El pésimo estado de la malla vial dificulta cada vez más el tránsito por el puente de la Cordialidad con Circunvalar y las orejas que comunican a ambas carreteras en esta zona del área metropolitana de Barranquilla.Los enormes cráteres que se llenan de agua en las orejas del puente ponen en riesgo a los usuarios de la vía, causan daños a los vehículos y provocan extensos trancones de hasta una hora, según las denuncias que viene haciendo la ciudadanía.Es tal la afectación que los habitantes de Galapa, principales usuarios de esta carretera, están solicitando a las autoridades la implementación de una tarifa diferencial en el peaje de la Circunvalar de la Prosperidad que les otorgue una rebaja de por lo menos el 50% en esta caseta, de modo que puedan recurrir a esta vía alterna y movilizarse de una manera más rápida y segura hacia sus destinos."Es que si en los municipios como Sabanagrande, Puerto Colombia y Baranoa se ha establecido una tarifa diferencial, por qué para los habitantes del municipio de Galapa no se establece también una tarifa diferencial y más aún en estos momentos que nos hemos visto sometidos al embotellamiento de la Circunvalar con Cordialidad. Esto ayuda a la movilidad de los ciudadanos", manifestó Alexander Aguilar, líder de Galapa.El alcalde de Galapa, Fabián Bonett se sumó al clamor de la ciudadanía y, a través de los oficios 082 de julio de 2024 y 161 de noviembre de 2024, solicitó al Invías la recuperación e intervención urgente del puente y orejas de la Circunvalar con Cordialidad, antes de que ocurra una tragedia similar o peor a la que se registró en el puente de la calle 30, en la vía al aeropuerto Ernesto Cortissoz.Es de anotar que los ciudadanos también le piden a la Alcaldía de Barranquilla que asigne orientadores de tránsito en el puente de la Cordialidad, para evitar que los buses sigan permitiendo el ascenso y descenso de pasajeros en esta zona no permitida para ello.
Tras encontrón entre Andrés Julián Rendón y Gustavo Petro por la disyuntiva en sí se deben invertir recursos en obras de infraestructura o en acueductos y el reclamo porque la vía entre Chocó y Antioquia no avanza, el Invías anunció que adjudicó contratos de obra e interventoría para corredores viales por más de 350.000 millones de pesosEl Invías anunció que adjudicó los contratos de obras e interventorías de los corredores viales Quibdó – Medellín y Quibdó - Pereira cuyos recursos superan los $355.296 millones, a propósito de que este fue uno de los puntos de la reciente controversia entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador Andrés Julián Rendón.El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro durante el Congreso Internacional de Infraestructura en la ciudad de Cartagena marcó un nuevo encontró con el mandatario antioqueño, pues criticó la rapidez en la construcción de vía al mar en Antioquia, lo que no viene ocurriendo con la vía que lo comunica con el departamento de Chocó.“La carretera Medellín -Chocó, ustedes han hecho la doble calzada Medellín -Mar, y hay un puerto que se está haciendo ahí, Puerto Antioquia, con ayuda nuestra, pero ¿por qué la vía 4G se hace rápido hasta el mar y por qué en Medellín no? 20 años lleva la obra”, reclamó el presidente PetroRendón decidió responder a algunas de las declaraciones del jefe de Estado frente a la priorización de recursos para obras, indicando que debe preguntarle a sus funcionarios, quienes son lo que deberían “rendirle cuenta sobre esos asuntos”.“Y estoy de acuerdo con usted, le había dicho que no se le agote el tiempo en ese mismo lamento y más bien puedan proceder a la acción finalmente de eso se trata gobernar”, aseguró.Sobre el tramo entre la capital antioqueña y la del Chocó, el Invías anunció que el contrato de obra, así como la pavimentación de 10 kilómetros de vía faltante y la atención de 15 puntos críticos, estará a cargo del Consorcio Conexión Medellín - Quibdó y tiene un valor superior a los 155.000 millones de pesos, mientras que la auditoría la adelantará el Consorcio Cordillera Occidental, quien realizó una oferta por valor de 14.800 millones de pesos.A su vez, el contrato de obra para el mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y atención de puntos críticos de la Transversal del Pacífico (Quibdó – Pereira) fue adjudicado a través de licitación pública, que comprende la pavimentación de los 6,5 kilómetros restantes del corredor y la atención de nueve puntos críticos entre Santa Cecilia y Pueblo Rico, los trabajos estarán a cargo del Consorcio San Alfonso, con recursos por más de 170.000 millones de pesos.
En días pasados, la Contraloría emitió un comunicado sobre más de 200 alertas en proyectos de infraestructura, vivienda y acueducto en el que mencionó que la ejecución del proyecto Caminos Comunitarios tiene una ejecución rezagada. Sin embargo, en medio del congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el director de Invías, Juan Carlos Montenegro, refutó el informe de la Contraloría asegurando que a la fecha hay 800 de 1.100 caminos comunitarios que se tienen previstos.Entre tanto, para la Contraloría no se puede considerar como satisfactorio el proyecto, que las condiciones estén controladas y cubiertas, ya que de los $8 billones previstos, solo se han invertido $525.000 millones que corresponden al 6,56 % de la meta, esto en lo transcurrido de 27 de los 48 meses de Gobierno actual. Así mismo, la Contraloría insiste que al 15 de octubre del 2024 se han terminado 728 de los 2,157 convenios y contratos firmados en 2023 y 2024, afirmando que en varios de estos hubo prórrogas de plazos a un promedio de cinco meses.Por su parte, la Contraloría confirmó que a partir del enero del 2025 se realizará una auditoria de cumplimiento al Invías por el programa caminos comunitarios de la vigencia 2023 y 2024 para la revisión general de la gestión fiscal de los recursos públicos.
El colapso del puente Primero, ubicado en la vía Curos - Málaga en Santander, generó una solicitud de sanción contra el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Comité de Verificación. Danil Román Velandia Rojas, actor popular en el proceso judicial, advirtió que la estructura presenta fallas desde abril de 2023 y se encuentra en riesgo inminente. La situación amenaza con dejar incomunicada la región y agravar las pérdidas económicas y sociales para las comunidades aledañas.En una acción popular, Velandia denuncia la falta de avances en la pavimentación total de la vía y la atención a puntos críticos como el sector de Canelos. Señala que, pese a sentencias de 2017 y 2019 que ordenan la gestión del riesgo y la ejecución de obras, el Invías no ha cumplido con los cronogramas establecidos, dejando a las comunidades en una situación de vulnerabilidad constante.Velandia también cuestionó el papel del Comité de Verificación, creado para supervisar el cumplimiento de las providencias judiciales. Sostiene que: “solo el alcalde de Santa Bárbara y su secretaria de Planeación han reportado problemáticas en sus respectivas jurisdicciones, mientras que otros municipios involucrados no han informado sobre las condiciones críticas del corredor vial. La ausencia de seguridad vial y el silencio administrativo del Comité representan un riesgo social y mayor para las comunidades”, subrayó el demandante.Las sentencias de 2017 y 2019 ordenaron al Invías formular proyectos de gestión de riesgo, construir un paso peatonal seguro en el kilómetro 94+940 y garantizar la pavimentación de la vía. Sin embargo, los avances han sido insuficientes, con obras como las ejecutadas entre San Andrés y Guaca que ya muestran daños significativos. Además, el contrato de obra No. 1639 de 2015 y otros convenios vinculados no han logrado concluir las intervenciones necesarias.En el documento dirigido al Tribunal Administrativo de Santander y a la Procuraduría General de la Nación, Velandia solicitó; sanciones contra Invías y exige imponer multas y arrestos al actual director general del Invías por incumplimiento de las providencias judiciales; una convocatoria al Comité de Verificación que comprende una reunión presencial con la participación obligatoria de los alcaldes y sus secretarios de Planeación e Infraestructura.“También la vinculación de expertos. Pido la participación de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Sociedad Santandereana de Ingenieros para evaluar el estado real de la vía. También solicito a la presidencia de la República y al Ministerio de Transporte asegurar los recursos necesarios para cumplir con las obras”, señala Danil Velandia, demandante, en la solicitud.El colapso del puente y el retraso en las obras afectan a miles de habitantes y comerciantes de la región. La vía Curos - Málaga es fundamental para la conexión de Santander con el oriente país, y su deterioro incrementa el riesgo de accidentes y perjuicios económicos.
Debido a la emergencia que se registra en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, por el desprendimiento de gigantescas rocas y un movimiento en masa de una montaña que amenaza con desprenderse, la concesión Ruta del Cacao informó sobre restricciones vehiculares.Así las cosas, desde el intercambiador La Paz – La Renta – Intercambiador Lisboa, es decir, la vía antigua a Barrancabermeja, estará habilitada únicamente en horario diurno (6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde); entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana estará con cierre total como medida preventiva.“Los vehículos permitidos para transitan serán los de peso máximo de 5.5 toneladas, según la Resolución 00214 del Invías y la alternativa para tránsito nocturno será la ruta Rionegro – San Alberto – La Lizama”, informó la concesión.Para el caso Intercambiador La Paz – Viaducto Riosucio – Intercambiador Lisboa, es decir la vía nueva, estará con cierre total preventivo hasta culminar las intervenciones que garanticen la seguridad de los usuarios de la vía.La concesionaria, a su vez, destinó equipos especializados para evaluar y reparar los daños, priorizando la seguridad de los usuarios. Se advierte que, en caso de lluvias, el cierre del tramo del intercambiador La Paz – La Renta – Intercambiador Lisboa será inmediato.Mientras tanto, la única opción de ruta alterna para quienes viajan entre Bucaramanga y Barrancabermeja es tomar el desvío hacia San Alberto, pasando por El Playón.Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores seguir las indicaciones del personal operativo, respetar la señalización y estar atentos a los comunicados oficiales publicados en la página www.rutadelcacao.com y redes sociales, así como a la información proporcionada por el Invías y la Policía Nacional.
Debido a los cierres por desprendimiento de rocas y daños en los corredores viales de los municipios de San Andrés y Málaga, en el departamento de Santander, se reabrió el antiguo paso vehicular, luego de los trabajos adelantados entre la Gobernación de Santander, la Oficina de Gestión de Riesgo y el Instituto Nacional de Vías (Invías).Se instalaron puntos de control antes y después del puente, las 24 horas del día, para que el paso de los vehículos, uno a uno, no se vea afectado y se lleve a cabo de manera ordenada en la zona afectada.Mediante la Resolución 5530, se cerró el paso para todo tipo de vehículos en el puente ‘Primero’, del km 51+175 hasta el km 51+217, en el municipio de San Andrés, debido al movimiento presentado en la superestructura del puente.Por lo tanto, se habilita para los vehículos de carga la vía alterna Málaga – Pamplona – Bucaramanga.Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó que “es importante manifestar que ingenieros y especialistas del Instituto ya realizaron un diagnóstico preliminar, que viabiliza obras para la reparación del puente y permitirá dejarlo en las condiciones de diseño para su correcto funcionamiento y operación”.Asimismo, aseguraron que tendrán en cuenta los demás pasos preventivos que se registran hasta la fecha en el departamento de Santander, con el fin de no afectar la movilidad en las vías de la región.
La emergencia se registra en la vía principal que de Piedecuesta conduce a Málaga, Santander, específicamente entre los municipios de San Andrés y Guaca. Las lluvias debilitaron las bases que sostienen el puente vehicular, conocido como ‘Primero’, que empezó a abrirse y a colapsar.Esta situación deja incomunicados a 13 municipios del oriente de Santander con Bucaramanga, por la vía principal Curos - Málaga. Según denuncian las autoridades locales, el puente ya venía presentando problemas estructurales, los cuales no fueron atendidos a tiempo.Fredy Ramírez, alcalde de San Andrés, expresó su preocupación y tristeza ante la situación. "Es otra noticia triste porque nos afecta profundamente. Este puente Primero ya había tenido varias afectaciones previas, especialmente fisuras en la parte estructural y metálica. En su momento, el consorcio contratista de Invías que se encargaba de su mantenimiento decidió colocar costales llenos de arena como solución para estabilizarlo. Yo nunca estuve de acuerdo con esa medida, se los manifesté en varias reuniones", explicó Ramírez.El alcalde también destacó que, tras la detección de los primeros daños, se realizaron reuniones con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y otros alcaldes de la región para alertar sobre la necesidad urgente de reparar el puente. Sin embargo, a pesar de las advertencias, el colapso se produjo a principios de esta semana, cuando los habitantes de la zona escucharon un fuerte estruendo, lo que les hizo temer lo peor."El consorcio nos informó que tenían un presupuesto de $1.200 millones para atender la emergencia. No obstante, los daños eran tan graves que no se pudo evitar el colapso", indicó el mandatario local, quien también reveló que hace una semana se había reunido con el ingeniero del consorcio, quien le había confirmado que las soldaduras del puente se estaban despegando.Las autoridades locales solicitaron a Invías y al Gobierno Nacional una solución inmediata, pues los impactos en el transporte, la economía local y la seguridad de los habitantes son graves.
Lluvias constantes en varias zonas de Antioquia, especialmente en el Oriente antioqueño, llevaron a las autoridades a tomar medidas especiales para prevenir emergencias en la autopista Medellín-Bogotá.Por esto, el Invías autorizó el cierre parcial o total en caso de lluvias o riesgos de deslizamientos en el tramo peaje Cocorná a la altura del cruce del sector Caño Alegre.En caso de algún riesgo para la movilidad el corredor operará a un carril entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m., mientras que si estas condiciones se registran en horas de la noche habrá un cierre total entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m."La Dirección de Tránsito de la Policía tiene la autorización y el deber de hacer el cierre en este sector si continúan los fuertes aguaceros que se han presentado. Esto con el propósito de mantener y salvaguardar la vida de todos los usuarios que transitan por ese sector de la vía", destacó Mauricio Hoyos, director territorial del Invías en Antioquia.Como vías alternas desde la capital antioqueña hasta Bogotá se recomienda tomar la ruta Medellín - Cisneros - Puerto Berrío - Puerto Boyacá - Caño Alegre o la ruta Medellín - Manizales - Bogotá.De igual manera las autoridades recomendaron consultar en tiempo real el estado de las vías a través de la línea gratuita #767.
El Invías, a través de la resolución Resolución No. 4617 del 1 de octubre de 2024, estableció el procedimiento para acceder al beneficio de tarifa especial en los peajes Río Bogotá y El Corzo. A continuación encontrará el procedimiento para realizarlo. (Información publicada por el Invías)El usuario interesado, radicará a través de la página web www.utpeajesnacionales.com.co del actual Operador del recaudo de peaje, o en la de aquél que a futuro adelante dicha gestión, la solicitud de beneficio de tarifa diferencial siempre que cumpla con alguna de las condiciones establecidas en el artículo segundo, remitiendo el formato debidamente diligenciado con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo tercero de la presente resolución.El Operador evaluará y notificará al usuario la aprobación de la tarifa especial, indicándole los trámites a seguir para obtención del beneficio, o devolverá aquellas que no con cumplan los requisitos establecidos, acciones que llevará a cabo en un término máximo de tres (3) meses calendarios siguientes a la radicación de la solicitud.Aprobada la solicitud, se deberá adquirir a costo del beneficiario de la tarifa especial, un TAG (dispositivo para pago electrónico vehicular), con cualquiera de los intermediadores acreditados para tal fin por el Ministerio de Transporte. Si en un lapso de 15 días calendario después de haberle notificado la aprobación del beneficio al beneficiario este no adquiere el TAG ni solicita la cita para que le sea asociado, dicho beneficio se perderá.Una vez adquirido el TAG, deberá programar la asociación del TAG a la tarifa especial, para lo cual hará una cita en la misma página web, para presentarse con el vehículo, el documento de identidad, la licencia de tránsito y la tarjeta de operación vigente, para los casos en que este último aplique.¿Quiénes pueden acceder a la tarifa especial en los peajes Río Bogotá y El Corzo?Residentes de alguno de los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón o Bojacá y que lo hayan hecho en forma continua e ininterrumpida, como mínimo durante los tres (3) años anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de tarifa especial.Vehículos y empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, cuyas rutas tengan origen en Bogotá con destino final a cualquiera de los municipios referidos con anterioridad.Empleados de las entidades públicas o empresas privadas, debidamente certificados por la Entidad o empresa que corresponda, con indicación expresa que el solicitante desempeña sus labores permanentemente en cualquiera de los municipios indicados.Vehículos de las empresas, entidades o instituciones, según sea empresa pública o privada, con asiento jurídico o comercial en alguno de los municipios referenciados.RequisitosPara los vehículos de servicio particular Categorías IE, IIE, IIIE y IVEPresentar una solicitud escrita dirigida a través de la página web www.utpeajesnacionales.com.co, junto con el formulario dispuesto para tal fin en la página indicada con anterioridad, anexando copia de los siguientes documentos:a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante o su equivalente para los casos a los cuales aplique, o certificado de existencia y representación legal tratándose de Persona Jurídica.b) Certificación de residencia expedida por el Alcalde Municipal de los municipios Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón o Bojacá, o por quien estos deleguen, según sea el caso, con una vigencia no mayor a 30 días calendario a la fecha de radicación de la solicitud, en la cual se haga constar que el solicitante reside en alguno de dichos municipios en forma continua e ininterrumpida, durante los tres (3) años anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de tarifa diferencial.c) Certificación expedida por el Alcalde Municipal de los municipios Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón o Bojacá, o por quien estos deleguen, según sea el caso, con una vigencia no mayor a 30 días calendario a la fecha de radicación de la solicitud, en la cual se haga constar que el solicitante desarrolla su actividad comercial y/o laboral en alguno de dichos municipios.d) Certificado de tradición y libertad del inmueble con una vigencia no superior a 30 días, copia auténtica del contrato de arrendamiento en la cual conste que el solicitante, su cónyuge o un familiar en el primer grado de consanguinidad es propietario, arrendatario de un inmueble ubicado en los Municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón o Bojacá.e) Certificado de cámara de comercio y el certificado laboral expedido por el propietario del Establecimiento de comercio o empresa en el cual se acredite la condición de empleado o contratista, del propietario del Vehículo.f) Si el solicitante es empleado o contratista de Empresa que tiene su centro de trabajo en los Municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón o Bojacá, además de contar con lo indicado en el literal c. deberá acompañar su solicitud de un certificado laboral expedido por su contratante o empleador, tanto en el casco urbano como en el área rural, (mismo comentario que arriba) en el cual se especifique cargo y ubicación del centro de trabajo. (Se sugiere la redacción anterior).g) Copia de la licencia de tránsito del vehículo en la que conste que el mismo es de propiedad del solicitante. Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía de financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar la licencia de tránsito junto con una certificación de dicha compañía en la cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia legítima del vehículo.h) Contar con SOAT y certificado de revisión técnico-mecánica y de gases vigentes, consulta que oficiosamente hará el Operador en la plataforma del RUNT.i) No contar con sanciones vigentes por infracciones a las normas de tránsito, ni haber sido ser reportado como evasor de la tasa de peaje en cualquiera de las estaciones del país, consulta que oficiosamente hará el Operador.II. Vehículos de servicio público de pasajeros Categorías IE y IIEEl representante legal de la empresa de transporte deberá presentar una solicitud escrita dirigida a través de la página web www.utpeajesnacionales.com.co, junto con el formulario dispuesto para tal fin en la página indicada con anterioridad, anexando copia de los siguientes documentos:a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo.b) Certificado de existencia y representación de la empresa de transporte, a la cual está vinculado el vehículo, expedido con una antelación no superior a treinta (30) días a la presentación de la solicitud.c) Fotocopia de la licencia de tránsito del dueño del vehículo, en la que conste la propiedad del mismo. Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía de financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar la licencia de tránsito junto con una certificación de dicha compañía en la cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia legítima del vehículo.d) Fotocopia de la resolución de habilitación de la empresa de servicio público a la cual está vinculado el vehículo, en la cual conste que está autorizada para operar en alguna de las rutas autorizadas desde Bogotá a cada uno de dichos municipios y viceversa.e) Certificado expedido por el representante legal de la empresa de transporte, en el que se indique que el vehículo se encuentra vinculado y autorizado para operar en alguna de las rutas desde Bogotá a cada uno de dichos municipios y viceversa.f) Fotocopia de la tarjeta de operación vigente.g) Contar con SOAT y certificado de revisión técnico-mecánica y de gases vigentes, consulta que oficiosamente hará el Operador en la plataforma del RUNT.j) No contar con sanciones por infracciones a las normas de tránsito ni ser reportado como evasor de la tasa de peaje en cualquiera de las estaciones del país, consulta que oficiosamente hará el Operador.Además del cumplimiento de todos los requisitos señalados anteriormente, tanto para vehículos particulares como para vehículos de servicio público de pasajeros, el usuario que haya sido autorizado para el beneficio de la tarifa especial deberá adquirir a su costo un TAG (dispositivo para pago electrónico vehicular) ante cualquiera de los intermediadores autorizados por el Ministerio de Transporte, los cuales podrá consultar en link: https://colpass.mintransporte.gov.co/usuarios/. Dicho TAG será de uso exclusivo e intransferible del vehículo beneficiado, debiendo resaltar que el beneficio de la tarifa especial aplica solamente para las estaciones de río Bogotá y El Corzo, ante lo cual, si se hace tránsito por una estación diferente a las mencionadas, el valor a descontar a través del dispositivo TAG será el que aplique en cada estación de peaje.
La Procuraduría abrió investigación por presuntas irregularidades en la contratación con el Invías para construcción de carreteras en el municipio de Necoclí. Indagan relación de empresa seleccionada sin experiencia con el viceministro del DeporteLa construcción de carreteras en el municipio de Necoclí en medio de un contrato por 5.500 millones de pesos con el Invias tiene ahora en el ojo del huracán al viceministro del Deporte, Manuel Palacio Blandón.Y es que la Procuraduría General decidió abrir una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de ese contrato en el Urabá antioqueño.Esto porque, al parecer, la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, a quien se adjudicó la ejecución de la obra de manera directa, no contaba con la idoneidad ni la experiencia necesarias, pues presuntamente su razón social no guardaba relación con la construcción de este tipo de infraestructuras.Precisamente, el viceministro Blandón se desempeñó como presidente de la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones durante más de tres años, entre el 2021 y el pasado 2 de mayo y, probablemente, tuvo conocimiento de este proceso de selección.Tras la apertura de la indagación, el ente de control busca recaudar las pruebas necesarias y suficientes para determinar si la conducta configura una falta disciplinaria e iniciar el respectivo proceso que podría derivar tanto en sanciones para el Invias, la empresa contratista y el mismo funcionario del Gobierno nacional.
Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera para la Regiones, la Fiscalía General de la Nación presentó una serie de pruebas que acreditan que la exfuncionaria cometió los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.Según el ente acusador, teniendo como punto de partida los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, la Fiscalía obtuvo los videos de cámaras de seguridad de la Casa de Nariño que evidencian cómo el 21 de septiembre de 2021 se reunieron en una de las salas del Palacio.Ortiz y López habrían discutido, según la Fiscalía, cómo se daría la entrega de dineros al expresidente del Senado Iván Name. En recientes audiencias, el ente investigador presentó pruebas señalando que la orden de entregar dineros al expresidente del Senado vino del exdirector del Dapre Carlos Ramón González.En el video se aprecia cómo Ortiz habla durante varios minutos en uno de los pasillos del Palacio.Posteriormente, el 12 y 13 de octubre, Olmedo López y Sneyder Pinilla coordinan el traslado de 3000 mil millones de pesos hacia el norte de Bogotá.
Previo a la temporada de vacaciones, en la que se espera que la capital quede prácticamente vacía, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la concesión vía Sumapaz entregaron el balance de ejecución de la vía Bogotá - Girardot, corredor vial que ha estado en boca de conductores y turistas por la poca visibilidad en las obras y las adecuaciones que llevan más de 7 años en procesos. El presidente de la ANI, Francisco Ospina, aseguró que para el mes de noviembre del 2023 se había recibido la obra con una ejecución baja del 40 %. Sin embargo, aseguró que durante su gestión la cifra se pudo duplicar, por lo cual esperan cerrar el 2024 con un nivel de obra cercano al 80 %.Desde el 2019, la concesión, que inicia desde Soacha hasta Girardot, en el departamento del Cundinamarca, se ha entregado alrededor de dos fases. La última, que aún está en ejecución, hasta octubre de 2024, se registró un avance del 65 % con la entrega de 6,5 km. Entre las 8 fases, la concesión y la ANI, aseguran que se han finalizado alrededor de 81,26 km. Durante las obras, se han construido 140 km de taludes estabilizados, que son las obras en las montañas para la reducción de los derrumbes. Entre tanto, se han entregado 20 puentes vehiculares y 25 puentes peatonales. Asimismo, desde la concesión, afirman que para el 2024 se entregará el tercer carril con el fin de evitar congestiones vehiculares en la entrada y salida de Bogotá por el sur.¿Qué hace falta para finalizar la vía?Para diciembre del 2024, la concesión espera entregar la Unidad Funciona (UF3), que es desde el túnel Sumapaz por la vía Chinauta, y la UF 7, que es casi llegando a Bogotá, en la que todavía falta la señalización, apertura del tercer carril y la recolección de material de obra como cojines naranjas delimitación. Estas dos UF, representan 32 km faltantes para la entrega total del proyecto. Sin embargo, para abril del 2025, la UF6 a que una a Silvania y Granada, en la que la comunidad denuncia que las obras han debilitado la actividad económica en el sector. La concesión asegura, que con la finalización de ese sector, ya no habrá disturbios en la movilidad.Entre tanto, la concesión asegura que ha adelantado el trabajo con los habitantes del sector, de los cuales 900 se han visto beneficiados y las ventas en la zona han superado los 170.000 millones de pesos.“Hasta ahora hemos dado buenas noticias. Hemos comentado que son 120 km para los usuarios, lo que significa que ya no va a haber construcción. Todos estos elementos de control de tráfico que hemos visto hasta ahora, van a mejorar la movilidad”, aseguró José Daniel Fernández, gerente técnico de vía Sumapaz.Por su parte, para el mes de diciembre, se espera que la velocidad promedio en el corredor sea de 40 Km a 45 Km. Sin embargo, hacen la precisión de que para los viajes de fin de año, existan aproximadamente 50 frentes de obra. Se espera que más de un millón de vehículos recorran la carretera para el fin de año.
Un juez penal especializado de Cúcuta condenó a los dos integrantes del denominado Frente de Guerra Nororiental del ELN a 17 años y 11 meses de prisión, por el homicidio del teniente coronel de la Policía Nacional, Edison Andrés González Huertas, ocurrido el 11 de mayo de 2023, en El Tarra, Norte de Santander.La Fiscalía les imputó a los hoy condenados los delitos de homicidio agravado, rebelión, utilización de uniformes e insignias; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, Ever Antonio Durán Carrascal, alias ‘Ever’ y Daniel Ortiz Figueroa, alias ‘Camilo’, aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen del uniformado“Varios policías salieron a realizar un patrullaje de rigor por el municipio y fueron atacados por un francotirador. Para concretar la acción criminal alias ‘Ever’ y ‘Mugre’ realizaron las labores de vigilancia y de seguimiento a la víctima, y se comunicaron con el hombre que disparó para indicarle el momento exacto en el que debía hacerlo”, señaló la Fiscalía.Por estos hechos, la Fiscalía avanza en juicio oral contra Leonardo Galvis Quintero, alias ‘Zarco’, presunto francotirador que le causó la muerte al oficial. Adicionalmente, fue sentenciado Hover Ramírez Ruíz, alias ‘Cachaco’, el encargado de escoltar y ayudar a escapar al atacante del policía.
A un año de ejercer como secretaria de Educación de Santander, María Paola Suárez Morales, renunció a su cargo en esta dependencia de la Gobernación para asumir como parte del equipo de empalme del recién elegido procurador, Gregorio Eljach.Durante los 11 meses en la administración del gobernador Juvenal Díaz, Suárez Morales, abogada de profesión y especialista en derecho penal con estudios en gerencia pública, alta gerencia y contratación estatal, lideró procesos para implementar programas de bilingüismo y lograr el envío de estudiantes y docentes para una experiencia de inmersión en Inglaterra.También la implementación de un proyecto de apoyo a jóvenes que se formalizó a través de una ordenanza que designará un recurso con destinación específica para transporte y alimentación a estudiantes de carreras profesionales, técnicas o tecnológicas de los estratos 1,2 y 3.El subsidio, que oscilará entre $400.000 y $600.000, se entregará con base en las necesidades específicas de los estudiantes que deben cumplir que un requisito adicional y es que residan en zonas lejanas a la institución educativa.Como parte de las funciones naturales de su cargo como secretaria de Educación, garantizó el funcionamiento del PAE, el transporte escolar, el cubrimiento de las faltantes docentes en las instituciones educativas y la resolución de problemas estructurales en colegios de la región, entre otras.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se refirió a la renuncia de la secretaria de Educación le agradeció por su trabajo. "Primero felicitarla por su ascenso profesional, y agradecerle por los buenos resultados que tuvieron los estudiantes en las pruebas del Icfes pues se subieron 4 puestos este año. Esperamos continuar con el trabajo de bilingüismo en el departamento. Nos deja la vara muy alta", dijo el mandatario.
El Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá anunció el cierre definitivo de su servicio de atención al parto, a través de un comunicado dirigido al director de la unidad de salud de Compensar, Andrés Barragán Tovar. La medida, que entrará en vigencia en 20 días, afecta un servicio de alta complejidad que hasta ahora ha atendido una importante demanda en la capital. Según el hospital o la decisión, se basa en una revisión interna de los procesos del hospital, con el fin de garantizar la atención en áreas críticas como urgencias y hospitalización, que enfrentan una sobreocupación creciente.“Por medio de la presente y acogiendo los lineamientos establecidos en el capítulo III, artículo 13 de la resolución 3100 de 2019, me permito informar la novedad de cierre definitivo del servicio de atención del parto, habilitado con el código 1101 bajo modalidad intramural de alta complejidad, en la sede del Hospital Universitario San Ignacio, con código de prestador 110001-09456-01. Dicha novedad será efectiva 20 días calendario contados a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación”, señala la carta del hospital.El cierre del servicio de ginecobstetricia no solo afectará a las madres que requieren atención en partos de alta complejidad, sino que también pondrá en riesgo la atención en la unidad de neonatología crítica, ya que los neonatos dependen directamente de estos servicios.El exsecretario de Salud de Bogota Alejandro Gómez, advirtió que "Mi preocupación es que el cierre de las camas de ginecobstetricia va a traer consigo el cierre de las camas de neonatología crítica, hoy hay un problema urgente y es un problema de liquidez, es un problema de caja, las clínicas y los hospitales van a seguir cerrando servicios, por una razón u otra que se van a exponer desde el punto de vista público, pero en realidad lo que esconden es una razón fundamental y es que la plata de caja no alcanza”, afirmóLa situación financiera de las instituciones de salud es crítica, según Gómez, ha resultado ser un "tiro en el pie" para las clínicas y hospitales, al no proporcionar los recursos necesarios para cubrir sus necesidades operativas. Además, el exfuncionario destacó que el problema de fondo no es solo una cuestión de modelo de aseguramiento o de atención primaria en salud, sino de una profunda crisis de liquidez que amenaza con desmantelar aún más los servicios esenciales para los pacientes.El cierre del servicio de ginecobstetricia en el Hospital San Ignacio, uno de los centros de salud más importantes de Bogotá, refleja una grave deficiencia en la gestión del sistema de salud y pone en evidencia la urgente necesidad de medidas que garanticen la estabilidad financiera de las instituciones de salud. La situación exige una respuesta inmediata, pues no solo se trata de una crisis financiera, sino de una crisis de atención que podría tener consecuencias.
