La Secretaría de Integración Social de Bogotá denunció un grave caso de abuso cometido contra un joven de 16 años, perteneciente a la comunidad indígena Emberá Chami, quien fue sometido a un castigo conocido como el cepo en la Unidad de Protección Integral La Florida. Este castigo consiste en colocar al menor en una estructura de madera que inmoviliza las manos o los pies, dejándolos en esa posición durante varias horas.La denuncia fue presentada luego de que se conociera que el joven había sido sometido a este castigo, una práctica tradicionalmente utilizada en algunas comunidades, pero que en este caso fue aplicada en un contexto institucional que debiera proteger los derechos de los menores.La Secretaría activó de inmediato la ruta de prevención de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que incluyó informar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y presentar una denuncia formal ante la fiscalía general de la Nación.En su comunicado, la Secretaría destacó que, aunque las tradiciones culturales son un aspecto fundamental para las comunidades, los derechos de los menores deben prevalecer en cualquier circunstancia, especialmente cuando se trata de su integridad física y psicológica.“En este sentido la entidad rechaza estos hechos y reitera que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de especial protección, que sus derechos están por encima de los derechos culturales y colectivos de las comunidades étnicas y que seguirá denunciando ante la Fiscalía los hechos, en estricta observancia a su competencia y al deber de proteger a niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, señaló el comunicado de La Secretaría de Integración Social.
En la tarde de este jueves, 12 de diciembre, 37 familias Embera Chamí asentadas en Bogotá desde algunos años iniciarán su proceso de retorno hacia el municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda. La Unidad de Víctimas realizará el acompañamiento en el traslado, entregará kits de alimentación y hará giros para garantizar la sostenibilidad en el territorio."Las familias emprenderán su regreso en la tarde del jueves gracias a un proceso acelerado con la Unidad para las Víctimas y ligado a los principios de voluntariedad, y dignidad y seguridad que posibilitan este traslado y las acciones para hacerlo sostenible", señala la Unidad de Víctimas.Aproximadamente 39 familias del pueblo Emberá Chamí harán un proceso de integración a Bogotá."Mientras que la entidad continúa construyendo sostenibilidad en los territorios ancestrales para las más de 200 familias que salieron del Parque Nacional hacia el Alto Andágueda el pasado 8 de septiembre, también adelanta el retorno de El Buen Samaritano: de las 37 familias, 24 contarán con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas y 13 serán apoyadas por la Alcaldía Distrital de Bogotá. Se ha preparado un despliegue logístico que incluye tres buses, cada uno con una dupla de profesionales: un representante de la unidad y otro de la alcaldía", indicó la Unidad de Víctimas.
En horas de la noche de este miércoles, 4 de diciembre, autoridades reportaron problemas en el centro de Bogotá debido a al menos 35 indígenas de la comunidad Emberá Chamí que llegaron hasta el edificio San Diego ubicado en este sector de la ciudad.Frente a este edificio, los indígenas se tomaron el ingreso y salida de los funcionarios, según denunciaron desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. El motivo de la protesta, dicen, se debe a que el Gobierno nacional habría imcumplido algunos acuerdos que tenían, en especial el director de asuntos étnicos de la UARIVA, que, según denunciaron, rompió la mesa de diálogo e ignoró las peticiones. Es por esto que, por esa razón, llegaron hasta el edificio de la Unidad de Víctimas para permanecer al frente del sitio hasta que vuelvan a ser escuchados y aseguraron que se quedarán en la zona hasta que pueda reanudar todas estas conversaciones, que, hasta el momento, no tendrían respuesta del Gobierno nacional.Algunos ciudadanos, a través de redes, mostraron su inconformidad por esta situación y apoyaron las denuncias desde la Alcaldía de Bogotá. Piden que pronto se llegue a alguna solución y este sector sea nuevamente despejado.
Gracias a estos esfuerzos, las comunidades indígenas que se habían desplazado ahora regresan a sus territorios en Risaralda. El evento además, resalta la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y efectivos fundamentales para superar los desafíos que enfrentan las comunidades. "Hoy podemos decir que tenemos la victoria, en las cuales en la parte de territorio, salud, educación, vivienda, ICBF pudimos concertar directamente para que hoy los pueblos indigenas pudieran ir a sus territorios con una buena información. Para que ellos puedan dar una fortaleza de aliento a sus territorios, porque con un gobierno como el nuestro se que los pueblos indígenas pueden vivir durante la historia durante muchos años", afirmó Marco Fidel Guazarabe, consejero mayor de la regional de Risaralda.Al respecto, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, afirmó que estamos en un país plurinacional y, dada esta realidad, hay que propiciar diálogos profundos que lleven a acuerdos: "Aquí son bienvenidos los indígenas a la hora de reclamar sus derechos, bienvenidos los indígenas a la hora de establecer su dignidad. En la medida que haya respeto y reconocimiento a la tradición y autoridad de los pueblos, definitivamente, este país puede encontrar una salida distinta de reconocimiento a esa enorme nación que somos culturalmente ", puntualizó el funcionario.Los acuerdos se concretaron el día 29 de noviembre y son los siguientes: Mesa de Territorio y Tierras:• El retorno a sus territorios con todas las garantías.• El fortalecimiento del Programa de Acceso a Tierras, con compromisosdetallados para el 2024, 2025 y 2026.• Presentar ante el Consejo Directivo de la ANT, la constitución del ResguardoIndígena Embera Chami de Guática y la ampliación del Resguardo IndígenaKurmadó de Marsella, en la vigencia 2024.• La priorización, en la vigencia 2025, de tres procesos de formalización,incluyendo la ampliación de “El Gran Resguardo Unificado Embera Chami” en el municipio de Mistrató, conforme a los avances en los compromisos adquiridos.• La conformación de una Mesa Técnica entre el Gobierno y las comunidadesEmbera Chami y Embera Katío, para hacerle seguimiento a los acuerdos ya mencionados.Mesa de Educación, Salud y Vivienda:Educación:• Priorizar el proyecto CRIR para el año 2025 e iniciar el proceso de construcción de Proyectos Educativos Comunitarios con el Pueblo Embera de Risaralda.• Continuar con las visitas a las sedes educativas, completando las 15 visitas restantes en concertación con el CRIR.• Realizar capacitaciones para docentes indígenas, etnoeducadores y autoridades indígenas sobre el Decreto Legislativo 1345 de 2023.Salud:• Realizar una visita técnica y de reconocimiento en los territorios para identificar necesidades de infraestructura en salud y evaluar si es necesario construir nuevos centros de salud, mejorar y/o dotar los existentes en Risaralda.• Programar la asignación de recursos necesarios durante las vigencias 2025, 2026 y 2027 para conformar una red de atención integral en los municipios con presencia de la comunidad Embera.• Verificar y articular el funcionamiento de los 67 Equipos Básicos de Salud para atención primaria.• A partir de diciembre, se ampliará en 9 equipos de salud adicionales, en articulación con las ESE y líderes del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR).• Construir un proyecto que aborde la salud mental, sexual y reproductiva, con una asignación presupuestal proyectada de $500.000.000 para ser ejecutado durante la vigencia 2025.ICBF:• Integrar más familias Embera Chami y Embera Katío al programa de hogares sustitutos.• Trabajar de forma articulada para avanzar en la seguridad alimentaria.• Integrar las modalidades de proyectos de un sistema de cuidado comunitario.Vivienda:• Se asignará y ejecutará en la vigencia 2025, cincuenta mil millones de pesos ($50,000,000.000) para el mejoramiento de viviendas y construcción de viviendas nuevas a través de subsidios de autogestión y autoconstrucción.• Se creará un equipo técnico para junto con los delegados del CRIR definir los territorios que se priorizarán en la última semana de enero de 2025.Las negociaciones llevadas a cabo el 29 de noviembre de 2024 demuestran que es posible crear espacios de diálogo respetuoso entre el Gobierno y la población colombiana. Estos procesos de comunicación, que favorecen la escucha activa y el entendimiento mutuo, marcan un cambio significativo respecto a épocas pasadas.Un avance que refleja un paso hacia la reconciliación y el fortalecimiento de las relaciones entre las instituciones y las comunidades, generando un entorno más pacífico y colaborativo.
En las últimas horas, la Secretaría de Integración Social de Bogotá denunció ante la Fiscalía General de la Nación un nuevo caso de uso del cepo en la ciudad. Esta vez el hecho se produjo en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, donde se encuentra alojada la comunidad emberá.Según afirma la denuncia, el castigo del cepo fue implementado a seis menores de edad, que se encuentran entre los 11 y 14 años y que también hacen parte de ese grupo indígena. El Distrito afirmó que el vaso fue reportado el pasado 28 de noviembre, tras la ausencia de uno de los jóvenes en el Centro Amar.“Uno de los adolescentes fue reportado ausente del Centro Amar por parte del personal de Integración Social y, de acuerdo con la información recibida en la UPI La Rioja, se conoció que la razón era porque se encontraba en el cepo”, afirman desde la Secretaría de Integración Social.Tras lo anterior, y de manera inmediata, la entidad procedió a verificar la identidad de los niños y a denunciar ante la Fiscalía los delitos de violencia intrafamiliar y/o maltrato mediante restricción de libertad física. El caso también fue reportado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes evidenciaron que los jóvenes habían sido liberados y ya se encontraban en sus instituciones educativas.“Exhortamos a la población emberá que hace presencia en la UPI La Rioja a que se abstenga de implementar los métodos de castigo de la justicia tradicional, como es el uso del cepo, ya que su aplicación en dicho lugar no se ajusta a los criterios jurisprudenciales desarrollados por la Corte Constitucional (...) dicho predio es un bien fiscal del Distrito por lo que, como mínimo, no se cumple el factor territorial para la aplicación de la justicia tradicional indígena”, continúan desde el Distrito.Por último, la entidad rechazó estos hechos que ya son materia de investigación y aseguró que continuará denunciando ante la Fiscalía los hechos de violencia que ocurran contra los menores de edad.
El paso lunes llegaron a Bogotá casi 2.000 indígenas emberá, quienes han pedido una mejor distribución de la tierra y garantías en el acceso a salud y educación.El distrito ha pedido al Gobierno cumplir con los compromisos que asumió con las comunidades indígenas y desde la Unidad de Víctimas se refirieron en las últimas horas al tema.“Nos compete cumplir los derechos fundamentales, pero le compete a todos los gobernantes, a los nacionales, departamentales, municipales y locales. Ese es el verdadero cambio de la paz, que haya un lugar digno para que todo el mundo no tenga que ser desplazado, linchado, eliminado porque sea pobre o indígena o raizal, este es el país. Además de los retornos y reubicaciones está la integración, ¿quiénes deben adelantar la reintegración? Pues los gobiernos locales”, dijo Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas.Desde la Unidad de Víctimas están evaluando la posibilidad de tomar acciones legales frente a esta situación: “Hay acciones legales para obligar a las autoridades a cumplir con sus obligaciones, para eso existe la acción de cumplimiento y lo estamos evaluando, teniendo en cuenta que aquí hay responsabilidades compartidas”, dijo Néstor Osuna, quien es asesor del despacho de la directora de la Unidad para las Víctimas.También se evalúa la posibilidad de instaurar acciones legales contra quienes incurran en actos de racismo. “También hemos pensado que si es necesario, ojalá no, podemos acudir a vías penales específicamente estamos pensando en el delito de racismo y el delitos de hostigamiento”, dijo Osuna, quien señaló que las acciones se tomarían “hacia quien la esté cometiendo”.
Siguen los desafíos para el Distrito ante la presencia de la población indígena y campesina en Bogotá, que ya tiene tintes alarmantes. En diálogo con Mañanas Blu, Isabelita Mercado, consejera para las Víctimas de Bogotá, habló sobre la comunidad emberá en la ciudad, de los cuales, muchos aún se encuentran en refugios temporales y esperan la reubicación prometida. "El Distrito ha invertido más de 17 mil millones en atención a la población emberá en lo que va del año", afirmó Mercado, resaltando el compromiso económico a pesar de los incumplimientos de la Unidad de Víctimas en el traslado de las personas. Compromisos del GobiernoLo que resulta preocupante es la falta de avances en el cumplimiento de los acuerdos adquiridos. Mientras que algunos compromisos del distrito se han cumplido, la Unidad de Víctimas no ha logrado reubicar a las 130 personas que debería haber trasladado desde noviembre. "La población no es la que está protestando, pero hay un incumplimiento claro en otros frentes que necesitamos atender ya", añadió la doctora. Atención a los niños en riesgo Particularmente preocupante es la situación de más de 200 niños que se encuentran en las protestas. El Distrito está brindando apoyo en términos de salud y bienestar, pero Mercado señala que el ambiente de protestas no es adecuado para su desarrollo. "Necesitamos celeridad en la atención a estas familias y sobre todo a los niños", reiteró.En agosto más de 800 indígenas emberá retornaron a sus territorios desde Bogotá tras casi un año viviendo bajo carpas de plástico y precarias condiciones en el céntrico Parque Nacional para reivindicar las garantías de paz en sus tierras, de los que salieron debido al conflicto armado y la violencia. Escuche aquí la entrevista:
Continúa el lío entre el Distrito y el Gobierno nacional por la situación de la comunidad Emberá de Bogotá. A través de su cuenta de X, la consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación de la capital, Isabelita Mercado, negó que la Alcaldía se comprometiera a pagar los albergues de las 50 personas de ese resguardo indígena que permanecían en la ciudad desde hace meses.>>> Lea también: Gobierno asegura que no financió llegada ni estadía de indígenas emberá en BogotáEste trino responde a una publicación de la Unidad para las Víctimas en la que aseguraban que ellos se encontraban asumiendo, desde el pasado 8 de septiembre, el pago de los albergues de la comunidad Emberá.A todo lo anterior, la consejera Mercado reiteró que desde septiembre se han enviado tres oficios y 10 solicitudes de reunión para continuar con el seguimiento a los compromisos, pues los recursos del Distrito son limitados.“Como hemos reiterado en varias oportunidades, Bogotá no puede asumir el alojamiento de estas 130 personas después del 30 de noviembre. Les pedimos, respetuosa pero firmemente, que, de acuerdo con la Ley y los principios de subsidiariedad y concurrencia, sea la Unidad de Víctimas quien se haga cargo de su alojamiento”, finalizó Mercado.Toda esta situación se suma entonces a la incertidumbre por el futuro de los 1.700 indígenas Emberá que llegaron esta semana a Bogotá, desde Risaralda, para protestar en la Agencia Nacional de Tierras, y de los que aún no se tiene certeza sobre cuánto tiempo estarán en la ciudad.
En la noche del lunes, 25 de noviembre, llegaron a Bogotá casi 2.000 indígenas desde el departamento de Risaralda, pidiéndole al Gobierno una mejor distribución de la tierra y acceso a servicios de salud y educación.En las últimas horas, la Unidad de Víctimas aclaró que las autoridades del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) se han hecho responsables de su transporte y estadía en Bogotá.“La Unidad para las Víctimas se permite aclarar a la opinión pública que ningún rubro de esta entidad fue asignado para el traslado en buses desde Risaralda a la capital, o para la consecución de carpas, utensilios, entre otros enseres que componen el campamento. Tales aseveraciones o hipótesis carecen de sustento y son falsas. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece que la entidad solo brinda acompañamiento de transporte y traslado en los procesos de retornos a sus territorios, reubicaciones e integración local, bajo los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad”, señaló la entidad.Para la Unidad de Víctimas la llegada de la minga del CRIR a Bogotá es una oportunidad para contribuir a enfrentar los problemas estructurales que impiden generar condiciones de vida digna en sus territorios.Gobierno nacional incumplió compromiso de alojamiento transitorio para emberás en BogotáDesde la Consejería para la Paz y Víctimas de Bogotá enviaron una carta a Lilia Solano, directora de la Unidad para la Atención a las Víctimas del Gobierno nacional, en la que insisten en la importancia de cumplir con los acuerdos alcanzados antes del retorno y la salida de los indígenas emberá, quienes estuvieron cerca de un año asentados en el Parque Nacional.“Hoy consideramos que el proceso se ve amenazado por la incertidumbre y la falta de respuestas respecto al proceso de reubicación de las más de 130 personas alojadas transitoriamente en distintos albergues del Distrito", señaló Isabelita Mercado, consejera de Paz y Víctimas de Bogotá."El Distrito asumió el alojamiento transitorio de esta población con el compromiso de que la reubicación se daría a más tardar el 8 de noviembre. Este compromiso fue incumplido y, hasta el momento, no hemos recibido comunicación oficial sobre cuándo se dará el traslado, por parte de la entidad que usted dirige”, añadió la funcionaria.
Desde la Consejería para la Paz y Víctimas de Bogotá enviaron una carta a Lilia Solano, directora de la Unidad para la Atención a las Víctimas del Gobierno nacional, en la que insisten en la importancia de cumplir con los acuerdos alcanzados antes del retorno y la salida de los indígenas Emberá, quienes estuvieron cerca de un año asentados en el Parque Nacional.“Hoy consideramos que el proceso se ve amenazado por la incertidumbre y la falta de respuestas respecto al proceso de reubicación de las más de 130 personas alojadas transitoriamente en distintos albergues del Distrito", señaló Isabelita Mercado, consejera de Paz y Víctimas de Bogotá."El Distrito asumió el alojamiento transitorio de esta población con el compromiso de que la reubicación se daría a más tardar el 8 de noviembre. Este compromiso fue incumplido y, hasta el momento, no hemos recibido comunicación oficial sobre cuándo se dará el traslado, por parte de la entidad que usted dirige”, añadió la funcionaria. Este acuerdo se había logrado el pasado mes de septiembre, después de la salida de los indígenas. Por ello, el Distrito estuvo a cargo de este alojamiento temporal por dos meses, según lo pactado. Sin embargo, durante estos dos meses, han enviado oficios y comunicaciones alertando sobre la insuficiencia de recursos para atender a la comunidad hasta el mes de noviembre y solicitando que sea la Unidad, en el marco de la subsidiariedad y la ayuda humanitaria de emergencia, quien asuma los costos correspondientes al alojamiento transitorio mientras se materializan los procesos de reubicación. A la fecha, no han recibido una respuesta oficial y todas las reuniones solicitadas han sido canceladas o reprogramadas.Esta situación se suma a la incertidumbre por el futuro de los 1.700 indígenas Emberá que llegaron esta semana a Bogotá desde Risaralda, para protestar en la Agencia Nacional de Tierras y de quienes aún no se tiene certeza sobre cuánto tiempo estarán en la ciudad.
