En entrevista en Mañanas Blu, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, expuso los detalles del acuerdo alcanzado entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el sector bancario colombiano, el cual inyectará $55 billones en la economía. Este acuerdo busca impulsar varios sectores estratégicos, entre los que se destacan la vivienda, la industria, la agricultura, la economía popular y el turismo. Según Malagón, este pacto es un "gran pacto por el crédito" que beneficiará no solo a estos sectores, sino también al crecimiento económico del país.Impulso al crecimiento económicoDurante la entrevista, Malagón destacó que este pacto podría representar un crecimiento adicional del 1% del PIB en los próximos 18 meses. "Estamos hablando de un crecimiento cercano a tres puntos del PIB en crédito para estos sectores, lo que podría llevarnos a recuperar los niveles potenciales de crecimiento", afirmó Malagón. Este impulso es crucial en un momento en el que la economía colombiana necesita reactivarse y alcanzar un crecimiento sostenible.El presidente de Asobancaria subrayó que este acuerdo se da en condiciones de mercado, es decir, los créditos serán otorgados por los bancos de manera responsable, sin comprometer la estabilidad financiera. Reducción de tasas de interés para la compra de viviendaUno de los sectores más beneficiados por este acuerdo será el de la vivienda, especialmente en términos de tasas de interés. Jonathan Malagón informó que las entidades financieras han reducido las tasas de interés para créditos de vivienda en 450 puntos básicos en los últimos meses. Esta reducción significa que, mientras hace unos meses los créditos hipotecarios se otorgaban con tasas del 14%, hoy en día estas pueden llegar a estar alrededor del 10% o incluso menos. "Es absolutamente inédito que haya una tasa de vivienda por debajo de la referencia de un CDT", destacó Malagón, subrayando la competitividad de las condiciones actuales para adquirir vivienda.Esta baja en las tasas de interés es particularmente relevante para aquellos colombianos que buscan adquirir su primera vivienda, ya que les permitirá acceder a mejores condiciones de financiamiento. Además, el acuerdo incluye la continuidad de programas como "Mi Casa Ya", que proporcionan subsidios adicionales, haciendo que el sueño de la casa propia sea más accesible para más personas.Malagón también señaló que, aunque no se estableció una tasa fija para estos créditos, la tendencia es clara: las tasas seguirán bajando a medida que se implementen más instrumentos financieros y reguladores diseñados para favorecer al comprador de vivienda. "Lo que se busca es que los instrumentos de política pública, sumados al esfuerzo privado, sirvan para que lo que se entregue en términos de precio durante los próximos seis meses sea francamente muy bueno y muy favorable respecto a lo que teníamos seis meses atrás", afirmó el presidente de Asobancaria.Beneficios para otros sectores estratégicosEl acuerdo no solo se enfoca en la vivienda, sino que también abarca otros sectores clave para la economía colombiana. En el caso de la agricultura, por ejemplo, se implementarán incentivos como el ICR (Incentivo a la Capitalización Rural) y el ISA (Incentivo del Seguro Agropecuario), que ayudarán a mejorar las condiciones de crédito para los agricultores. "No existe tal cosa como una tasa fija para todos los sectores, pero los instrumentos van apuntando a una señal inequívoca: las tasas van a bajar durante el segundo semestre del año", afirmó Malagón.El sector de la economía popular también será un foco importante en este pacto. Malagón indicó que se espera incrementar significativamente el número de créditos otorgados a este sector, pasando de 270,000 a 1 millón en los próximos 18 meses. Estos créditos estarán respaldados por garantías del Fondo Nacional de Garantías, lo que facilitará el acceso al crédito para pequeños emprendedores y trabajadores informales.Una de las preocupaciones más recurrentes entre los ahorradores es la seguridad de sus depósitos en el marco de este acuerdo. Malagón fue enfático al asegurar que el ahorro de los colombianos está completamente protegido. "Estos son créditos en condiciones de mercado. Aquí no se está amputando ni desapareciendo parte del ahorro nacional", aseguró. La estabilidad financiera es una prioridad en este pacto, y los bancos seguirán actuando como guardianes del ahorro, administrando los recursos con criterios de riesgo adecuados y bajo la regulación vigente.
El Gobierno nacional llegó a un acuerdo con el sector bancario para destinar 55 billones de pesos en créditos productivos, excluyendo los de consumo, dirigidos a personas naturales y empresas de cinco sectores clave: construcción y mejoramiento de vivienda, industria, manufactura, agricultura y turismo.El presidente Gustavo Petro anunció este acuerdo, destacando que los fondos serán administrados por bancos privados y públicos, quienes determinarán las tasas de interés según cada entidad financiera. Este pacto, denominado Pacto Nacional por el Crédito, tiene como objetivo impulsar la reactivación económica mediante créditos más accesibles.“Nos hemos reunido con una representación grande, la banca colombiana, cerca de 20 ejecutivos, examinando la reactivación económica que empieza por asignar mayor crédito a actividades productivas de la economía colombiana. Vamos a dirigir una mayor cantidad de recursos de crédito que la banca privada a aceptado asignar. Llegamos a un acuerdo de 55 billones de pesos en los próximos 18 meses”, dijo el presidente de la República.Distribución de los 55 billones de pesos acordados:35,2 billones de pesos: sector de manufactura y transición energética.8,8 billones de pesos: vivienda e infraestructura.6 billones de pesos: sector agropecuario.3,4 billones de pesos: economía popular (pequeños negocios tradicionalmente excluidos del crédito).1,6 billones de pesos: sector del turismo.Esto reemplaza la propuesta anterior de inversiones forzosas, evitando así la necesidad de legislación adicional en el Congreso.Para más detalles sobre las condiciones específicas de los préstamos y otras especificaciones, se espera un comunicado por parte del gremio bancario y el Ministerio de Hacienda próximamente.
Durante más de tres horas representantes de los principales bancos del país (Davivienda, BBVA, Bancolombia) y el Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro y de la directora del Dapre, Laura Sarabia, se reunieron para conversar sobre la polémica propuesta de inversión forzosa para reactivar la economía del país.Aunque no hubo un acuerdo, se puso sobre la mesa la cifra de 50 billones de pesos como una propuesta del sector privado que considera que esto costaría el plan de reactivación económica por 18 meses. Ambas partes se pusieron una nueva cita la próxima semana para llegar a una conclusión.“Hoy, junto al presidente, conversamos con el sector financiero. Avanzamos en la propuesta de 50 billones de pesos para sectores priorizados e inversiones estratégicas en el marco de la reactivación económica del país. Nos reuniremos en 8 días para concretar un acuerdo definitivo”, dijo la directora del Dapre, Laura Sarabia.El Gobierno nacional busca poner en marcha un plan de reactivación económica que incluye brindar créditos baratos en sectores como el turismo, la vivienda, la agroindustria y la economía popular, por eso está buscando llegar a un acuerdo con los bancos, que desde un comienzo rechazaron la propuesta de inversión forzosa que defendía el presidente.“La de hoy fue una conversación constructiva, fue una conversación franca, propositiva entre los bancos y el Gobierno nacional, donde nos sentamos a evaluar los mecanismos de financiamiento para el plan de recuperación económica, para el plan de reactivación. La conversación aún no concluye, salen varias aristas, es una discusión profunda, en los mejores términos. La próxima semana tendremos otra reunión, exactamente en ocho días, para evaluar algunas alternativas y algunas cosas que salieron sobre la mesa y queremos la próxima semana comunicarle al país finalmente a qué acuerdo llegamos”, dijo el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón.
En las últimas semanas, el debate económico en Colombia ha girado en torno al proyecto de las inversiones forzosas, una medida que ha suscitado múltiples interrogantes y preocupaciones en el sector financiero y entre los ciudadanos.En entrevista Mañanas Blu con Néstor Morales, César Ferrari, superintendente financiero, abordó los aspectos clave de esta propuesta, enfatizando que los recursos de los colombianos estarán seguros.La propuesta del Gobierno y la respuesta de los bancosEl concepto de “inversiones forzosas” ha generado controversia, ya que implica la utilización de un porcentaje de los ahorros depositados en los bancos para financiar sectores que el Gobierno considera prioritarios.“El ministro de Hacienda preferiría llamarlo de otra manera, pero es la descripción, porque es a la fuerza”, explicó.Ferrari, por su parte, señaló que esta medida no es algo nuevo y que se ha discutido ampliamente en los últimos dos años. Según él, el diálogo con los bancos y Asobancaria ha sido continuo y fluido, lo que ha permitido explorar alternativas.“Ellos [los bancos] han propuesto invertir 50 billones de pesos en los sectores prioritarios que ha anunciado el Gobierno”, afirmó Ferrari.Esto significaría un incremento significativo en la inversión del sector bancario, que pasaría de 120 billones a 170 billones de pesos en los próximos meses.Seguridad de los depósitos: ¿están en riesgo los ahorros de los colombianos?Uno de los puntos más críticos de la discusión es la seguridad de los depósitos de los colombianos. Néstor Morales expresó una preocupación común: si los ahorros de los ciudadanos se destinan a estas inversiones forzosas, ¿existe un riesgo de que se pierdan?Ferrari fue categórico al respecto: “¿Y por qué se va a perder? ¿Cuál es la razón?”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los ahorros no sean recuperados. Explicó que existe un fondo de garantías que cubre los depósitos en caso de insolvencia del banco. Sin embargo, aclaró que este fondo cubre hasta el 100% de los depósitos solo para montos por debajo de 50 millones de pesos. Para montos superiores, solo una parte estaría cubierta.“Los primeros 50 millones están cubiertos al 100%”, subrayó Ferrari. Esto significa que, en caso de una crisis financiera, los ahorradores con menos de esa cantidad en sus cuentas están completamente protegidos, mientras que los que superan ese umbral podrían enfrentar un mayor riesgo.¿Quién decide el destino de los recursos par inversiones forzosas?Otra de las inquietudes discutidas fue sobre quién tendrá la última palabra en cuanto al destino de los recursos provenientes de las inversiones forzosas. Ferrari explicó que, aunque los bancos tendrán la capacidad de decisión, estos deberán seguir los lineamientos establecidos por el Gobierno.“El destino de los recursos lo puede hacer directamente el banco”, dijo, refiriéndose a los casos en que las inversiones puedan ir directamente a los sectores agrícolas, por ejemplo.Este punto es crucial ya que define el equilibrio entre la intervención gubernamental y la autonomía del sector bancario en la asignación de recursos. Ferrari insistió en que, aunque el gobierno priorizará ciertos sectores basándose en el Plan Nacional de Desarrollo, los bancos seguirán siendo los que decidan a qué proyectos específicos se destinarán los fondos.Ferrari también destacó la necesidad de distinguir entre la rentabilidad privada y la rentabilidad social de los proyectos que se financiarán con estas inversiones.“Hay sectores que tienen una baja rentabilidad privada y una alta rentabilidad social porque le apuntan al desarrollo del país”, explicó.Un ejemplo claro que dio fue el de los acueductos en pueblos pequeños, que, aunque podrían no ser rentables desde una perspectiva estrictamente privada, ofrecen un beneficio social considerable al mejorar las condiciones de vida de miles de personas.
La polémica alrededor de la sanción interpuesta al técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, por presuntamente provocar a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay sigue dando de que hablar, ahora de cuenta de los inspectores de la capital de Antioquia quienes emitieron un comunicado en donde rechazan que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, haya considerado desproporcionada la sanción interpuesta por una inspectora en primera instancia.Hay que recordar que la decisión fue que el técnico mexicano deberá estar ausente de todos los estadios del país por un periodo de 36 meses y, además, le fue impuesta una multa económica 26 millones de pesos. Asimismo, según se ha podido establecer esta decisión está amparada bajo la Ley del Fútbol y es la sanción mínima que se le puede imponer a un protagonista directo de un espectáculo deportivo, en este caso el director técnico de un equipo de fútbol.Pero hay que decir que la cuestionada decisión ha causado reacciones desde varias orillas como en el Concejo de Medellín en donde el actual corporado y expresidente de Atlético Nacional, Juan Carlos De la Cuesta, solicitó que se investigue el accionar de la inspectora que, supuestamente, desconoce situaciones del fútbol."Hablar de tres años de sanción por Dios, ¿eso a quién se le ocurre? Yo sí solicito que a la mesa directiva, todo lo que tiene que ver con la política nacional de la cultura del fútbol, investiguen la actuación de esta persona que está impartiendo esta sanción, que de verdad está en todo despropósito y que aprenda por favor un poco de fútbol", denunció De la Cuesta.Ante esta petición llegaron las voces de rechazo desde los inspectores de Medellín, quienes le expresaron a Blu Radio que la decisión se tomó conforme a la ley tal y como lo aseguró la inspectora Claudia Flores, quien también manifestó que se está satanizando a los funcionarios públicos."No queremos darle ningún tipo de matiz, ni matiz de fútbol ni político. Entonces no vemos bien que se nos este satanizando o indicando que no tomamos decisiones en derecho o que son absurdas nuestras decisiones", afirmó Flores.Por su parte, otra voz de rechazo fue la de la inspectora Ana Vergara, que explicó que en las próximas horas habrá una reunión del colectivo para determinar otras acciones como, por ejemplo, una manifestación en el Centro Administrativo La Alpujarra. "Las decisiones de las autoridades de Policía deben ser respetadas y acatadas por todas las personas, incluidos el alcalde de Medellín. Para ello, las decisiones son susceptibles de los recursos", destacó la inspectora.Sin embargo, no solo la decisión de la inspectora generó polémica, puesto que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su desacuerdo y calificó la sanción como desproporcionada."Lo único que le faltó fue ese charlo de la ciudad, absurdo, claro, pueden haber sanciones, pero una sanción que me digan a mí, que quede expulsado del estadio el técnico de Nacional durante tres años, es una cosa absolutamente desmesurada, desproporcionada y que de nada contribuye a la solución", mencionó el mandatario.Precisamente estas declaraciones del mandatario podrían enredar aún más la situación, ya que según el inspector Carlos Jaramillo, Gutiérrez emitió un prejuicio que le impediría, según la ley, a la alcaldía de Medellín, en este caso a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, dar una sanción en segunda instancia."Eso es un prejuicio y en legalidad, la ley, la ley establece que yo no puedo prejuiciar ante situaciones que a posterior voy a conocer. Eso genera un impedimento o puede ser objeto de una recusación para que nos conozcan de esa segunda instancia", manifestó Jaramillo.En este caso y si en efecto la Administración Distrital queda impedida como aseguran los inspectores, sería el Ministerio del Deporte quien entre a dar una sentencia final en contra del entrenador extranjero.Por último y como pudo conocer Blu Radio, la decisión de que todo el proceso fuera llevado hasta una Inspección de Policía habría sido tomada por el delegado de la alcaldía de Medellín en el Puesto de Mando Unificado del partido en discusión, por lo que los inspectores han evidenciado su sorpresa por las declaraciones de Gutiérrez que eventualmente complicarían mucho más el proceso contra el técnico de Atlético Nacional.
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En entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blu, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ofreció una visión crítica sobre las perspectivas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en cuanto a las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. Bonilla resaltó varios desafíos clave que enfrenta Colombia para lograr una paz duradera con este grupo armado.Según la experta, "la llave de la paz nunca se debe botar definitivamente", aunque advirtió que esto no implica abrir las puertas a negociaciones sin condiciones. Este tipo de enfoque, como el que se observó al inicio del actual Gobierno, podría ser contraproducente, ya que no garantizaría el control institucional sobre el país. La subdirectora destacó que "este Gobierno el ELN tuvo varios golpes como organización", lo que demuestra que su disposición a negociar está más ligada a cumplir sus demandas que a un verdadero deseo de dejar las armas.Bonilla también señaló que la guerra del ELN ha tenido un costo elevado, con un número significativo de víctimas civiles, ya que la organización busca consolidar su poder sobre los territorios en disputa. Sin embargo, destacó que el proceso de paz no ha sido lo que ha fortalecido al grupo: "Desmovilizamos un grupo, pero no somos capaces de controlar el territorio", señaló, apuntando a las debilidades institucionales en la implementación de los acuerdos.Además, la analista subrayó las fracturas internas dentro del ELN, las cuales se han profundizado por la falta de avances en los diálogos con el Gobierno. "El ELN se fortaleció en paz y en guerra, o estamos haciendo mal la paz o la guerra, o las dos", comentó, sugiriendo que el enfoque actual para tratar con este grupo no está funcionando.Finalmente, Bonilla hizo énfasis en la diferencia entre el ELN y las Farc, destacando que los ciclos de la guerra son distintos y que las herramientas usadas con las Farc no son aplicables para otros grupos armados. "En este momento ningún grupo se parece a las Farc", concluyó, reafirmando la complejidad del conflicto y la necesidad de un enfoque adaptado a cada situación.En relación a la situación política en Venezuela, Bonilla también indicó que "si ahora el Gobierno de Maduro se cae no sería para un problema en Colombia y las negociaciones, sería más un problema para el ELN". Esta declaración subraya cómo el ELN, con su presencia en la frontera colombo-venezolana, podría verse afectado por los cambios en el poder en Venezuela, afectando sus propias dinámicas y estrategias."El próximo Gobierno tiene que tener decisiones inteligentes, es importante considerar las evidencias", terminó sugiriendo Bonilla al Gobierno que sea electo como sucesor del actual, el de Gustavo Petro.
Tal y como lo había denunciado la comunidad, siete personas se encontraban retenidas en una finca de la vereda Los Trozos de Anorí, por parte de integrantes del Clan del Golfo y en las últimas horas tropas de la Brigada 14 del Ejército lograron su liberación.De acuerdo con los testimonios de los liberados, estos habían sido forzados a permanecer en allí, donde eran obligados a realizar labores de cocina para presuntos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle, del Clan del Golfo. A la par, más familias siguen desplazándose por los combates entre este grupo armado, las disidencias de las FARC y el ELN, en los últimos días, cifra que ya llega a las 150 que han llegado al casco urbano, por lo que las fuerzas militares mantienen la ofensiva en la zona. El coronel José Vicente Ávila Ballen, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército."Posterior a su liberación, a las personas se les brindó atención médica por parte de las tropas, verificando su estado de salud, así como el acompañamiento necesario para garantizarles la protección de sus derechos fundamentales. El Ejército Nacional continúa adelantando operaciones de esta zona del nordeste antioqueño con el fin de garantizar la protección de la población civil", manifestó.En su huida, los ilegales se llevaron tres equinos de la comunidad, exponiendo a las personas retenidas a graves riesgos, teniendo cuenta que pueden ser estigmatizadas como supuestos colaboradores de organizaciones al margen de la ley.José David Hernández Gandía, representante legal de la Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste de Antioquia, había mostrado su preocupación por la familia retenida."Llamaba a los familiares que están acá en el municipio de Anorí y la llamada era de 20 segundos y colgaba y decía que estaba bien. Ellos están de rehenes del grupo paramilitar que se encuentra en la zona. Ya se supo por medio de un trabajador que a ellos los tienen detenidos en una vivienda", dijo en su momento.
A pesar de la presencia de la Fuerza Pública en El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia, Cauca ubicado en el corazón del Cañón del Micay, las disidencias de alias “Iván Mordico” sigue atemorizando a la población civil.Esta semana, según lideres de la comunidad, el grupo armado ilegal se llevó 15 menores de edad que estudiaban en la Institución Educativa Técnica Miguel Zapata.Los padres de cinco de estos niños alertaron sobre el reclutamiento, los demás no han interpuesto la denuncia por temor a una represalia.La Defensoría del Pueblo reveló un informe según el cual cerca de 200 niños han sido reclutados en el Cauca este año y el gobernador del departamento, Octavio Guzmán, asegura que podrían ser más de 350 niños reclutados por estos grupos criminales."El reclutamiento en nuestra región hoy nos pone en el primer lugar del mayor numero de casos en el país, según la Defensoría del pueblo van 210 niños reclutados en lo corrido del 2024, pero las organizaciones sociales señalan que son mas de 350 niños reclutados y tenemos que enfrentar eso", dijo el mandatario.No sólo las disidencias de las Farc, también el ELN estaría reclutando niños en el Cauca en medio de la disputa por el control de esa zona del suroccidente colombiano.
