En medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, el exdirector de la entidad, Olmedo López, reveló un nuevo detalle durante su interrogatorio. Según López, los 3.000 millones de pesos que se habrían gestionado como parte de un esquema ilícito no eran directamente para el expresidente del Senado, Iván Name, sino para financiar la campaña de su hija, María Clara Name, al Concejo de Bogotá.La declaración de López se suma a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que Ortiz utilizó su cargo para favorecer a Name mediante gestiones indebidas, que incluyeron la entrega de los 3.000 millones de pesos y la adición de 11.000 millones de pesos a un contrato de la UNGRD en el Atlántico.Entre las evidencias se destacan videos y registros de una reunión en la Casa de Nariño, realizada el 21 de septiembre de 2021, donde Ortiz y López habrían discutido cómo canalizar los recursos hacia el senador Name. Según López, estas gestiones tenían como objetivo fortalecer la campaña política de María Clara Name.Además, chats obtenidos por la Fiscalía muestran que López y Sneyder Pinilla, también acusados, coordinaron el traslado del dinero hacia el norte de Bogotá los días 12 y 13 de octubre de ese año. Estas acciones, según la Fiscalía, se habrían llevado a cabo bajo las órdenes del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, implicado como presunto articulador de las operaciones.Las investigaciones avanzan mientras, López y Pinilla enfrentan cargos por concierto para delinquir y desvío de recursos públicos; ambos llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía.
En la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, la Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que la vinculan con presuntas gestiones ilícitas relacionadas con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Entre las evidencias se encuentran testimonios, chats y videos de cámaras de seguridad de la Casa de Nariño, que sustentan las acusaciones por tráfico de influencias y lavado de activos.Según la Fiscalía, Ortiz habría utilizado su cargo para beneficiar al senador Iván Name. “Se puede inferir de manera razonable que la alta consejera presidencial para las regiones utilizó influencias derivadas de su cargo en provecho del senador Iván Name con el fin de, primero, entregar 3.000 millones de pesos derivados de la contratación de la UNGRD con destino al presidente del Senado, Iván Name, y, segundo, para que Olmedo López le ayudara en la adición de un contrato por 11.000 millones de pesos que se estaba ejecutando en el departamento del Atlántico”, señaló la Fiscalía.Entre las pruebas presentadas se encuentran videos de una reunión en la Casa de Nariño el 21 de septiembre de 2021, en la que Ortiz y Olmedo López, entonces director de la UNGRD, discutieron la entrega de recursos al expresidente del Senado. Además, chats y registros muestran cómo López y Sneyder Pinilla, también implicados, coordinaron el traslado de 3.000 millones de pesos al norte de Bogotá el 12 y 13 de octubre de ese año.La Fiscalía aseguró que estas gestiones se realizaron bajo la dirección del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, quien habría ordenado las entregas de dinero. Ortiz, López y Pinilla enfrentan cargos por concierto para delinquir, mientras avanza el proceso judicial por los contratos que comprometieron millonarios recursos públicos.
Este viernes, 29 de noviembre, se realiza la imputación de cargos a la exacta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, por parte de la Fiscalía General de la Nación, quien es señalada de haber cometido los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en el marco de una investigación sobre presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD). La Fiscalía sostiene que la exfuncionaria jugó un papel clave en el traslado de grandes sumas de dinero ilícito, obtenido de dineros de la UNGRD fraudulentos hacia el presidente del Senado, Iván Leonidas Náme Vázquez.Según la Fiscalía, Ortiz estuvo involucrada en el transporte de un total de 3.000 millones de pesos en efectivo en dos ocasiones distintas. Estos montos provinieron de funcionarios de la UNGRD, como Olmedo de Jesús López Martínez, entonces director de la entidad, y Sneyder Pinilla Álvarez, subdirector de manejo de desastres. El dinero, que fue presuntamente obtenido a través de delitos como el interés indebido en la celebración de contratos y el peculado por apropiación agravado, tenía como destino final la entrega al presidente del Senado.Asimismo, la Fiscalía corroboró que la orden que recibió Sandra Ortiz de entregar dineros a Iván Name y Andrés Calle provino del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.La fiscal del caso detalló el modus operandi de los implicados, indicando que el 12 de octubre de 2023, en horas de la tarde, Sandra Ortiz recibió una maleta con 1.500 millones de pesos en Residencias Tequendama, en Bogotá. Dicho dinero fue transportado por ella y Pinilla Álvarez en vehículos oficiales asignados a Ortiz por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRI). El dinero fue entregado a Iván Náme Vázquez, en su residencia, en el norte de Bogotá.Al día siguiente, el 13 de octubre, Pinilla Álvarez regresó con otra suma idéntica de 1.500 millones de pesos, que fue entregada nuevamente a Ortiz en el mismo apartamento. El total de los 3.000 millones de pesos fue transportado y entregado por Ortiz al presidente del Senado, quien presuntamente recibiría los fondos de origen ilícito.La Fiscalía considera que estos actos constituyen una clara violación de la ley, al involucrar el transporte y ocultamiento de dinero obtenido por medios ilegales. La imputación de cargos contra Sandra Ortiz responde a la necesidad de investigar y sancionar el entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios del Gobierno y el Congreso de la República, en una trama que ha afectado gravemente la confianza en las instituciones públicas.
Los investigadores que tienen en sus manos el expediente por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), revelarán este viernes los documentos, testimonios y pruebas técnicas, con las que sustentarán la solicitud ante un juez de la República, para que la exalta Consejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz sea enviada a la cárcel por haber presuntamente entregado 3.000 millones en efectivo al expresidente del Senado Iván Name.Hay dos elementos clave que podrían poner en aprietos a Sandra Ortiz: el rastreo de las celdas de telefonía celular que permiten conocer la ubicación de una persona en determinada fecha y hora, y la maleta que habría sido la que utilizó para transportar el dinero en efectivo para cumplir con lo prometido al senador Name.Según las declaraciones ante la Corte Suprema, del exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo Sneyder Pinilla, la entrega de los 3.000 millones de pesos a Sandra Ortiz se habría producido en dos entregas, cada una de 1.500 millones de pesos, los días 12 y 13 de octubre de 2023.Los investigadores han logrado corroborar el testimonio de Pinilla con elementos técnicos que serán revelados en detalle este viernes durante la audiencia de imputación de cargos en contra de Ortiz: el exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo aseguró ante la Corte Suprema, que le entregó el dinero a la exconsejera presidencial en un apartamento ubicado en el edificio de Residencias Tequendama, en el centro de Bogotá.Pinilla también reveló que, por instrucción de su jefe, Olmedo López, acompañó a Sandra Ortiz a un edificio ubicado en el norte de Bogotá a hacer la entrega de los primeros 1.500 millones de pesos en efectivo, en hechos ocurridos el 12 de octubre de 2023.Coincidiron en edificioAquí viene la clave: de acuerdo con los análisis hechos por medio de la ubicación de los teléfonos celulares gracias a las celdas que amplifican la señal, el día de la presunta entrega de ese dinero, Sandra Ortiz, Sneyder Pinilla e Iván Name habrían estado en el mismo sitio durante varios minutos, coincidiendo en un edificio ubicado en el norte de Bogotá.La misma coincidencia de ubicación de los teléfonos celulares de Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla se dio durante los días 12 y 13 de octubre de 2023, cuando según dijo el exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, se habría dado la entrega de los 3.000 millones de pesos.La trazabilidad de la coincidencia de ubicación de Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla fue corroborada con videos de cámaras de seguridad y aplicaciones de ubicación y mapas, usadas durante esos días por los investigados.El otro elemento clave que tiene en su poder la justicia es la trazabilidad de la maleta utilizada por Sneyder Pinilla para entregarle el dinero a Sandra Ortiz, desde el sitio de la compra, el modelo, las fotos con el efectivo y otros detalles que corroboran que el hecho descrito por Pinilla sí sucedió.De acuerdo con lo que han podido establecer los investigadores con base en testimonios y otros elementos, la orden de la entrega del dinero a Iván Name, se la habría dado el exdirector del DAPRE Carlos Ramón González a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz.Aspirarían al Congreso en 2026Hay un dato adicional y no menor y es que varios de los involucrados en el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo tenían un proyecto político para llegar al Congreso en las elecciones de 2026 y pretendían apalancar sus campañas con los dineros de la corrupción de la UNGRD.Olmedo López pretendía aspirar al Senado, así como Sandra Ortiz pretendía regresar a esa corporación, mientras que Sneyder Pinilla, Luis Carlos Barreto y Víctor Meza querían aspirar a la Cámara de Representantes.
El Consejo de Estado convocó a una audiencia pública el 25 de noviembre, a las 2:30 p.m., para decidir si Iván Name, expresidente del Senado, pierde su investidura como congresista.Este proceso fue solicitado por el veedor ciudadano Juan Carlos Calderón España, quien pidió que Name sea retirado del Congreso por presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La audiencia se realizará de forma virtual, y el Consejo de Estado enviará el enlace para la conexión a las partes con anticipación. Este paso es parte del procedimiento establecido por la Ley 1881 de 2018, que regula las audiencias en casos de pérdida de investidura.“Convocar a las partes, al Ministerio Público y a los Consejeros de Estado integrantes de la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura No. 24, a la audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018”, dice el documento.El proceso comenzó en agosto, cuando el Consejo de Estado aceptó la demanda de Calderón España. Según esta, Name estaría involucrado en tráfico de influencias en el escándalo de la UNGRD, una situación que también es investigada por la Corte Suprema de Justicia.La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura explicó que no se incluirán pruebas provenientes del proceso penal y que no hay más elementos por agregar. Por ello, la audiencia pública será el espacio para que se tomen decisiones definitivas sobre el futuro político del senador.
La Corte Suprema de Justicia citó a María Clara Name en calidad de testigo en el marco de la investigación formal que abrió contra su padre, Iván Name, expresidente del Senado, por presunta corrupción. La diligencia tenía como propósito indagar si la campaña de María Clara al Concejo de Bogotá pudo haber sido financiada con recursos de procedencia irregular, posiblemente vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Esta citación surge luego de que la Corte abriera una investigación contra Iván Name y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes habrían sido beneficiarios de una presunta red de corrupción en la UNGRD. Exfuncionarios de la entidad, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, confesaron su participación en actos de corrupción, asegurando que se desviaron recursos públicos hacia fines electorales.A su salida de la diligencia, María Clara Name defendió la transparencia de su campaña y se mostró crítica ante las declaraciones de los exfuncionarios de la UNGRD. “Yo no tengo nada que ver en esas declaraciones que esos señores irresponsablemente han otorgado, solo quiero ratificar en nuestra transparencia. Ya será la Corte quien proceda a revisar los diferentes testimonios y las diligencias para tomar la decisión que corresponda”, expresó Name.Asimismo, el abogado de Iván Name, Jaime Lombana, criticó duramente el acuerdo que están negociando López y Pinilla con la justicia, calificando de “grave” la posibilidad de que obtengan un principio de oportunidad que les permita evitar sanciones a cambio de colaborar en el caso. “Esos señores se robaron la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo encuentran una manera de salir libres y limpios de todo esto y es hacer un principio de oportunidad y acusando infamemente a personas como Iván Name”, sostuvo, Lombana.Según la defensa de Name, “la corrupción en la UNGRD es más profunda que los carrotanques en La Guajira”. Además, expresó preocupación por lo que considera una posible impunidad para los confesos exfuncionarios, quienes “querían ser senador y representante financiados con dinero de los más necesitados”.
Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, reveló detalles de la investigación en curso que involucra a dos destacados excongresistas: Iván Name y Andrés Calle. Según la información compartida por Ospina, la Corte Suprema de Justicia cuenta con elementos para inferir que Name, expresidente del Senado, y Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, habrían recibido millonarios recursos en efectivo provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destinados, presuntamente, no a sus propias campañas, sino a las de sus familiares.¿Cómo llegaron los recursos a los congresistas?La Corte Suprema de Justicia ha recopilado pruebas que señalan que ambos congresistas habrían recibido cerca de 4.000 millones de pesos en efectivo antes de las elecciones locales del 29 de octubre de 2023. Iván Name habría recibido alrededor de 3.000 millones de pesos, mientras que Andrés Calle habría recibido cerca de 1.000 millones. Estos recursos habrían sido entregados bajo instrucciones de altos funcionarios de la administración pública, específicamente por órdenes del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, y canalizados a través de funcionarios de la UNGRD, según testificaron personas clave en la investigación, como Olmedo López, exdirector de Gestión del Riesgo, y Schneider Pinilla, exsubdirector de la misma entidad. Campañas políticas de familiares, bajo la lupaEl dinero habría sido utilizado para financiar las campañas de familiares de ambos excongresistas, según detalló la investigación de la Corte Suprema.En el caso de Iván Name, los fondos habrían servido para apoyar la candidatura al Concejo de Bogotá de su hija, María Clara Name, representante del Partido Verde. En cuanto a Andrés Calle, se habrían destinado recursos para la campaña de su padre, Gabriel Calle de Moya, quien fue elegido alcalde de Montelíbano, y para la de su hermano, Gabriel Calle Aguas, candidato a la Gobernación de Córdoba. La Corte Suprema también sugiere que estos millonarios aportes tendrían como contraprestación el respaldo de Name y Calle a proyectos de ley promovidos por el gobierno en el Congreso, aunque en el caso de Iván Name, su defensor ha argumentado que este no era partidario del gobierno y que, por tanto, no habría “vendido” su voto.Testimonios clave: Olmedo López y Sneyder PinillaLos testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, recogidos en agosto de 2024, aportaron información crucial sobre el modo, tiempo y lugar en que se habrían realizado las entregas de dinero. Según López, las órdenes de repartir los recursos a Name y Calle provinieron directamente de Carlos Ramón González, entonces director del Dapre y un aliado del Partido Verde.López afirmó que fue instruido para entregar los fondos antes de las elecciones de 2023 y que esto fue parte de una estrategia para fortalecer las campañas de los familiares de los congresistas. Además, Sandra Ortiz, quien en ese momento era consejera presidencial para las regiones, también ha sido implicada en la investigación. Ortiz, descrita por los testimonios como una "mensajera" en el proceso, reconoció su cercanía tanto con Iván Name como con María Clara Name, lo que, según los investigadores, reforzaría el vínculo entre los fondos públicos y las campañas políticas.La Corte Suprema aclara: el cohecho es un delito de conducta, no de resultadoUn aspecto crucial en este caso es la definición de cohecho según la Corte Suprema, la cual afirma que este delito implica una conducta indebida, independientemente del resultado final.Esto significa que, aunque Iván Name no haya respaldado abiertamente todos los proyectos del Gobierno, el simple hecho de recibir fondos para un propósito específico sería suficiente para configurar el delito. Esta interpretación desvirtúa la defensa del abogado Jaime Lombana, quien sostiene que Name no era un aliado directo del gobierno y, por tanto, no incurrió en cohecho. Un proceso judicial en desarrolloLa Corte Suprema abrió formalmente una investigación contra Iván Name y Andrés Calle, quienes hasta el 20 de julio de 2024 ocuparon los cargos de presidente del Senado y de la Cámara, respectivamente.La Sala de Instrucción ha emitido un documento de 45 páginas en el cual detalla los elementos probatorios que sustentan las acusaciones, aunque ha habido un salvamento de voto por parte de la magistrada Cristina Lombana, quien se mostró en desacuerdo con la determinación de la Corte.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informó en la mañana este martes, la apertura de una investigación formal en contra de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes de Senado y Cámara respectivamente por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.“Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional”, expresa la decisión de la Corte.Así fue la reacción de Iván Name"No tengo nada que comentar", respondió a Blu Radio el expresidente del congreso y senador de la Alianza Verde, Iván Name, frente a la decisión de la Corte Suprema de abrirle investigación formal por haber recibido presuntamente 3 mil millones de pesos de sobornos de la UNGRD para pasar las reformas del gobierno Petro en el Congreso."Tengo un abogado que es Jaime Lombana que actúa como vocero mío", agregó.Precisamente Lombana también reaccionó: "La decisión de la Corte Suprema la entendemos, respetamos y es parte del proceso", respondió a Blu Radio Jaime Lombana, abogado del Senador Iván Name, sobre la apertura de investigación."Nosotros hemos venido presentando elementos de prueba que demuestran que jamás pudo haber un cohecho, cuando él siempre ha hecho oposición y no ha hecho ninguna votación favorable", dijo el abogado del expresidente del Senado a quien señalan de haber recibido 3.000 millones de pesos para favorecer reformas clave para el Gobierno. Cabe resaltar que fue el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Sneyder Pinilla, implicado y considerado como uno de los principales testigos de este entramado de corrupción, quien prendió el ventilador y dió nombres como el de Calle y Ñame, en donde, según su relato, ambos habrían recibido presuntamente maletas con dinero producto de los sobornosIncluso, en el relato de Pinilla, asegura que presuntamente fue la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien entregó estos supuestos sobornos.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal a los congresistas Iván Name Vásquez y Andrés Calle dentro del escándalo de corrupción de la UNGRD.Antes la investigación era preliminar y ahora ya se establece que deberán responder dentro del proceso por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. “Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional”, expresa la decisión de la Corte. La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en las que habrían intervenido Name Vásquez y Calle como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para la época de los hechos. Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad, Sneyder Pinilla Álvarez.Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional.Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.La decisión de la Sala se tomó luego de evaluar información recaudada en labores de policía judicial y testimonios practicados por el magistrado instructor y otros suministrados por la Fiscalía General de la Nación.En la decisión se señala que se cumplen los requisitos para proceder a una investigación formal ante la probabilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública.Igualmente, se determinó que los congresistas sean citados a indagatoria y se impartieron órdenes de policía judicial para la práctica de otras pruebas.Así reaccionó Name ante la decisión de la Corte Suprema"No tengo nada que comentar", respondió a Blu Radio el expresidente del congreso y senador de la Alianza Verde, Iván Name, frente a la decisión de la Corte Suprema."Tengo un abogado que es Jaime Lombana que actúa como vocero mío", agregó.
El senador Iván Name denunció penalmente ante la Fiscalía a Olmedo López, Sneyder Pinilla y otras personas vinculadas al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo asegurando que todas las acusaciones en su contra son falsas y malintencionadas.Según Name, al vincularlo a él en los actos ilegales solamente buscan desviar la atención de los verdaderos y únicos responsables y acceder a beneficios judiciales.“Es una mentira de que hayan estado en mi residencia entregando dinero. Constituye una prueba contundente e incontrovertible que mintieron ante la justicia y por ello quiero establecer la verdad para que la opinión pública conozca la realidad de este caso”, agregó el expresidente del Senado.Y es que en las declaraciones de los exfuncionarios de la UNGRD, en especial las de Sneyder Pinilla ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, se ha señalado a Name como uno de los políticos que habría recibido coimas producto de los sobrecostos de en la contratación de los carrotanques adquiridos para llevar agua a La Guajira, pero que nunca operaron.En julio pasado, Noticias Caracol reveló detalles de cómo había sido el recorrido que Pinilla junto con Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones, hizo en Bogotá para trasladar en maletas, una suma de $1.000 millones en efectivo, hasta el edificio donde está la residencia de Name, la unidad residencial Bassel I en el norte de la ciudad.Al senador Iván Name lo acompaña en este proceso de defensa el abogado Jaime Lombana, quien explicó que las pruebas de la denuncia radicada están en los mismos elementos que Pinilla ha entregado a la justicia.“Técnicamente ha quedado demostrado a través del celular del propio Sneyder Pinilla, que voluntariamente entregó a la justicia, que nunca estuvo en el lugar de residencia del doctor Iván Name, como él lo afirmó mentirosamente, tratando de ganarse un principio de oportunidad para ocultar y para minimizar el hecho de profunda corrupción”, detalló Lombana.
