La Procuraduría General de la Nación anunció una investigación disciplinaria contra los agentes de la Policía de Cartagena, Nelson Enrique Martínez Balceiro y Yuliana Jaramillo Mazo, por un presunto abuso de autoridad durante un procedimiento en un centro comercial de Cartagena.La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena los investiga porque, al parecer, se habrían extralimitado al momento de retirar de uno de los locales del lugar a una mujer que reclamaba su liquidación laboral. Los policías la esposaron a pesar de tener una bebé de dos meses en sus brazos y estar acompañada por otro menor. El órgano de control busca definir si los agentes cumplieron los protocolos establecidos en la ley.El Ministerio Público anunció que solicitará los protocolos de seguridad que maneja el establecimiento comercial donde ocurrieron los hechos.Cabe recordar que, la mujer aseguró que trabajó para la empresa Jon Sonen un año y seis meses y, que ya han pasado dos años desde que esta empresa la despidió sin justa causa, por lo que continúa reclamando su liquidaciónPor su parte, la Defensoría del Pueblo aseguró que sigue este caso desde febrero y, que pesar de un fallo de una acción de tutela a favor de la mujer, el 14 de mayo de este año, la empresa no ha cumplido con sus obligaciones.¿Qué pasó en el local de Jon Sonen en Catagena?Hay gran indignación en Cartagena luego de que se conociera un video en el que una mujer que se encontraba junto a sus dos pequeños hijos fue esposada y retirada por la Policía de una tienda del reconocido diseñador Jon Sonen en el centro histórico de la ciudad, mientras reclamaba el pago, de lo que asegura, le corresponde por concepto de liquidación.En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, se observa cómo la mujer, que lleva en brazos a su pequeña hija, es conducida por agentes de la Policía que le piden salir de la tienda.Le puede interesar:
En medio del escándalo que rodeó el caso de la señora Norelys Álvarez, quien fue sacada esposada del centro comercial Serrezuela de Cartagena cuando reclamaba su liquidación en una tienda de Jon Sonen, el diseñador barranquillero se pronunció en entrevista con Mañanas Blu y aseguró que cumplió con la ley. "Hay personas que no entran en razón, que no hacen sino reclamar lo que no está dictado por la ley laboral. A ella se le comenzaron a hacer pagos de esa liquidación y es allí donde comienza toda una disputa donde instaura una tutela. Ella dice que no fue atendida, pero la ley dice que debe hacerse antes de cinco días por un juez. Esa tutela fue respondida y fallada a favor de la compañía, eso reposa en la carpeta de los documentos. Ella ha instalado dos o tres tutelas. Nunca se ha dirigido al Ministerio de Trabajo, llegó a la Defensoría del Pueblo que es una entidad que no atiende ninguna disputa laboral", sostuvo Sonen. Según el diseñador, la disputa laboral surgió porque Álvarez se negó a firmar la hoja de recibo de la liquidación para tomar la decisión de entutelar y que esa fue la razón por la que el dinero tuvo que consignarse en un depósito judicial. "Ella siempre tuvo unas pretensiones de liquidación por las que nunca quiso firmar la hoja de recibo, porque a todo empleado cuando se le termina un contrato laboral, se le envía la carta de de liquidación y hay una firma de aceptación que debe firmar el empleado. Ella nunca entendió los valores. El valor de su liquidación era 4.467.000 pesos", sostuvo el empresario. Sonen aseguró que el proceso laboral tuvo lugar justo en medio de la pandemia y que durante 10 meses enfrentó una difícil situación económica debido a que los almacenes no pudieron operar. El diseñador sostuvo que debido a las dificultades, no pudo realizar entonces el pago total de la liquidación y se realizaron “abonos” antes de hacer el pago total del saldo pendiente el pasado mes de septiembre a través del depósito judicial.“Quedó un saldo pendiente y ella aduce que ese no es el valor. Ante eso le tratamos de explicar que era el valor correcto, sin embargo, ella instauró una demanda y al tener la demanda, ya que hay contestar con un depósito judicial, el pago se hizo desde el 15 de septiembre. Hoy la señora no puede reclamar el dinero porque está en el depósito en espera que se resuelva la decisión del juez laboral”, indicó Sonen. Sobre la denuncia de Norelys Álvarez, quien aseguró que su salida se debió a su negativa a trasladarse a trabajar a una tienda en Yopal, Casanare, Sonen calificó el procedimiento como normal. "Todo esto se enreda porque la persona tiene que firmar la aceptación de la liquidación. No lo quiso aceptar. El contrato laboral se terminó porque cuando una persona firma un contrato con la compañía, hay varios puntos de venta en distintas ciudades y hay traslados que se generan. La dirección comercial determinó que había una vacante en otro punto, es muy frecuente que eso se dé", señaló.Según el diseñador, en varias ocasiones el departamento de recursos humanos de la empresa se ha puesto en contacto con la mujer para explicarle en qué etapa se encuentra el proceso y afirmó, además, que no fue desde su establecimiento que se hizo el llamado a la Policía.“No solicitamos el uso de la fuerza pública, entiendo que fue el centro comercial y creo que por el nivel de ruido, creo que fueron ellos que lo solicitaron, y la verdad lamentamos que eso haya sucedido”, sostuvo.Vea esta información en Noticias Caracol:
Norelys Álvarez, la mujer que fue retirada por la Policía en una reconocida tienda del diseñador Jon Sonen en Cartagena, denunció que le deben el pago de toda su liquidación luego de haber trabajado allí por más de un año y medio y de donde fue despedida por “justa causa” por no aceptar un traslado de sede.En diálogo con Mañanas Blu, dio su versión luego de que se difundiera un video, grabado por su propia hija, en el que se ve cómo la Policía la esposa y la saca de la tienda. Según contó, “no hubo ningún detonante” para que la situación llegara a tal punto de necesitar patrulleros.En ese sentido, aclaró que antes de su despido le dieron unas vacaciones porque estaba en embarazo, pero una vez volvió a reportarse empezaron los problemas, pues le decían que no debía trabajar aún y luego, finalmente, le comunicaron que se tenía que trasladar a otro punto de venta, a lo que ella se negó porque su hija era recién nacida.“Hay una carta que la empresa me envía de un traslado para Yopal, Casanare. Yo desconocía todo, fui a solicitar ayuda y un abogado me explica por qué no puedo aceptar ese traslado, cómo me iba a ir cuando tenía una niña de seis meses y un niño, además de mi mami, quien me cuidaba los niños; yo era el sustento de ese hogar”, aseguró Álvarez.Norelys, quien es ciudadana venezolana y vive en Colombia desde hace cinco años, añadió que fue en ese momento que le notificaron su despido “por justa causa” porque no se acopló a los cambios del empleador.“Por no aceptar el cambio, por eso ellos me despiden. En la empresa no me explicaron porqué me movían de punto, solo hablaba de un traslado (…) Yo no podía”, recalcó en entrevista con Blu Radio.Según dijo, la tienda Jon Sonen le debe una liquidación de más de cuatro millones de pesos y que aún no entiende por qué no se la han cancelado; detalló, finalmente, que trabajó allí como asesora, se encargaba del aseo, de surtir mercancía, entre otras tareas del reconocido local.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu:Vea el polémico video aquí:
Este martes, en medio del escándalo por la revelación de un video que muestra la forma en que un policía esposó a una mujer que reclamaba su liquidación en una tienda de Jon Sonen en Cartagena, el Ministerio de Trabajo tomó la decisión de cerrar el establecimiento tras verificar que los trabajadores no estaban afiliados a Administradora de Riegos laborales (ARL).Blu Radio conoció el documento de los inspectores de trabajo y seguridad social, en el cual consta la acción administrativa y su justificación. “Los funcionarios comisionados, el 29 de noviembre de 2022, se trasladaron a las instalaciones del establecimiento de comercio almacén ‘Jon Sonen Serrezuela’, donde se pudo verificar no afiliación y pagos a riesgos laborales a través de entrevista a trabajadores y consulta en la página de la administradora de riesgos laborales”, cita el documento.Este miércoles, también, la Procuraduría anunció la apertura de una indagación preliminar a los policías que esposaron a la mujer, identificada como Norelys Álvarez. De acuerdo con el Ministerio Público, al parecer, los uniformados pudieron incurrir extralimitación de sus funciones. "Al parecer, los agentes se habrían extralimitado al momento de retirar del local a una mujer que reclamaba su liquidación laboral, pues la esposaron a pesar de tener una bebé en sus brazos y estar acompañada por otro menor de edad", comunicó la entidad. La Procuraduría dijo que con la indagación preliminar se verificará si los uniformados incurrieron en falta disciplinaria y si en el procedimiento hubo alguna causal de exclusión de responsabilidad. Caso viralEl caso de la mujer, Norelys Álvarez, generó profunda repercusión e indignación nacional luego de que el video fuese compartido en redes sociales. En las imágenes, se observa cómo la mujer, que llevaba en sus brazos a una de sus hijas, es conducida por agentes de la Policía que le exigen salir de la tienda.“Me están sacando de la tienda que me debe más de dos millones de pesos hace dos años y no me quieren cancelar, llamaron a la Policía y se niegan a contestar”, dice visiblemente exaltada la madre, mientras su pequeña hija llora, y los uniformados le colocan las esposas."No estaba haciendo escándalo"En diálogo con Blu Radio, Norelis Álvarez, la mujer que aparece en el video, relató que este momento fue grabado por su hijo de 8 años, quien estaba con ella durante el incidente y que no llegó a la tienda a “armar ningún tipo de escándalo”, sino a reclamar lo que le corresponde por derecho.“Yo llegué a la tienda y pedí que llamaran a la persona de recursos humanos, que me dieran una respuesta, que yo soy madre soltera, tengo tres meses sin trabajo, yo estoy aquí sola y de repente ellos llamaron a la Policía. Yo no estaba haciendo ningún tipo de escándalo y la Policía insistía en que debía salir porque yo estaba alterando el orden público, que estaba espantando a los clientes, y entonces me dijeron que me iban a sacar esposada”, contó.De acuerdo a la madre, durante más un año y seis meses trabajó para la reconocida tienda y en octubre de 2020 decidieron terminar su contrato laboral, sin que hasta la fecha le hayan pagado liquidación.“Después de regresar de vacaciones en el correo me encontré una carta de un traslado a Yopal, Casanare. Yo no me podía ir a otra ciudad con dos niños menores de edad y sola busqué ayuda de un abogado y la empresa me envió a descargos. Yo no quise firmar los descargos y fue en ese momento que ellos decidieron despedirme por no ajustarme a los cambios de mi empleador y ya después de ahí no me han pagado la liquidación”, dijo.Desde entonces, según cuenta la mujer, inició todo un proceso legal para lograr el pago de lo que le corresponde por ley, sin embargo, no ha tenido efecto.“Yo decidí llegar hasta allá porque estoy desesperada, no tengo empleo hace tres meses, no tengo cómo sostener a mis hijos. Yo no pretendo ni lucrarme de nada, ni ponerlos a ellos mal, mi idea es solamente que me cancelen el dinero que me deben, que yo trabajé, no es algo ni siquiera regalado ni prestado, es algo que yo me gané”, aseguró la madre de 31 años, quien llegó desde Venezuela a Cartagena hace cinco años.Vea esta información en Noticias Caracol:
La Procuraduría anunció que indagará de forma preliminar a los policías que esposaron a una mujer que reclamaba el pago de su liquidación en una tienda del diseñador Jon Sonen en Cartagena . De acuerdo con el Ministerio Público, al parecer, los uniformados pudieron incurrir extralimitación de sus funciones. "Al parecer, los agentes se habrían extralimitado al momento de retirar del local a una mujer que reclamaba su liquidación laboral, pues la esposaron a pesar de tener una bebé en sus brazos y estar acompañada por otro menor de edad", comunicó la entidad. La Procuraduría dijo que con la indagación preliminar se verificará si los uniformados incurrieron en falta disciplinaria y si en el procedimiento hubo alguna causal de exclusión de responsabilidad. El caso de la mujer, Norelis Álvarez, generó profunda repercusión e indignación nacional luego de que el video fuese compartido en redes sociales. En las imágenes, se observa cómo la mujer, que llevaba en sus brazos a una de sus hijas, es conducida por agentes de la Policía que le exigen salir de la tienda.“Me están sacando de la tienda que me debe más de dos millones de pesos hace dos años y no me quieren cancelar, llamaron a la Policía y se niegan a contestar”, dice visiblemente exaltada la madre, mientras su pequeña hija llora, y los uniformados le colocan las esposas."No estaba haciendo escándalo"En diálogo con Blu Radio, Norelis Álvarez, la mujer que aparece en el video, relató que este momento fue grabado por su hijo de 8 años, quien estaba con ella durante el incidente y que no llegó a la tienda a “armar ningún tipo de escándalo”, sino a reclamar lo que le corresponde por derecho.“Yo llegué a la tienda y pedí que llamaran a la persona de recursos humanos, que me dieran una respuesta, que yo soy madre soltera, tengo tres meses sin trabajo, yo estoy aquí sola y de repente ellos llamaron a la Policía. Yo no estaba haciendo ningún tipo de escándalo y la Policía insistía en que debía salir porque yo estaba alterando el orden público, que estaba espantando a los clientes, y entonces me dijeron que me iban a sacar esposada”, contó.De acuerdo a la madre, durante más un año y seis meses trabajó para la reconocida tienda y en octubre de 2020 decidieron terminar su contrato laboral, sin que hasta la fecha le hayan pagado liquidación.“Después de regresar de vacaciones en el correo me encontré una carta de un traslado a Yopal, Casanare. Yo no me podía ir a otra ciudad con dos niños menores de edad y sola busqué ayuda de un abogado y la empresa me envió a descargos. Yo no quise firmar los descargos y fue en ese momento que ellos decidieron despedirme por no ajustarme a los cambios de mi empleador y ya después de ahí no me han pagado la liquidación”, dijo.Desde entonces, según cuenta la mujer, inició todo un proceso legal para lograr el pago de lo que le corresponde por ley, sin embargo, no ha tenido efecto.“Yo decidí llegar hasta allá porque estoy desesperada, no tengo empleo hace tres meses, no tengo cómo sostener a mis hijos. Yo no pretendo ni lucrarme de nada, ni ponerlos a ellos mal, mi idea es solamente que me cancelen el dinero que me deben, que yo trabajé, no es algo ni siquiera regalado ni prestado, es algo que yo me gané”, aseguró la madre de 31 años, quien llegó desde Venezuela a Cartagena hace cinco años.Vea esta información en Noticias Caracol:La versión de Jon SonenEl diseñador barranquillero Jon Sonen dio su versión de los hechos y aseguró que por cuenta de la crisis económica generada por la pandemia, la empresa no pudo realizar el pago total de la liquidación y que se realizaron “abonos” antes de hacer el pago total del saldo pendiente el pasado mes de septiembre a través de un depósito judicial.“Quedó un saldo pendiente y ella aduce que ese no es el valor. Ante eso le tratamos de explicar que era el valor correcto, sin embargo, ella instauró una demanda y al tener la demanda, ya que hay contestar con un depósito judicial, el pago se hizo desde el 15 de septiembre. Hoy la señora no puede reclamar el dinero porque está en el depósito en espera que se resuelva la decisión del juez laboral”, explicó en diálogo con BLU Radio.Según el diseñador, en varias ocasiones el departamento de recursos humanos de la empresa se ha puesto en contacto con la mujer para explicarle en qué etapa se encuentra el proceso y afirma, además, que tampoco hicieron llamado a la Policía.“No solicitamos el uso de la fuerza pública, entiendo que fue el centro comercial y creo que por el nivel de ruido, creo que fueron ellos que lo solicitaron, y la verdad lamentamos que eso haya sucedido”, sostuvo.Lo que dijo la Policía La Policía Metropolitana de Cartagena indicó, a su vez, que tras recibir el llamado y atender el caso intentaron hacer uso de la mediación, pero no fue posible.“Tras hacer uso de los recursos de mediación y con el propósito de garantizar la protección los derechos de los niños, de la misma mujer y de las personas que se encontraban en el establecimiento y que pudieran afectar su integridad, los uniformados procedieron a esposarla y a realizar expulsión de domicilio de conformidad con el artículo 177 de la Ley 1801 de 2016”, detallaron través de un comunicado.Explicaron, además, que fuera del establecimiento les retiraron las esposas a la mujer y le impusieron una orden de comparendo.Mintrabajo selló la tiendaEl presidente Gustavo Petro se sumó a las voces de rechazo en redes sociales por este caso. A través de Twitter el mandatario colombiano aseguró que “el respeto a las reglas laborales debían ser pan de todos los días."Deplorable este tratamiento a una trabajadora que es portadora de derechos”, indicó el mandatario.Por otro lado se conoció que el Ministerio de Trabajo selló temporalmente la lujosa tienda del diseñador Jon Sonen en Cartagena, donde la mujer fue expulsada.La tienda fue sellada tras una inspección al lugar, en el que se encontró que uno de los empleados del lugar no contaba con afiliación a ARL.
Hay gran indignación en Cartagena luego de que se conociera un video en el que una mujer que se encontraba junto a sus dos pequeños hijos fue esposada y retirada por la Policía de una tienda del reconocido diseñador Jon Sonen en el centro histórico de la ciudad, mientras reclamaba el pago, de lo que asegura, le corresponde por concepto de liquidación.En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, se observa cómo la mujer, que lleva en brazos a su pequeña hija, es conducida por agentes de la Policía que le piden salir de la tienda.“Me están sacando de la tienda que me debe más de dos millones de pesos hace dos años y no me quieren cancelar, llamaron a la Policía y se niegan a contestar”, dice visiblemente exaltada la madre, mientras su pequeña hija llora, y los uniformados le colocan las esposas.En diálogo con BLU Radio, Norelis Álvarez, la mujer que aparece en el video, relató que este momento fue grabado por su hijo de 8 años, quien estaba con ella durante el incidente y que no llegó a la tienda a “armar ningún tipo de escándalo”, sino a reclamar lo que le corresponde por derecho.“Yo llegué a la tienda y pedí que llamaran a la persona de recursos humanos, que me dieran una respuesta, que yo soy madre soltera, tengo tres meses sin trabajo, yo estoy aquí sola y de repente ellos llamaron a la Policía. Yo no estaba haciendo ningún tipo de escándalo y la Policía insistía en que debía salir porque yo estaba alterando el orden público, que estaba espantando a los clientes, y entonces me dijeron que me iban a sacar esposada”, contó.De acuerdo a la madre, durante más un año y seis meses trabajó para la reconocida tienda y en octubre de 2020 decidieron terminar su contrato laboral, sin que hasta la fecha le hayan pagado liquidación.“Después de regresar de vacaciones en el correo me encontré una carta de un traslado a Yopal, Casanare. Yo no me podía ir a otra ciudad con dos niños menores de edad y sola busqué ayuda de un abogado y la empresa me envió a descargos. Yo no quise firmar los descargos y fue en ese momento que ellos decidieron despedirme por no ajustarme a los cambios de mi empleador y ya después de ahí no me han pagado la liquidación”, dijo.Desde entonces, según cuenta la mujer, inició todo un proceso legal para lograr el pago de lo que le corresponde por ley, sin embargo, no ha tenido efecto.“Yo decidí llegar hasta allá porque estoy desesperada, no tengo empleo hace tres meses, no tengo cómo sostener a mis hijos. Yo no pretendo ni lucrame de nada, ni ponerlos a ellos mal, mi idea es solamente que me cancelen el dinero que me deben, que yo trabajé, no es algo ni siquiera regalado ni prestado, es algo que yo me gané”, aseguró la madre de 31 años, quien llegó desde Venezuela a Cartagena hace cinco años.”El saldo pendiente se pagó a través de depósito judicial”: Jon SonenPor su parte, el diseñador barranquillero Jon Sonen señaló que por cuenta de la crisis económica generada por la pandemia, la empresa no pudo realizar el pago total de la liquidación y que realizaron “abonos” antes de hacer el pago total del saldo pendiente el pasado mes de septiembre a través de un depósito judicial.“Quedó un saldo pendiente y ella aduce que ese no es el valor. Ante eso le tratamos de explicar que era el valor correcto, sin embargo, ella instauró una demanda y al tener la demanda, ya que hay contestar con un depósito judicial, el pago se hizo desde el 15 de septiembre. Hoy la señora no puede reclamar el dinero porque está en el depósito en espera que se resuelva la decisión del juez laboral”, explicó en diálogo con BLU Radio.Según el diseñador, en varias ocasiones el departamento de recursos humanos de la empresa se ha puesto en contacto con la mujer para explicarle en qué etapa se encuentra el proceso y afirma, además, que tampoco hicieron llamado a la Policía.“No solicitamos el uso de la fuerza pública, entiendo que fue el centro comercial y creo que por el nivel de ruido, creo que fueron ellos que lo solicitaron, y la verdad lamentamos que eso haya sucedido”, sostuvo.La Policía Metropolitana de Cartagena indicó, a su vez, que tras recibir el llamado y atender el caso intentaron hacer uso de la mediación, pero no fue posible.“Tras hacer uso de los recursos de mediación y con el propósito de garantizar la protección los derechos de los niños, de la misma mujer y de las personas que se encontraban en el establecimiento y que pudieran afectar su integridad, los uniformados procedieron a esposarla y a realizar expulsión de domicilio de conformidad con el artículo 177 de la Ley 1801 de 2016”, detallaron través de un comunicado.Explicaron, además, que fuera del establecimiento les retiraron las esposas a la mujer y le impusieron una orden de comparendo.Presidente Petro se pronuncióEl presidente Gustavo Petro se sumó a las voces de rechazo en redes sociales por este caso. A través de Twitter el mandatario colombiano aseguró que “el respeto a las reglas laborales debían ser pan de todos los días."Deplorable este tratamiento a una trabajadora que es portadora de derechos”, indicó el mandatario.Por otro lado se conoció que el Ministerio de Trabajo selló temporalmente la lujosa tienda del diseñador Jon Sonen en Cartagena, donde la mujer fue expulsada.La tienda fue sellada tras una inspección al lugar, en el que se encontró que uno de los empleados del lugar no contaba con afiliación a ARL.Le puede interesar:
Luis Fernando Llano se ha convertido en una de las voces que ha denunciado a lo largo de los años al sacerdote Darío Chavarriaga. Públicamente, Llano, de 62 años, lo acusó de abuso sexual, delito que, aseguró, se repitió en varias ocasiones y que también cometió contra sus siete hermanas, cuando eran todos menores de edad.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Llano contó su historia. Según recordó, los abusos por parte de Darío Chavarriaga, quien falleció en 2015, ocurrieron cuando tan solo tenía 14 años y era estudiante en el Colegio San Bartolomé de Bogotá en 1976.En ese entonces, el sacerdote, que era el segundo al mando, le otorgó una beca por su rendimiento académico y, de a poco, se ganó su confianza y la de su familia al punto de que Llano se llegó a quedar a dormir en los aposentos de Chavarriaga varias noches, donde ocurrieron parte de los abusos.Cadena de complicidadHoy, años después, Llano se pregunta cómo fue posible que en ese momento nadie, incluyendo sacerdotes, preguntara por las conductas inapropiadas que tenía Chavarriaga con él. Por eso, dijo que eso lo hace pensar en que, tal vez, se dieron cuenta, pero “guardaron silencio”.“Hubo gente alrededor, porque es muy raro que llegue un niño al colegio a las 11:00 de la noche a dormir, es algo muy raro. De esto puedo dar fe, que cuando bajábamos en la mañana, que yo bajo con el pelo mojado y mis libros, me siento en la mesa donde estaban sacerdotes y gente de la comunidad, cómo es posible que ninguno de ellos se haya levantado a preguntarle: ¿usted qué hace en el cuarto con este niño?”, comentó Llano.El día que se reencontró con su abusador: un hecho que lo animó a denunciar públicamenteLlano contó que fue en el 2014, en un evento al que asistió con parte de su familia, que se reencontró por casualidad al sacerdote Darío Chavarriaga. Cuando lo vio solo tuvo el impulso de irse contra él para enfrentarlo e, incluso, golpearlo por todo lo que le había hecho en la infancia, pero uno de sus sobrinos lo detuvo y lo calmó, pese a que nadie entendía qué pasaba.“No tenía previsto ese encuentro. Era un capítulo en mi vida que tenía sepultado, tapado con cerrojo, pero las circunstancias de la vida me llevaron a reaccionar de esa manera (…) Él me vio y vio mi reacción, se dio vuelta y subió a sus aposentos”, detalló.Denuncia al padre Francisco De RouxLuego de eso, Llano decidió denunciarlo y no seguir guardando silencio con su caso. Ese mismo año, lo acusó ante el padre Francisco De Roux, quien en ese entonces era el jefe de la comunidad en Colombia. Unos años más tarde lo hizo también ante el sacerdote alemán Hans Zollner, profesor en la Universidad Gregoriana de Roma y muy cercano al papa Francisco.“Él (De Roux) tomó unas medidas canónicas. Dijo que iba a obtener toda la información posible para una máxima sanción, pero, como lo dice en nuestra carta, la solicitud de llevarlo a la Fiscalía pues no se habló; era presentarlo a las autoridades, pensamos que con eso ya quedaba resuelta la solicitud”, agregó.Insistió que por la gravedad de los delitos denunciados, era suficiente para que Chavarriaga fuer apuesto en manos de la justicia ordinaria.“Yo pienso que él ha de ir más lejos porque los delitos que se estaban denunciando no eran simples faltas disciplinarias o una cuestión muy leve. Así como pedimos que llevara esto a las autoridades, esperábamos que fuera un paso más adelante. No lo juzgo, pero las cosas pudieron hacerse de otra manera en ese momento”, recalcó.Otros abusos: un recuerdo dolorosoFue año después de ese incidente que su hermana Sofia, en una conversación mientras conducía, le preguntó qué había pasado esa vez. Luis Fernando decidió contarle que había sido abusado por el cura.En ese momento, según recordó, su hermana “se tacó a llorar” y le reveló que ella también había sido abusada por él.Cuatro de los hermanos Llano, a partir de ahí, dijeron: “A mí también me pasó” y luego los demás. “Es muy difícil decirlo”, añadió sobre su lucha todos estos años.
Con más de cuatro décadas de historia, AutoStok, histórica empresa concesionaria de vehículos nombrada por Sofasa como servicio autorizado de Renault en Colombia, entró a proceso de reorganización empresarial, según un documento de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.La SuperSociedades detalló que dicha solicitud fue presentada el pasado 30 de septiembre de 2024 y posteriormente aprobada el pasado 31 de octubre del mismo año. ¿Qué significa reorganización empresarial?Esta medida, contemplada en la Ley 1116 de 2006, busca permitir la reestructuración de los pasivos de la compañía y la negociación con sus acreedores para asegurar su continuidad operativa, lo que no implica la quiebra, sino que representa una herramienta legal para preservar su viabilidad financiera y cumplir con las obligaciones adquiridas.Además, la Superintendencia de Sociedades ordenó a AutoStok la presentación de una actualización detallada de su inventario de activos y pasivos, incluyendo información financiera conforme a las normas internacionales de información financiera (NIIF).En ese sentido, la compañía deberá entregar un listado de bienes, indicar los bienes en garantía y explicar inconsistencias en partidas específicas de sus estados financieros.Qué es AutoStokFundada en 1982 por Alirio Alarcón, AutoStok S.A.S. inició como una empresa de venta de vehículos y dos años más tarde fue reconocida por Sofasa S.A. como un servicio autorizado para Renault en Colombia. Desde entonces, la empresa ha expandido su presencia en el país con sedes en Bogotá, Barranquilla y Fusagasugá, y ha diversificado sus servicios incluyendo repuestos y talleres autorizados bajo el sello Renault Minuto.AutoStok opera actualmente en cuatro sedes de venta ubicadas en Bogotá (La Felicidad, Madelena y Morato, que es la principal) y Fusagasugá. En 2023, la empresa reportó un total de 198 empleados, distribuidos entre 66 mujeres y 132 hombres.Cómo van las ventas de Renault en 2024De acuerdo con los datos más recientes del Runt, recopilados por Fenalco y la ANDI en su informe de matrículas en Colombia, Renault es la segunda marca más vendida en los primeros 10 meses de este 2024.Son 19.199 unidades nuevas las que la empresa francesa ha vendido en lo corrido del año. Sin embargo, registra una variación anual negativa, que asciende al 13.8 %, en comparación con el mismo periodo del año pasado.Las cifras de Renault contrastan con las de otras marcas en el mercado automotor colombiano. Por ejemplo, Toyota que va en primer lugar con matrículas tiene una variación anual positiva del 8.2 %, mientras que Kia, que completa el top 3, ha crecido 52.1 % en el mismo periodo.Por su parte, dentro del portafolio de Renault, el carro más vendido en este 2024 ha sido la Duster con 5.32 unidades y una reducción del 8.3 % respecto a las mismas matrículas que registró en los primeros diez meses del 2023.
La construcción del metro de Bogotá es la obra de infraestructura más ambiciosa en desarrollo en Colombia, no solo por su impacto en la movilidad de millones de ciudadanos, sino también por su trascendental contribución al desarrollo urbanístico de la capital. Fuera del viaducto que atraviesa de sur a norte la ciudad, se construyen también las 16 estaciones que además de prometer espacios comerciales, se conoció recientemente un ambicioso plan que busca la construcción de un proyecto inmobiliario y comercial en la estación 16 del metro ubicada en el sur de Bogotá, exactamente en la avenida Primera de Mayo con avenida Boyacá. El megaproyecto que se construirá en la estación 16 del metro de BogotáEste ambicioso proyecto de desarrollo inmobiliario de la Empresa Metro de Bogotá se basa en la utilización de un predio remanente de las obras de infraestructura y de la Estación 6 del sistema. Ubicado en la intersección de la Avenida Boyacá con la Avenida Primero de Mayo, este terreno representa una oportunidad para la revitalización urbana, aprovechando suelo público para desarrollar un proyecto de usos mixtos que se integrará con la principal infraestructura de transporte de la ciudad. Este modelo busca mejorar significativamente la calidad de vida de miles de residentes y usuarios de la zona.La Estación 6 del Metro de Bogotá abarca un área de influencia con una población potencial de 130.000 personas en un radio de 1,5 km. En este sector se encuentran aproximadamente 45.000 hogares con un promedio de tres integrantes cada uno. Para 2028, año en que iniciará la operación comercial del metro, se estima un flujo de 55.000 pasajeros diarios.El proyecto inicial contempla una estructura mínima con uso comercial distribuida en tres pisos y un sótano, mientras que el diseño máximo dependerá del aliado empresarial dentro de los parámetros normativos de la ciudad. El éxito de este modelo será clave para fomentar futuros desarrollos asociados al transporte público sostenible, con beneficios financieros y urbanísticos de largo alcance.El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó durante un encuentro con promotores, desarrolladores, operadores inmobiliarios e inversionistas:Por su parte, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, subrayó que el suelo permanecerá en propiedad de la EMB y no será objeto de venta, garantía o hipoteca por parte del aliado empresarial. Además, el desarrollo inmobiliario estabilizado será revertido a la Empresa Metro.
Estados Unidos anunció que prohibió la entrada al país al excomandante del Ejército Mario Montoya Uribe, general retirado y acusado de ser uno de los autores de los llamados "falsos positivos", por "graves violaciones" a los derechos humanos."Existen pruebas creíbles de que durante su mandato, Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se informaron falsamente como muertes en combate durante el conflicto armado interno de Colombia", dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.La Administración de Joe Biden decidió sancionar al excomandante por participar en "graves violaciones de los derechos humanos" y, como resultado de esta decisión, Montoya Uribe y sus familiares directos "no tienen derecho a entrar a Estados Unidos"."Estados Unidos ha apoyado con orgullo la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia desde su firma en 2016. Nos sumamos al pueblo colombiano para conmemorar su octavo aniversario este noviembre", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.Blinken afirmó que Estados Unidos seguirá respaldando "una paz duradera en Colombia que reconozca las necesidades de las víctimas y los supervivientes".Asimismo, encomió la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para "poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto".El año pasado, la JEP acusó al general retirado Mario Montoya, junto a otros 8 militares, de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes.
La emergencia se registra en la vía principal que de Piedecuesta conduce a Málaga, Santander, específicamente entre los municipios de San Andrés y Guaca. Las lluvias debilitaron las bases que sostienen el puente vehicular, conocido como ‘Primero’, que empezó a abrirse y a colapsar.Esta situación deja incomunicados a 13 municipios del oriente de Santander con Bucaramanga, por la vía principal Curos - Málaga. Según denuncian las autoridades locales, el puente ya venía presentando problemas estructurales, los cuales no fueron atendidos a tiempo.Fredy Ramírez, alcalde de San Andrés, expresó su preocupación y tristeza ante la situación. "Es otra noticia triste porque nos afecta profundamente. Este puente Primero ya había tenido varias afectaciones previas, especialmente fisuras en la parte estructural y metálica. En su momento, el consorcio contratista de Invías que se encargaba de su mantenimiento decidió colocar costales llenos de arena como solución para estabilizarlo. Yo nunca estuve de acuerdo con esa medida, se los manifesté en varias reuniones", explicó Ramírez.El alcalde también destacó que, tras la detección de los primeros daños, se realizaron reuniones con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y otros alcaldes de la región para alertar sobre la necesidad urgente de reparar el puente. Sin embargo, a pesar de las advertencias, el colapso se produjo a principios de esta semana, cuando los habitantes de la zona escucharon un fuerte estruendo, lo que les hizo temer lo peor."El consorcio nos informó que tenían un presupuesto de $1.200 millones para atender la emergencia. No obstante, los daños eran tan graves que no se pudo evitar el colapso", indicó el mandatario local, quien también reveló que hace una semana se había reunido con el ingeniero del consorcio, quien le había confirmado que las soldaduras del puente se estaban despegando.Las autoridades locales solicitaron a Invías y al Gobierno Nacional una solución inmediata, pues los impactos en el transporte, la economía local y la seguridad de los habitantes son graves.
