El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llevó a cabo un mega operativo al interior de más de 120 cárceles del país para hallar elementos ilegales. Actividad que tuvo éxito y lograron incautar 14 kilos de drogas, armas y lo que más sorprendió fue el hallazgo de elementos de brujería, como muñecos vudú.“Desafortunadamente es algo que viene hace mucho tiempo, ese ingreso de elementos no permitidos. Pero ese es el reto, el propósito del Gobierno nacional, el presidente y la ministra (Justicia) y del nuestro, ir acabando esas malas prácticas. Quitar eso (…) La idea es articular con la Fiscalía y Policía para investigar cómo es que ingresa todo eso, cuáles son las redes criminales y quiénes se prestan con la corrupción para poderlos desenmascarar”, explicó el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales.¿Qué encontraron al interior de las cárceles de Colombia?Por un lado, en la cárcel La Modelo de Bogotá hallaron una tienda de alimentos, como chicles, papas, pan y dulces, entre otros elementos; algo que, según el director, sorprendió al Inpec al no entender de la forma en que ingresaron estos elementos: “Son prohibidos y cuando se encontró eso, se desarmó y nace esa pregunta de cómo llega eso”.No obstante, lo que más sorprendió fue que encontraron elementos de santería, como altares o elementos satánicos, como de brujería, algo que fue común en todas las cárceles. Según Gutiérrez, lo usaban para espantar a los guardias y evitar que revisaran sus celdas.“Ese propósito era para que no hicieran operativos y generarles ese miedo a los guardias. Cuando querían entrar los perros sentían ese ambiente pesado porque había como duendes, muñecos que habían construido. Había oraciones y había nombres de hombres, además de olores fétidos y unos líquidos raros en una botella. Detrás una pared había también celulares”, detalló.Hay 3.800 funcionarios del Inpec investigados por corrupciónDe acuerdo del director del Inpec, entre el 2023 y 204, hay 3.800 funcionarios del Inpec investigados. Además, hay 73 procesos con la Fiscalía para que esos temas se conviertan en algo penal, no solo lo disciplinario.“La solución es ir articulando esas capacidades de otras entidades como la Fiscalía y Policía para tener capturas a fondo. Tener una incorporación más rigurosa al interior del Inpec para evitar eso”, añadió.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, mostró su preocupación por que delincuentes que, a pesar de tener detención domiciliaria con brazalete electrónico del Inpec, siguen delinquiendo. Beltrán denunció que la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha tenido que recapturar a varias personas, quienes continúan cometiendo delitos en las calles.“En 2024 fueron 104 casos y en los primeros días de 2025 ya llevamos 5. La Policía tiene que hacer doble trabajo recapturando a personas que deberían estar en prisión o cumpliendo su condena en su casa, pero no, están campantes delinquiendo como si nada. Hacemos un llamado al orden nacional para que se ponga atención a esta situación de una vez por todas”, expresó Beltrán.El alcalde señaló que esta situación está generando una sensación de impunidad en la ciudad, afectando la tranquilidad de los ciudadanos y la labor de las autoridades que deben recurrir constantemente a la recaptura que, según Beltrán, deberían estar bajo estrictas medidas de control.La denuncia del alcalde se ve respaldada por el reciente caso de captura de un hombre conocido como “Peluca”, de 34 años, quien fue detenido el pasado 14 de enero por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en el barrio Juan XXIII. Durante una operación en el microterritorio, se le descubrió portando un brazalete electrónico del Inpec, mientras cometía un nuevo delito, en este caso, fuga de presos.Según la Policía, “Peluca” tenía detención domiciliaria por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y, a lo largo de su historial delictivo, cuenta con 6 anotaciones judiciales por delitos como hurto, fuga de presos, y tráfico de estupefacientes, entre otros. Además, la comunidad lo señala como un dinamizador de estupefacientes en el sector.“Gracias a las cápsulas operativas permanentes que se realizan en los microterritorios de Bucaramanga, pudimos capturar a este individuo que, a pesar de estar bajo un brazalete electrónico, estaba cometiendo delitos. Esto es un claro ejemplo de cómo el sistema de detención domiciliaria está siendo vulnerado”, indicó la Policía Metropolitana.El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía, que lo presentará ante un juez para definir su situación jurídica.El alcalde Beltrán reafirmó su llamado al Gobierno nacional para revisar y reforzar las medidas de control y monitoreo de las personas que cumplen condenas bajo detención domiciliaria.
En hechos que todavía son materia de investigación por parte de las autoridades, cuatro hombres lograron fugarse de la estación de Policía del municipio de Cocorná en la noche del 5 de enero.Según indicó la Secretaría de Seguridad de Antioquia, estas personas con una sierra cortaron los barrotes de alguna ventana que tiene el calabozo de aireación y por ahí salieron, aprovechando la atención que tenían las autoridades en las celebraciones del municipio para salir de la estación de Policía.Según revelaron las autoridades los fugados son: Jhon Jiménez, alias 'El Zarco'; Milton Atehortúa, alias 'Milton' o 'El Visco'; Úlcer González, alias 'Mauro'; y Carlos Alberto Ramírez, alias 'Caliche', tres de ellos implicados en la masacre de tres personas en esa localidad del Oriente antioqueño el pasado 21 de julio, lo que genera preocupación en el departamento, según lo señaló el secretario de Seguridad Luis Martínez, de que “delincuentes de alta peligrosidad estén en estaciones de policía que no tiene la capacidad”."El primer cuestionamiento que hizo nuestro gobernador es que cómo hay personas de alta peligrosidad que están recluidas en estaciones de policía. La policía nos manifestó que el comandante de estación ya había hecho algunas gestiones ante el Inpec y esta entidad había dicho que los recibía después del 6 de enero", destacó el Martínez.Al parecer justo el 6 de enero los detenidos serían trasladados a la cárcel El Pesebre, en Puerto Triunfo. Ante ello, Martínez reiteró que Antioquia no tiene el suficiente pie de fuerza, que hace 15 años era de al menos 8.000 hombres pero que a la fecha se reduce a 5.000, muchos de ellos designados a cuidar estaciones de policía que están hacinadas con la cantidad de detenidos.Por ello, una de las propuestas del gobierno de Antioquia es construir una cárcel departamental."¿Cuántos hay que utilizar para cuidar más de 3.500 privados de la libertad que hay en estaciones y batallones? Por eso nuestro gobernador está proponiendo la construcción de una Cárcel Departamental, poder liberar mucha fuerza pública que está dedicada a cuidar privados de la libertad cuando la fuerza pública está es para garantizar la seguridad", resaltó el funcionario.Con esta cárcel departamental para mil privados de la libertad, según el secretario, se podrían deshacinar estos sitios de reclusión transitoria, cumplir con las condiciones que exigen los derechos humanos para el tratamiento de los reclusos y liberar la fuerza pública que está dedicada a cuidar privados de la libertad.
Una grave denuncia se dio a conocer contra cuatro guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), señalados de abusar, en dos fechas y momentos diferentes, de dos mujeres privadas de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín.Los casos fueron denunciados por la Corporación Mujeres Libres, que primero tuvo conocimiento del caso de una mujer de 27 años que denunció ser víctima de abuso sexual entre agosto y septiembre del 2024, por parte de dos dragoneantes. Pese a ello y a que producto del acto quedó embarazada, la víctima no ha sido trasladada a Medicina Legal, según le indicó a Blu Radio Claudia Alejandra Cardona, directora de dicha corporación."En la primera denuncia la mujer nos comenta que está embarazada, que la pasaron al patio de maternas, pero que un día se sintió muy mal y la llevaron al hospital y allí dice que le dieron algún tipo de sustancia abortiva sin su consentimiento en la comida", detalló la directora.Cardona dio a conocer a la Policía Judicial del Inpec, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y otras entidades esta denuncia.Más denuncias Se trata de una mujer del patio 18, la cual no solo denuncia ser objeto de vejámenes sexuales por parte de otros dos dragoneantes, sino haber sido drogada el pasado 24 de diciembre. Para este caso son señalados otros dos dragoneantes diferentes.Por el momento, ambas denunciantes siguen en la misma cárcel a la espera de que se decida si la trasladan a otro centro de reclusión fuera de Medellín, pero temen represalias, no solo mientras continúan en El Pedregal, sino con su llegada a otro centro de reclusión que también es operado por este personal."La denuncia se hace ante la Policía Judicial y Policía Judicial en la misma guardia, entonces están recibiendo las denuncias de sus compañeros y estas denuncias nunca proceden. La violación es un tipo de violencia contra las mujeres y se debe proceder a nivel penal, en el que no debe estar el Inpec ahí, porque no puede ser arte y parte", manifestó.Según Cardona, es urgente que las entidades tomen cartas en el asunto, adelantando una investigación con enfoque de género por parte de la Fiscalía General de la Nación, que las víctimas sean trasladadas a Medicina Legal para su valoración y que las envíen a otra prisión en Bogotá para garantizar su seguridad, pues habrían sido intimidadas.Por ahora se conoce que los dos primeros dragoneantes denunciados fueron apartados de su cargo mientras avanza la investigación, mientras que este martes se adelantaría una visita por parte de una comisión del Inpec al Pedregal para abordar la grave denuncia.
Fue asesinado en una celda de la cárcel La Picota de Bogotá Francisco Luis Correa Galeano, el hombre considerado cerebro del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022. Correa entregó información clave a las autoridades colombianas que llevaron a la captura de varios hombres involucrados en el asesinhato.Fue aproximadamente a las 12:05 de la madrugada de este viernes, 3 de enero, que se escuchó un llamado por radio de uno de los guardianes del Inpec en el pabellón 32 de la cárcel La Picota. Rápidamente, otros dragoneantes se movilizaron a la celda 25 donde se encontraron con el cuerpo sin vida de Correa Galeano.De inmediato, los encargados de la seguridad llamaron al médico de turno y la enfermera, quienes fueron los que dictaminaron que el hombre se encontraba sin signos vitales; estaba tendido en el piso de la celda con varias heridas por arma blanca, mismas que le causaron la muerte.Al parecer, de acuerdo con las primeras versiones del hecho, Correa Galeano, cerebro detrás del asesinato del fiscal paraguayo, tuvo una violenta pelea con otra persona privada de la libertad identificada con el nombre de Samuel, quien fue el que contó lo que ocurrió dentro de la celda. Luego, al sitio acudió la Policía para adelantar el respectivo levantamiento del cuerpo del hombre que estaba dentro de la celda.Asimismo, el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, reveló en diálogo con Blu Radio que el asesinato de Correa fue en medio de una riña en el pabellón donde estaba. La investigación por este hecho, añadió, estará a cargo del Inpec.
El Gobierno nacional está evaluando la implementación de Polaris, un sistema innovador que promete resolver la problemática generada por los inhibidores de señal en las cárceles. Esta tecnología busca evitar que las llamadas ilegales desde las prisiones sigan ocurriendo, sin afectar la comunicación de las zonas aledañas, un motivo recurrente de demandas contra la nación.Según fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el sistema Polaris se implementaría inicialmente como un piloto en cuatro cárceles priorizadas: La Picota, El Barne, La Dorada y la Tramacúa, en Valledupar. El proyecto es parte de una estrategia conjunta entre el Inpec, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).¿Cómo funcionaría Polaris?A diferencia de los inhibidores tradicionales, Polaris es un sistema completamente virtual que bloquea las señales exclusivamente dentro del perímetro carcelario. Según explicó la fuente, esta tecnología crea un esquema de “celdas blancas y negras”. En las “celdas blancas” se permitiría el uso de teléfonos institucionales, como los de directores y comandantes de vigilancia, mientras que en las “celdas negras” se bloquearían por completo las comunicaciones no autorizadas.“Lo bueno de este sistema es que no genera afectaciones a los vecinos que antes se veían perjudicados por la interferencia. Esto soluciona el problema que nos ha llevado a enfrentar demandas”, comentó la fuente del Inpec. Además, al ser un sistema virtual, no puede ser vandalizado como ocurre con las estructuras físicas actuales.El sistema Polaris se basa en la experiencia de Costa Rica, país que ya implementó con éxito esta tecnología en sus cárceles. En los próximos meses, un equipo técnico y directivo de las entidades participantes viajaría al país centroamericano para conocer de cerca el funcionamiento del modelo.El desarrollo del piloto requiere ajustes técnicos y colaboración con empresas de telecomunicaciones para asegurar que la tecnología funcione de manera precisa y eficiente. Aunque no se ha confirmado la fecha de implementación, el Gobierno tiene la intención de expandir el sistema a todas las cárceles del país, dependiendo de los resultados del piloto y la disponibilidad de recursos.“Polaris es una solución a largo plazo que no solo combate el crimen organizado dentro de los penales, sino que también reduce las afectaciones externas, evitando conflictos legales y mejorando la convivencia en las comunidades cercanas”, concluyó el vocero del Inpec.
El Ministerio de Justicia firmó un decreto para ampliar la prima de riesgo al 30 % del salario para el cuerpo de custodia del Inpec, así como para los directores y subdirectores de cárceles, esto “en reconocimiento al riesgo que enfrentan en su labor”, según lo expuesto por la ministra de Justicia Ángela María Buitrago.La ministra Buitrago destacó que este aumento representa un paso significativo para mejorar las condiciones laborales del personal del Inpec y sus directivos, quienes enfrentan constantes riesgos debido a las complejidades del sistema carcelario en Colombia. “Este es un reconocimiento al compromiso y la valentía con la que cumplen su función en uno de los entornos más difíciles del país”, afirmó.El incremento de la prima de riesgo, que pasará al 30 % del salario, beneficiará a miles de trabajadores encargados de garantizar la seguridad y el funcionamiento adecuado de las cárceles. Esto incluye tanto a los custodios que enfrentan amenazas diarias como a los directores y subdirectores responsables de la administración de los centros penitenciarios.La decisión ha sido bien recibida por los sindicatos del Inpec, que desde hace años han solicitado una mejora en las condiciones salariales y laborales del personal, y es que según voceros sindicales, esta medida no solo reconoce el riesgo, sino que también podría servir como incentivo para fortalecer la moral y el desempeño del cuerpo de custodia.“Este decreto firmado por el Presidente de la República y su gabinete, en particular la Ministra de Justicia, significa que considerando que el personal de custodia y desde ese punto de vista generan también el derecho a la prima de riesgo, se resuelve y se decreta en la modificación de estos artículos para los directores, subdirectores de establecimiento carcelario y el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria que tendrán derecho a una prima de riesgo sin carácter salarial en los porcentajes que fije el Gobierno Nacional”, dijo Buitrago.Sin embargo, expertos en temas penitenciarios señalan que el aumento de la prima de riesgo debe complementarse con medidas estructurales para mejorar la seguridad en las cárceles y reducir la sobrepoblación, factores que agravan los riesgos para el personal.
Se trata de "Los Patios", una banda conformada por funcionarios del Inpec y privados de la libertad, señalada de llevar a cabo actividades ilícitas al interior de la cárcel de mediana seguridad El Diamante, en Girardot. Un total de 16 personas fueron judicializadas, entre ellas internos y funcionarios del penal, quienes habrían operado una compleja estructura criminal dedicada a la venta de estupefacientes, además de la comercialización de otros productos prohibidos como cigarrillos, licor y teléfonos celulares.Según las investigaciones adelantadas, esta red funcionaba en conjunto con internos y personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), permitiendo el tráfico de drogas y otros objetos que violan las normas penitenciarias. Además de la distribución de sustancias ilícitas, los implicados habrían facilitado la entrada y comercialización de elementos como cigarrillos, bebidas alcohólicas y teléfonos móviles, elementos prohibidos.En declaraciones recientes, el fiscal encargado del caso señaló que esta red operaba de manera organizada, lo que permitía que los productos ilícitos llegaran a los internos sin mayores obstáculos.De los procesados, 15 recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que el dragoneante Delgado Murillo permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.Entre las personas judicializadas se encuentran tanto internos como funcionarios de la cárcel, quienes están siendo imputados por delitos como concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, cohecho, prevaricato y favorecimiento de fuga de presos. Las autoridades aseguran que, además de las actividades ilícitas al interior del penal, los involucrados también estarían implicados en la facilitación de fugas de internos, un delito grave que agrava aún más la situación.
En un operativo simultáneo a nivel nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) intervino 124 centros penitenciarios, logrando incautar más de 1.000 celulares que habían ingresado de manera irregular. Este hallazgo forma parte de una estrategia para combatir la corrupción dentro del sistema penitenciario.Durante la intervención, las autoridades confiscaron 1.078 teléfonos móviles, 2.263 accesorios, 475 tarjetas SIM y 15 módems wifi, elementos que suelen ser utilizados para extorsión y narcotráfico desde las cárceles. Además, se decomisaron 18 kilos y 885 gramos de estupefacientes, 720 armas de fabricación artesanal y un millón de pesos en efectivo.El operativo contó con la participación de 3.165 funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia, quienes revisaron 146 pabellones y 23.845 personas privadas de la libertad (PPL). Según el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, estas acciones son parte de una lucha frontal contra la corrupción.El ingreso de objetos ilícitos a los penales es un problema recurrente. Este año, el Inpec ha confiscado más de 31.000 celulares en 24.305 operativos, mientras 3.751 funcionarios, incluidos 3.299 custodios y 135 directores, están siendo investigados por delitos relacionados con corrupción. “Estamos atacando las raíces de la corrupción, pero este es un problema complejo que requiere continuidad y compromiso”, afirmó el coronel Gutiérrez.En colaboración con el Gaula de la Policía, el Inpec ha desarticulado redes de extorsión desde las cárceles. En lo corrido del año, 35 dinamizadores de estas operaciones han sido identificados, y 120 internos han sido trasladados como medida preventiva.El coronel Gutiérrez advirtió que, aunque los resultados son significativos, el reto es persistente. “La lucha contra la corrupción continuará siendo una prioridad para garantizar el control en los centros penitenciarios”, concluyó.
El ingreso de celulares, bebidas alcohólicas y estupefacientes en los centros de reclusión del país ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una rutina alarmante. Durante 2024, más de 5.245 investigaciones continúan vigentes por presuntas irregularidades cometidas por dragoneantes y otros funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, confirmó que los procesos abiertos en colaboración con la Fiscalía han permitido capturar a 98 funcionarios mediante órdenes judiciales y en flagrancia. Sin embargo, la corrupción persiste en las cárceles, donde redes criminales siguen operando desde el interior, utilizando objetos ilícitos que ingresan con complicidad de algunos empleados.Actualmente, 3.751 funcionarios están siendo investigados por diferentes delitos relacionados con corrupción. Entre los señalados hay 135 directores de Eron, 115 administrativos, 3.299 custodios y vigilantes y 202 auxiliares bachilleres. A corte de diciembre, las acciones disciplinarias han resultado en 65 destituciones, 102 suspensiones, 9 multas, 6 amonestaciones y 551 procesos vigentes.El ingreso ilegal de celulares es una de las principales problemáticas en las cárceles del país. En lo corrido del año, se han incautado 31.244 celulares durante 24.305 operativos de control. Estos dispositivos son clave para la ejecución de delitos como la extorsión y el narcotráfico, que se gestan detrás de las rejas.Como parte de la operación dominó, una estrategia adelantada por el Inpec y el Gaula de la Policía, se ha logrado identificar a 35 dinamizadores de la extorsión que operaban desde los centros penitenciarios. Además, se han incautado 9.615 celulares en 1.773 operativos, y se han realizado 120 traslados de personas privadas de la libertad (PPL) con el fin de desarticular estas redes delictivas.A pesar de las acciones emprendidas, los resultados evidencian la magnitud del problema. El coronel Gutiérrez advirtió que la lucha contra la corrupción continuará siendo una prioridad.
