Tras las afirmaciones de la compra de 8.000 hectáreas en Carmen de Atrato, Chocó, que no han podido ser documentadas y hacen parte de casi 50 folios ofertados a la ANT, Blu Radio conoció el documento en el que se aclara el porqué la agencia no podría adquirir los terrenos que hacen parte de la postulación de compras al entonces Incoder en el año 2017 solicitados por el resguardo indígena Wiwa Arzario de Campo Alegre.Dentro del documento, la ANT, confirma que los folios radicados en el 2017 se encuentran cerrados por un englobe realizado en el mismo año que prohíben la adquisición de los terrenos por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Por otro lado, se aclara que en el 2022 la ANT solicitó información para confirmar la procedencia y titulación de los terrenos para confirmar si son o no baldíos.“Los procedimientos de compra de la Agencia, tanto para campesinos como para comunidades étnicas, incluyen el análisis de viabilidades jurídicas, mediante el cual se determina la naturaleza de los precios para evitar comprar baldíos. Las viabilidades se adelantan en estricto apego al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Estas verificaciones se hacen para las ofertas presentadas en todas las regiones del país, sin excepción” menciona el documento.Ante esto, en el documento conocido por Blu Radio, se confirma que la Agencia Nacional de Tierras aún está en proceso de análisis técnico - jurídico para determinar la naturaleza de los predios para así evitar la compra de terrenos baldíos. Así mismo, fuentes confirman que una vez se conozca el resultado del estudio, el Estado decidirá si toma posesión de los terrenos para que queden bajo título de la Nación.
“Será el edificio más grande de la ciudad de Bogotá que estará ubicado en la calle 26 y que albergará al Invías, al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la Superintendencia y al Incoder”, dijo Vargas Lleras. El nuevo edificio se hará mediante Asociación Público Privada de iniciativa pública a partir del 2016, con una inversión estimada de $376 mil millones de pesos y estará destinado a oficinas de algunas entidades que se encuentran en el Centro Administrativo Nacional (CAN), así como comercio, servicios y espacio para atención ciudadana. La edificación será de tres torres de 16 pisos con un área de construcción de 102.000 metros cuadrados, según el cronograma de la Vicepresidencia se espera que este proyecto sea adjudicado a finales de 2016 de manera que las obras empiecen en el primer semestre de 2017 y la construcción esté finalizada en el segundo semestre de 2019 para albergar a los funcionarios de las cuatro entidades. “Al igual que el segundo gran edificio que estará localizado detrás del min hacienda y que tendrá como propósito recibir al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Justicia y nos ha manifestado el alcalde en trasladar la Alcaldía", agregó Vargas Lleras.
Para analizar cómo es el proceso, se tomó como ejemplo las 3 mil hectáreas ubicadas en el municipio del Peñol, en el sur de Bolívar, específicamente en la Hacienda Las Pavas que se encuentra en litigio entre unos particulares que dicen tener derechos sobre la propiedad y unas familias campesinas que dicen haber explotados los predios y tener el derecho a que el Estado les reconozca esos predios que en últimas son bienes de la nación. “El Estado ha recuperado unos predios para su patrimonio pero no puede disponer de ellos”, comentó el abogado. Agregó además que quien debe defender los intereses del Estado es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (incoder). Finalmente llamó la atención para que el Estado se busque la preparación técnica y defienda los bienes que hacen parte del patrimonio nacional y este no quede en manos de propietarios privados. “Hago un llamado de atención para que el Estado colombiano defienda los actos administrativos y diseñe una defensa técnica que pueda garantizar que el patrimonio quede en el Estado”, puntualizó García.
