El Consejo de Estado convocó a una audiencia pública el 25 de noviembre, a las 2:30 p.m., para decidir si Iván Name, expresidente del Senado, pierde su investidura como congresista.Este proceso fue solicitado por el veedor ciudadano Juan Carlos Calderón España, quien pidió que Name sea retirado del Congreso por presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La audiencia se realizará de forma virtual, y el Consejo de Estado enviará el enlace para la conexión a las partes con anticipación. Este paso es parte del procedimiento establecido por la Ley 1881 de 2018, que regula las audiencias en casos de pérdida de investidura.“Convocar a las partes, al Ministerio Público y a los Consejeros de Estado integrantes de la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura No. 24, a la audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018”, dice el documento.El proceso comenzó en agosto, cuando el Consejo de Estado aceptó la demanda de Calderón España. Según esta, Name estaría involucrado en tráfico de influencias en el escándalo de la UNGRD, una situación que también es investigada por la Corte Suprema de Justicia.La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura explicó que no se incluirán pruebas provenientes del proceso penal y que no hay más elementos por agregar. Por ello, la audiencia pública será el espacio para que se tomen decisiones definitivas sobre el futuro político del senador.
La Corte Suprema de Justicia citó a María Clara Name en calidad de testigo en el marco de la investigación formal que abrió contra su padre, Iván Name, expresidente del Senado, por presunta corrupción. La diligencia tenía como propósito indagar si la campaña de María Clara al Concejo de Bogotá pudo haber sido financiada con recursos de procedencia irregular, posiblemente vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Esta citación surge luego de que la Corte abriera una investigación contra Iván Name y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes habrían sido beneficiarios de una presunta red de corrupción en la UNGRD. Exfuncionarios de la entidad, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, confesaron su participación en actos de corrupción, asegurando que se desviaron recursos públicos hacia fines electorales.A su salida de la diligencia, María Clara Name defendió la transparencia de su campaña y se mostró crítica ante las declaraciones de los exfuncionarios de la UNGRD. “Yo no tengo nada que ver en esas declaraciones que esos señores irresponsablemente han otorgado, solo quiero ratificar en nuestra transparencia. Ya será la Corte quien proceda a revisar los diferentes testimonios y las diligencias para tomar la decisión que corresponda”, expresó Name.Asimismo, el abogado de Iván Name, Jaime Lombana, criticó duramente el acuerdo que están negociando López y Pinilla con la justicia, calificando de “grave” la posibilidad de que obtengan un principio de oportunidad que les permita evitar sanciones a cambio de colaborar en el caso. “Esos señores se robaron la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo encuentran una manera de salir libres y limpios de todo esto y es hacer un principio de oportunidad y acusando infamemente a personas como Iván Name”, sostuvo, Lombana.Según la defensa de Name, “la corrupción en la UNGRD es más profunda que los carrotanques en La Guajira”. Además, expresó preocupación por lo que considera una posible impunidad para los confesos exfuncionarios, quienes “querían ser senador y representante financiados con dinero de los más necesitados”.
Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, reveló detalles de la investigación en curso que involucra a dos destacados excongresistas: Iván Name y Andrés Calle. Según la información compartida por Ospina, la Corte Suprema de Justicia cuenta con elementos para inferir que Name, expresidente del Senado, y Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, habrían recibido millonarios recursos en efectivo provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destinados, presuntamente, no a sus propias campañas, sino a las de sus familiares.¿Cómo llegaron los recursos a los congresistas?La Corte Suprema de Justicia ha recopilado pruebas que señalan que ambos congresistas habrían recibido cerca de 4.000 millones de pesos en efectivo antes de las elecciones locales del 29 de octubre de 2023. Iván Name habría recibido alrededor de 3.000 millones de pesos, mientras que Andrés Calle habría recibido cerca de 1.000 millones. Estos recursos habrían sido entregados bajo instrucciones de altos funcionarios de la administración pública, específicamente por órdenes del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, y canalizados a través de funcionarios de la UNGRD, según testificaron personas clave en la investigación, como Olmedo López, exdirector de Gestión del Riesgo, y Schneider Pinilla, exsubdirector de la misma entidad. Campañas políticas de familiares, bajo la lupaEl dinero habría sido utilizado para financiar las campañas de familiares de ambos excongresistas, según detalló la investigación de la Corte Suprema.En el caso de Iván Name, los fondos habrían servido para apoyar la candidatura al Concejo de Bogotá de su hija, María Clara Name, representante del Partido Verde. En cuanto a Andrés Calle, se habrían destinado recursos para la campaña de su padre, Gabriel Calle de Moya, quien fue elegido alcalde de Montelíbano, y para la de su hermano, Gabriel Calle Aguas, candidato a la Gobernación de Córdoba. La Corte Suprema también sugiere que estos millonarios aportes tendrían como contraprestación el respaldo de Name y Calle a proyectos de ley promovidos por el gobierno en el Congreso, aunque en el caso de Iván Name, su defensor ha argumentado que este no era partidario del gobierno y que, por tanto, no habría “vendido” su voto.Testimonios clave: Olmedo López y Sneyder PinillaLos testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, recogidos en agosto de 2024, aportaron información crucial sobre el modo, tiempo y lugar en que se habrían realizado las entregas de dinero. Según López, las órdenes de repartir los recursos a Name y Calle provinieron directamente de Carlos Ramón González, entonces director del Dapre y un aliado del Partido Verde.López afirmó que fue instruido para entregar los fondos antes de las elecciones de 2023 y que esto fue parte de una estrategia para fortalecer las campañas de los familiares de los congresistas. Además, Sandra Ortiz, quien en ese momento era consejera presidencial para las regiones, también ha sido implicada en la investigación. Ortiz, descrita por los testimonios como una "mensajera" en el proceso, reconoció su cercanía tanto con Iván Name como con María Clara Name, lo que, según los investigadores, reforzaría el vínculo entre los fondos públicos y las campañas políticas.La Corte Suprema aclara: el cohecho es un delito de conducta, no de resultadoUn aspecto crucial en este caso es la definición de cohecho según la Corte Suprema, la cual afirma que este delito implica una conducta indebida, independientemente del resultado final.Esto significa que, aunque Iván Name no haya respaldado abiertamente todos los proyectos del Gobierno, el simple hecho de recibir fondos para un propósito específico sería suficiente para configurar el delito. Esta interpretación desvirtúa la defensa del abogado Jaime Lombana, quien sostiene que Name no era un aliado directo del gobierno y, por tanto, no incurrió en cohecho. Un proceso judicial en desarrolloLa Corte Suprema abrió formalmente una investigación contra Iván Name y Andrés Calle, quienes hasta el 20 de julio de 2024 ocuparon los cargos de presidente del Senado y de la Cámara, respectivamente.La Sala de Instrucción ha emitido un documento de 45 páginas en el cual detalla los elementos probatorios que sustentan las acusaciones, aunque ha habido un salvamento de voto por parte de la magistrada Cristina Lombana, quien se mostró en desacuerdo con la determinación de la Corte.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informó en la mañana este martes, la apertura de una investigación formal en contra de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes de Senado y Cámara respectivamente por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.“Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional”, expresa la decisión de la Corte.Así fue la reacción de Iván Name"No tengo nada que comentar", respondió a Blu Radio el expresidente del congreso y senador de la Alianza Verde, Iván Name, frente a la decisión de la Corte Suprema de abrirle investigación formal por haber recibido presuntamente 3 mil millones de pesos de sobornos de la UNGRD para pasar las reformas del gobierno Petro en el Congreso."Tengo un abogado que es Jaime Lombana que actúa como vocero mío", agregó.Precisamente Lombana también reaccionó: "La decisión de la Corte Suprema la entendemos, respetamos y es parte del proceso", respondió a Blu Radio Jaime Lombana, abogado del Senador Iván Name, sobre la apertura de investigación."Nosotros hemos venido presentando elementos de prueba que demuestran que jamás pudo haber un cohecho, cuando él siempre ha hecho oposición y no ha hecho ninguna votación favorable", dijo el abogado del expresidente del Senado a quien señalan de haber recibido 3.000 millones de pesos para favorecer reformas clave para el Gobierno. Cabe resaltar que fue el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Sneyder Pinilla, implicado y considerado como uno de los principales testigos de este entramado de corrupción, quien prendió el ventilador y dió nombres como el de Calle y Ñame, en donde, según su relato, ambos habrían recibido presuntamente maletas con dinero producto de los sobornosIncluso, en el relato de Pinilla, asegura que presuntamente fue la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien entregó estos supuestos sobornos.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal a los congresistas Iván Name Vásquez y Andrés Calle dentro del escándalo de corrupción de la UNGRD.Antes la investigación era preliminar y ahora ya se establece que deberán responder dentro del proceso por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. “Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional”, expresa la decisión de la Corte. La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en las que habrían intervenido Name Vásquez y Calle como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para la época de los hechos. Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad, Sneyder Pinilla Álvarez.Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.La decisión de la Sala se tomó luego de evaluar información recaudada en labores de policía judicial y testimonios practicados por el magistrado instructor y otros suministrados por la Fiscalía General de la Nación.En la decisión se señala que se cumplen los requisitos para proceder a una investigación formal ante la probabilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública.Igualmente, se determinó que los congresistas sean citados a indagatoria y se impartieron órdenes de policía judicial para la práctica de otras pruebas.Así reaccionó Name ante la decisión de la Corte Suprema"No tengo nada que comentar", respondió a Blu Radio el expresidente del congreso y senador de la Alianza Verde, Iván Name, frente a la decisión de la Corte Suprema."Tengo un abogado que es Jaime Lombana que actúa como vocero mío", agregó.
El senador Iván Name denunció penalmente ante la Fiscalía a Olmedo López, Sneyder Pinilla y otras personas vinculadas al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo asegurando que todas las acusaciones en su contra son falsas y malintencionadas.Según Name, al vincularlo a él en los actos ilegales solamente buscan desviar la atención de los verdaderos y únicos responsables y acceder a beneficios judiciales.“Es una mentira de que hayan estado en mi residencia entregando dinero. Constituye una prueba contundente e incontrovertible que mintieron ante la justicia y por ello quiero establecer la verdad para que la opinión pública conozca la realidad de este caso”, agregó el expresidente del Senado.Y es que en las declaraciones de los exfuncionarios de la UNGRD, en especial las de Sneyder Pinilla ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, se ha señalado a Name como uno de los políticos que habría recibido coimas producto de los sobrecostos de en la contratación de los carrotanques adquiridos para llevar agua a La Guajira, pero que nunca operaron.En julio pasado, Noticias Caracol reveló detalles de cómo había sido el recorrido que Pinilla junto con Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones, hizo en Bogotá para trasladar en maletas, una suma de $1.000 millones en efectivo, hasta el edificio donde está la residencia de Name, la unidad residencial Bassel I en el norte de la ciudad.Al senador Iván Name lo acompaña en este proceso de defensa el abogado Jaime Lombana, quien explicó que las pruebas de la denuncia radicada están en los mismos elementos que Pinilla ha entregado a la justicia.“Técnicamente ha quedado demostrado a través del celular del propio Sneyder Pinilla, que voluntariamente entregó a la justicia, que nunca estuvo en el lugar de residencia del doctor Iván Name, como él lo afirmó mentirosamente, tratando de ganarse un principio de oportunidad para ocultar y para minimizar el hecho de profunda corrupción”, detalló Lombana.
Este jueves, 25 de julio, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López; el exsubdirector Sneyder Pinilla; y el contratista Luis Eduardo López Rosero, enfrentaron una audiencia en el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, dirigida por el juez Cidulfo Hernández. La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos relacionados con el escándalo de corrupción que involucra la gestión de recursos públicos destinados a la atención de desastres. Sin embargo, los exfuncionarios no los aceptaron.Dentro de este marco, ambos confesaron haber pagado una coima de 4.000 millones de pesos, que presuntamente fueron dirigidos a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.Dentro de esta polémica audiencia que ha conmocionado al país, Andrés Calle salió en su defensa.“En Colombia se ha vuelto costumbre delinquir y luego buscar beneficios procesales a cambio de ofrecer información construida a través de relatos falsos, muy bien planeados y concertados. No he cometido delito alguno, mi actuar ha sido honesto, lo demostraré ante la justicia”, dijo a través de su cuenta de X.Por su parte, para el próximo 7 de agosto quedó agendada a las 9:00 de la mañana la audiencia de medida de aseguramiento en contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López por este caso de corrupción de la UNGRD.En el caso de Calle, este ha expresado que acudirá ante la Corte Suprema para defenderse de las acusaciones que hay en su contra.
Dos altos cargos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) han sido acusados hoy formalmente por un gran caso de corrupción en el que podrían estar involucrados otros miembros del Gobierno próximos al presidente Gustavo Petro, congresistas y políticos de distintos partidos.Por el momento, la Fiscalía ha imputado al exdirector de la UNGRD Olmedo López y al subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD Sneyder Pinilla los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.Todo comenzó en febrero al destaparse la malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares o 10,6 millones de euros) en la compra por parte de la UNGRD de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.Según la Fiscalía, López se quedó con 724 millones de pesos (unos 179.700 dólares) y Pinilla con 342 millones de pesos (unos 85.000 dólares).El caso ha ido sumando los nombres de otros posibles vinculados a contratos irregulares y el reparto de dinero entre políticos, hechos ocurridos en 2023.Los siguientes son los principales implicados en el entramado de posibles coimas y repartos de la UNGRD:1. Olmedo LópezMilitante del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo. En las elecciones de 2010 fue director de campaña de Petro, que en abril del año pasado lo nombró director de la UNGRD, cargo que desempeñó hasta febrero de 2024 cuando renunció por este caso de corrupción, pues fue durante su gestión que se firmó el contrato de compra de los carrotanques.El pasado sábado, en el discurso de instalación del nuevo periodo de sesiones del Congreso, Petro pidió perdón por la corrupción en la UNGRD y por haber nombrado a López al frente de esa entidad.2. Sneyder PinillaFue subdirector de la UNGRD bajo la dirección de López y está señalado de ser el que presuntamente entregó dinero a congresistas y miembros del Gobierno por los contratos. Según la Fiscalía, recibió un 1 % del presupuesto de 100.000 millones de pesos (24,7 millones de dólares o 22,8 millones de euros) que se asignaron para la compra de los carrotanques.3. Luis Eduardo López RoseroEs el tercer imputado por la Fiscalía por ser contratista de los carrotanques y, según la acusación, haber recibido un 13 % de la licitación. Pasó de ser un pequeño comerciante a entrar en la rueda de grandes contratos estatales mediante tres empresas a su nombre con las que ha conseguido, solo con la UNGRD, más de 155 contratos que suman 160.000 millones de pesos (unos 39,6 millones de dólares o 36,4 millones de euros) entre 2012 y 2024, según reveló Noticias Caracol.4. Sandra OrtizTras ser congresista varias legislaturas con el Partido Verde, Ortiz fue designada por Petro en mayo de 2023 como consejera Presidencial para las Regiones. Ha sido señalada -pero aún no hay acusación judicial- de ser el enlace entre Pinilla y el entones presidente del Congreso, Iván Name, para entregar los sobornos, denuncia que ella rechaza.5. Iván NameMiembro del Partido Verde fue presidente del Senado en la anterior legislatura (2023-2024). Según las denuncias, parte del dinero malversado en la compra de carrotanques fue usada para pagar sobornos a Name y a otros congresistas a cambio de apoyo en el Congreso a las reformas del Gobierno de Petro. Name ha rechazado estas acusaciones y aún no ha sido acusado.6. Andrés CalleAbogado y miembro del Partido Liberal, fue presidente de la Cámara de Representantes en la legislatura 2023-2024. Como Name, está señalado -pero no acusado formalmente- de haber recibido sobornos, en tres días y en billetes en maletines, a cambio de apoyo en el Congreso para impulsar y aprobar las reformas sociales del Gobierno. Calle también ha rechazado las acusaciones.7. Carlos Ramón GonzálezEs el último nombre conocido en el caso. Fue la mano derecha de Petro como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actualmente es el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Durante la audiencia de imputaciones, la Fiscalía dijo que Ortiz contaba con las órdenes de González, como su jefe directo al ser director del Dapre, para supuestamente entregar las coimas. Aún no ha sido acusado formalmente.8. Ricardo BonillaEl ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha sido señalado como la persona que autorizó el desembolso del presupuesto de la UNGRD y también fue, según un chat de Pinilla publicado por Noticias Caracol, quien coordinó la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para beneficiar a seis congresistas a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.Bonilla dijo hoy que respeta el trabajo de la Fiscalía y que está tranquilo, esperando su "oportunidad ante la justicia" para defenderse.
A través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro se refirió al escándalo de corrupción de la UNGRD intentando explicar la cronología de los hechos, el mandatario recordó que en agosto el exsubdirector de la entidad, Olmedo López, fue suspendido por la contraloría durante un mes por no responder requerimientos sobre intervenciones en Mocoa, Putumayo, y Piojó, Atlántico.El mandatario señaló que el 2 de octubre la Corte Constitucional tumbó los decretos de emergencia para La Guajira y dejó de existir el Instituto Nacional de Agua para La Guajira que fue su propuesta para intentar responder al problema de agua potable en la región.“Regresó Olmedo de su suspensión y se evidenció por la prensa el robo en el contrato de carro tanques. Inmediatamente pedí la renuncia de Olmedo”, escribió el presidente.Agregó que el contrato de carrotanques hecho por Olmedo López “y la acusación que hace él de entrega de coimas a los congresistas que menciona, mes de octubre, se da antes del llamado cónclave de noviembre como lo ha denominado el mismo Olmedo”.Cabe mencionar que el cónclave del que habla el presidente Gustavo Petro, según las declaraciones de los implicados fue de donde presuntamente salió la instrucción por parte de funcionarios del alto gobierno de entregar dineros al presidente de la Cámara, Andrés calle, y del Senado, Iván Name.EN VIVO de la audiencia
Este jueves, 25 de julio, Olmedo López y Sneyder Pinilla serán imputados de cargos por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en una nueva entrega de exclusiva investigación, descubrió documentos y testimonios que detallan cómo se desviaron 4.000 millones de pesos a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara, respectivamente.>>> Lea también: "$292 millones se lo gastaban en una parranda": Carrillo a Pinilla por robo en UNGRDSegún el informe, Olmedo López le informó a Sneyder Pinilla que los fondos proveían de un envío de 700.000 millones de pesos del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para la UNGRD. Los recursos fueron desviados gracias al polémico proyecto de carrotanques.El dinero se recolectó y entregó en varias etapas, incluyendo un encuentro en el Hotel Tequendama Suites, donde los implicados se reunieron y movieron grandes sumas de dinero.Después de la entrega en el hotel, el dinero fue transportado en una camioneta siguiendo una ruta específica hasta la residencia de Iván Name, donde fue entregado.Noticias Caracol obtuvo imágenes y documentos que corroboran estos eventos y están en manos de la justicia para la próxima imputación de cargos.>>> Le puede interesar: Minhacienda pide a Fiscalía que recaude pruebas en la cartera por escándalo de la UNGRD
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso recibió el jueves una llamada durante una conferencia de prensa transmitida en vivo para ordenarle no comentar informes de un ataque con misil balístico contra Ucrania, se observó en el video."Masha", dice una voz masculina en el teléfono dirigiéndose a la portavoz María Zajárova. "Sobre el ataque con misil balístico sobre (la planta de) 'Yuzhmash', del cual los occidentales están hablando, nosotros no estamos comentando nada", indicó la voz en referencia a un fabricante aeroespacial basado en la ciudad ucraniana de Dnipró."Sí, gracias", respondió Zajárova antes de retomar la conferencia de prensa.En desarrollo....
El técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, recibió una dura sanción por su celebración al clasificar a la final de la Copa Colombia luego de vencer 2-1 en el marcador global a Independiente Medellín. El mexicano no podrá ingresar a estadios en el país por tres años, un castigo que no aceptan desde la presidencia del club y que apelarán para que la levanten.Así lo aseguró Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, dijo que, con esto, se está “privando la pasión y la emoción del fútbol por temor a que quienes no toleran” un festejo. Sin embargo, reconoció que "hay que gestionar mejor las emociones". Ante la polémica que causó Juárez, a quien muchos aficionados señalaron de provocador, Arango aseguró que nunca fue con esa intención y por eso ahora están esperando la respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad de la ciudad, pues consideran que el gesto no es incendiario contra la tribuna rival."Aún la sanción no está en firme, nosotros apelamos en segunda instancia y en este momento estamos esperando la respuesta de la Secretaría de Seguridad (...) Está claro en el video que no hay ningún acto de provocación y hay otros hechos distintos que se desarrollaron en el final del partido que son un poco más graves y no se está hablando de eso", insistió. Y es que este miércoles, 20 de noviembre, Juárez volvió a la controversia al repetir sus gestos en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pero, esta vez, contra la hinchada de Santa Fe, partido del que fue expulsado.
Durante 38 horas, más de 400.000 habitantes de Bucaramanga y Floridablanca estarán sin servicio de agua este fin de semana.El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informó que, por actividades de mantenimiento preventivo en la Planta de Tratamiento de Bosconia, se suspenderá el suministro de agua potable en el centro, norte y sur de Bucaramanga y en el noroccidente de Floridablanca. La suspensión se realizará desde el sábado 23 de noviembre de 2024, a partir de las 08:00 de la mañana, hasta el domingo 24 de noviembre de 2024, a las 10:00 de la noche.“La suspensión impactará a quienes habitan el cuadrante de la zona céntrica comprendida entre la Carrera 22 y la escarpa occidental y entre la Calle 45 y la escarpa norte, el sector de la Ciudadela Real de Minas y barrios aledaños, el sector Norte y el sector Sur de Bucaramanga, igualmente el sector noroccidental de Floridablanca”, señala la compañía.Estas son las zonas y barrios que estarán sin servicio de agua en Bucaramanga y Floridablanca.DISTRITO ESTADIO: Gaitán, Girardot, Granada, La Feria, La Gloria, La Independencia, Modelo, Mutualidad, Nápoles, Nariño, Bosque Norte Alto y Bajo, Nueva Colombia, Pío XII, San Francisco, San Rafael, Santander, Villa Mercedes, Zarabanda, 23 de Junio, Comuneros, Centro, Chapinero, Transición, García Rovira, Regadero Norte, Olas II, El Cinal, San Cristóbal, Camilo Torres, La Cuyanita y Zona escarpa.DISTRITO REGADERO: El Plan, La Esperanza I, II y III, José María Córdoba, La Juventud, Lizcano I y II, Paisajes del Norte, Regadero Norte, Los Ángeles, Mirador, Olas Altas, Olas Bajas, San Cristóbal, Transición, Villa Helena, Villa María, Villa Rosa, Altos del Progreso, San Valentín.DISTRITO COLORADOS: Colorados, Villa Patricia, Pablón Alto, La Torre, El Rosal, Rosa Alta, Los Palos, Limoncito, Getsemaní, Campestre Norte, Portal de los Ángeles, Barrio Nuevo y las pilas públicas, La Fortuna, Rosal Norte, El Nogal y Altos de Marvilli.DISTRITO BIENESTAR: Colseguros Norte, Minuto de Dios, 23 de Junio, Altos del Kennedy, Altos del Progreso, Balcones del Kennedy, Barrio Kennedy, Miramar, Las Hamacas, Maria Paz, Miradores del Kennedy, Omaga I y II, Hospital del Norte, Tejar Norte.DISTRITO FERROVÍAS: Campo Madrid, Café Madrid, Ciudadela café Madrid, Villas de san Ignacio, Claveriano, Balcones del Kennedy, San Valentín, Villa alegría II, Olas bajas, Villa alegría I, Omaga, Mirador del Kennedy, Viveros de Provenza, Las hamacas.DISTRITO BETANIA: Bavaria, San Ignacio Real, Betania.DISTRITO PUERTA DEL SOL Y LA IGLESIA: Ciudadela real de minas, Mutis, Ciudad Bolívar, Estoraques, Los canelos, Prados del Mutis, Los Héroes, Monte redondo, Bucaramanga, San Gerardo I, Brisas del Mutis, Manzanares, Metrópolis I, Balconcitos, San Gerardo II, Punta Estrella, Conalvivienda, Centauros, Colombia, Bucaramanga, La Gran Ladera, Manzana 10, África.DISTRITO CAÑAVERAL: Río Frio, Cañaveral, Palomitas, Aranzoque, Club Campestre, El Bosque, Mediterrané, El Progreso, Altos De Cañaveral, Cañaveral Campestre I, González Chaparro, Cañaveral Oriental, Altos De Cañaveral Campestre, Belhorizonte, El Olimpo, San Simón De La Pradera, Alkosto, Mausoleo La Esperanza, Tierra Santa, Zona Franca, Torres De Cañaveral, Buganvilia, Santa María De Cañaveral, Torres De Aragón, Villas Del Mediterráneo, Centro Comercial Cañaveral, Plazuela Cañaveral, Álamos Parque, Club House, Alameda De Cañaveral, La Península, La Pera, Parque Campestre, Quintas Del Campestre, Cañaveral Campestre II, Clínica Ardila Lulle, Fosunab, Cañaveral Campestre III, La Calleja, Hoyo En Uno, La Lomita.DISTRITO MALPASO: Provenza, Diamante II, El Porvenir, Jardines De Coaviconsa, Manuela Beltrán, Fontana, El Cristal, Marianella, El Rocío, San Luis, Delicias, Balcones De Provenza, Brisas De Provenza, Niza, Ciudad Venecia, Dangond, San Martín, Bosques Del Payador, El Dorado, Asturias II, Diamante I, Los Conquistadores, Parque San Agustín, Villa Inés, Caldas, Punta Paraíso, Coomultrasan, El Progreso, Nueva Fontana, España, Granjas De Julio Rincón, Toledo Plata, Viveros De Provenza, Mirador De San Lorenzo, Malpaso, Condado Campestre, Torres De Alejandría, Trinitarios, Colón, Cristal Alto, Altos De Fontana, Santa Catalina, Palmas Del Campo, Los Guaduales, Cerros Del Campestre, Ciudad Metropolitana, Granjas De Provenza, Condado De Gilbraltar, Villa Flor, Villa Alicia, Fontana Real, Carabelas, Igzabelar, Quintas Del Palmar, Villa Mallorca, Santa María, Parque Campestre, Vista Campestre, Porto Fino, Jardines De Niza, La Zafra, Candado, Villa Sara, El Sol, Torres De San Felipe, El Sol II, Plaza Marsella, Arcos Del Campestre, Villa Firenze, Villa Tarragona, Quebrada La Iglesia, Villa De Los Conquistadores, Los Robles, Portales Del Campestre, Brisas Del Palmar, Villa España, San Felipe, Terminal De Transportes De Bucaramanga, Aranjuez, Cristal Bajo, Villa Diamante, Mirador De Campestre, Torres De Madeira, La Libertad, Hoyo 1, Altos Del Campestre, Oficinas De Tránsito De Bucaramanga, Zona Industrial De Bucaramanga y las pilas públicas, Luz De Salvación, Villas Real, Paraíso Bajo, Villas Del Nogal, Granjas Rigan y Aires de Provenza.
La Corte Penal Internacional (CPI) dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista. "La sala emitió órdenes de arresto contra dos individuos, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024", informó la CPI, añadiendo en otro comunicado que también pidió la detención de Deif, jefe militar del movimiento islamista palestino.Petro reacciona a orden de captura contra NetanyahuUna vez conocida la noticia, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X, en la que dijo que si Estados Unidos no está de acuerdo con la orden captura “conduce al mundo hacia la barbarie”.“Esto es lo lógico. Netanyahu es un genocida. El tribunal de justicia del mundo lo dice y se debe acatar su fallo. Si Biden desconoce esta orden, simplemente conduce al mundo a la barbarie. Europa occidental debe recobrar su independencia en la política internacional y actuar para cumplir la orden judicial”, escribió Petro en X.Gustavo Petro, anunció el pasado en noviembre de 2023 sus planes de denunciar al primer ministro israelí ante la Corte Penal Internacional (CPI) por “crímenes de guerra” “Colombia va a coadyuvar la denuncia de Argelia interpuesta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra el señor Benjamin Netanyahu ante la masacre de niños y civiles del pueblo palestino que ha producido. El canciller de Colombia se reunirá mañana con el fiscal de la Corte Penal Internacional”, indicó el mandatario izquierdista en su cuenta de X¿Qué dice la CPI sobre Netanyahu?La Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular.El Gobierno israelí también había exigido a los jueces que detuvieran “cualquier procedimiento relacionado con la situación, incluyendo la consideración de las solicitudes de órdenes de arresto”, otra petición rechazada por los magistrados.“No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte, ya que esta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, como se determinó anteriormente”, advirtió la Sala.Consideró además que los Estados “no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte antes de la emisión de una orden de arresto, por lo que la impugnación de Israel es prematura”, dijo.En este sentido, los jueces aprobaron las órdenes de arresto solicitadas el pasado 20 de mayo por el fiscal contra Nentayahu y Gallant como “responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.Además, también se les considera responsables como “superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil” en la Franja de Gaza.En el caso del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Khan había pedido el arresto de los entonces líder de Hamas Yahya Sinwar; el jefe del ala militar, Mohammed Deif; y su buró político, Ismail Haniyeh. La acusación incluye seis crímenes de guerra, como la toma de rehenes y actos de violencia sexual, y cinco de lesa humanidad, incluidos exterminio y asesinatos.Sin embargo, y desde que el fiscal solicitó su arresto, Haniyeh murió en un ataque en Teherán en julio y su heredero, Sinwar, corrió el mismo destino en otro de Israel en Gaza el mes pasado, por lo que Khan retiró su solicitud al considerar confirmado su fallecimiento.Con respecto a Deif, la Fiscalía indicó que continuaría recabando información sobre "su supuesta muerte"."El 15 de noviembre de 2024, la Fiscalía, basándose en información de las autoridades israelíes y palestinas, informó a la Sala de que no puede determinar si Deif ha fallecido o sigue vivo. Por lo tanto, la Sala emite la presente orden de arresto”, señalaron los jueces.
Luego de que la ministra de Transporte, María Constanza García, le hiciera llegar una carta al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, pidiendo una explicación sobre cómo se le dará continuidad a la prestación del servicio de transporte masivo tras aprobarse la liquidación del ente gestor Metrolínea, la alcaldía, a través del jefe de gobernanza Richard Caicedo, respondió.Lo primero que explicó es que un grupo de profesionales prepara la respuesta respecto de la prestación del servicio de transporte masivo, “la información de cómo se realizará el recaudo de la tarifa, la operación del sistema de control y gestión de flota y el cumplimiento de las obligaciones del convenio de cofinanciación por parte de la alcaldía de Bucaramanga”, señaló Caicedo.El funcionario también aclaró que desde hace seis meses la Alcaldía de Bucaramanga trabajó en el proyecto de acuerdo para solicitar al Concejo Municipal las facultades para la liquidación del ente gestor, así como las soluciones que permitirán que el sistema de transporte masivo se mantenga en la ciudad.“Hace seis meses se viene trabajando en el proyecto de Acuerdo, pero también hemos venido trabajando en las alternativas de solución que permitirán que el sistema de transporte masivo se mantenga en Bucaramanga”, manifestó.Igualmente explicó que, mientras que esté en proceso la liquidación de la sociedad Metrolínea, será el Área Metropolitana de Bucaramanga, como autoridad de transporte, la entidad encargada de presentar el esquema operativo para el funcionamiento de transporte público masivo y de contratar el estudio para la reorganización del sistema público de transporte masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga.“Hay recursos para responder frente al convenio de cofinanciación que tenemos actualmente suspendido con el Ministerio de Transporte para las obras que permitían la infraestructura que necesitaba el Sistema de Transporte, Metrolínea”, aclaró el jefe de Gobernanza, Richard Caicedo.Cabe anotar que, aunque la ministra de Transporte, María Constanza García, en la carta enviada al alcalde de Bucaramanga, indica que la decisión de liquidar el ente gestor, en este caso Metrolínea, es una decisión autónoma del ente territorial, su preocupación es sobre la operación y la prestación del servicio, por eso la solicitud de información y explicación sobre cómo el municipio de Bucaramanga garantizará el servicio.En la carta, la ministra María Constanza García, le recuerda al alcalde de Bucaramanga que el Gobierno Nacional en el 2005 suscribió un convenio de cofinanciación para la construcción de las obras del Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga por $975.000 millones.Actualmente, la sociedad Metrolínea, ente gestor del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, tiene un déficit que alcanza los $600.000 millones.
