El representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, llegó a Bogotá sobre las 11:00 de la mañana después de haber hecho una escala en Panamá. La Cancillería informó su llegada, pero además expresó su preocupación por lo ocurrido, luego de que fue detenido durante varias horas en el aeropuerto internacional de Maiquetía Simón bolívar, luego fue inadmitido y luego deportado al parecer por no lograr justificar el motivo de su viajerecordemos que Uscátegui llegó a Caracas con la intención de ser observador de los diálogos que adelanta el gobierno nacional con el ELN. Aunque el representante dijo que recibió el beneplácito de la Cámara de Representantes para hacerlo, los delegados de las negociaciones dicen que no es así.El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo; el embajador Milton Rengifo y la cónsul Fulvia Benavides, adelantaron los contactos para que UScátegui pudiera regresar al país.Blu radio conversó con el representante, quien aseguró que tuvo que estar durante 15 horas detenido y contó detalles de los momentos que vivió retenido."Yo había anunciado con más de un mes de anticipación ese viaje al embajador de caracas en Colombia, al llegar la gran sorpresa es que me retuvieron el pasaporte y me dijeron que tenía una anotación que no me permitían el ingreso al país y que tenía que tomar el siguiente vuelo hacia Colombia”, dijo.Y agregó, “Como no había vuelo próximo me metieron 15 horas en una sala sin pasaporte, sin celular, con dos custodios y me tocaba pedir permiso para ir al baño”, dijo el congresista.El representante aseguró que iba a abogar por los más de 12 secuestrados del ELN y asegura que ese es el mensaje que Venezuela no le dejó dar.También cuestionó a la embajada de Colombia en Venezuela y aseguró que durante el tiempo que estuvo detenido no fue contactado por esta.
Hay poco ambiente para la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Representantes y por segundo día consecutivo el debate tuvo que ser cancelado porque no llegó el número mínimo de congresistas que se requiere para iniciarlo.La situación es tan compleja que las directivas ni siquiera llamaron a lista. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero; el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaf, y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, simplemente contaron cabezas y levantaron la sesión."Claro que sí alcanzamos, hay mucho tiempo todavía. Hoy los partidos estaban en bancada y ante eso no hay nada que hacer los liberales estaban en bancada, los conservadores en bancada (...) La reforma a la salud ya pasó a un término distinto a plenaria y ahora que no se ha abierto todavía la reforma laboral les pido que no lo satánicos porque no viene con ese mismo tufo", dijo Escaf tras el término de la reunión.Además de la ausencia de los representantes del proyecto liberal y conservador, se registraron las ausencias de la oposición; es decir, de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático.Tampoco hubo quórum en la Comisión Séptima de Senado para anunciar el inicio del debate de la reforma pensional ,con lo cual se tendrá que esperar para la siguiente semana.El periodo de sesiones ordinarias va hasta el 19 de junio"Esperamos que aquí en el debate se tomen las mejores decisiones. Varios congresistas nos han pedido la ponencia nuestra, está en manos de ellos y soy respetuosa de la democracia porque aquí vamos a decidir en democracia", dijo, por su parte, el representante del Partido de La U, Víctor Manuel Salcedo, que presentó un texto para primer debate que el Gobierno califica como una "contrarreforma".Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
Tras argumentar que se puso en riesgo la integridad de dos ministros, congresistas y el personal administrativo del salón elíptico del Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció, este jueves, 13 de abril, que interpondrá denuncias penales y administrativas contra el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui.Según la denuncia de David Racero, el representante Uscátegui y su hermano el edil de Usaquén, Julián Uscátegui, ingresaron al recinto sin autorización, con un grupo de al menos 30 manifestantes defensores de la fuerza pública, lo que obligó a suspender la moción de censura que se adelantaba contra el Canciller Álvaro Leyva.Este es el momento en que José Jaimes Uscátegui interrumpe en el Congreso de la República“Las consultas que he tenido con los abogados es que es un delito penal, asonada, contemplado en nuestro marco normativo (...) Es un congresista (Uscátegui) que utilizando su poder ingresó de manera violenta al auditorio de la Cámara de Representantes, poniendo en riesgo la integridad de congresistas, ministros, asesores y personal administrativo”, aseguró David Racero. David Racero confirmó que llevará el caso ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes y la Procuraduría para establecer los posibles abusos que cometió el representante Uscátegui.El presidente de la Cámara agregó que lo ocurrido con el representante José Jaime Uscátegui: “Fue un show mediático electorero y proselitista, porque fue una de las personas que más intervino fue su hermano, edil de Usaquén, y lo que se dice, es que es aspirante al Concejo de Bogotá.“Es inaudito y todo raya con la ilegalidad, el representante José Jaime Uscátegui debe recapacitar”, subrayó David Racero.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Recientemente, la JEP aceptó revisar la condena del general en retiro Jaime Humberto Uscátegui condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en 1997. Según la Corte Suprema de Justicia, Uscátegui incurrió en omisión, pues no cumplió con su deber de defender la vida de los pobladores del municipio. La masacre fue cometida por paramilitares de Urabá y Córdoba que llegaron a hasta Mapiripán y asesinaron a más de 40 personas.La JEP, en su momento, accedió a revisar la condena teniendo en cuenta que el relato del general (r) Uscátegui y las pruebas que vaya a aportar van a permitir confrontar los diferentes testimonios de lo sucedido, considerando que esto aporta a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Aunque esto no significa una absolución, sí serán analizados sus argumentos y las razones que llevaron a la condena.Sin embargo, el general presentó recusaciones contra tres magistrados de la sección de revisión, la sala encargada de llevar el proceso. Lo que argumentó Uscátegui es que los jueces habían participado en la decisión que, en 2020, negó en principio la revisión de la condena, por lo que consideraba que su criterio estaba comprometido y esto no le daba las garantías necesarias."Los magistrados que suscribieron tal providencia se pronunciaron de fondo respecto de la petición interpuesta, pues realizaron un análisis sustancial sobre la procedencia de la responsabilidad de mando como título de imputación en el caso concreto, lo cual comprometió su imparcialidad frente a las decisiones futuras que deben adoptarse en este asunto en el que la discusión se centra en determinar si bajo tal figura, su representado tiene responsabilidad penal en los hechos por los que fue condenado o debe ser absuelto", argumentó la defensa del general.Sin embargo, la recusación fue negada bajo el argumento de que la participación de los magistrados que tomaron la decisión en el 2020 fue un proceso que hace parte de sus labores como jueces y que no comprometen las garantías al debido proceso ni afectan los derechos del general Uscategui en esta etapa de revisión de la condena."Es dable concluir que lo expuesto en la decisión de inadmisión de la solicitud revisora no vinculará ni atará a los funcionarios que la emitieron, pues el examen que ahora se le exige realizar a partir de los lineamientos expuestos por la sección de apelación, en la decisión que revocó esa providencia, obliga justamente partir de unos supuestos que antes no se habían abordado, lo que hace que aun cuando ello pueda derivar en una conclusión que se aparte de lo dicho en precedencia, no se incurra en contradicción", explicó la JEP.Le puede interesar:
El Gobierno radicó el proyecto que modifica la ley 418 de Orden Público. El ministro de Defensa explicó que la iniciativa propone cambios en el servicio militar obligatorio, que permitirá que los jóvenes puedan prestar el servicio social para la paz como alternativa.Voces a favor y en contra desde el Congreso, el representante a la Cámara Alirio Uribe y el congresista Jaime Uscátegui, así como el coronel (r) Juan Luis Gutiérrez, opinaron sobre la iniciativa.“Este es un cambio importante y un buen mensaje para el país. Los jóvenes tienen una opción y los que vayan al Ejército van a estar mejor remunerados”, dijo Alirio Uribe.“Con 10.000 soldados regulares, el Ejército no tiene capacidad de respuesta operacional”, advirtió el coronel (r) Gutiérrez.
En medio del debate de moción de censura en Cámara contra el ministro de Defensa, Diego Molano, se presentó una dura pelea entre varios congresistas.Todo empezó porque el representante del Centro Democrático José Jaime Uscátegui citó al expresidente de Venezuela Hugo Chávez, para atacar a su colega Inti Asprilla.“Yo jamás me imaginé citar a Hugo Chávez Frías, pero en algo tenía razón, a veces hay lugares que huelen a azufre y parece que alguien por acá dejo la estela”, dijo UscáteguiA su turno, Asprilla y otros congresistas de izquierda le contestaron furiosos, incluso el congresista de la Alianza Verde recordó la masacre de Mapiripán por la que fue condenado el padre de Uscategui.“Estoy feliz porque la declaración de Uscátegui demuestra que ‘los uribistas son chavistas enclosetados’ y que “uribismo y chavismo, son harina del mismo costal”, contestó Inti Asprilla.Siga y escuche el podcast de ‘La Intérprete’:
La sección de apelación de la JEP admitió revisar la condena del general (r) Jaime Uscátegui, quien fue condenado en la justicia ordinaria a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, en el Meta, ocurrida en 1997.Lo que se consideró es que el general (r) Uscátegui habría cometido omisiones durante estos hechos, pues no protegió a la población. Sin embargo, él aportó 12 pruebas con las cuales pretende demostrar su inocencia y la JEP consideró que estas podrían ayudar en el proceso de verdad, justicia y reparación de las víctimas, por lo que se procederá a revisar la condena.“Es importante precisar que la decisión adoptada por el alto tribunal no significa la absolución del general (r) Uscátegui. Se deberá resolver la petición con base en un análisis del material probatorio”, afirmó la JEP.En el año 2017, Uscátegui se convirtió en el primer oficial de mayor rango en recibir el beneficio de la libertad condicional, momento en el que manifestó que aportará verdad y demostrará su inocencia.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
El representante del Centro Democrático José Jaime Uscátegui, habló en Mañanas BLU sobre el proyecto de ley que propone para regular la propiedad horizontal en el cual se impone la autorización de dueños de edifcios o condominios para alquilar inmuebles a través de plataformas digitales como Arbnb."No es que se prohíba, está permitido y seguirá así, pero si la asamblea de un edificio decide dejar en el reglamento escrito que no se puede hacer se podría prohibir. Eso ha generado problemas en algunos edificios, ha habido robos", indicó Uscátegui.¿Para quien sería esa norma?"Estamos pensando en esa norma en un conjunto de edificios, donde se haga un mal uso de esos inmuebles", dijo.Según Uscátegui, hay 8 millones de inmuebles en propiedad horizontal en el país y son "cerca del 10% los que pueden estar haciendo uso de estas plataformas".¿Se necesitaría una autorización para hacer uso de los inmuebles para las plataformas?"Hoy en día no se necesita ninguna autorización y no la va a necesitar, lo que puede suceder es que los dueños de ese condominio se reúnan en asamblea y se establezca algún tipo de restricción por alguna razón", explicó.Escuche aquí la entrevista completa:
La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz decidió que no revisará la sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia del 5 de junio de 2014 en la que dejó en firme la responsabilidad del general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui en la masacre de Mapiripán, Meta.Según la JEP, la decisión se tomó porque las 11 pruebas que fueron aportadas por la defensa de Uscátegui “no reúnen los requisitos que debe acreditar la prueba como nueva invocada como causal de revisión", es decir, no hay evidencias nuevas en el proceso y por tal razón, no se justifica la verificación de la sentencia ante el tribunal transicional. Asimismo, la Sección de Revisión solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que informen el estado actual del cumplimiento de los compromisos del general (r) ante el sistema de justicia transicional e indique cuál ha sido su aporte en los procesos de verdad, reparación y no repetición. Uscátegui tiene una sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá del 23 de noviembre de 2009, en el que fue condenado a 40 años de prisión por ser responsable de la masacre de Mapiripán, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, donde 49 civiles fueron asesinados en el municipio de Mapiripán, Meta.Sin embargo, como uno de los beneficios del Acuerdo de Paz, el general (r) quedó en libertad en 2017 y actualmente está bajo el régimen de condicionalidad.Vea aquí: JEP vinculó a generales (r) Uscátegui y Del Río por asesinatos de miembros de la UPPor su parte, la defensa de Uscátegui presentará un recurso de reposición en la que solicitará que se tenga en cuenta el testimonio del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso del 5 de diciembre de 2011 en el que declara que el general (r) no estuvo implicado en la masacre.Aunque el proceso de Uscátegui por la masacre de Mapiripán no será revisado por la JEP, el caso de este crimen de lesa humanidad sí está abierto en la justicia transicional y está en curso con las víctimas y victimarios.
El general (r) Jaime Uscáteguí, quien tiene una condena de 40 años por la masacre de Mapiripán, estuvo en Mesa BLU hablando sobre su decisión de acogerse a la JEP y los recientes señalamientos por el extermino de la UP.“Voy a comparecer en la JEP por lo que dicen de las cinco víctimas de la UP, que no lo eran, es una falsedad. Le pido a la magistrada Díaz cuáles son las cinco víctimas y las pruebas porque si no lo hace me toca ir con 70 mil folios donde están las pruebas”, dijo el general (r).Este lunes el general (r) Uscáteguí fue vinculado, junto al general Rito Alejo Del Río, de ser los responsables del exterminio de la Unión Patriótica. “Estoy indignado por haberme matriculado como el exterminador de la UP”, manifestó.Vea también: JEP vinculó a generales (r) Uscátegui y Del Río por asesinatos de miembros de la UPEn 2017, Jaime Uscáteguí salió de la cárcel para presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz después de pasar 16 años en prisión. Fue condenado por omisión, homicidio agravado y secuestro simple por los hechos ocurridos durante la masacre de Mapiripán.“Unos paramilitares que venían del Urabá antioqueño llegaron a San José del Guaviare con Fuerza Pública y se movieron como ‘Pedro por su casa’. Permanecieron hasta el 20 de julio, en ese municipio no hubo combates con las Farc. Se presentaron cuatro bajas, no hubo tiro ni casas quemadas, solo unos grafitis. Hubo cuatro muertos de la población civil, no 49”, relató.Finalmente, reiteró que confía en la JEP y comparecerá ante el tribunal las veces que sea necesario para contar su versión de los hechos. “Me voy a mantener en mi inocencia, no diré que soy culpable para que me metan cinco años después de que pagué 17”.Escuche la entrevista completa aquí: Reviva le entrevista completa:
Con 20 votos a favor de 21 posibles, el Concejo de Medellín le dio luz verde al proyecto de acuerdo que fijaba el salario mensual del alcalde, personero y contralor general de Medellín para el 2024.El concejal coordinador de la iniciativa, Alejandro De Bedout, indicó que este proyecto está acorde con las leyes nacionales y parte del decreto 0293 del 2024 que emitió el presidente de la República, en el cual se establece el límite salarial.Así las cosas, quedó en firme la propuesta de fijar el salario en $23.836.104 millones de pesos para estas tres importantes figuras en la capital antioqueña, lo que, en comparación al año 2023, representa un incremento del 10.3%. Además, añadió el concejal que el aumento corresponde a la responsabilidad del cargo y da respuesta a la variación del IPC y a las negociaciones entre el Gobierno Nacional con los sindicatos y los empleados en el país.A su vez, el concejal Carlos Gutiérrez afirmó que el incremento va ligado según la categoría del municipio y enfatizó que el aumento que se está haciendo queda por debajo del que se realizará a los servidores públicos del Distrito de Medellín.Por otro lado, la secretaria de Gestión Humana, Natalia Ramírez, explicó que el Gobierno nacional fijó el techo salarial para los alcaldes de categorías especiales. Este proyecto fija el salario mensual en $23.836.104 millones de pesos porque Medellín es un Distrito de categoría especial. Indicó, además, que este aumento da casi un punto porcentual menos que el incremento que tuvieron los servidores públicos del Distrito de Medellín para el año 2024. Finalmente, el Concejo aprobó el incremento salarial para los funcionarios con el IPC más 2.1% puntos porcentuales para el año 2025. El debate se concentró en ofrecer la posibilidad a los empleados del Distrito de un incremento que no se diluya con el crecimiento de la inflación.
La historia empezó cuando el presidente Gustavo Petro cuestionó la forma de actuar del expresidente Álvaro Uribe con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, conocida como Telecom Colombia, durante su Gobierno.El jefe de Estado aseguró que la privatización de la liquidada empresa se dio por la codicia del exmandatario.El expresidente Uribe le respondió a través de sus redes sociales y aseguró que la idea socialista de Estado colma aspiraciones burocráticas y politiqueras, pero niega servicios de primera calidad a la comunidades.“Por el bien de Colombia y de la democracia quisiera evitar noticias que titulen “rifirrafe Petro-Uribe”, que tanto aprovechan algunos. Cuando llegué a la Presidencia Telecom llevaba más de 10 años en cuidados intensivos. Los pasivos valían medio billón de la época, los jubilados estaban en gran riesgo, que se evitó con el proceso público y transparente de adjudicación a un tercero”, dijo en sus redes sociales.Además, añadió que “el actual Gobierno, que ha creado 39 mil cupos burocráticos, ya habría tenido tiempo de fundar otra Telecom que en sus sueños debería estar compitiendo con Elon Musk”.A esto se le suma que argumenta que el Gobierno neocomunista niega a las nuevas generaciones la posibilidad de construir ahorro y una pensión decente. “Colombia necesita la polarización conceptual y debe evitarse la polarización del agravio personal”, finalizó Uribe.
César Pérez Chala, alias ‘Peñaranda’, tenía un largo prontuario delictivo y una carrera criminal de 17 años liderando proyectos de expansión territorial en el departamento del Chocó. El cabecilla es responsable de delitos como el desplazamiento y reclutamiento forzado, además de confinamientos y homicidios. También estaría señalado de las acciones criminales con artefactos explosivos ocurridas en el 2022, contra estaciones de Policía en los municipios de Novita e Istmina, del departamento de Chocó.Durante más de un año, las autoridades le habían seguido la pista al delincuente, quien visitaba con frecuencia la subregión del Urabá para realizar actividades de descanso y compartir con su familia. Según el coronel Héctor Alexander Juzga, comandante de la Décima Séptima Brigada, este importante golpe a este grupo armado fue llevado a cabo por tropas de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional en un trabajo articulado con la Sijín y la Policía Nacional, quienes, en medio de un operativo desplegado en el corregimiento de Caucheras, en Mutatá, capturaron en flagrancia al presunto cabecilla de la Subestructura Carreteras, del departamento del Chocó."Este hombre fungía como el cabecilla principal de la Subestructura de Carreteras del grupo armado organizado, Clan del Golfo, que delinque en el departamento del Chocó. De tal manera que esta importante captura es una afectación vital a los intereses estratégicos del Clan del Golfo en lo que corresponde al expansionismo territorial", explicó el coronel.En el operativo fue hallado un revólver con munición, además de varios objetos de brujería, que portaba el cabecilla en un canguro que en su interior contenía figuras esotéricas, jeringas, aceites y un cuaderno con rituales de magia negra y santería, con los que, según las autoridades, alias ‘Peñaranda’ pretendía atraer riquezas y evitar ser capturado por la justicia.Es importante recordar que, en el año 2021, este cabecilla fue enviado por alias ‘Siopas’, quien fue subcomandante del Clan del Golfo y le había ordenado en aquel tiempo al delincuente trasladarse desde Urabá, donde delinquía, hasta el Chocó, debido a su experiencia en combate y capacidad armada, factor que lo hizo acreedor de ser quien materializara la expansión criminal del Clan de Golfo en el Chocó.
Mientras todo parece indicar que la llegada del primer recibo de cobro por valorización a propietarios de predios en la Vía al mar, entre Barranquilla y Cartagena, será un hecho inminente en el mes de febrero; desde estas dos ciudades siguen las voces de rechazo a este instrumento del Gobierno Nacional.El alcalde de Cartagena Dumek Turbay, quien demandó ante el Consejo de Estado la resolución del Invias que permite dicho cobro, y además coadyuvó la demanda del articulo Plan del Desarrollo del Gobierno que autoriza este impuesto por obras de infraestructura, pidió frenar el inicio de este pago de valorización hasta que se den las decisiones judiciales pendientes.El mandatario cartagenero reiteró que está en contra de la medida que considera inconstitucionalidad, pues de que permite la aprobación y aplicación de la contribución nacional de valorización hasta cinco 5 años después del inicio de la operación del proyecto.“Yo no estoy de acuerdo con el cobro, pero tengo que respetar las reglas, y la regla es que tiene que ser la justicia la que tome una decisión, mientras la justicia toma una decisión el trámite que se está surtiendo es el que ya el Ministerio ha planteado, el que Invias ha planteado, el que se ha comunicado, y de no suceder nada antes de marzo, en esa fecha nos empezarán a llegar los recibos”, sostuvo el alcalde Turbay.Sin embargo, el alcalde también fue enfático en que en caso de que se inicie los cobros, tal como lo ha anunciado la ministra de transporte, María Constanza García, exigirá que todo el dinero recaudo en la ciudad será reinvertido en Cartagena.“El presidente ha hablado de solidaridad de los colombianos, pero si a nosotros al final nos toca pagar eso, esos recursos deben reinvertirse en la ciudad, ni siquiera en Bolívar, en Cartagena, y el proyecto identificado inicialmente es la terminación de la Vía Perimetral”, señaló.El cobro de valorización se aplicará a aproximadamente a 147 mil predios ubicados entre Barranquilla y Cartagena, a partir del primer semestre de 2025, empezando por la capital de Bolívar.“Los análisis realizados nos han permitido identificar que los 147 mil predios, a los cuales se aplicará la contribución, tienen capacidad de pago.Es decir, si tras los análisis realizados se determina que el propietario o poseedor del predio no tiene capacidad de pago, no recibirá el recibo correspondiente. Los propietarios que sí lo reciban tendrán la capacidad de pagar la contribución asignada”, explicó el pasado mes de octubre desde Cartagena el director del Invias, Juan Montenegro.A su vez, el funcionario detalló que el 40% de los predios ubicados en el área de influencia del proyecto Cartagena-Barranquilla: Circunvalar de la Prosperidad, quedaron exentos de este cobro debido a aspectos como falta de capacidad de pago, ser Sisbén A y B, estar clasificados en los estratos 1, 2 y 3; o ser bienes excluidos por ley como iglesias, bienes patrimoniales, entre otros.
WhatsApp ha empezado a implantar las transcripciones de los mensajes de voz, una nueva función que permitirá a los usuarios leer este tipo de mensajes y que, inicialmente, está disponible en algunos idiomas, incluido el español.Según la aplicación de mensajería instantánea, las transcripciones se realizan en el dispositivo, por lo que los mensajes de voz personales permanecen cifrados de extremo a extremo. "Esto significa que nadie más, ni siquiera WhatsApp, puede verlos, escucharlos o leerlos"."Las transcripciones de los mensajes de voz están llegando a WhatsApp. ¡Disfrútenlas!", ha escrito a través de su canal de WhatsApp Mark Zuckerberg, fundador de Meta.La aplicación de mensajería detalla en una nota que, si bien los mensajes de voz permiten conectarse con amigos y familiares de un modo más personal, hay ocasiones en las que el usuario está en medio de una actividad en un lugar ruidoso o recibe un mensaje de voz largo y no puede detenerse para escucharlo."Para momentos así, WhatsApp presenta las transcripciones de mensajes de voz. Los mensajes de voz que recibes pueden transcribirse a texto para que puedas participar de las conversaciones sin importar lo que estés haciendo", señala la red de mensajería.Las transcripciones se implementarán en todo el mundo durante las próximas semanas. Comenzarán con algunos idiomas, pero WhatsApp tiene previsto añadir más en los próximos meses.
