Durante el debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, denunció que están detectados un grupo de personas que están extorsionando y tratando de influir en el debate electoral del próximo 29 de octubre en el municipio de Tuluá.El tema central fue la seguridad nacional de cara a las elecciones del 29 de octubre y en ella el jefe de la cartera de la política, Luis Fernando Velasco, reconoció que si hay problemas de orden público en algunas zonas del país y en ella denunció que el municipio de Tuluá está siendo víctima de extorsión entre otros delitos.“Lo que está ocurriendo en Tuluá es inadmisible, unos señores desde una cárcel, aterrorizando a toda una ciudad y tratando de influir en el debate electoral. Los tenemos detectados, sabemos quiénes son, incluso con el Inpec tratamos de moverlos a veces hay reacciones complejas, porque por amparos Constitucionales no los devuelven a cárceles donde pueden seguir extorsionando”, explicó el ministro del Interior Luis Fernando Velasco.Según el ministro del Interior, muestra de loa violencia fue lo ocurrido en las últimas horas en dicho municipio, en donde fue baleada la casa de una de las colaboradoras de una de las campañas del municipio del Valle del Cauca.“Ayer fue baleada la casa de una de las colaboradores de una campaña porque se han enfocado contra una campaña y es evidente y quiero decirlo aquí. No vamos a dejar sola la democracia en Tuluá vamos acompañar sabemos quién está amenazando, sabemos quién está actuando y evidentemente le han declarado la guerra al Gobierno y se lo vamos a responder. No podemos dejar sola a la gente de Tuluá, pero por qué hablo de esto, porque evidentemente no es inacción, si no que enfrentar una serie de amenazas con oficinas en algunos lugares en donde tristemente sector. Ahorita la población hace unos años dejaron que entrara, voltearon a ver para otro lado y mire hoy los problemas que tenemos, la sociedad tiene que ser ser cero tolerante con estas organizaciones criminales”, indicó el ministro Velasco.Esto concuerda por lo dicho por la Defensoría del Pueblo en la que advirtió que el proceso electoral en el Valle del Cauca estaría en riesgo en municipios como Trujillo, Cali, Jamundí, Tuluá, Florida, El Cerrito y Buga.Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Instituto Nacional penitenciario y Carcelario, INPEC, y a la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, para que, a la mayor brevedad, tomen las acciones pertinentes para que las cárceles cumplan con las normas técnicas de seguridad contra incendios.El llamado es a raíz de la tragedia ocurrida el pasado 27 de junio de 2022 en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, que cobró la vida de 54 personas privadas de la libertad, debido a este accidente la Entidad inició una acción preventiva para evitar que casos como estos no se repitan en otros centros penitenciarios.Según la Procuraduría, se encontró que en varios penales existe ausencia de un sistema de aspersión para emergencias dentro de las instalaciones, carencia de puntos fijos para toma de agua como hidratantes y serias dificultades para realizar una evacuación en caso de emergencia.Asimismo, el Ministerio Público advirtió que son estrechos los corredores de las penitenciarías en casos de emergencia, también se tienen problemas de ventilación y las cárceles del país cuentan con tan sólo 46 extintores, cantidad que serían insuficientes para la procuraduría frente a lo estipulado por la norma técnica.“Después de los lamentables hechos ocurridos el 27 de junio en la cárcel de Tuluá en la que lamentablemente fallecieron 54 personas, desde la Procuraduría General de la Nación nos permitimos compartir los siguientes hallazgos: primero, las normas técnicas contra incendios que obligan a que las cárceles cuenten con sistemas de aspersión, puntos fijos de agua y extintores para atender cualquier emergencia no se estaba cumpliendo… En consecuencia, hacemos un llamado al Inpec y al Uspec para que a la mayor brevedad tomen las acciones pertinentes para que nuestras cárceles colombianas cumplan con las normas técnicas anti incendios”, señaló, Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado para los derechos humanos.Le puede interesar:
En una visita sorpresa de la Defensoría del Pueblo a la cárcel de Tuluá, donde el pasado 28 de junio una pelea entre dos capos del pabellón 8 terminó en un voraz incendio, que dejó la muerte de 57 personas .A pesar de que ha transcurrido más de un mes de la tragedia, el penal todavía no cuenta con una red de prevención contra incendios, es decir que en esas condiciones de infraestructura, podría nuevamente registrarse una tragedia.El defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, se refirió a las precarias medidas de emergencia con las que cuenta la cárcel de Tuluá: "Nuestro equipo de delegados pudo constatar que todavía no se han tomado las medidas de prevención y emergencia para enfrentar una situación como la ocurrida el pasado 28 de junio. Llamamos la atención a las autoridades porque no se observa una red de prevención contra incendios al interior de este centro penitenciario. Esto resulta inaudito", afirmó.La Defensoría señaló que aún persisten las condiciones de hacinamiento cercanas al 24% dentro del centro de reclusión y que persisten las demoras en el trasladado de varios reclusos que habrían sido reubicados a diferentes cárceles de la región tras el incendio. Escuche más noticias:
En la madrugada del 28 de junio en la cárcel de Tuluá se presentó un incendio en el pabellón ocho, en el cual murieron 56 personas y cinco más aún están hospitalizadas debido a las lesiones.La Defensoría del Pueblo estuvo haciendo una visita a la cárcel y posteriormente anunciaron que no se han tomado medidas de prevención para que se puedan prevenir situaciones como la ocurrida ese día.“Durante la visita llamamos la atención a las autoridades en cabeza de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, porque no se observa una red de prevención contra incendios al interior del centro penitenciario”, explicó Carlos Camargo, defensor del Pueblo.Le puede interesar:Asimismo se evidenció que en la cárcel hay un hacinamiento de hasta el 24%, lo que dificulta el acceso a condiciones dignas de salud de quienes se encuentran privados de la libertad.“Los representantes de derechos humanos de los diferentes patios manifestaron preocupaciones por los traslados que estaban pendientes dado un brote de varicela que hubo en el patio 10, y por la terminación del servicio de farmacia al interior del establecimiento a partir del 2 de agosto”, explicó Camargo.En el mismo sentido explicaron que la cárcel no tiene un cronograma de valoración médica para los detenidos, ni seguimiento a los tratamientos médicos, pues hay casos en que las citas con los especialistas se están demorando hasta tres meses.“Desde La Defensoría insistimos en la necesidad de un trato digno y conforme a los derechos humanos para las personas sindicadas y condenadas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios del Valle del Cauca”: fue el llamado de la entidad.Escuche el podcast El Camerino:
John Anderson Coque, de 32 años, se convirtió en la víctima número 57 de la tragedia del patio 8 de la cárcel de Tuluá, registrada hace exactamente un mes, aquel 28 junio cuando una pelea entre dos capos del pabellón, desencadenó el voraz incendio al prender fuego a los colchones.El hombre fue una de las 27 personas que resultaron heridas y permanecía recibiendo atención médica en la unidad de cuidado intensivo del hospital Tomás Uribe de ese municipio, tras presentar problemas respiratorios por la inhalación de humo y gases.La familia del hombre, a través de su defensa, asegura que adelantan un proceso legal en contra del Inpec y el Ministerio de Justicia, por su presunta negligencia no solo por los niveles de hacinamiento que presentaba el penal, si no en la actuación por parte de los guardianes a la hora de evacuar a los privados de la libertad durante el incendio.En centros médicos de Tuluá y Cali permanecen cuatro reclusos en hospitalización y uno más en UCI.Escuche más de los podcast de Blu Radio aquí:
Le Juan David Ceballos, de 23 años, se convierte en la víctima número 56 de la tragedia del patio 8 de la cárcel de Tuluá, registrada el pasado 28 junio cuando una pelea entre dos capos del pabellón desencadenó el voraz incendio al prender fuego a los colchones.El joven fue una de las 27 personas que resultaron heridas y permanecía recibiendo atención médica en el hospital Tomás Uribe de ese municipio, tras presentar problemas respiratorios por la inhalación de humo gases."Falleció otro paciente víctima del incendio de la cárcel. Se trata de Juan David Ceballos a consecuencia de problemas respiratorios después de la inhalación de humos dañinos", dijo a BLU Radio María Cristina Lesmes, secretaria de Salud departamental.La familia del hombre, a través de su abogado, Jhonathan Velázquez, asegura que adelantan un proceso legal en contra del Inpec y el Ministerio de Justicia por su presunta negligencia, no solo por los niveles de hacinamiento que presentaba el penal, sino en la actuación por parte de los guardianes a la hora de evacuar a los privados de la libertad durante el incendio."Fue trasladado a piso varias veces a piso por una aparente evolución, fue remitido a la ciudad de Cali para la realización de una resonancia magnética en su cerebro y arrojó secuelas neurológicas, trauma craneoencefálico y problemas de desnutrición severa. Después de luchar por su vida, pierde la vida", manifestó el representante legal de la firma Legal Gruop.En centros médicos de Tuluá y Cali permanecen cuatro reclusos hospitalizados y dos en unidades de cuidado intensivo.Le puede interesar:
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que ya iniciaron con el traslado y la reubicación de presos que se encuentran recluidos, bajo condiciones de hacinamiento, en el CAI de Aguaclara, luego de la tutela impuesta por la Personería de Tuluá.Lo que exigía puntualmente la mencionada tutela era el traslado inmediato de 110 presos que se encuentran hacinados en el CAI de Aguaclara en condiciones de salubridad e infraestructuras precarias, similares a las del centro penitenciario donde ocurrió el incendio el pasado 28 de junio con un saldo de 55 fallecidos.El ministro aseguró que la dirección del Inpec ya inició el traslado y reubicación de 44 detenidos en el CAI: "El general Tito Castellanos me confirmó que 31 mujeres y 13 hombres fueron reubicados en diferentes penales a nivel regional. Se está estudiando la posibilidad que, además, el Inpec pueda ubicarlos en sitios cercanos a su lugar de origen para estar más cerca de sus familias", señaló.Lea también:Sin embargo, la tutela interpuesta por el Juzgado Segundo del Circuito de Tuluá involucra también una respuesta del director del Inpec, el cual, únicamente ha sido notificado de la decisión, pero no se ha pronunciado al respecto.Los organismos de derechos humanos todavía tienen la lupa puesta encima en la crisis carcelaria de hacinamiento en Colombia ya que hay 98.000 presos recluidos en espacios con capacidad para 82.000 personas.Escuche más noticias:
Familiares de las víctimas del incendio registrado en el patio ocho de la cárcel de Tuluá el pasado 28 de junio, anunciaron que adelantan acciones legales contra el Inpec y el Ministerio de Justicia.El detonante para que adelanten las mencionadas acciones legales, fue la muerte de Jhojan Orlando Arenas, de 20 años, víctima número 55 del incendio por el cual ya adelantan proceso de una demanda de reparación directa por la presunta responsabilidad administrativa y patrimonial de las mencionadas entidades, al no salvaguardar la vida de los reclusos que se encontraban en dicho pabellón. "Hemos adelantado la representación de víctimas ante la Fiscalía para que penalmente se investiguen las conductas por acción y omisión que puedan ser constitutivas en el delito en este grave hecho que deja 55 personas fallecidas. Hasta el momento no tenemos respuesta por parte del Inpec y ninguna de las entidades, el proceso se encuentra en fase investigativa", indicó a Blu Radio Jonathan Velásquez, abogado de las familias."Estamos recaudando toda la información correspondiente y será la justicia penal la que defina la responsabilidad de cada uno de los actores y la responsabilidad patrimonial y administrativa del Estado en esta lamentable tragedia", añadió Velásquez.Lea también:Qué detonó el incendio en la cárcel de Tuluá.Dos capos del patio en medio de una riña, habrían detonado la emergencia al prender fuego a los colchones. Sin embargo, el presidente de la firma Legal Group, explicó que precisamente el material de esos elementos, además de otros hallazgos, fueron parte de los detonantes para que la conflagración se saliera de control. "La Procuraduría, en un informe preliminar al lugar de los hechos, da cuenta que los extintores se encontraban en malas condiciones de funcionamiento, es decir que para el momento del incendio, los extintores no pudieron ser operados, que esta estructura, que data del año 1972, no contaba con un sistema contraincendios y que, al interior de la misma, se hallaron colchonetas inflamables que la norma prohíbe", agregó Velásquez. Siete privados de la libertad permanecen en unidades de cuidado intensivo (UCI), cuatro en unidad de quemados y tres en hospitalización de centros médicos de Tuluá y Cali.Escuche el podcast Sin Tabú:
A 55 se elevó el número de víctimas mortales producto del incendio en la cárcel de Tuluá que se presentó el pasado 28 de junio.Se trata de Johan Arenas Vallejo, de 20 años, quien falleció en el hospital Tomás Uribe de Tuluá, donde médicos luchaban por salvarle la vida tras permanecer en UCI desde el día de la emergencia.“A las 6:45 de la noche falleció esta persona que tenía 20 años y estaba hospitalizado por los efectos tóxicos y los gases, humo y vapores”, señaló María Cristina Lesmes, secretaria de salud del Valle.Lea también:“Nosotros hicimos visita al hospital y de esas personas recluidas habían 4 con pronóstico reservado y los otros en proceso de recuperación”, señaló, por su parte, el personero delegado para los Derechos Humanos de Tuluá, Martín Hincapié.En hospitales y clínicas de Cali y en Tuluá continúan recibiendo atención médica otros 20 reclusos. Mientras tanto, la secretaría de Salud explica que hay algunas de estas personas en un estado muy grave, pues según reporta la funcionaria, 12 personas más permanecen en UCI.Escuche más noticias:
Hay preocupación en el municipio de Tuluá luego de que algunos panfletos estuvieran rondando en las instalaciones del Inpec. Según este documento se afirma que declaran objetivo militar a los guardianes que participaron en la muerte de 54 internos de la cárcel. "Ese panfleto anda rondando. El director de cárcel de Tuluá también fue amenazado. Estamos muy pendientes de esta situación, ya que esto también quiere generar temor en la población", expresó Martín hincapié, personero delegado para los derechos humanos de Tuluá. Le dan un plazo de 72 horas para que abandonen este municipio, porque en cualquier momento pueden atentar contra sus vidas. Además, en este panfleto también expresaron que sabían donde vivían el 80% de la guardia y de sus familiares, a quienes también van a tomar acciones militares en su contra. Según el personero de Tuluá, esto también se debe a que muchos de los presos serán trasladados a diferentes cárceles. Se investiga en estos momentos quiénes estarían detrás de estas amenazas.Escuche La Caja de los Comics:
