de pasaportes en el país a la firma Thomas Greg & Sons, lo que a su vez desató todo tipo de reacciones.En diálogo con Mañanas Blu, Salazar, a quien Petro declaró insubsistente por ese contrato minutos después del anuncio, contó cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar esa determinación, a pesar de los reparos del jefe de Estado; mencionó, incluso, al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, pero, ¿qué tiene que ver con este proceso?Cabe recordar que Murillo fue asignado como canciller encargado tras la suspensión de Álvaro Leyva, quien enfrenta un proceso, justamente, por la licitación de pasaportes; en varias ocasiones, el presidente lo defendió antes las acusaciones por las presuntas irregularidades en este caso.Reveló que habló “brevemente” con el canciller (e) el jueves, 22 de febrero, trataron el tema de los pasaportes, la demanda y lo que se venía; ahí le dijo de manera expresa: “Pienso proponerle al presidente que eso es mejor conciliar”.Sobre su salida de la Cancillería, aclaró que no le pidieron la carta de renuncia, pero entendió que lo harían porque así sucedió con otras personas cercanas a Álvaro Leyva. Esto empezó a pasar, según añadió, con la llegada del canciller encargado.“Ahí sigo yo y no me voy a ir dejando esta mano de problemas. Me dediqué a trabajar como era mi deber de ciudadano y de autoridad, de resolver el problema en mi casa”, precisó el exsecretario.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu:
Ya fue publicado el decreto con el que se oficializa la declaración de insubsistencia del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que fue retirado de su cargo por adjudicar a Thomas Greg & Sons (TGS) el contrato de pasaportes en Colombia.Este 26 de febrero se conocieron tres resoluciones que dieron por terminada la licitación de pasaportes en Colombia. El ganador fue Thomas Greg & Sons, la empresa que lleva más de 17 años a cargo de este suministro.Dos de los documentos revocaban la decisión del canciller Álvaro Leyva al declarar desierto el proceso y de decretar urgencia manifiesta por un año para poder continuar con la producción del importante documento. La otra adjudica el contrato por casi 600.000 millones de pesos a TGS.Esta decisión no cayó bien en la Casa de Nariño. Minutos después de que se conocieran los decretos, el presidente Gustavo Petro se pronunció con un trino en el que anunciaba que declararía insubsistente al secretario Salazar por supuestamente traicionar a su Gobierno. En el trino del mandatario se lee: “El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular de todos los procesos en Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa. Toda la investigación penal debe desarrollarse”.Salazar aseguró a Blu Radio que actuó conforme a la ley, evitándole al estado una indemnización de 117.000 millones de pesos que debía pagar en caso de perder la demanda interpuesta por la empresa por daños a su imagen al declarar desierta la licitación en septiembre del año pasado.El decreto que oficializa la decisión del mandatario ya fue publicado. Paola Andrea Vásquez Restrepo, actual consejera de relaciones exteriores, fue nombrada como secretaria encargada.
La abogada Martha Lucia Zamora, quien fuera la directora de la Defensa Jurídica del Estado, entregó un análisis detallado de la situación en la Cancillería tras la decisión del secretario general de adjudicar el contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons. Tabién mencionó la legalidad de su actuación frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y las implicaciones legales tiene este conflicto interno en el Gobierno nacional."Desde esta mañana escuché la noticia al principio de verdad no creía. Me parecía un poco extraña, pero realmente recuerdo que estaba pendiente de resolver una revocatoria. Esto fue lo que quedó pendiente después de la decisión del canciller de decretar desierta la licitación, por eso no me extraña, celebro esa decisión del secretario general y me parece que tiene todos los fundamentos jurídicos para para haber llegado a esa conclusión", mencionó.Zamora se refirió a la decisión del secretario general José Antonio Salazar Ramírez, quien revocó la suspensión de la licitación para la expedición de pasaportes y visas y la adjudicó a la Unión Temporal Pasaporte 2023, representada por Thomas Greg & Sons, aun sabiendo de antemano que la reacción del presidente Gustavo Petro no iba a estar a su favor, pues lo declaró insubsistente inmediatamente.¿Se pueden presentar demandas?Zamora indicó que Salazar siempre ha dado muestras de ser una persona "muy seria y jurídica", y cree que la decisión que él tomó ya se tienen decisiones de la Procuraduría. Incluso en la tutela también se hizo un análisis. Por esa razón comsideró que hay suficientes elementos de juicio para haber tomado esa decisión que él tomó. Además, mencionño si jurídicamente el Gobierno puede revocar esa decisión."No, en mi criterio, no creo que eso sea viable. Es decir, por eso digo, las competencias están dadas en cabeza del secretario general de la Cancillería por ser el ordenador del gasto, por tener a su bajo su dominio, llamémoslo así, las decisiones en un proceso licito. Creo que si bien al presidente le parece que sigue existiendo visos de corrupción, para eso está un proceso penal que está en curso, lo mismo que en la en la Procuraduría, lo mismo que en la Contraloría, pero la decisión en materia del proceso licito es absolutamente legítima", resaltó.¿Al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, le cabe responsabilidad?Finalmente, Zamora aclaró si a Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, mientras Álvaro Leyva cumple su suspensión de tres meses del cargo, le cabe responsabilidad en estos hechos y fue enfática en su respuesta."No. Lo que pasa es que aquí la ordenación del gasto hace que la persona tenga el dominio y la decisión están a su cargo, que era la diferencia entre el proceso licito como venía en donde quien asumió ese tipo de decisiones y esa competencia fue directamente el canciller. Por eso los procesos son directamente contra él. Por esa razón, entonces, en este momento el canciller encargado, el doctor Murillo, no tiene, digamos ninguna injerencia ni ha tomado decisiones, sino estas quedaron en cabeza al secretario general", concluyó.Escuche la entrevista acá:
Toda una polémica se ha creado en el Gobierno por la decisión del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, de revocar la suspensión de la licitación para la expedición de pasaportes y adjudicarla a la Unión Temporal Pasaporte 2023, representada por Thomas Greg & Sons.Esto llevó a que le presidente Gustavo Petro calificara a Salazar como traidor y lo declarara insubsistente. Como es habitual, el mandatario informó su decisión a través de su cuenta de X.Meridiano Blu habló con Salazar Ramírez sobre la supuesta traición que le acusa el presidente Petro. Reiteró que por encima de todo está el cumplimiento de la Constitución y la ley.Además, frente a la declaración de insubsistencia, señaló que no presentará el recurso de reposición, pues no está “apegado al puesto” y lo único que busca es prestar un servicio a la ciudadanía.“Yo no estoy apegado al puesto, estoy apegado a la ley. A mí me interesa prestarles un servicio público a los conciudadanos, al país, con toda eficacia y eficiencia. No estoy pegado al cargo público. Yo vine a la Cancillería a prestarle un apoyo a Álvaro Leyva a quien conozco hace 40 años", añadió.Según Salazar, su decisión fue correcta porque todo el proceso se realizó con transparencia y bajo la supervisión de entidades como la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Transparencia.
El secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, se encuentra en el ojo del huracán tras la adjudicación de un contrato millonario para la expedición de pasaportes a la empresa Thomas Greg and Sons. Esta decisión desencadenó una serie de acusaciones por parte del presidente Gustavo Petro, quien tildó el acto somo una "traición" y procedió con la destitución inmediata de Salazar.“El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”, escribió en X el presidente.El contrato, valorado en 600.000 millones de pesos, ha sido el centro de un debate intenso, especialmente después de que la Procuraduría General suspendiera al canciller, Álvaro Leyva, por tres meses, en medio de una investigación que revisaba más de 550 observaciones hechas por las partes interesadas. De hecho, la semana pasada, la Cancillería había anunciado la suspensión de la licitación. Sin embargo, este lunes, el secretario tomó una sorprendente decisión.En diálogo con Meridiano Blu, José Antonio Salazar defendió su decisión: argumentó que su actuación está enmarcada dentro de la legalidad y el cumplimiento de las leyes colombianas, por encima de cualquier directriz presidencial."Insisto que por encima de cualquier instrucción de cualquier autoridad está el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de la ley, la ley contractual. Después de un procedimiento licito que surte con transparencia, ordena evaluar el informe final y proceder a la implicación del contrato", afirmó Salazar en diálogo con Ricardo Ospina.¿Qué sigue?Pese a que el futuro del contrato con Thomas Greg & Sons parece incierto, Salazar insistió en Meridiano Blu que la adjudicación se mantiene.Sobre él, Salazar afirmó no estar apegado al cargo, sino a la ley, y se mostró dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Insistió en que su actuación ha sido legal y transparente.¿En qué se basó José Antonio Salazar para tomar la decisión?De acuerdo con José Antonio Salazar, su decisión se basó en fundamentos legales y procedimentales específicos, a pesar de las controversias y los desacuerdos públicos con la administración del presidente Gustavo Petro. Según explicó, el procedimiento licitatorio que se llevó a cabo debía concluir naturalmente con la evaluación y adjudicación de la propuesta que resultó ser la más favorable. Dijo que el proceso se ajusta a la normativa colombiana, que incluso en situaciones donde existe un único oferente, permite la adjudicación del contrato, estableciendo un marco legal claro para la toma de esta decisión.
El secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, revocó la suspensión de la licitación para la expedición de pasaportes y visas y la adjudicó a la Unión Temporal Pasaporte 2023, representada por Thomas Greg & Sons.La decisión, que se produce después de meses de incertidumbre y controversia, ha generado reacciones encontradas.Minutos después de conocida la decisión, el presidente Gustavo Petro reaccionó, como es habitual, a través de su cuenta de X, y declaró insubsistente al secretario general de Cancillería y calificó su decisión como una "traición". De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, se trata de un contrato corrupto, "El contrato es corrupto y aquí esta metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse".El secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, explicó en Noticias Caracol las razones para haber adjudicado el contrato de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons. "Después de hacer un estudio minuciosos del tema de las normas, encontré que no era viable mantener en vigencia la decisión del canciller Leyva en el sentido de haber declarado desierta la licitación", dijo. El Gobierno había suspendido la licitación la semana pasada hasta tanto se revisaran más de 550 observaciones hechas por las partes interesadas, en medio de una controversia que llevó a la Procuraduría General a suspender del cargo por tres meses al canciller colombiano, Álvaro Leyva.La Cancillería también había reasignado la competencia para dirigir esta licitación a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encargaría de coordinar los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y relacionados.Sin embargo, Salazar firmó este lunes la resolución con la que se adjudicó el contrato de 599.000 millones de pesos (a la Unión Temporal Pasaportes 2023, liderada por Thomas Greg & Sons.Un proceso tortuosoEl Ministerio Público suspendió en enero pasado a Leyva por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación del contrato para fabricar pasaportes.Leyva acató la decisión y el presidente Gustavo Petro nombró como canciller encargado al embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo.Sin embargo, la Procuraduría no suspendió a Salazar por este caso, a pesar de que lo investiga desde septiembre pasado por presuntas irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.La Cancillería suspendió la licitación porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado.Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos.Escuche la noticia completa con las declaraciones de José Antonio Salazar Ramírez:
