Alrededor de 110 familias campesinas del corregimiento La Granja, del municipio de Ituango, norte de Antioquia, se beneficiaron por la implementación de dos proyectos productivos destinados a resarcir los pérdidas y daños del conflicto armado a los campesinos en especial aquellos afectados por las masacres del paramilitarismo en esta localidad. El Estado les brindó dotaciones agropecuarias a estas familias para la producción de café y 172 cabezas de ganado entre reses y toros e insumos veterinarios.La directora general de la Unidad para las Víctimas, Lilia Clemencia Solano, mencionó que este tipo de proyectos son un avance en materia de recolección colectiva, pues estas familias están consolidadas en un plan de retorno y reubicación de desplazados. “Han trabajado por años las víctimas del conflicto armado para poder mantener la esperanza. Han trabajado con fuerza, con alegría, han sostenido sus familias, sus comunidades y hoy llega este momento en que tenemos el privilegio desde la Unidad para las Víctimas en dar un avance a este proyecto de reparación colectiva”, expresó la directora.Vale la pena recalcar, que gran parte de los beneficiarios tuvieron que abandonar sus tierras por la masacre de 5 personas por parte de un grupo de autodefensas en 1996. Adicionalmente, la entidad mencionó que, además de la reparación colectiva, se llevarán a cabo otras estrategias como el pago de 3.360 indemnizaciones económicas, subsidiariedad al municipio, atención humanitaria a desplazados y proyectos de infraestructura comunitaria.Por ultimo, la Unidad para la Reparación a las Víctimas reveló que Ituango es uno de los municipios con mayor porcentaje de su población victimizada en el país, con una cifra de más del 90 %, por lo cual la entidad ha invertido más de 50.000 millones de pesos.
La Jurisdicción Especial de Paz respondió positivamente a la solicitud de los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio de comparecer ante ese tribunal por varios hechos violentos ocurridos a finales de los noventa en Antioquia y cuyos responsables serían miembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Se trata de las masacres de La Granja y El Aro ocurridas en 1996 y 1997, respectivamente, en el municipio de Ituango, y donde estos hermanos aseguraron que tienen intención de aportar información para esclarecer lo sucedido.También se espera que los hermanos Angulo Osorio amplíen información Que permita el esclarecimiento del asesinato del reconocido abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, crimen ocurrido en febrero de 1998, por el cual fueron condenados en 2013 y cuyo fallo fue ratificado en segunda instancia cuatro años después por el Tribunal Superior de Medellín.Desde la JEP informaron que aún está pendiente la fecha en la que se llevará a cabo esta diligencia y que toda la información aportada respecto a estos casos será objeto de investigación y contrastación por parte del tribunal.
Un grave panorama de salud afrontan cuatro niños del resguardo indígena Jaidukamá en el municipio de Ituango, Norte de Antioquia, y para los cuales autoridades ya activaron los primeros protocolos de atención.Se trata de tres menores que padecen leishmaniasis y uno más con un cuadro de desnutrición que fueron identificados desde hace cerca de una semana por la Secretaría de Salud de esa localidad.Según indicó a Blu Radio el alcalde de Ituango, Javier Parias, en lo que ahora trabajan es en la consecución de apoyo aéreo para ser trasladados desde la vereda San Mateo del corregimiento La Granja, a más de 12 horas del casco urbano del municipio, hacia una institución de salud en Medellín para recibir la respectiva atención."Ya estamos haciendo todo con el gobernador de Antioquia para ir al resguardo indígena a sacarlos de allá, pero no se ha podido hacer porque el tema de la cultura indígena requiere de unos procedimientos que respetar. Se están haciendo todos los trámites para que entre el helicóptero y poder hacer el traslado", explicó el alcalde.A través de su cuenta en X, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que ya está dada toda la coordinación con autoridades indígenas para facilitar el proceso que se estaría dando en las próximas horas, según pudo confirmar el alcalde Parias.
El presidente Gustavo Petro visitó Antioquia el pasado 2 de agosto y criticó fuertemente la baja ejecución que tiene Empresas Públicas de Medellín en un tramo de vía que lleva al corregimiento de El Aro en el municipio de Ituango. El mandatario insistió que si EPM no era capaz de poner el personal para acabar la vía, el Gobierno nacional sí lo haría bajo una orden presidencial.Las declaraciones del presidente nuevamente generaron inconformidad en la región y quien no dudó en hacerlo saber fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó que el tramo que está a su cargo comprende 2,9 kilómetros de vía industrial, misma que hasta hoy ha avanzado en la apertura de 300 metros de vía.Pero también el alcalde de Medellín aprovechó para cuestionar la responsabilidad en obras de la Nación que siguen, según él, sin avanzar en este corregimiento."Los 5.2 km restantes que le corresponden también a la Nación donde están es que se la pasan tirando dardos todo el día y no trabajan por eso entonces aquí más bien lo que hay que decirle al Gobierno del presidente Petro es que ojo que ya le fueron dos años y qué ha pasado en el país", dijo el mandatario. Una vez se dio este cruce de declaraciones entre ambos mandatarios, EPM emitió un comunicado en donde explicó que tras varios intentos de hacer la vía en compañía de la gobernación de Antioquia, del Ejército Nacional o la Agencia de Renovación del Territorio, Empresas Públicas de Medellín se reunió con varios entes para determinar cómo sería la ejecución de las obras.En dichas mesas y en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, la ONU, la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Transporte y el Ejército Nacional se llegó a la decisión de hacer los 2,9 kilómetros y un puente metálico de 25 metros.Sin embargo, sobre el tramo que compete a EPM el alcalde de Medellín explicó que las demoras se deben a que durante los últimos cuatro años, en la administración de Daniel Quintero, hubo un retraso evidente en la ejecución de las obras y por ello el 4 de junio inició la construcción de la vía al corregimiento de El Aro, con un plazo definido de 240 días de los cuales ya han pasado cerca de 30 y en donde EPM asegura que los 11 derrumbes que hay en la zona han dificultado las labores en campo.
La visita del presidente Gustavo Petro al territorio antioqueño trajo una nueva polémica luego de que el mandatario insistió que si EPM no era capaz de poner el personal para acabar la vía hacía el corregimiento de El Aro en Ituango, el Gobierno nacional sí lo hará.Además, el presidente manifestó que la finalización de la carretera era una orden presidencial e, incluso, "si hay que hacerlas con las Fuerzas Militares pues mejor porque es un acto de paz". El mandatario habló sobre las Empresas Públicas de Medellín y aprovechó para darle un mensaje a la Gobernación por la situación de salud del corregimiento."Si EPM no fue capaz, pues somos nosotros sí. Si no fue capaz el departamento de poner los funcionarios en el centro de salud, pues somos nosotros los que podamos llevar esos servicios a la gente", manifestó el presidente.Sobre esta situación, EPM había informado el pasado 18 de julio que lo que ellos tienen como responsabilidad son las obras de la vía industrial hacia el depósito El Aro, una carretera que acerca a los habitantes del corregimiento El Aro a los municipios cercanos.Además, Empresas Públicas de Medellín indicó que este proyecto comprende 2,9 kilómetros de vía industrial, con un puente vehicular de 25 metros sobre la quebrada El Aro y que de momento hay vinculadas 32 personas al proyecto. Sin embargo, EPM instó al Gobierno nacional, departamental y municipal para que construyan los 5,2 kilómetros restantes para llegar a la centralidad del corregimiento y que son exclusivamente responsabilidad de ellos. Sobre la condición actual se confirmó que se ha avanzado en la apertura de 300 metros de vía, pero que hay 11 derrumbes en la zona que impiden el avance normal de las obras, no obstante, el contratista Urbanika SAS está activo y se encuentra realizando trabajos de transporte de material a la región.
Las fuertes lluvias que se registran en Antioquia siguen causando estragos, pues esta vez en el municipio de Ituango 7.000 personas están incomunicadas por al menos 14 derrumbes.Las afectaciones son en 60 veredas de los sectores Santa Rita, La Granja, El Cedral, Quebrada del Medio y La Florida, donde además se estima que hay 300 viviendas que tienen riesgo de colapsar y once más ya fueron quedaron destruidas por el invierno.Ante la petición de ayuda por parte del alcalde de la localidad, Javier Parias Posso de maquinaria amarilla y otros apoyos por rebasar su capacidad, ya las autoridades departamentales avanzan en el diagnóstico. Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, indicó que la entidad se encuentra evaluando cómo intervenir en esa localidad."Lo que estábamos viviendo en Ituango con todos los movimientos en masa, ya nosotros nos comunicamos con el alcalde y estamos haciendo también la valoración para la intervención por parte del Dagran también", indicó Ríos.En Antioquia, esta temporada de lluvias ha provocado 214 emergencias, dejando más de 70.000 personas damnificadas y siete personas fallecidas. El Dagran señaló que han atendido más de 1.564 familias con ayudas humanitarias."Hacemos un llamado a todas las comunidades para que estén alertas, a todos los componentes operativos y particularmente a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para que se anticipen prospectivamente ante cualquier dificultad y obviamente podamos proteger lo más importante de la gestión del riesgo, que es la vida de todos los antioqueños", concluyó.
En los últimos días la revista indexada Zootaxa publicó un artículo sobre el descubrimiento del Hypolobocera ituangoensis, una nueva especie de cangrejo de agua dulce que descubrió el biólogo Moises Alexander Taborda en las aguas de la quebrada la Honda en el municipio de Ituango.Este nuevo aporte a la ciencia se produjo luego de labores adelantadas en 2018 cuando el descubrimiento de otro animal similar en el Bajo Cauca despertó el interés de Taborda y por esto empezó a revisar muestras recolectadas en el programa Piragua, donde se monitorea el recurso hídrico en el departamento.Taborda aseguró que en el proceso fue clave el apoyo de Martha Rocha, especialista del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional; los profesionales Manuel José Arango, Genaro Graciano, Raúl Calle, Marcela Monsalve, la ingeniera Andrea Báez y la misma comunidad que habita la zona donde se produjo el descubrimiento."Identificamos que habían características diferentes a un individuo que había en estas quebradas y tuvimos la oportunidad con la comunidad de buscar dónde era ese sitio, dónde podíamos encontrarlos y poder verificar que si fuera la especie y poder ya hoy hablar de oficialmente una especie nueva para la ciencia", señaló el investigador. Desde Corantioquia también destacaron el hallazgo como un síntoma de una buena condición del recurso hídrico y su conservación en la zona que permiten la reproducción de este tipo de crustáceos.
Durante su balance de empalme con la anterior administración municipal, el alcalde de Ituango, Javier Parias, evidenció una grave situación en relación con un proyecto de vivienda de interés social que podría poner en riesgo las finanzas del municipio ante eventuales demandas.La iniciativa que cuesta cerca de 4.500 millones de pesos contempla un total de 40 beneficiarios los cuales deben asumir por parte iguales 1.520 millones, y el restante se financia a partir de créditos del municipio, recursos vía regalías y la Empresa de Vivienda de Antioquia.Lo que preocupa al actual mandatario es que de la cantidad que deben portar los beneficiarios solo encontraron 254 millones de pesos por lo que anunció que empezará pasarles cuentas."Es bueno que cada uno vaya sacando sus recibos y no me salgan con el cuentecito que fue que yo se la entregué al alcalde en efectivo, que yo fue que yo le pagué una plata que él me debía porque lo público no se maneja así", dijo el mandatarioIncluso Parias manifestó que habría irregularidades frente a beneficiarios de las viviendas que no cumplen los requisitos, situación que ya remitió a organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría."Muchas de esas 40 personas no cumplen esos requisitos y lo más delicado aún no se hizo el debido proceso, me toca tomar difíciles decisiones y ya pues con mis asesores jurídicos y lo que me diga la Contraloría la Procuraduría eso haré", advirtió.Uno de los temas que causa mayor inquietud en la administración de Ituango frente a este proyecto es una posible demanda del constructor que ya avanza en el 80% de las obras y aún hay importantes incumpliemientos frente a pagos.
Sumado a las extorsiones y amenazas por parte de grupos armados como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que están limitando incluso la movilidad de los habitantes de Ituango, campesinos de varias veredas no han tenido otra opción que desplazarse, con el agravante de que, según Óscar Yesid Zapata de la fundación Sumapaz, ya hay una vereda desocupada.“Conocemos de Conguital, nos están diciendo de otro tipo de veredas, pero este desplazamiento continúa de manera muy silenciosa y pues se está hablando realmente de una descamperización por parte de grupos armados por la violencia, el conflicto que la que no que no puede estar ocurriendo en estos momentos en el país”, dijo.Por eso rechazan que el Gobierno haya dejado solo a uno de los pueblos más violentos de Antioquia.“Las condiciones incluso han llegado a que ni la ambulancia puede ir a las veredas a recoger enfermos para llevarlos a centros asistenciales y la situación sigue grave”, agregó.El vocero de la fundación Sumapaz también advierte el riesgo de ser reclutados que corren los estudiantes que se encuentran desescolarizados por la falta de docentes.
En una cañada de la vereda Los Galgos, a 8 kilómetros del casco urbano de Ituango, campesinos de la zona hallaron el cadáver de Juan José Tobón, el joven de 18 años que había sido secuestrado el 24 de febrero por hombres armados vestidos de negro, que se habrían identificado como presuntos disidentes de las Farc."Se realizó el levantamiento del cuerpo, ya en este momento se va a subir a la patrulla de la Policía para conducirlo a la morgue", confirmó Iván Graciano, presidente del concejo de ese municipio del norte de Antioquia.Recordemos que los delincuentes sacaron a la fuerza a Juan José de un estadero conocido como Los Molinos, propiedad de su familia, y lo obligaron a montarse en su motocicleta la cual fue encontrada incinerada metros más adelante.De momento, se desconoce si el cuerpo del joven presenta signos de violencia, pues los hechos son materia de investigación.
Si bien es imposible establecer una relación directa entre las palabras del presidente Gustavo Petro, y las agresiones que recibe la prensa en redes sociales, "hay un nexo entre el uso" de su megáfono, "la reacción de sus seguidores y aliados, y el tono agresivo en que se da la discusión pública alrededor de los temas que él propone".Así se desprende de un informe elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la organización independiente Linterna Verde, que analizan episodios relevantes de la interacción entre el presidente y sectores del periodismo, que ha derivado en ocasiones en "episodios que han constituido acoso digital en contra de periodistas y medios de comunicación".Los casos analizados son las críticas de Petro a un informe de Noticias Caracol titulado 'El capo y la campaña de la Colombia Humana', el uso de la expresión "periodismo Mossad" por parte del presidente y el calificativo de "muñecas de la mafia" que empleó el mandatario.Entre algunas de las conclusiones que recoge el documento está que "frecuentemente, las publicaciones trascienden la crítica legítima y derivan en ataques".En los tres casos analizados se concluye que las palabras usadas por el presidente fueron replicadas y amplificadas miles de veces en la red social X, y derivaron en ataques y ofensas contra periodistas.En el caso de la expresión "muñecas de la mafia" para referirse a comunicadoras, por ejemplo, indica: "Sus palabras fueron el nodo de los tuits contra las mujeres. De no haber usado la expresión, es apenas lógico concluir que el debate no se habría dado en esos términos"."El Presidente de la República goza de su derecho a la libertad de expresión. No obstante, el ejercicio de este no puede implicar la activación de un ambiente adverso para el ejercicio del periodismo y la amplificación de discursos agresivos y estigmatizantes (...) Como nodo de una red, figura política y mandatario, sus palabras articulan y condicionan la discusión pública", señaló el documento.Desde su llegada al poder la red social X ha sido la plataforma preferida por Petro para comunicar desde cambios en el gabinete hasta políticas, así como sus opiniones personales de una multitud de temas; y desde allí ha protagonizado crudos enfrentamientos con la prensa que él considera trata de desprestigiar a su gobierno.De hecho, ha tenido encontronazos con la propia FLIP, a la que acusó de ser partidista y no velar por los intereses de la libertad de prensa y los derechos de los periodistas.
En Bogotá, la temporada de lluvias ha generado un aumento significativo en la caída de árboles, lo que ha encendido las alarmas en la ciudad. Según Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, durante noviembre se han reportado 143 árboles caídos, incluidos tres que esta mañana afectaron la vía hacia La Calera y varios más en el norte de la ciudad."Con el invierno comienzan a ablandarse los suelos y se hace más probable la posibilidad de que los árboles caigan, lo cual es un fenómeno que hemos venido observando este año", explicó Soto durante una entrevista en el programa Mañanas Blu, con Néstor Morales.La capital cuenta con aproximadamente 2.2 millones de árboles, de los cuales 1.4 millones están en espacios públicos. Sin embargo, las lluvias intensas y el deterioro natural han puesto en riesgo a más de 6400 ejemplares, según un censo reciente realizado por la Secretaría de Ambiente.El llamado a la ciudadanía: reportar árboles en riesgoAdriana Soto destacó la importancia de la participación ciudadana para identificar y reportar árboles en riesgo, una tarea fundamental para prevenir incidentes. "El llamado a la ciudadanía es que también nos ayuden a reportar esos árboles en riesgo a través de la línea 123. Este es el punto de entrada para que el Distrito pueda actuar rápidamente", afirmó.La funcionaria indicó que existen señales claras para identificar un árbol en riesgo de caída, como troncos podridos, ramas secas, inclinaciones inusuales y raíces dañadas. Una vez reportados, la Secretaría evalúa la situación y, si es necesario, ordena la tala o la poda para mitigar el peligro.¿Quién decide la tala de un árbol en riesgo?La decisión sobre la tala o el tratamiento de un árbol que represente peligro no es automática ni recae en una sola entidad. "De acuerdo con la legislación, la Secretaría de Ambiente autoriza la poda o la tala de árboles en riesgo, pero la ejecución depende de otras entidades del Distrito", explicó Soto. Por ejemplo, si el árbol afecta la red eléctrica, corresponde al operador de alumbrado público realizar las labores, mientras que si está en una vía arterial, la responsabilidad es de la Unidad de Mantenimiento Vial.Esta multiplicidad de intervinientes puede generar demoras en la atención, como señaló un ciudadano en el sector de La Floresta, donde un árbol cayó sobre una vivienda. Según el afectado, el incidente fue reportado previamente a las autoridades sin recibir una respuesta oportuna.Impacto de las lluvias en el ecosistema urbanoAdemás de los riesgos para la infraestructura y la seguridad de los habitantes, la caída de árboles también tiene implicaciones para el ecosistema urbano. Cada árbol cumple un papel crucial en la mitigación del cambio climático y la regulación de la calidad del aire en la ciudad. "Los árboles son seres vivos y tienen un ciclo de vida. Lo que estamos viendo es una combinación de factores naturales que están afectando su estabilidad", explicó Soto.Por esta razón, las autoridades han intensificado los esfuerzos para evaluar las zonas más vulnerables y garantizar el manejo adecuado del arbolado urbano. Sin embargo, Soto enfatizó que el cuidado y mantenimiento preventivo también es una tarea compartida con la ciudadanía.Perspectivas a futuroCon el invierno lejos de ceder y miles de árboles en riesgo, Bogotá enfrenta un desafío complejo que requiere un enfoque integral. Adriana Soto subrayó que la cooperación entre las diferentes entidades distritales y los habitantes es esencial para minimizar los impactos negativos. "Estamos haciendo un esfuerzo importante para evaluar y atender las zonas críticas, pero necesitamos el apoyo de todos para proteger tanto a las personas como al medio ambiente", concluyó la funcionaria.
Fueron asesinados dos soldados profesionales y un suboficial del Ejército en medio de un ataque con explosivos por parte del ELN en el municipio de Anorí, departamento de Antioquia. De acuerdo con las autoridades, delincuentes de este grupo armado ilegal lanzaron los artefactos a través de plataformas contra las tropas.El hechos, según el reporte, se le atribuye a los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN que hacen presencia en esa zona del país. El el hecho también resultaron heridos un oficial del Ejército, cinco soldados profesionales más y un civil, quienes a esta hora están siendo atendidos por personal médico.En el lugar se realizó por parte de las tropas el requerimiento de apoyo cercano y extracción de los heridos y las personas muertos y, además, el Ejército ordenó el alistamiento de dos pelotones más para ingresar el área y estabilizar el territorio en el que hacen presencia los delincuentes.En desarrollo...
El papa Francisco, conocido por su enfoque pastoral y su visión de una Iglesia más sencilla y cercana al pueblo, hizo cambios significativos en los ritos funerarios de los pontífices. Estas modificaciones se encuentran detalladas en la nueva edición del 'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis', publicada recientemente. Estas directrices no solo reflejan una adaptación a su estilo personal, sino también una actualización para resaltar el carácter espiritual del evento sobre las tradiciones protocolarias. Simplificación de los ritos tradicionalesUno de los aspectos más destacados de estas nuevas normas es la eliminación de ciertos elementos tradicionales que antes se consideraban esenciales en los funerales papales. Entre estos cambios están:Constatación de la muerte en la capilla: en lugar de hacerlo en la habitación, como era la costumbre, la constatación se realizará en una capilla privada.Eliminación de los tres féretros tradicionales: previamente, los papas eran enterrados en tres ataúdes (ciprés, plomo y roble). Ahora, solo se usará un ataúd de madera con un revestimiento interior de zinc.Exposición directa del féretro: el cuerpo del papa será expuesto a los fieles en un ataúd abierto, sin el uso del catafalco que anteriormente acompañaba estas ceremonias.Estos cambios buscan subrayar la sencillez y humildad, eliminando símbolos de poder y ostentación.Un funeral para el pastor, no para un líder poderosoEl papa Francisco ha enfatizado que su funeral, y el de los futuros pontífices, debe reflejar el papel del papa como pastor y discípulo de Cristo, en lugar de un poderoso líder terrenal. Para ello, se han implementado varios ajustes:Títulos más sencillos durante la ceremonia: se priorizarán denominaciones como "Papa", "Obispo de Roma" o "Pastor", dejando de lado títulos más formales como "Romano Pontífice".Eliminación de símbolos de autoridad: durante la exposición del cuerpo no se incluirá el báculo papal, símbolo tradicional del liderazgo del pontífice.Opciones de inhumación fuera del VaticanoOtra novedad significativa es la posibilidad de que el papa no sea enterrado en la Basílica de San Pedro. Francisco ha expresado su deseo de ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. Ajustes para la residencia del papaDado que el Papa Francisco vive en la Casa Santa Marta, y no en el Palacio Apostólico, se han eliminado pasos como el traslado del cuerpo a la capilla del Palacio Apostólico. Este cambio resalta su decisión de habitar en un lugar más sencillo y cercano a su comunidad.Con estas nuevas directrices, el papa Francisco redefine cómo deben ser recordados los pontífices: no como figuras de poder, sino como pastores dedicados al servicio de la Iglesia y su pueblo. Estos cambios, aunque polémicos para algunos sectores tradicionales, marcan un hito en la historia de la Iglesia Católica, acercándola aún más a sus raíces espirituales.
Recientemente, se conoció el caso de los hermanos Llano Narváez, quienes denunciaron que hace 38 años empezaron a ser víctimas de abuso por parte del sacerdote jesuita Darío Chavarriaga.El caso fue denunciado en el 2014 ante el padre Francisco de Roux, quien era presidente de la Compañía de Jesús. En ese momento, se hizo un proceso de derecho canónico y Chavarriaga fue sancionado, pero el caso no fue puesto en conocimiento de las autoridades.En las últimas horas , el abogado Juan David Riveros, quien representa al padre Francisco de Roux, confirmó que en la Fiscalía hay un proceso por el caso.“Esta defensa siguió indagando y estableció la existencia de un proceso relacionado con los hechos divulgados por los medios de comunicación”, señaló el abogado.La Fiscalía compulsó copias para que el padre de Roux sea investigado por una presunta responsabilidad en delitos de favorecimiento y omisión de denuncia, ante esta situación, el abogado de Francisco de Roux ha pedido que su cliente sea escuchado.“Solicité que fuera escuchado en diligencia de interrogatorio el padre Francisco de Roux, para que a la mayor brevedad clarificara cualquier inquietud que pudiera existir sobre la conducta que desplegó como Porvincial de la Compañía de Jesus en el marco del caso denunciado por la familia Llano”, señaló el abogado.El padre Francisco de Roux fue presidente de la Comisión de la Verdad y tras estas denuncias ha dicho que hubiera hecho algo diferente y es que tras realizar el proceso canónico, con las pruebas recogidas, iría a la Fiscalía.
