Un nuevo capítulo empezó a escribirse en la novela sobre las acciones de la Triple A, esta vez por cuenta de una ciudadana barranquillera y ocho accionistas tipo B de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo que radicaron en Bogotá una tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales.Según la tutela, la Fiscalía "violó el debido proceso" al aplicar extinción de dominio sobre el 82 % de las acciones que poseía Inassa en la compañía de servicios públicos, por lo tanto, piden que se suspenda este proceso y que el caso pase a manos de la Superintendencia de Sociedades."La Fiscalía General de la Nación no debió aplicar la extinción de dominio o las medidas cautelares porque no era competencia de ella, sino de la Supersociedades, que es el juez natural del problema Triple A", manifestó el accionista minoritario Hernando Acuña, uno de los firmantes de la tutela.Así las cosas, entre las pretensiones de la tutela está “que se ordene a la SAE no disponer de las acciones cauteladas como consecuencia de la suspensión del proceso de extinción de dominio”.Los accionistas insisten en la tutela que "es una extralimitación de la Fiscalía aplicar extinción de dominio a las acciones de Inassa cuando la actividad ilícita recae sobre un contrato de orden civil celebrado consensualmente entre las partes"."En los estatutos de la Triple A se determinó que las diferencias se dirimían en derecho en sede de tribunales de arbitramento, hecho que desconoció la Fiscalía", se lee renglón seguido.Los accionistas interpusieron la tutela en Bogotá, al considerar que "Barranquilla no brinda confianza en su rama judicial". Por reparto, el documento llegó al juzgado 36 penal del circuito de la capital y se espera que en los próximos días el despacho defina si es admitida, o no.
Inassa, entidad filial de la empresa pública española Canal Isabel II, emitió un comunicado de prensa en el que dan a conocer “su preocupación e inconformidad" con el poco avance que ha tenido el proceso legal, abierto en su contra. También instó a las autoridades para que aceleren el trámite ya que su prolongación va en contravía de los intereses de la ciudadanía.Señalan que las declaraciones de funcionarios públicos hablando sobre el proceso de extinción de dominio en contra de Inassa atentan en contra de la legalidad de este.En la comunicación también se refiere a situación financiera de Triple A. Aseguran que los estados financieros que se han aprobado en los dos últimos años “no reflejan la situación real de la empresa, caracterizada por la falta de tesorería y liquidez para hacer frente a sus compromisos de inversión y mantener los estándares de servicio que se tenían cuando era administrada por la propia Inassa”.También señalan "que se ha conocido que la Sociedad de Activos Especiales, que hoy administra a Triple A, ha aprobado este año, con el apoyo del Distrito, la distribución de las reservas voluntarias (no de las utilidades del 2020), por importe de más de 38.000 millones de pesos, de los cuales, la mayor parte irán a favor de la SAE""Con ello se evidencia la descapitalización de la empresa, cuando estos fondos se han debido dedicar a mejorar el deficiente servicio y a realizar nuevas inversiones", añaden.Sobre esta comunicación aún no habido pronunciamiento alguno por parte de la SAE, mientras que las directivas de la Triple A están analizando el documento para decir se darán una respuesta oficial.
Once implicados en el caso Inassa recibieron la noticia de que no tendrán medida de aseguramiento y tampoco prohibición para salir del país. Lo anterior luego de que la Fiscalía 42 de la unidad delegada ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá, determinara anular esta solicitud hecha por el fiscal de primera instancia.La razón de esta decisión se fundamenta en que la titular de este despacho, en un oficio fechado el pasado 19 de diciembre, aseguró que la Fiscalía Quinta Delegada ante los jueces penales, que solicitó medida de aseguramientos no privativa de la libertad y prohibición de salida del país contra los implicados, no tenía competencias para conocer el caso.Lea también: Inassa continúa con el 82% de las acciones en la Triple AA raíz de esta decisión, se beneficiaron Alberto Muguiro Eulate, Germán Sanabria Huyke, Carlos Roca García, Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Araiza Duque, Ramón Navarro Pereira, Ramón Heraclio Hemer Redondo, Luis Alberto Nicolella de Caro, Francisco Javier Malia Baro y Edmundo Rodríguez Sobrino.El caso Inassa es uno de los escándalos de corrupción más grandes del país en el que se investiga como se desviaron dineros públicos de la ciudad que debían ir al mejoramiento del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla operado por Triple A.
El Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla, negó la acción popular, interpuesta por un particular, que buscaba anular el contrato de las acciones suscrito entre Inassa y el Distrito en 1991.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.Es así como la firma española conserva el 82% de las acciones en la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, luego de esta nueva decisión en el que la juez del caso decretó como “cosa juzgada” dicha demanda.Lea también: Fiscalía imputó cargos a expresidente de Inassa por corrupción en Triple AAdemás, consideró que el accionante no entregó los elementos de juicio necesarios para determinar la violación de los derechos colectivos invocados por el actor en la acción popular.En el fallo, también se negaron las pretensiones de la demanda y el reconocimiento del incentivo económico previsto a la parte actora por considerarse improcedentes.Le puede interesar: Fiscalía pide a juez iniciar extinción de dominio de acciones de Inassa en Triple ADebido a que el recurso fue presentado antes de que la Triple A fuera intervenida por la Fiscalía, el fallo no guarda relación con el proceso de extinción de dominio que ordenó el embargo y secuestro de las acciones de Inassa y también es independiente del juicio por el desfalco de Ramón Navarro durante su administración como gerente de la Triple A.
Durante la audiencia de imputación de cargos en contra del expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez, el exdirectivo fue imputado por la Fiscalía colombiana como presunto coautor, en el caso de corrupción presentado en la empresa Triple A, comentiendo delitos como enriquecimiento ilícito a favor de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado."Abusando de sus funciones como presidente ejecutivo de Inassa S.A. y de común acuerdo con directivos de la empresa Triple A, Edmundo Rodríguez dispuso de manera irregular de los bienes de la empresa de servicios para beneficiar a Inassa entre los años 2012 y 2015. Además, en ese mismo periodo, se apropió de más de 29.900 millones de pesos", explicó el delegado de la fiscalía 38 de la unidad especializada contra la corrupción de Bogotá, quien lleva este caso.Lea también: Senador Robledo califica de cínica propuesta de acuerdo de Inassa Lo anterior, "a través de distintas modalidades como el pago de 54 órdenes de pedido ficticias a nombre de la empresa Recaudos y Tributos, filial de Inassa, por la suma de 23.000 millones de pesos. También, a través del pago de cuatro contratos de consultoría simulados por un valor 4.500 millones de pesos, y de otras nueve órdenes de pedido a nombre de la empresa Iarco Ltda, representada por Héctor Amarís, con facturas de servicio de transporte no prestados por valor de 1.300 millones de pesos", explicó el delegado.No se presentó a la audiencia El expresidente de Inassa, el español Edmundo Rodríguez Sobrino, no se presentó este jueves a la audiencia virtual de imputación de cargos por el sonado caso de corrupción en la empresa de servicios barranquillera Triple A, a pesar de haber sido requerida su presencia por la Fiscalía en la sede del consulado colombiano en Madrid.En su nombre, Rodríguez Sobrino envió a su abogado, German Mauricio Marín, y una carta que leyó su representante al inicio de la diligencia. En la carta, Edmundo Rodríguez afirma que, tal como lo hizo en audiencia de interrogatorio en 2018, ratifica su intención de colaborar con las autoridades colombianas y comparecer en este caso, pero que decidió no responder la citación porque considera que ya en España se está llevando un proceso en su contra con base en los mismos hechos.Asimismo, agregó, la justicia colombiana no hizo la solicitud de esta audiencia ante el Ministerio de Justicia de España, que es el país desde donde, según él, debe comparecer. Lea también: Imputarán cargos contra expresidente de Inassa por presunta corrupción en Triple A Sin embargo, la Fiscalía lo consideró como una actitud renuente de Rodríguez Sobrino, mientras que el representante del Ministerio Público lo catalogó como una posible maniobra dilatoria, y en este sentido pidieron que continuara la audiencia.El juez, tras escuchar a las partes, también consideró que la audiencia debía realizarse y así lo decidió, pues, a su juicio, si bien Rodríguez Sobrino debía comparecer en España, la cita era en el consulado colombiano, que es territorio nacional. No obstante, al final, una vez imputado, el juez le dejó abierta la posibilidad a Rodríguez Sobrino para que se allane o no a los cargos y llegue acuerdos con la justicia colombiana.
En el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla se realizará este jueves, de manera virtual, la audiencia de imputación de cargos contra el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, en el marco de la investigación por la presunta corrupción en la empresa de servicios públicos Triple A de Barranquilla.Lea también: Procuraduría aclara que no hay acuerdos con InassaRodríguez Sobrino deberá comparecer desde la sede del consulado de Colombia en Madrid, según la solicitud de la Fiscalía 38 de la Unidad Especializada Contra la Corrupción de Bogotá.Lea también: Senador Robledo califica de cínica propuesta de acuerdo de InassaEl expresidente de Inassa, empresa española propietaria de la mayoría accionaria de Triple A, es investigado por el presunto desvío de unos 80 millones de dólares por una asistencia técnica de Inassa que no habría recibido la compañía de servicios barranquillera.Los cargos que se le imputarán son enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. El caso será llevado por un juez penal municipal con funciones de control de garantías.
El congresista del Polo Democrático Jorge Robledo señaló que los representantes de Inassa actúan con cinismo al presentar a la Procuraduría General de la Nación una oferta de "solución integral". La propuesta de la compañía española, contenida en un documento de “pacto de cumplimiento”, plantea realizar inversiones por 175 mil millones de pesos para que se retiren las demandas en su contra y se frene el proceso de extinción de dominio de más del 82 por ciento de las acciones que poseía en la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla. Lea también: Procuraduría aclara que no hay acuerdos con Inassa “O sea, la empresa se la van a devolver a estos señoritos como si nada hubiera pasado, en una actitud como de extorsionistas. El contrato al que estos personajes aspiran es leonino contra el interés de Barranquilla y el Atlántico, pero, además, es descarado, cínico”, expresó el senador. Por su parte, la Procuraduría ha dicho que, si bien revisará el documento enviado por Inassa, garantiza que esta propuesta “no podrá impedir, dilatar o entorpecer las investigaciones en contra de los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción en la empresa Triple A”.
La Procuraduría aclaró qu,e en este momento, no existen acuerdos con la compañía Inassa tras irregularidades detectadas en la Triple A, empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, investigada por presunta corrupción.La compañía española Inassa, investigada por corrupción, hizo llegar a la Procuraduría una oferta de "solución integral" en la que plantea realizar inversiones por 175 mil millones de pesos para que se retiren las demandas en su contra y se frene el proceso de extinción de dominio del 82 por ciento de las acciones que poseía en la empresa Triple A.Sin embargo, en las últimas horas, el ente de control emitió un comunicado en el que aclara que “no existe ninguna conciliación en curso con Inassa ni tampoco un principio de acuerdo para la firma de un pacto de cumplimiento, que ponga fin a la acción popular interpuesta en defensa al patrimonio público en la Triple A”.Lea también: Extinción de dominio a Inassa es una medida lógica: defensores patrimonio de BarranquillaSi bien la Procuraduría afirma que revisará el documento enviado por Inassa, garantiza que esta propuesta “no podrá impedir, dilatar o entorpecer las investigaciones en contra de los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción en la empresa Triple A”. Entre tanto, el próximo martes en el Congreso habrá un debate de control político a la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Barranquilla. Precisamente, para tratar la investigación por corrupción administrativa que allí se adelanta.Vale recordar que Inassa es una filial de la empresa estatal española Canal de Isabel II, y fue precisamente en ese país donde se iniciaron las investigaciones por este caso de presunta corrupción transnacional, que ya deja varios capturados a lado y lado del océano.
El comité de defensores del patrimonio público de Barranquilla consideró que “es una decisión lógica” la que tomó el ente de control, que radicó ante un juez la demanda de extinción de dominio de las acciones de la empresa española Inassa en la compañía Triple A. Los defensores afirman que estos presuntos hechos de corrupción estarían atentando contra Barranquilla hace mucho tiempo y que las acciones embargadas deben ser retomadas por la administración Distrital. Lea también: Fiscalía pide a juez iniciar extinción de dominio de acciones de Inassa en Triple A “Este 82 % de las acciones son las que se deben revertir a favor del Distrito y de los socios minoritarios. Nosotros consideramos que la concesión de Triple A no debe ir más y esta es una forma de liquidarla. Además, se deben llevar a cabo todas las investigaciones sobre los desfalcos que se han dado”, expresó Norman Alarcón, dirigente cívico. Entre tanto, Hernando Acuña, socio minoritario de Triple A, recordó que la atención no solo se debe centrar en el embargo de las acciones de Inassa, sino también “en la investigación sobre los más de 40 mil millones de pesos que le sustrajeron a la Triple A y en el futuro que le espera a la compañía en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”. Lea también: Procuraduría inhabilita a exgerentes de Triple A por corrupción con Inassa “La empresa va a seguir sufriendo, porque está en manos de la SAE, una entidad que no la va a respaldar financieramente y va a echar al traste los servicios públicos”, manifestó.
A través de un oficio con fecha de este jueves, la Fiscalía General de la Nación le solicitó al juez penal del circuito especializado del derecho de dominio que inicie el proceso de embargo sobre las acciones de la empresa española Inassa en la compañía Triple A S.A, E.S.P. Dicho proceso inició en el mes de octubre de 2018 por presuntas irregularidades en contratos, en su momento el ente acusador avaluó esas acciones en $200 mil millones. Según lo establecido, este jueves era el último día en el que se podía iniciar la demanda de extinción de dominio. De no haberse hecho, las acciones hubiesen podido regresar a la compañía española. Vea también: Día definitivo contra exdirectivos de Triple A por contratos con Inassa En su momento, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señaló que la compañía fue saqueada desde el año 2000 y que, además, no se cumplió del todo el contrato de asistencia técnica con Inassa. También se conoció que los trabajos de planeación fueron realizados por Triple A y que esa compañía le giraba $226 mil millones a Inassa mediante cuentas directas. Por estos hechos, la Fiscalía dictó “medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra los exgerentes de Triple A Ramón Navarro, Francisco Olmos, Luis Fernando Arboleda, y de Inassa, Germán Sarabia".
El Gobierno nacional anunció su intención de renegociar cláusulas específicas en algunos tratados internacionales que afectan las inversiones extranjeras en el país. Esta decisión, según lo explicado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, busca reafirmar la soberanía nacional y evitar que controversias entre empresas y el Estado sean dirimidas por tribunales internacionales de arbitraje, considerados por el Gobierno como desfavorables para los intereses nacionales.En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Reyes señaló que esta iniciativa no pretende desincentivar la inversión extranjera, sino establecer condiciones más equilibradas para todas las partes. “Lo que estamos haciendo es renegociar unos cuantos artículos en algunos tratados. Esto se puede lograr sin afectar las posibilidades de inversión en Colombia”, afirmó.El ministro destacó que muchos acuerdos bilaterales de inversión firmados por el país en el pasado otorgaron “prerrogativas muy importantes” a las empresas extranjeras, lo cual podría generar desventajas para Colombia. Retirar a Colombia del CIADIEl ministro Luis Carlos Reyes explicó que la decisión de retirar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está en evaluación, en línea con la directriz del presidente Petro de renegociar las cláusulas desfavorables en tratados internacionales.“Cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos no son retroactivos. […] Uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Si, eso es, y eso es lo que queremos hacer”, dijo.En cuanto a las alternativas para resolver disputas entre empresas extranjeras y el Estado colombiano, el ministro planteó que estas podrían dirimirse en tribunales nacionales, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos y la Unión Europea. “Entre EE.UU. y la Unión Europea, las disputas se resuelven en las cortes de cada país, respetando su soberanía. Aquí también podemos adoptar un modelo similar sin afectar la inversión extranjera”, aseguró.De acuerdo con Reyes, muchos países ya invierten en Colombia sin depender de mecanismos como el CIADI, lo que demuestra que es posible atraer capital bajo otras condiciones. “Queremos que las inversiones lleguen, pero en términos que respeten la justicia soberana y sean equitativos para todas las partes”, concluyó.Críticas a los tribunales de arbitraje internacionalesEl fallo reciente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra de Colombia por $380 millones a favor de la empresa española Telefónica fue uno de los detonantes de esta revisión. El presidente Petro calificó estos tribunales como “una justicia al servicio del socio”, en referencia a cómo algunas decisiones parecen favorecer sistemáticamente al capital extranjero.El ministro Reyes respaldó esta posición al subrayar que “la justicia debe estar en manos de los estados soberanos, no en las de tribunales privados. Una justicia que favorezca sistemáticamente al capital por encima de los intereses nacionales no puede ser considerada justa”.Sin embargo, el ministro también admitió que el problema no se limita al caso puntual de Telefónica ni al CIADI, sino a un análisis más amplio sobre la imparcialidad de estos mecanismos internacionales: “Es un balance general. No es por un fallo específico, sino porque creemos que estas instancias no siempre favorecen las condiciones óptimas para el país”.Impacto en la inversión extranjeraUno de los argumentos recurrentes contra la salida de Colombia de los tribunales de arbitraje internacionales es el posible desincentivo a la inversión extranjera. Ante esto, Reyes insistió en que no todos los países dependen de estos mecanismos para atraer capital. Citó como ejemplo la relación comercial con la Unión Europea, donde no existen cláusulas específicas de arbitraje en el tratado de libre comercio.“El hecho de que no contemos con estos tribunales no significa que la inversión extranjera desaparezca. Muchos países invierten en Colombia sin depender de ellos. Lo que queremos es establecer un modelo más justo y transparente”, argumentó.Además, el ministro adelantó que el gobierno ya está explorando opciones para sustituir estos mecanismos en caso de avanzar con la retirada. “Hay todo un rango de posibilidades. Las disputas podrían resolverse en los tribunales nacionales, como sucede en otras naciones”, señaló.¿Renegociar los TLC?Reyes reconoció que renegociar cláusulas en tratados internacionales no es un proceso sencillo y que requiere el consenso de las partes involucradas. Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de dialogar con socios comerciales clave, incluyendo a Estados Unidos.“Creo que incluso con gobiernos como el de Donald Trump se pueden encontrar puntos de coincidencia. Muchos tratados firmados en los años 90 no están en condiciones óptimas ni para nosotros ni para ellos. Podría ser una oportunidad para revisar estos acuerdos en beneficio mutuo”, indicó.El ministro concluyó reiterando el compromiso del gobierno con la justicia y la soberanía nacional. Según Reyes, esta revisión no se basa únicamente en un fallo adverso, sino en la necesidad de establecer relaciones más justas en un escenario global. “No es cierto que tengamos que aceptar cualquier condición para atraer inversión. Queremos inversión, pero bajo términos que sean justos para todos”, puntualizó.La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política económica y comercial de Colombia, donde la búsqueda de equilibrios entre inversión extranjera y soberanía nacional será el eje central.
Momentos de pánico vivieron habitantes del barrio Viento Libre, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, luego de que un voraz incendio arrasara con al menos 27 viviendas del sector.Ómar Fernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de esa población nariñense, dijo a Blu Radio que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la conflagración se habría originado luego de que una menor de edad encendiera una veladora.Fernández añadió que, al parecer, el descuido de la menor produjo que las llamas se propagaran por las viviendas, todas construidas en madera, lo que impidió que la comunidad y los bomberos lograran extinguirlas a tiempo.Según el reporte del funcionario, las 27 familias, entre las cuales hay niños y personas de la tercera edad, son desplazados de la violencia que habían llegado a esa población de la subregión del Sanquianga, en busca de una mejor calidad de vida.Durante la emergencia no se registraron personas heridas ni víctimas humanas que lamentar, aseguró Fernández, añadiendo que la oportuna reacción de la comunidad, que logró evacuar las viviendas, evitó una tragedia en la zona, aunque las familias quedaron en la calle con solo la muda de ropa que llevaban puesta."Estas familias necesitan ropa, alimentos, frazadas y utensilios de cocina porque quedaron sin nada", concluyó el comandante de bomberos de Iscuandé.Así fue el incendio en Iscuandé, Nariño
El nuevo misil balístico ruso Oréshnik (Avellano) con el que Rusia atacó el jueves territorio ucraniano es uno de los últimos ejemplos del armamento hipersónico de nueva generación desarrollado por la industria militar rusa.Ni las autoridades ni la prensa había informado nunca antes sobre la existencia del Oréshnik, capaz de burlar cualquier escudo antimisiles occidental, según el presidente ruso, Vladímir Putin.En su mensaje a la nación, Putin destacó que la velocidad que alcanza el nuevo misil es de "Mach 10" o "2,5-3 kilómetros por segundo", lo que le convierte en indetectable para las defensas antiaéreas enemigas.El Oréshnik forma parte de los sistemas de armamento "sin parangón en el mundo" presentados en sociedad por Putin en 2018, en lo que muchos llamaron la nueva Guerra de las Galaxias entre Rusia y la OTAN.Los expertos rusos, que recuerdan que el Oréshnik puede portar ojivas nucleares, apuntan que el misil tiene un mínimo de seis cabezas de guiado individual.El misil, de alcance medio, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.Putin justificó el lanzamiento "de prueba" -como lo definió-, aduciendo que Estados Unidos planea el despliegue de misiles de corto y medio alcance en territorio de Europa y la región de Asia Pacífico.Recordó que Estados Unidos cometió un error cuando decidió abandonar de manera unilateral en 2019 el tratado para la eliminación de misiles de corto y medio alcance.Además, advirtió que "en caso de escalada" Rusia responderá de manera "firme" y "simétrica", y acusó a EE.UU. de destruir el sistema internacional de seguridad y de conducir al mundo a un "conflicto global" al intentar por todos los medios mantener su hegemonía.
Durante el evento anual de la Noche de los Mejores, organizado por Fenalco en Santander, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, lanzó duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro. En su discurso, Cabal abordó varios temas clave que, según él, están afectando negativamente a los colombianos, entre ellos, el Icetex, la situación política en el Congreso, la seguridad y la economía del país.Cabal inició sus declaraciones haciendo énfasis en la difícil situación que enfrentan los jóvenes colombianos para acceder a la educación superior, al mencionar la falta de recursos para becas y préstamos estudiantiles del Icetex. "El año que viene, los jóvenes de Colombia no tendrán los recursos necesarios para seguir estudiando, y esta es solo una muestra de los problemas que estamos viviendo en diversos sectores", comentó el dirigente gremial.En cuanto a la política nacional, Cabal expresó su preocupación por la creciente influencia del gobierno en el Congreso, asegurando que "el Congreso se ajusta cada vez más a los intereses del Gobierno Nacional, donde priman los intereses personales de muchos congresistas, no de todos". Además, alertó sobre los continuos escándalos de corrupción que siguen sin ser resueltos.La seguridad fue otro de los puntos críticos de su discurso. Según Cabal, la violencia y el crimen han aumentado de manera alarmante, especialmente en delitos como la extorsión, que creció un 30% en el primer semestre de 2024 en comparación con el año anterior. También destacó el aumento del secuestro, con una cifra superior al 75%, y señaló la creciente presencia de grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que han expandido su control territorial en varias regiones del país. "Estamos perdiendo el control de nuestros territorios ante estos grupos, y el gobierno parece incapaz de detener esta expansión", manifestó Cabal.El líder de Fenalco igualmente se mostró crítico con la estrategia de paz del gobierno, calificando el proceso de "paz total" como un fracaso. A su juicio, la falta de control sobre el narcotráfico y la creciente siembra de cocaína en Colombia son pruebas claras de que la política de paz está fracasando.“El incremento de las hectáreas sembradas en cocaína que superaron más de 300.000 no puede ser de alguna manera derrotadas por la misma orden del presidente de la República que para él es más importante comprar la cosecha de coca que combatir el narcotráfico”, expresó.Y agregó: “ha habido un proceso direccionado del Gobierno Nacional de menguar a nuestra fuerza pública, menguar no solamente la moral sino la capacidad operativa como lo pueden certificar muchos de los representantes de ella a través de la falta de repuestos, de suministro, de equipos para combatir”.En el ámbito económico, Cabal advirtió que, aunque algunos sectores han mostrado signos de recuperación, la economía nacional sigue siendo frágil."Estamos perdiendo el año económico", dijo, destacando el débil crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023, que fue de apenas un 0,6%, muy por debajo de las expectativas de crecimiento previas. Si bien algunos sectores como el agropecuario han experimentado cierto dinamismo, otros como la industria, la construcción y el comercio siguen en números negativos. "La caída de la inversión extranjera es alarmante, mientras que los capitales colombianos están saliendo del país", señaló Cabal.Finalmente, el dirigente gremial hizo un llamado a la reflexión y a la acción, afirmando que, si bien las circunstancias actuales son difíciles, es crucial que todos los sectores trabajen unidos para construir un futuro mejor para el país. "No es momento de rendirse, pero sí de reconocer que debemos cambiar el rumbo y apostar por políticas que fomenten la confianza y la inversión en Colombia", concluyó el presidente de Fenalco.
El Gobierno español anunció una reforma en el reglamento de la ley de extranjería que facilitará la regularización de migrantes que residen en el país sin documentos, una medida que podría beneficiar a unas 300.000 personas anualmente durante los próximos tres años. Cuáles son los cambios en la nueva ley de migración de EspañaLa ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, detalló los cambios en la normativa tras la reunión del Consejo de Ministros. Uno de los ajustes más relevantes es la reducción del tiempo necesario de residencia en España para acceder a figuras de arraigo, pasando de tres años a solo dos. Estas figuras incluyen opciones como el arraigo social, sociolaboral, familiar, socioformativo y una nueva categoría denominada “de segunda oportunidad”.Además, la reforma establece que todos los visados tendrán una duración inicial de un año, mientras que las renovaciones tendrán un plazo extendido de cuatro años, lo que busca evitar que los migrantes entren en situaciones de irregularidad una vez obtengan su estatus legal.Facilidades para la reagrupación familiarEntre las novedades, se fortalecen los mecanismos para la reagrupación familiar. La edad límite para que los hijos puedan beneficiarse de este proceso se amplía de 21 a 26 años. También se incluyen a parejas no registradas oficialmente, siempre que puedan demostrar una relación análoga, y a los familiares de víctimas de trata, violencia sexual o de género.Por ejemplo, estas medidas son particularmente relevantes para colombianos que han adquirido la nacionalidad española y desean llevar a sus familiares a ese país.Cambios para estudiantes internacionalesOtro aspecto destacado de la reforma es la flexibilización de las autorizaciones para estudiantes extranjeros. Quienes lleguen a España para realizar estudios tendrán una autorización inicial de estancia que cubrirá todo el período de formación. Además, se establecerá un sistema ágil para que puedan vincularse al mercado laboral tras completar su formación académica.¿Cómo beneficiará esto a España?La reforma responde a necesidades del mercado laboral español, que según organismos internacionales como Naciones Unidas, requiere entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros al año para mantener el sistema de bienestar social."España es un país mejor (...) tenía dos opciones: elegir ser un país abierto y próspero o ser un país cerrado y pobre; España hoy es un mejor país", agregó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
