Un nuevo capítulo empezó a escribirse en la novela sobre las acciones de la Triple A, esta vez por cuenta de una ciudadana barranquillera y ocho accionistas tipo B de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo que radicaron en Bogotá una tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales.Según la tutela, la Fiscalía "violó el debido proceso" al aplicar extinción de dominio sobre el 82 % de las acciones que poseía Inassa en la compañía de servicios públicos, por lo tanto, piden que se suspenda este proceso y que el caso pase a manos de la Superintendencia de Sociedades."La Fiscalía General de la Nación no debió aplicar la extinción de dominio o las medidas cautelares porque no era competencia de ella, sino de la Supersociedades, que es el juez natural del problema Triple A", manifestó el accionista minoritario Hernando Acuña, uno de los firmantes de la tutela.Así las cosas, entre las pretensiones de la tutela está “que se ordene a la SAE no disponer de las acciones cauteladas como consecuencia de la suspensión del proceso de extinción de dominio”.Los accionistas insisten en la tutela que "es una extralimitación de la Fiscalía aplicar extinción de dominio a las acciones de Inassa cuando la actividad ilícita recae sobre un contrato de orden civil celebrado consensualmente entre las partes"."En los estatutos de la Triple A se determinó que las diferencias se dirimían en derecho en sede de tribunales de arbitramento, hecho que desconoció la Fiscalía", se lee renglón seguido.Los accionistas interpusieron la tutela en Bogotá, al considerar que "Barranquilla no brinda confianza en su rama judicial". Por reparto, el documento llegó al juzgado 36 penal del circuito de la capital y se espera que en los próximos días el despacho defina si es admitida, o no.
Inassa, entidad filial de la empresa pública española Canal Isabel II, emitió un comunicado de prensa en el que dan a conocer “su preocupación e inconformidad" con el poco avance que ha tenido el proceso legal, abierto en su contra. También instó a las autoridades para que aceleren el trámite ya que su prolongación va en contravía de los intereses de la ciudadanía.Señalan que las declaraciones de funcionarios públicos hablando sobre el proceso de extinción de dominio en contra de Inassa atentan en contra de la legalidad de este.En la comunicación también se refiere a situación financiera de Triple A. Aseguran que los estados financieros que se han aprobado en los dos últimos años “no reflejan la situación real de la empresa, caracterizada por la falta de tesorería y liquidez para hacer frente a sus compromisos de inversión y mantener los estándares de servicio que se tenían cuando era administrada por la propia Inassa”.También señalan "que se ha conocido que la Sociedad de Activos Especiales, que hoy administra a Triple A, ha aprobado este año, con el apoyo del Distrito, la distribución de las reservas voluntarias (no de las utilidades del 2020), por importe de más de 38.000 millones de pesos, de los cuales, la mayor parte irán a favor de la SAE""Con ello se evidencia la descapitalización de la empresa, cuando estos fondos se han debido dedicar a mejorar el deficiente servicio y a realizar nuevas inversiones", añaden.Sobre esta comunicación aún no habido pronunciamiento alguno por parte de la SAE, mientras que las directivas de la Triple A están analizando el documento para decir se darán una respuesta oficial.
Once implicados en el caso Inassa recibieron la noticia de que no tendrán medida de aseguramiento y tampoco prohibición para salir del país. Lo anterior luego de que la Fiscalía 42 de la unidad delegada ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá, determinara anular esta solicitud hecha por el fiscal de primera instancia.La razón de esta decisión se fundamenta en que la titular de este despacho, en un oficio fechado el pasado 19 de diciembre, aseguró que la Fiscalía Quinta Delegada ante los jueces penales, que solicitó medida de aseguramientos no privativa de la libertad y prohibición de salida del país contra los implicados, no tenía competencias para conocer el caso.Lea también: Inassa continúa con el 82% de las acciones en la Triple AA raíz de esta decisión, se beneficiaron Alberto Muguiro Eulate, Germán Sanabria Huyke, Carlos Roca García, Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Araiza Duque, Ramón Navarro Pereira, Ramón Heraclio Hemer Redondo, Luis Alberto Nicolella de Caro, Francisco Javier Malia Baro y Edmundo Rodríguez Sobrino.El caso Inassa es uno de los escándalos de corrupción más grandes del país en el que se investiga como se desviaron dineros públicos de la ciudad que debían ir al mejoramiento del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla operado por Triple A.
El Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla, negó la acción popular, interpuesta por un particular, que buscaba anular el contrato de las acciones suscrito entre Inassa y el Distrito en 1991.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.Es así como la firma española conserva el 82% de las acciones en la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, luego de esta nueva decisión en el que la juez del caso decretó como “cosa juzgada” dicha demanda.Lea también: Fiscalía imputó cargos a expresidente de Inassa por corrupción en Triple AAdemás, consideró que el accionante no entregó los elementos de juicio necesarios para determinar la violación de los derechos colectivos invocados por el actor en la acción popular.En el fallo, también se negaron las pretensiones de la demanda y el reconocimiento del incentivo económico previsto a la parte actora por considerarse improcedentes.Le puede interesar: Fiscalía pide a juez iniciar extinción de dominio de acciones de Inassa en Triple ADebido a que el recurso fue presentado antes de que la Triple A fuera intervenida por la Fiscalía, el fallo no guarda relación con el proceso de extinción de dominio que ordenó el embargo y secuestro de las acciones de Inassa y también es independiente del juicio por el desfalco de Ramón Navarro durante su administración como gerente de la Triple A.
Durante la audiencia de imputación de cargos en contra del expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez, el exdirectivo fue imputado por la Fiscalía colombiana como presunto coautor, en el caso de corrupción presentado en la empresa Triple A, comentiendo delitos como enriquecimiento ilícito a favor de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado."Abusando de sus funciones como presidente ejecutivo de Inassa S.A. y de común acuerdo con directivos de la empresa Triple A, Edmundo Rodríguez dispuso de manera irregular de los bienes de la empresa de servicios para beneficiar a Inassa entre los años 2012 y 2015. Además, en ese mismo periodo, se apropió de más de 29.900 millones de pesos", explicó el delegado de la fiscalía 38 de la unidad especializada contra la corrupción de Bogotá, quien lleva este caso.Lea también: Senador Robledo califica de cínica propuesta de acuerdo de Inassa Lo anterior, "a través de distintas modalidades como el pago de 54 órdenes de pedido ficticias a nombre de la empresa Recaudos y Tributos, filial de Inassa, por la suma de 23.000 millones de pesos. También, a través del pago de cuatro contratos de consultoría simulados por un valor 4.500 millones de pesos, y de otras nueve órdenes de pedido a nombre de la empresa Iarco Ltda, representada por Héctor Amarís, con facturas de servicio de transporte no prestados por valor de 1.300 millones de pesos", explicó el delegado.No se presentó a la audiencia El expresidente de Inassa, el español Edmundo Rodríguez Sobrino, no se presentó este jueves a la audiencia virtual de imputación de cargos por el sonado caso de corrupción en la empresa de servicios barranquillera Triple A, a pesar de haber sido requerida su presencia por la Fiscalía en la sede del consulado colombiano en Madrid.En su nombre, Rodríguez Sobrino envió a su abogado, German Mauricio Marín, y una carta que leyó su representante al inicio de la diligencia. En la carta, Edmundo Rodríguez afirma que, tal como lo hizo en audiencia de interrogatorio en 2018, ratifica su intención de colaborar con las autoridades colombianas y comparecer en este caso, pero que decidió no responder la citación porque considera que ya en España se está llevando un proceso en su contra con base en los mismos hechos.Asimismo, agregó, la justicia colombiana no hizo la solicitud de esta audiencia ante el Ministerio de Justicia de España, que es el país desde donde, según él, debe comparecer. Lea también: Imputarán cargos contra expresidente de Inassa por presunta corrupción en Triple A Sin embargo, la Fiscalía lo consideró como una actitud renuente de Rodríguez Sobrino, mientras que el representante del Ministerio Público lo catalogó como una posible maniobra dilatoria, y en este sentido pidieron que continuara la audiencia.El juez, tras escuchar a las partes, también consideró que la audiencia debía realizarse y así lo decidió, pues, a su juicio, si bien Rodríguez Sobrino debía comparecer en España, la cita era en el consulado colombiano, que es territorio nacional. No obstante, al final, una vez imputado, el juez le dejó abierta la posibilidad a Rodríguez Sobrino para que se allane o no a los cargos y llegue acuerdos con la justicia colombiana.
En el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla se realizará este jueves, de manera virtual, la audiencia de imputación de cargos contra el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, en el marco de la investigación por la presunta corrupción en la empresa de servicios públicos Triple A de Barranquilla.Lea también: Procuraduría aclara que no hay acuerdos con InassaRodríguez Sobrino deberá comparecer desde la sede del consulado de Colombia en Madrid, según la solicitud de la Fiscalía 38 de la Unidad Especializada Contra la Corrupción de Bogotá.Lea también: Senador Robledo califica de cínica propuesta de acuerdo de InassaEl expresidente de Inassa, empresa española propietaria de la mayoría accionaria de Triple A, es investigado por el presunto desvío de unos 80 millones de dólares por una asistencia técnica de Inassa que no habría recibido la compañía de servicios barranquillera.Los cargos que se le imputarán son enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. El caso será llevado por un juez penal municipal con funciones de control de garantías.
El congresista del Polo Democrático Jorge Robledo señaló que los representantes de Inassa actúan con cinismo al presentar a la Procuraduría General de la Nación una oferta de "solución integral". La propuesta de la compañía española, contenida en un documento de “pacto de cumplimiento”, plantea realizar inversiones por 175 mil millones de pesos para que se retiren las demandas en su contra y se frene el proceso de extinción de dominio de más del 82 por ciento de las acciones que poseía en la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla. Lea también: Procuraduría aclara que no hay acuerdos con Inassa “O sea, la empresa se la van a devolver a estos señoritos como si nada hubiera pasado, en una actitud como de extorsionistas. El contrato al que estos personajes aspiran es leonino contra el interés de Barranquilla y el Atlántico, pero, además, es descarado, cínico”, expresó el senador. Por su parte, la Procuraduría ha dicho que, si bien revisará el documento enviado por Inassa, garantiza que esta propuesta “no podrá impedir, dilatar o entorpecer las investigaciones en contra de los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción en la empresa Triple A”.
La Procuraduría aclaró qu,e en este momento, no existen acuerdos con la compañía Inassa tras irregularidades detectadas en la Triple A, empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, investigada por presunta corrupción.La compañía española Inassa, investigada por corrupción, hizo llegar a la Procuraduría una oferta de "solución integral" en la que plantea realizar inversiones por 175 mil millones de pesos para que se retiren las demandas en su contra y se frene el proceso de extinción de dominio del 82 por ciento de las acciones que poseía en la empresa Triple A.Sin embargo, en las últimas horas, el ente de control emitió un comunicado en el que aclara que “no existe ninguna conciliación en curso con Inassa ni tampoco un principio de acuerdo para la firma de un pacto de cumplimiento, que ponga fin a la acción popular interpuesta en defensa al patrimonio público en la Triple A”.Lea también: Extinción de dominio a Inassa es una medida lógica: defensores patrimonio de BarranquillaSi bien la Procuraduría afirma que revisará el documento enviado por Inassa, garantiza que esta propuesta “no podrá impedir, dilatar o entorpecer las investigaciones en contra de los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción en la empresa Triple A”. Entre tanto, el próximo martes en el Congreso habrá un debate de control político a la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Barranquilla. Precisamente, para tratar la investigación por corrupción administrativa que allí se adelanta.Vale recordar que Inassa es una filial de la empresa estatal española Canal de Isabel II, y fue precisamente en ese país donde se iniciaron las investigaciones por este caso de presunta corrupción transnacional, que ya deja varios capturados a lado y lado del océano.
El comité de defensores del patrimonio público de Barranquilla consideró que “es una decisión lógica” la que tomó el ente de control, que radicó ante un juez la demanda de extinción de dominio de las acciones de la empresa española Inassa en la compañía Triple A. Los defensores afirman que estos presuntos hechos de corrupción estarían atentando contra Barranquilla hace mucho tiempo y que las acciones embargadas deben ser retomadas por la administración Distrital. Lea también: Fiscalía pide a juez iniciar extinción de dominio de acciones de Inassa en Triple A “Este 82 % de las acciones son las que se deben revertir a favor del Distrito y de los socios minoritarios. Nosotros consideramos que la concesión de Triple A no debe ir más y esta es una forma de liquidarla. Además, se deben llevar a cabo todas las investigaciones sobre los desfalcos que se han dado”, expresó Norman Alarcón, dirigente cívico. Entre tanto, Hernando Acuña, socio minoritario de Triple A, recordó que la atención no solo se debe centrar en el embargo de las acciones de Inassa, sino también “en la investigación sobre los más de 40 mil millones de pesos que le sustrajeron a la Triple A y en el futuro que le espera a la compañía en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”. Lea también: Procuraduría inhabilita a exgerentes de Triple A por corrupción con Inassa “La empresa va a seguir sufriendo, porque está en manos de la SAE, una entidad que no la va a respaldar financieramente y va a echar al traste los servicios públicos”, manifestó.
A través de un oficio con fecha de este jueves, la Fiscalía General de la Nación le solicitó al juez penal del circuito especializado del derecho de dominio que inicie el proceso de embargo sobre las acciones de la empresa española Inassa en la compañía Triple A S.A, E.S.P. Dicho proceso inició en el mes de octubre de 2018 por presuntas irregularidades en contratos, en su momento el ente acusador avaluó esas acciones en $200 mil millones. Según lo establecido, este jueves era el último día en el que se podía iniciar la demanda de extinción de dominio. De no haberse hecho, las acciones hubiesen podido regresar a la compañía española. Vea también: Día definitivo contra exdirectivos de Triple A por contratos con Inassa En su momento, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señaló que la compañía fue saqueada desde el año 2000 y que, además, no se cumplió del todo el contrato de asistencia técnica con Inassa. También se conoció que los trabajos de planeación fueron realizados por Triple A y que esa compañía le giraba $226 mil millones a Inassa mediante cuentas directas. Por estos hechos, la Fiscalía dictó “medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra los exgerentes de Triple A Ramón Navarro, Francisco Olmos, Luis Fernando Arboleda, y de Inassa, Germán Sarabia".
