En una resolución que ha causado gran revuelo y generado diversas reacciones, la Audiencia Provincial de Valencia, en España,, absolvió a una mujer de 36 años acusada de asesinar a su bebé de un año y luego lanzarse desde la azotea de su edificio en Vilamarxant. La absolución se fundamenta en la valoración de que la acusada sufría un cuadro psicótico en el momento de los hechos, específicamente una psicosis postparto. Este artículo ofrece un análisis detallado de la sentencia, los hechos probados y las implicaciones jurídicas de esta resolución.Los hechos: esto pasó en VilamarxantEl 27 de febrero de 2023, la acusada, que residía en Vilamarxant, se encontraba sola en su hogar con su bebé cuando, según el fallo, acabó con la vida del pequeño. El informe judicial detalla que la mujer utilizó un cuchillo para herir al niño en el cuello, el tórax y la muñeca derecha. Después de cometer el crimen, la acusada se lanzó desde la azotea del edificio y resultó gravemente herida.La Sección Primera de la Audiencia de Valencia dictó la sentencia absolutoria tras considerar que la procesada no estaba en plena posesión de sus facultades cognitivas y volitivas durante el acto criminal debido a su estado mental deteriorado. Este diagnóstico de psicosis postparto ha sido clave en la resolución del caso.La sentencia y el estado mental de la mujerLa sentencia absolutoria se basa en la consideración de que la acusada padecía una alteración mental grave al momento de los hechos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha destacado que la mujer sufrió un cuadro psicopatológico que anuló su capacidad de actuar con conciencia plena. Esta evaluación ha sido respaldada por el escrito conjunto de conclusiones presentado por la Fiscalía y la defensa, que fue aceptado por la propia acusada.La sentencia establece que, debido a este diagnóstico, el delito de asesinato no puede ser imputado bajo las circunstancias normales. La ley española prevé la eximente completa de responsabilidad penal para aquellos que actúan bajo una alteración mental que les impide comprender la ilicitud de sus actos.Aunque la absolución ha sido total en términos penales, el tribunal impuso una medida de seguridad para garantizar el bienestar de la acusada y de la sociedad. La mujer será sometida a libertad vigilada con la obligación de someterse a tratamiento médico externo forzoso durante un plazo máximo de cinco años. Esta medida tiene como objetivo proporcionar la atención psiquiátrica necesaria y prevenir cualquier posible riesgo para la comunidad.En el siguiente video, medios españoles recogen el hecho, ocurrio hace un año:
La afirmación de que "cada nueve días murió una niña por feminicidio en Venezuela en el 2022", hecha por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), revela, según especialistas, la "profunda desprotección" de la infancia, afectada por la violencia multifactorial y la inexistencia de políticas públicas para prevenir agresiones y asesinatos.Los infanticidios, definidos como la "acción de dar muerte a niños de corta edad", se multiplicaron en Venezuela en los últimos años, según reflejan las informaciones puntuales de instituciones del Estado, que sirven de ayuda para ONG que hacen seguimiento, que también se apoyan en datos publicados por medios locales, pues no hay cifras globales oficiales al respecto.Según Cepaz, una de las pocas organizaciones que siguen este tipo de crímenes, en 2022, se registraron 37 feminicidios de niñas, 22 de ellas menores de cinco años de edad.El coordinador de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, plantea la escasa información como una de las dificultades para la atender y prevenir agresiones a niños, y explica que cuando no hay cifras oficiales, existe "debilidad institucional para dar respuesta"."Los niños están sufriendo una profunda desprotección y una de las principales afecciones de la desprotección es la violencia", explicó Trapani a EFE.VIOLENCIA SIN PREVENCIÓNEn junio de 2022, Osleyner, un niño de cinco años, fue asesinado a golpes por su padre, un hecho que no se evitó pese a varias alertas de vecinos preocupados, que informaron sobre el maltrato al menor."El niño murió a golpes, lo mataron, (su papá) lo mató a golpes (...) Tenía correazos, moretones en las piernas, en todo el cuerpo, y él (su papá) dijo que era porque el niño no quería comer más, no quiso comer más y él lo golpeó", contó a EFE Rachel Díaz, tía de Osleyner.Rachel aseguró que jamás supieron del maltrato que sufría, y que tuvieron que dejarlo bajo los cuidados del papá porque la madre del pequeño atravesaba un agresivo cáncer por el que murió un mes después de conocer del asesinato.El asesino admitió su culpabilidad y fue condenado en un juicio "rápido", pero esto no sanó las heridas de esta familia, que cree que se pudo evitar.Trapani aseguró que, aunque hubo un esfuerzo reciente del Estado para atender los hechos de violencia hacia menores, el reto actual implica la "intervención oportuna desde la prevención" para revertir efectos como las agresiones continuas y asesinatos."La familia está muy a la deriva, la escuela está muy debilitada, la sociedad está tratando de resolver su cotidianidad y no hemos tenido una mirada centrada en el niño, y mientras eso no cambie los contextos de violencia van a seguir incrementándose", afirmó.A CIEGASLa falta de cifras sobre el número de niños asesinados ha obligado a organizaciones como Cecodap a hacer su propia data.Según esta ONG, entre 2017 y 2019 se registraron 3.738 muertes violentas de niños y adolescentes, y otros 17 fallecieron en 2020 a manos de un familiar directo, mientras que entre enero y julio de 2021, contabilizó la muerte de 33 menores por "violencia doméstica".Pese a estos datos, Trapani explicó que el desconocimiento de cifras oficiales deriva en el escaso desarrollo de políticas para atacar las fuentes principales de la violencia que afecta a la niñez."No hemos tenido una política pública entendida como esa estrategia lógica, integrada, sostenida, con indicadores, con objetivos, con recursos, con responsables, eso nunca lo hemos logrado. Siempre ha habido reacciones que son coyunturales, que atienden casos específicos, pero no responden a una estrategia nacional que permita revertir ese contexto de violencia", dijo.Agregó que "la ausencia de programas y servicios" de atención terapéutica y psicosocial, dirigidos a acompañar a sobrevivientes de agresiones y a las familias a afrontar hechos violentos, es otra debilidad que concluye en que "los niños que son víctimas de violencia están profundamente a la deriva".Organizaciones especializadas advierten que las respuestas deben ser estructurales y apuntar no solo a atender a las víctimas, sino a educar sobre la denuncia, a devolver la confianza en las instituciones y a promover la cultura de la prevención.
Luego de la amenaza del Bloque Águilas Negras a los magistrados de la Corte Constitucional que votaron a favor de despenalizar el aborto hasta los seis meses de gestación, las altas cortes le piden a las autoridades de seguridad del Estado a reforzar su protección.En el pronunciamiento dice que su decisión está sometida a un sistema de mayorías que ejerce este mandato frente a providencias que deben ser acatadas, tanto como por las autoridades como por los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad.La amenaza contra los magistrados es clara: “revoquen la orden de asesinar niños a los 6 meses o aplicaremos el objetivo militar”.Por lo que frente a estos ataques que han recibido los magistrados de la Corte Constitucional: Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Alberto Rojas Ríos y el conjuez Julio Andrés Ossa, vía correo por el Bloque de las Águilas Negras, en la que tildaron de infanticidio la decisión de despenalizar el aborto hasta el sexto mes de gestación; las altas cortes le piden a las fuerzas de seguridad del Estado, reforzar la protección de los magistrados de la Corte Constitucional y garantizar su vida e integridad personal.Escuche el Podcast Cómo Como:
El Tribunal de Apelación de Tánger, en el norte de Marruecos, condenó el martes a la pena de muerte a una pareja por haber matado y despedazado a un niño de siete años, hijo del marido y de su exesposa .Los dos esposos fueron acusados por "homicidio voluntario con premeditación", por el uso de "actos de barbarie contra familiares descendientes", y por "mutilación del cadáver", según informó la agencia oficial MAP.La pareja ha sido también condenada a pagar una multa de 500.000 dirhams (45.000 euros) a la familia de la víctima.El crimen ocurrió el pasado mes de noviembre cuando se encontraron restos del cadáver de un niño en un vertedero de Larache (norte del país), y las investigaciones llevaron al domicilio familiar de la víctima, donde aparecieron otras partes del cadáver escondidas dentro del frigorífico.Las investigaciones revelaron entonces que el padre del niño y su actual pareja decidieron estrangularlo y despedazarlo en su casa, tras sucesivas disputas con la madre del niño por el pago de la pensión familiar.El caso originó entonces una enorme conmoción social.La condena se produce en un momento de indignación social por otro suceso terrible: el secuestro, violación sexual y asesinato del niño de Adnan (de once años) por un vecino en Tánger que lo enterró cerca de su casa.Este caso y otros parecidos resucitaron las reclamaciones para aplicar la pena de muerte a pederastas e infanticidas.Una encuesta realizada en julio de 2018 por el centro de investigaciones sociológico "Sinergia" demostró que el 44 % de los ciudadanos marroquíes se muestra a favor de aplicar la pena capital en los casos de pederastia, y el 18 % reclaman una condena a perpetuidad.La sentencia a muerte suele dictarse en Marruecos en sucesos que crean gran alarma social, como los infanticidios o el terrorismo, pero el país aplica una moratoria (no declarada) sobre la pena máxima desde 1994, fecha en que tuvo lugar la última ejecución.Existe un movimiento abolicionista apoyado sobre todo por partidos laicos y organismos pro derechos humanos, pero los islamistas y los partidos conservadores se niegan a retirar la pena capital de la legislación marroquí.
