Según los documentos que reposan en el expediente, durante el proceso de reorganización que inició el 11 de marzo de 2016, los acreedores laborales demostraron la terminación de sus contratos de trabajo y el cierre del domicilio social de la sociedad. De igual forma, la Superintendencia de Sociedades ordenó de oficio la práctica de una inspección judicial, toma de información financiera, consulta de los libros y papeles de comercio y estableció que la sociedad cerro su domicilio. Sumado a lo anterior, la promotora designada por la SuperSociedades para el proceso de reorganización de JorgeHané Laboratories Colombia S. A. S., informó que desde la fecha de su posesión no tuvo atención en el domicilio social de la empresa, factor que afectó la verificación correspondiente a los créditos contratos, facturas, títulos valores, contabilidad, libros oficiales y demás informes fundamentales para el reconocimientos de la acreencias. Al respecto, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, recalcó que si bien “el proceso de reorganización está diseñado para empresas que sean viables con miras a lograr su recuperación”, es necesario conocer los reportes contables y financieros de la misma. Sin embargo, en este caso en especial, debido al incumplimiento en la entrega de la información anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006, se hizo necesario iniciar el proceso de liquidación judicial inmediata. El auto expedido por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia ordenó además al exrepresentante legal que entregue al liquidador, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación de la medida, los libros de contabilidad y demás documentos relacionados con sus negocios, así como la inscripción de la decisión en la Cámara de Comercio. A partir de la decisión tomada por la Superintendencia de Sociedades, JorgeHané Laboratories Colombia S. A. S. está imposibilitada para realizar operaciones en desarrollo de su objeto social, toda vez que, únicamente, conserva su capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios tendientes a la inmediata adjudicación del patrimonio. Escuche en este audio más información sobre: -En cuidados intensivos está el proyecto de ley que legalizaría las plataformas tecnológicas como Uber. Los voceros de esta aplicación buscan salvarlo con más de un millón de firmas. -La Fiscalía imputará el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a María Gilma Gómez Sanchez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación Mantenimiento de la Malla Vial de Bogotá por el caso de la máquina tapahuecos. -Se presentan fuertes disturbios en la Universidad del Valle. -El senador Armando Benedetti asumirá la co-presidencia del Partido de la U, luego de que el senador Roy Barreras renunciara al cargo para dedicarse de lleno al proceso de paz. Benedetti compartirá la jefatura de la colectividad con los representantes a la Cámara Bérner Zambrano y Alfredo Deluque, hasta agosto cuando se realizará la asamblea general de ese partido. -Al menos tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas, una de ellas de extrema gravedad, en un ataque con armas automáticas en un centro comercial de Tel Aviv situado frente al ministerio de Defensa y el Estado mayor del ejército israelí.
“La situación de caja de la compañía es extremadamente limitada, como consecuencia de la disminución en ventas derivada de los problemas de publicidad”, dice la empresa en documentos que reposan en el expediente, según la SuperSociedades. Adicionalmente, Jorge Hané Laboratories argumenta que otra de las causas de su crisis tiene que ver con la devaluación del peso colombiano en más del 50% en apenas siete meses, teniendo en cuenta “el producto estrella es importado”, lo cual redujo las utilidades en más del 30%. Como promotora fue designada María Inés Fonseca Quiroga, quien se encuentra inscrita en la lista de auxiliares de la justicia de la Superintendencia de Sociedades. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, recordó que “el régimen de insolvencia tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de las empresas como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo” En ese sentido, la reorganización pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su restructuración operacional, administrativa y de sus pasivos.
