La Policía de Urabá capturó a cinco personas en el municipio de Chigorodó. Entre los capturados se encontraban dos venezolanos, quienes habían invadido de manera arbitraria predios privados ubicados en el barrio el Camping, en la antigua pista de aviones.El comandante de la Policía de Urabá, el coronel William Zubieta, explicó que, en medio de los procedimientos, debido a presuntas agresiones de estas personas hacia los uniformados, se procedió a dejar a los capturados a disposición de la Fiscalía y se restableció los derechos de un menor de edad que se encontraba con estos."Estaban de manera flagrante invadiendo estos predios a cargo del municipio, posterior de unas diligencias de notificación intentando buscar mediar y ante la oposición y la agresividad de estas personas se procedió con la captura y dejarlas a disposición de la Fiscalía y también se hizo el restablecimiento de derechos de un menor de edad", indicó el coronel.Durante controles llevados a cabos en la subregión, también fueron capturadas seis personas en el municipio de Apartadó, con varias cajas de mercancía de contrabando avaluada 25 millones de pesos, a pesar de que los capturados intentaron huir de las autoridades, fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía.
Denuncias ciudadanas llevaron a las autoridades a actuar en medio de casos de loteo ilegal en varias zonas de Medellín que vienen generando preocupación en las autoridades, especialmente por su relación con estructuras ilegales.En el caso más reciente fue capturado en su vivienda de la vereda Aguasfrías en el corregimiento de Altavista un hombre identificado como Johan Sebastián Taborda, quien estaba dedicado a la estafa de personas ofreciéndoles zonas para construir en lotes propiedad del Distrito de Medellín.Pero además de falsas promesas para el establecimiento en la zona, el ahora procesado les exigía sumas que superaban los 10 millones de pesos o quemaba vehículos y enseres de aquellos que “sin permiso del combo” iniciaban construcciones o instalaban redes eléctricas.En otros casos más graves, como lo denunció la concejal Claudia Carrasquilla, llegó a lesionar a varias personas."Este personaje se creía intocable en el sector de Aguasfrías, tiene una imputación de cargos por violencia intrafamiliar contra una menor de edad, ya tiene fijada audiencia para el 12 de septiembre porque estamos en un sistema abreviado, además de ello violentó a su mamá", explicó la corporada.Un juzgado de control de garantías legalizó la captura del imputado quien fue cobijado con medida de aseguramiento en un centro carcelario.También Taborda deberá responder por el vertimiento de aceite quemado a la cuenca de una quebrada de la zona en un lote que era utilizado como parqueadero.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) está llevando a cabo un evento importante en Las Pavas, Bolívar, en donde entregará 50 resoluciones de adjudicación de tierras a las familias desplazadas de la zona. Este hecho marca un hito en la lucha por la restitución de tierras en Colombia, pero que, a su vez, despierta cuestionamiento sobre el título de los predios que serán entregados.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el director de la ANT, Felipe Harman, contó cómo será este proceso de entrega de tierras en Las Pavas, una región emblemática en la historia del país, pues durante años las familias que vivían en esta zona fueron desplazadas de sus tierras por grupos paramilitares y sufrieron las consecuencias del conflicto armado.Describió que fue en el año 2003 cuando las familias fueron desplazadas forzosamente de Las Pavas debido a la presencia de los paramilitares en la zona y, luego, por el mismo Estado. A partir de ese momento, comenzó un largo proceso de lucha y resistencia por parte de estas.“Este es un proceso. En el 2003 inició ya el desplazamiento forzado por parte de los paramilitares, en el 2009 es el Estado el que desaloja la comunidad. Nosotros, en alrededor del 2014, declaramos un proceso de extinción agraria; jamás se ha iniciado el proceso de titulación y entrega material del predio a los campesinos, en un operativo desarrollado con el acompañamiento de la Policía Nacional, de la Alcaldía también del Peñón, de la Personería, del Ministerio Público. Hemos hecho la aprensión material del predio hace dos días y hoy vamos a entregar las resoluciones que indica que los campesinos que fueron víctimas durante más de 24 años de desplazamiento forzado, son sus pedidos propietarios para que inicien el retorno organizado y con toda la seguridad jurídica”, explicó.En el evento que se llevará a cabo en Las Pavas, la Agencia Nacional de Tierras entregará 50 resoluciones de adjudicación de tierras a las familias desplazadas. Sin embargo, dijo que quedan pendientes hectáreas, pero empezarán con la titulación de la que está disponible y bajo las normas correspondientes.“El acto administrativo que nosotros les entregamos (a campesinos) funciona jurídicamente como la escritura pública. O sea, los actos administrativos de asignación nuestras son debidamente inscritos en la Superintendencia de Notariado y Registro y los certifica como dueños”, precisó.
Las autoridades de control urbanístico tienen puesto el ojo en la zona Occidental de Medellín, en la salida hacia Santa Fe de Antioquia, Occidente del departamento, donde pese a que la Administración Distrital ha adelantado la reubicación de familias que ocupaban de manera irregular terrenos de la zona, ha habido un aumento que se estima en 50.000 viviendas construidas de manera ilegal en los últimos 4 años.La problemática se evidencia tanto en el costado derecho como el izquierdo de la vía hacia el túnel de Occidente, con un riesgo adicional y es que estas construcciones se hacen en cercanías a la quebrada La Iguaná, lo que genera preocupación si se viene una temporada fuerte de lluvias, según expuso el secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Juan Manuel Velásquez."Es una zona de San Cristóbal donde al lado y lado, estamos hablando de una pendiente alta, se está construyendo irregularmente, en lotes que son normalmente de la Nación porque esa vía la construyó Invías. Más o menos pudieron construir más de 50 mil viviendas en estas zonas en los últimos cuatro años", expuso el secretarioA la fecha, esta dependencia ha adelantado 716 remociones en conatos de construcción en toda la ciudad, es decir, en inicios, lo que se estima ha permitido recuperar cerca de 18 mil metros cuadrados de espacio público."Esto no solamente está pasando en este punto, aunque es muy crítico. Cuando uno sube por la vía que va hacia el túnel que nos comunica con San Jerónimo, con Santa Fe de Antioquia, con todo el Occidente, observa que tanto al lado derecho como al lado izquierdo de la vía... están construyendo casi que encima de la quebrada. Yo no me imagino qué podría pasar si se viene un fenómeno de la niña y se crece esa quebrada", agregó Velásquez.A la fecha, la Alcaldía tiene 1.200 informes técnicos con reportes de edificaciones ilegales en toda la ciudad. Con base en esto, el equipo psicosocial va al territorio para sensibilizar, difundir la oferta institucional con opciones habitacionales y evitar que las personas adquieran lotes con grupos delincuenciales.
En Caucasia, Antioquia, fue asesinado uno de los líderes sociales de la invasión de tierra más grande del país. Mientras se desplazaba en su motocicleta le dispararon desde otra moto.¿Cómo es la invasión más grande del país?Se trata de Luis Fernando Tous Drago, un hombre que fungía como líder social en representación de la población de la invasión Santa Elena que es considerada como la invasión de tierra más grande de Colombia. Más de cinco mil familias se han acomodado en este lote de más de 378 hectáreas a donde diariamente siguen llegando personas a levantar sus viviendas de plástico.El señor Tous fue asesinado en zona urbana del barrio Loma Fresca, en este municipio del Bajo Cauca antioqueño, cuando dos personas en motocicleta le dispararon con arma de fuego mientras que él se desplazaba también en una moto. "Tiene algún compromiso en cuanto a la ubicación que se realiza ahí de la invasión en el lote de Santa Elena, sin embargo, en el trabajo investigativo también se logró la captura con los posibles autores del hecho donde se les incautó un arma de fuego", indicó el comandante encargado de la Policía de Antioquia, el coronel Luis Muñoz.Finalmente, el coronel señaló que los hechos aún son materia de investigación y se tiene la información de que estas personas estarían involucradas en la venta de predios al interior de la invasión en el lote Santa Elena.
En las últimas horas se realizó una nueva reunión entre la Sociedad de Activos Especiales, líderes sociales y diversas entidades del Gobierno Nacional para hablar de la situación que vive la hacienda Santa Helena, un lote de 378 hectáreas en Caucasia que se convirtió en la invasión más grande de Colombia.El objetivo principal fue trazar una ruta que proteja los derechos de las personas involucradas y asegure el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene la SAE, que administra el lote. Recordemos que este lugar tiene una ocupación irregular por miles de personas que buscan una solución habitacional.Uno de los temas más preocupantes es que muchos aseguran que en el predio se encuentran ubicadas 7.500 familias y alrededor de 30.000 personas. Ante estas cifras, el Ministerio del Interior solicitó socializar la forma en que se llegó a la cifra de habitantes, a lo que la SAE destacó la necesidad de una caracterización rigurosa de los habitantes del predio.Mauricio Urquijo, director territorial de Occidente de la SAE, reiteró que el predio está en proceso de extinción de dominio y no puede ser destinado a proyectos hasta que se resuelva judicialmente. Sin embargo, se comprometió a no usar la fuerza policial."Lo reiteramos, no apoyamos ninguna clase de ejercicio de la fuerza, no aprobamos ninguna clase de fuerza policial para el desalojo de esta población cuando todavía hace falta que se logre la caracterización y que primero se establezcan las oportunidades de diálogo y de alternativas", dijo Urquijo.Ante la problemática las personas que viven en la invasión le pidieron al Gobierno Nacional mediar de manera objetiva, ya que dicen que el territorio de Santa Helena ofrece muchas oportunidades y condiciones de habitabilidad.Finalmente, como conclusión se destacó que habrá una nueva reunión dentro de un mes para socializar la ruta de atención y, reiteraron, su compromiso para disponer su inventario y reubicar a la población del predio sin adelantar procesos policivos de desalojo.
Sigue compleja la situación en el municipio de Caucasia luego que un juez recientemente negara la tutela interpuesta por el diputado de Antioquia Manuel García para detener los desalojos en el predio conocido como Hacienda Santa Helena, la invasión más grande de tierras que en este momento hay en el país.Tras este recurso fallido que el diputado impugnará asegura que hay repercusiones graves, pues el riesgo de un eventual desalojo se mantiene y con ello la vulneración de derechos fundamentales."Existe una gran posibilidad de desalojo porque ya el juez ha valorado unas pruebas que se hicieron llegar, yo no las conozco, simplemente dimos la parte resolutiva y en este momento considera que es una medida cautelar de frenar el desalojo que no aplican en este instante", dijo el político.Indicó que incluso las comunidades están dispuestas a ir hasta las últimas consecuencias y se teme un posible bloqueo de la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica a la altura de este municipio del Bajo Cauca."Digamos que los que pasaría en caso de ser desalojados sería como el 'Florero de Llorente', no deseándolo ni tampoco acompañándolo, pero si esto llega acá a pasar tendremos una movilidad compleja hacia la Costa Norte porque las comunidades con las que tengo diálogo directo sí me han dicho que ellos están dispuestos a llegar hasta el final", amplió.Se espera que en los próximos días una delegación del gobierno visite la zona para buscar soluciones.
La Sociedad de Activos Especiales interpuso una querella ante el polémico desalojo de las familias asentadas en la Hacienda Santa Helena en Caucasia, que aunque de momento está frenado por una medida provisional concedida por un juez de tutela, se espera no se retome por la fuerza y por el contrario se logre una salida voluntaria de las personas.Así lo señaló el presidente de la entidad, Daniel Rojas, que en un comunicado enviado al Ministerio del Interior le pidió a Luis Fernando Velasco, cabeza de la cartera, que identifique si algunos de los ocupantes están ligados a grupos al margen de la ley, tras una denuncia que circula en redes sociales. También que coordine a las entidades involucradas del Estado y que se adelante una caracterización."Me entero por una publicación en redes sociales de que presuntamente se quiere asociar a los ocupantes con algunos grupos al margen de la ley. Nosotros no defendemos ningún grupo al margen de la ley, entonces precisamente por eso le solicito al Ministerio del Interior que use sus capacidades y haga honor a su misionalidad para que podamos resolver este tema en el marco de la defensa de los derechos humanos", dijo Rojas. Rojas reiteró que este precio de más de 300 hectáreas está bajo administración de la SAE, por lo que no hay ningún interés de un privado por defender, aunque aclaró que no es la manera de acceder a una propiedad en poder del gobierno."¿Por qué insisten en hacer un desalojo primero aduciendo el respeto por la propiedad privada frente a un caso de extinción de dominio, entonces los intereses de qué privado en este caso estarían defendiendo?", cuestionó.Por lo pronto, con la acción de tutela en curso, los ocupantes del predio manifestarán las vulneraciones a sus derechos al juez, para tomar la decisión de si ampara o no.
La problemática en el municipio de Caucasia con la invasión de la Hacienda Santa Helena donde se estima que hay más de 5.000 personas que deberían salir del lugar en medio de la reclamación por su propiedad, ha puesto a las autoridades locales a buscar de manera urgente soluciones.Una de las primeras alternativas llegó desde el pasado 11 de abril cuando el presidente Gustavo Petro en su visita a esta localidad del Bajo Cauca pidió al alcalde Jhoan Oderis Montes gestionar con ganaderos de la región tierras fértiles que permitieran no solo solucionar la situación, sino implementar proyectos productivos."Hablen con los señores dueños de tierras, haciendas latifundistas pero no para que nos engañen; ojo, a precio comercial y tierra fértil. Nosotros estamos dispuestos a comprarles las haciendas", señaló en su momento el presidente.Tras la solicitud, el mandatario confirmó a Blu Radio que ya se han dado los primeros encuentros en donde ha recibido por lo menos cinco propuestas formales que suman más de mil hectáreas, unas 1.428 canchas de fútbol profesional.SAE confirma que terreno invadido por cerca de 4.000 familias en Caucasia no puede ser negociado"Hay ganaderos de la región con los cuales nos hemos reunido y han propuesto sus tierras para que el Gobierno nacional las compre y poder darle solución a una gran parte de esta asociaciones o familias. Están ubicados directamente aquí en el municipio de Caucasia y superan las mil hectáreas estas cinco propuestas", confirmó Montes.El alcalde Montes indicó que hay muchas otras propuestas que ha escuchado, pero que están pendientes de visitas técnicas para evaluar su factibilidad.Al tiempo que se dan estos acercamientos, desde la administración municipal aseguran que avanzan en mesas técnicas con representantes de la población que se encuentra en el predio invadido para lograr su salida de manera pacífica ante la orden de desalojo que está en firme desde hace varias semanas.
A más de un mes de que iniciara la ocupación masiva de un extenso predio conocido como la Hacienda Santa Helena en el municipio de Caucasia, las reclamaciones jurídicas y las recientes decisiones del Gobierno nacional nuevamente han generado choques con la administración departamental en cabeza del gobernador Andrés Julián Rendón.La más reciente discusión en las redes sociales se produjo a propósito de una carta de la Sociedad de Activos Especiales en la que manifestó su decisión de desistir en la querella que busca el desalojo de por lo menos cinco mil personas asentadas en esta zona acudiendo a los derechos que le asisten a su propietaria, Army Judith Escandón, agente liquidadora de la sociedad que tenía para 2004 posesión de estas tierras antes de ser embargadas con fines de extinción de dominio por parte de la Fiscalía.La decisión que tomó la SAE manifestando la importancia de garantizar los derechos que tiene la población asentada en la Hacienda fue calificada por el gobernador Andrés Julián Rendón como “una vergüenza” y “un pésimo antecedente para el país”. El mandatario seccional incluso interrogó en su cuenta de X si acaso el Gobierno busca sentar un precedente para justificar “cualquier invasión a la propiedad privada”.Ante estas declaraciones, el que contestó fue el mismo director de la SAE, Daniel Rojas, quien recordó que la legitimidad en la propiedad del predio, que fue embargado por pertenecer al exnarco Juan Gabriel Usuga Noreña, aún está en litigio y que desde el Gobierno nacional prefieren “respetar las decisiones judiciales y no golpear al pueblo en defensa de una “propiedad privada”’.Actualmente en el lugar hay instalado un Puesto de Mando Unificado con el que buscan caracterizar a la población para buscar otras soluciones, pero incluso por parte de la población afectada el proceso ha generado resistencia por los requisitos detallados que se piden. Al respecto, Alberto Cano, representante de la comunidad.SAE confirma que terreno invadido por cerca de 4.000 familias en Caucasia no puede ser negociado"Lo que hicimos fue mejorar o acondicionar la ficha de caracterización de tal manera de que toda la población que se encuentra en este momento en la hacienda tenga el mismo derecho de ser declarada como potencial beneficiaria", señaló Cano.Frente a la problemática, en varias oportunidades el alcalde de Caucasia, Jhoan Oderis Montes, ha expresado la disposición de hacer cumplir la ley y todas aquellas disposiciones que obliguen a respetar la propiedad privada.
