En medio de su salida del cargo como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Jairo Orlando Villabona anticipó algunos detalles de lo que podría ser la nueva reforma tributaria en Colombia. En una entrevista con el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu, Villabona explicó las razones de su dimisión, defendió su gestión de siete meses y expuso los retos fiscales que enfrenta el país.Salida forzada y bajo recaudoVillabona confirmó que su renuncia fue solicitada, en parte, debido al bajo recaudo de impuestos en 2024. Sin embargo, el exfuncionario señaló que el déficit no era atribuible directamente a su gestión. Según él, las cifras se vieron afectadas por estimaciones erróneas hechas antes de su llegada y por la situación económica del país en 2023, año que marcó el recaudo del periodo siguiente.“El comportamiento de la economía en el año 2023 fue muy malo, y eso se reflejó en los recaudos de 2024. La sobreestimación de litigios y la deducibilidad de regalías, entre otros factores, explican gran parte del déficit”, afirmó.Villabona señaló que el sistema tributario enfrenta problemas estructurales que limitan su capacidad de generar ingresos. Según el exdirector, Colombia tiene 294 beneficios tributarios que disminuyen significativamente el recaudo. Reformas necesarias para el sistema tributarioDurante la entrevista, Villabona destacó los pilares que deben guiar la próxima reforma tributaria, con énfasis en mejorar la fiscalización y reducir la evasión. Entre las medidas propuestas, mencionó el control de pagos en efectivo como una herramienta clave.“Una de las formas más comunes de evasión fiscal es a través de transacciones en efectivo. Cirugías estéticas, restaurantes de alta gama y estaciones de gasolina son algunos de los sectores donde esto ocurre con frecuencia”, explicó. Para contrarrestar esta práctica, Villabona sugirió implementar trazabilidad en los pagos mediante el uso obligatorio de medios digitales y tarjetas de crédito.Además, mencionó que se habían planteado iniciativas como recompensas para quienes denuncien evasores, la fiscalización virtual y el fortalecimiento de los sistemas de información de la DIAN. No obstante, Villabona reconoció que aún hay rezagos tecnológicos significativos que deben ser atendidos con urgencia.“Aunque hemos avanzado, como en la migración de datos a la nube, los sistemas de información todavía tienen vulnerabilidades importantes que afectan la seguridad y la eficiencia de las operaciones”, puntualizó.Relación con el Ministerio de Hacienda y perspectivas para 2025Sobre su relación con el Ministerio de Hacienda, Villabona destacó que esta fue positiva, tanto con el exministro Ricardo Bonilla como con el actual titular, Diego Guevara. Sin embargo, señaló que las metas de gestión asignadas a la DIAN para 2025 son demasiado altas y no corresponden con los cálculos internos de la entidad.“Hay un valor de ejecución que, en mi opinión, está por encima de lo que debe ser. Es necesario revisar y ajustar esa cifra en los próximos meses”, advirtió.Villabona también respondió a las críticas de analistas que consideran que el gobierno está repitiendo los errores del pasado al sobreestimar los ingresos proyectados para este año. Según él, aunque se han implementado correcciones, aún existe margen para mejorar la planeación financiera.¿Qué esperar de la próxima reforma tributaria?Aunque Villabona ya no liderará la DIAN, aseguró que dejó varias propuestas sobre la mesa para la construcción de la nueva reforma tributaria. Estas incluyen medidas para cerrar las brechas de evasión, modernizar los sistemas tecnológicos y atacar la informalidad.“El sistema actual no genera los recursos suficientes para financiar los programas del Estado. Si no hacemos cambios estructurales, seguiremos atrapados en un círculo vicioso de reformas temporales que no resuelven el problema de fondo”, concluyó.Detalles de la nueva reforma tributaria: medidas claves en la ley de financiamientoAunque Jairo Orlando Villabona dejó su cargo como director de la DIAN antes de que se consolidara la nueva reforma tributaria, el exfuncionario reveló varias de las propuestas en las que se trabajó durante su gestión. A continuación, se destacan las medidas más relevantes que podrían incluirse en la futura ley de financiamiento:1. Control de pagos en efectivoUna de las principales propuestas es limitar las transacciones en efectivo, ya que estas dificultan la trazabilidad de los ingresos y favorecen la evasión fiscal.2. Recompensas por denuncias de evasión fiscalLa reforma contempla otorgar incentivos económicos a las personas que denuncien prácticas de evasión tributaria.3. Fiscalización virtualSe buscará modernizar los mecanismos de fiscalización tributaria mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.4. Revisión de beneficios tributariosVillabona destacó que Colombia cuenta con 294 beneficios tributarios, muchos de los cuales generan inequidades en el sistema y limitan el recaudo.5. Lucha contra la informalidadLa informalidad sigue siendo uno de los grandes retos para el sistema tributario colombiano, ya que muchos negocios no están registrados ante la DIAN ni contribuyen al sistema fiscal.6. Impuesto a las transacciones digitalesDado el auge del comercio electrónico, se busca gravar de manera más eficiente las transacciones realizadas en plataformas digitales.7. Modernización tecnológica de la DIANLa modernización de la infraestructura tecnológica es una prioridad para garantizar la eficiencia de la entidad en la fiscalización y el recaudo.Plan en marcha: prórroga del fondo de la DIAN, financiado por el BID, que busca inyectar $250 millones de dólares en mejoras tecnológicas hasta 2028.8. Impuestos más progresivosOtra propuesta que podría integrarse a la reforma tributaria es un ajuste en la estructura impositiva para hacerla más progresiva, es decir, que quienes tengan mayores ingresos contribuyan más.9. Revisión de los anticipos tributariosVillabona explicó que los altos anticipos tributarios cobrados en años anteriores han afectado significativamente el recaudo del 2024.Propuesta: ajustar los valores de los anticipos para evitar desajustes futuros en las cifras de ingresos tributarios.10. Trazabilidad en sectores claveAlgunos sectores, como el de salud estética y los arrendamientos de propiedades, serán objeto de controles específicos.Ejemplo en clínicas estéticas: implementar indicadores que permitan cruzar datos sobre alquileres de quirófanos, número de procedimientos realizados y pagos declarados por los médicos.
El Gobierno nacional presentaría una nueva reforma tributaria ante el Congreso, luego de que se hundiera la ley de financiamiento, así lo confirmó Alexander López, director de Planeación nacional.“Los recursos son insuficientes, por eso vamos a insistir en que el Congreso debe aprobar o una ley de financiamiento o una nueva tributaria en donde los que tienen más paguen los impuestos para que sectores vulnerables reciban el apoyo del Estado”, dijo López.El funcionario aseguró que esta decisión se toma después de una semana de análisis del presidente con los equipos económicos para evitar recortes en inversión.“Avanzamos en nuestro proyecto de garantizar los derechos de la población y por eso hemos protegido recursos para la educación, salud, reforma agraria y seguridad alimentaria. Esas decisiones con odio y con el propósito de destruir al presidente y al Gobierno solo llenan de falta de oportunidades a nuestro pueblo”, agregó López culpando una vez más al Congreso por no haber aprobado la ley de financiamiento que buscaba recaudar 12 billones de pesos.Antes del 31 de diciembre el Gobierno va a expedir el decreto que especifica los recortes en el presupuesto 2025, la mayor parte saldrá de funcionamiento.
Durante este fin de semana, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado en reuniones clave para abordar la situación económica del país tras el hundimiento de la ley de financiamiento. El énfasis ha sido en el equipo económico, que ahora tiene el desafío de garantizar recursos para programas de asistencia social y subsidios para el año entrante.Uno de los que está presente en estas reuniones es el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, quien públicamente habló de la necesidad de buscar recursos "debajo de las piedras" para evitar dificultades adicionales para la población más vulnerable."El ejercicio que ha hecho el Gobierno esta semana última en Cartagena, con su equipo económico y también por turnos con los ministros y los directores, es empezar a revisar rubro por rubro, para ver dónde encontramos algunas partidas que se puedan trasladar para otras cosas que son más prioritarias. En el caso mío, que tenemos en riesgo algunas líneas de transferencias, la más sensible para nosotros en este momento es la de Renta joven", explicó.Renta JovenEl programa de Renta joven, que apoya a estudiantes de universidades públicas y del Sena, es una de las áreas más críticas. En diálogo con Mañanas Blu, Bolívar destacó que cuentan con cerca de 250.000 millones de pesos de los 487.000 millones que se requieren para asegurar la continuidad de este programa.A pesar de los recortes en otros rubros, el Gobierno está comprometido a mantener este apoyo vital, según aseguró el directo del DPS."Es un programa que cuesta cerca de 500.000 millones de pesos, tanto $487.000 millones. Lo que le puedo decirle a la gente es que ya, digamos, la mitad de esa plata la hemos encontrado; en traslados, incluso, internos dentro de la misma Prosperidad, pero también el Gobierno no está colaborando en eso", subrayó.Impacto de la falta de financiamiento en el presupuesto nacionalAl no habilitarse discusiones en el Congreso sobre el presupuesto y sin la ley de financiamiento aprobada, se pone en riesgo programas sensibles como el de Renta joven, de acuerdo con Bolívar; enfatizó que la falta de estos recursos ha obligado al Gobierno a reestructurar y priorizar todos los gastos."Todo esto, no solamente estábamos buscando los $487.000 millones que necesitamos para Renta joven, sino 12 billones porque la desfinanciación es de 12 billones. Entonces, el ejercicio consistía en revisar una a una todas las entidades y uno a uno los rubros de estas entidades, de saber qué se podía sacrificar y se logró ayer. Creo que hoy el presidente pública el decreto, ya tenemos claro de dónde van a salir la plata", indico.Estrategias de austeridad y recortesUno de los enfoques del Gobierno incluye recortes en el gasto operativo y en la contratación de personal. Bolívar indicó que, para asegurar la sostenibilidad de los programas sociales, se planea reducir el número de contratistas en el sector público.Este recorte implica un ajuste a las necesidades del Estado y busca formalizar más empleos en lugar de depender de contratistas, una medida que ha generado tanto reconocimiento como críticas entre los ciudadanos.“El Estado tiene demasiados contratistas, son personas que el Estado no tiene, digamos, una vinculación laboral con ellas, prestan un servicio por horas o no tienen una vinculación directa, pero son demasiados y cuando pasan estas cosas, cuando hay unas contingencias fiscales como esta o cuando llega el mes de enero tampoco tienen sueldo, porque hasta que el Ministerio de Hacienda no autorice ya empezar a contratar no se puede", detalló.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió enérgicamente a las recientes acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien lo señaló como el principal responsable del hundimiento de proyectos clave para la región Caribe, en especial la ley de financiamiento que, según el mandatario, habría permitido la reducción de las tarifas de energía eléctrica para los barranquilleros.En su intervención, Petro aseguró que Cepeda lideró la oposición a esta ley, la cual consideraba crucial para beneficiar a las comunidades del Caribe, aseguró que el presidente del Senado fue el que hundió la ley de financiamiento que les iba a bajar las tarifas de energía eléctrica a los mismos que lo apoyan.La respuesta de Cepeda no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el presidente del Senado rechazó las acusaciones y calificó las palabras de Petro como un intento por desviar la atención de su propio Gobierno. "El presidente trata de convencer al país de que todo lo que ha dejado de hacer en dos años y medio de Gobierno se iba a hacer con los $9 billones que no le aprobó el Congreso", expresó Cepeda, destacando que la falta de acción del Gobierno en diferentes áreas no debe ser atribuida a la oposición legislativa.Cepeda también criticó la gestión de Petro al señalar que, en lugar de rendir cuentas por los recursos disponibles, el mandatario prefiere buscar culpables externos para justificar su inacción. "¿Cómo sería de importante que el 0.0000001% de lo que ha prometido lo hiciera con los billones que tiene en los bancos y que no ha ejecutado por incapacidad del mismo Gobierno?", cuestionó el senador, haciendo énfasis en la falta de resultados tangibles en la administración de Petro.El presidente del Senado fue contundente al señalar que, a pesar de las críticas y las acusaciones, el país ya conoce al presidente Petro y sus tácticas para desviar la atención de los problemas estructurales del país. "Ya no me hago ilusiones de que respete a los otros poderes públicos", afirmó, dejando claro su descontento con la actitud del mandatario hacia la independencia del Congreso.
El decreto del presupuesto del 2025 establece ingresos proyectados por $511 billones y gastos por $523 billones. Debido a esta brecha de $12 billones, el Ejecutivo ha reconocido que, a partir de enero, será necesario aplicar un recorte de esa magnitud para equilibrar las cuentas. El Gobierno informó que analizará las carteras que menos ejecutaron sus recursos en el presente año para identificar áreas en las que se pueda reducir el gasto sin afectar tanto los programas sociales clave.Este ajuste fiscal, que será anunciado oficialmente en el inicio de 2025, llega en un contexto de dificultades económicas para el país. La ley de financiamiento, que se esperaba ayudara a cubrir parte de la brecha fiscal, no fue aprobada en el Congreso, lo que obligó al Gobierno a optar por un recorte presupuestario. Este tipo de decisiones ya han tenido un impacto en diversas áreas de la administración pública. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda anunció que no habrá nuevas postulaciones para el programa Mi Casa Ya hasta nueva orden, mientras que el Icetex, entidad encargada de otorgar créditos para estudios universitarios, también reducirá la cantidad de créditos disponibles para el próximo año.La crisis fiscal y los ajustes anunciados han generado reacciones encontradas en la opinión pública y entre los economistas. Por un lado, varios analistas celebraron la decisión del Gobierno de presentar un presupuesto con la previsión de un recorte fiscal, evitando así un déficit aún mayor. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó en sus redes sociales que el Gobierno "hizo bien en presentar el decreto sin la desfinanciación", aludiendo a que, aunque difícil, el ajuste era necesario y viable.Sin embargo, desde la oposición, las críticas han sido duras. El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, señaló que el presupuesto para 2025 está desfinanciado en más de $35 billones, lo que incluye los $12 billones de la fallida reforma tributaria propuesta por Petro. Uribe acusó al Gobierno de haber eliminado impuestos a los juegos de azar de la reforma tributaria y cuestionó la falta de explicaciones sobre los intereses defendidos por el presidente. Según Uribe, el recorte debería ser mucho mayor para evitar el colapso fiscal, y acusó al Gobierno de corrupción y derroche.“Este gobierno tiene el mayor presupuesto de la historia, pero sus decisiones cada vez perjudican más a los colombianos. Presidente Petro, es hora de recordar gastos de funcionamiento: están acabando con la educación, la salud y ahora también la vivienda”, dijo Mauricio Cárdenas exministro de Hacienda.
El Gobierno nacional expidió el decreto número 1523 de 2024 con que se reemplazará la ley de presupuesto para 2025. El decreto contempla gastos por 523 billones de pesos a pesar de que el Congreso hundió la reforma tributaria hace algunas semanas.Ese decreto de presupuesto es idéntico a lo que le propuso el gobierno al Congreso a mediados de año. Es decir, incluye ingresos por 511 billones de pesos y gastos por 523 billones de pesos. La diferencia son 12 billones de pesos y corresponde a lo que el gobierno buscaba con el reforma tributaria.Legalmente, un presupuesto no debería estar desfinanciado y los ingresos deberían ser iguales a los gastos. Eso quiere decir que el próximo año el Gobierno tendrá que recortar 12 billones de pesos a sus gastos y podría hacerlo desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre.Vale recordar que el presupuesto de este año se expide por decreto ya que el Congreso también negó el proyecto de ley de presupuesto para el año 2025.Este es el decreto que fija el presupuesto 2025La crisis fiscal y los ajustes anunciados han generado reacciones encontradas en la opinión pública y entre los economistas. Por un lado, varios analistas celebraron la decisión del Gobierno de presentar un presupuesto con la previsión de un recorte fiscal, evitando así un déficit aún mayor. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó en sus redes sociales que el Gobierno "hizo bien en presentar el decreto sin la desfinanciación", aludiendo a que, aunque difícil, el ajuste era necesario y viable.Sin embargo, desde la oposición, las críticas han sido duras. El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, señaló que el presupuesto para 2025 está desfinanciado en más de $35 billones, lo que incluye los $12 billones de la fallida reforma tributaria propuesta por Petro. Uribe acusó al Gobierno de haber eliminado impuestos a los juegos de azar de la reforma tributaria y cuestionó la falta de explicaciones sobre los intereses defendidos por el presidente. Según Uribe, el recorte debería ser mucho mayor para evitar el colapso fiscal, y acusó al Gobierno de corrupción y derroche.
En una entrevista con Mañanas Blu, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reflexionó sobre el balance legislativo del gobierno y las tensiones generadas por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro hacia el Congreso. Durante la conversación, el ministro calificó como positiva la gestión del Gobierno en esta legislatura, pero reconoció que ciertos episodios, como el uso de expresiones fuertes por parte del mandatario, complicaron el ambiente político.Un balance legislativo positivoEl ministro destacó que la legislatura logró avances significativos en proyectos claves como la reforma laboral, la reforma a la salud y la jurisdicción agraria. Según Cristo, estos tres temas son "el corazón del proyecto político del Gobierno nacional". Aunque no todos alcanzaron la aprobación definitiva, señaló que están encaminados hacia su discusión en el próximo periodo.En cuanto a la reforma a la salud, afirmó que “se presentó después de una amplia concertación con los actores del sistema” y que actualmente está en discusión en la plenaria de la Cámara. Sin embargo, reconoció los retos: "Lo que me ha sorprendido esta legislatura es que los impedimentos se han vuelto una traba que hace mucho daño al funcionamiento del Congreso". A pesar de esto, se mostró optimista sobre la posibilidad de avanzar en la reforma durante las sesiones extraordinarias.En cuanto a la reforma laboral, Cristo enfatizó que ya cuenta con una ponencia en la Comisión Séptima del Senado y se han realizado audiencias públicas para su discusión. Confió en que este proyecto continuará avanzando en 2024.Polémicas entre el Ejecutivo y el CongresoEl ministro se refirió al polémico discurso del presidente Petro, quien calificó de "malditos congresistas" a los responsables del hundimiento de la ley de financiamiento. Aunque defendió la independencia del Congreso, Cristo fue enfático en que no respaldaba las declaraciones del mandatario: "¿Si usted me pregunta, hubiera tenido la expresión que el presidente utilizó? Obviamente no la hubiera utilizado. Creo que fue una expresión equivocada".Según el ministro, este tipo de tensiones no reflejan la dinámica general entre el Ejecutivo y el Legislativo. Afirmó que, pese a episodios de confrontación, se ha logrado construir una agenda conjunta que beneficia al país.Cristo también expresó preocupación por la actitud de la mesa directiva del Senado, que, según él, obstaculizó el debate de la reforma política. "Es una lástima para el Congreso y para el país, porque se perdió una oportunidad de reformar el sistema político", lamentó.Reforma a la salud: entre avances y críticasEn relación con la reforma a la salud, Cristo rechazó las críticas que acusan al gobierno de apresurar su aprobación. "Llevamos año y medio en discusión de la reforma a la salud. Es importante que el país ya tome decisiones", afirmó.No obstante, reconoció que existen diferencias con algunos sectores, incluidas asociaciones médico-científicas, que han solicitado más mesas de concertación. "El sistema de salud está en crisis desde hace 15 o 20 años en Colombia", señaló el ministro, argumentando que el proyecto busca solucionar problemas estructurales acumulados.Perspectivas para 2025Finalmente, el ministro del Interior reiteró su compromiso de insistir en la reforma política y la reforma laboral durante el próximo periodo legislativo. Además, resaltó la necesidad de promover un Congreso más eficiente, capaz de debatir los temas prioritarios para el país sin ser detenido por impedimentos y recusaciones.Cristo también hizo un llamado a la reflexión tanto en el Congreso como en el Ejecutivo para reducir la polarización:Petro llamó malditos a congresistas que no aprobaron reforma tributariaEl presidente Gustavo Petro desató el fin de semana pasado una tormenta política al lanzar duras críticas contra los congresistas que rechazaron la reforma tributaria; los calificó de malditos"Malditos congresistas. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo", dijo, tras señalar directamente a miembros de la bancada Caribe. Según el mandatario, los parlamentarios no tuvieron "la valentía" de defender a su región, especialmente en la votación de artículos que buscaban reducir las tarifas de energía eléctrica en el Caribe.
El representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, calificó como una "gigantesca lección para el país" el rechazo a la reforma tributaria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que consideró gravosa y perjudicial para sectores vulnerables. En entrevista con Sala de Prensa, Pérez señaló que la propuesta afectaría a pequeñas empresas y negocios que actualmente operan bajo el régimen simple, como panaderías, cafeterías y peluquerías, aumentando drásticamente sus cargas tributarias. “Una panadería que hoy paga 900.000 pesos anuales, bajo este esquema pasaría a pagar hasta 4 o 5 millones de pesos”, ilustró.Pérez argumentó que la derrota del proyecto en el Congreso refleja no solo la desconexión del Gobierno con la realidad económica del país, sino también su incapacidad para dialogar con las comisiones económicas. “Este es un Gobierno especializado en victimizarse. Siempre la culpa es de los demás”, afirmó. Criticó, además, la falta de previsión presupuestal del Ejecutivo, destacando que la reforma tributaria anterior, aprobada hace menos de dos años, no logró cerrar el déficit fiscal. Según el congresista, esto se debe a una desaceleración económica provocada en parte por la misma reforma. “El crecimiento económico apenas llegó al 0,6 % el año pasado, una cifra que raya en la recesión”, explicó.En cuanto a las tensiones políticas, Pérez lamentó el lenguaje del presidente Petro, quien calificó de "malditos" a los congresistas que no apoyaron la reforma. “Ese no es el lenguaje de un mandatario. Un presidente debe unir, coordinar, ensamblar. No maldecir ni dividir”, expresó. Señaló que, de cara al futuro, esta falta de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo pone en riesgo la gobernabilidad en los próximos dos años. “Si el presidente desconoce la obligación constitucional de trabajar armónicamente entre las ramas del poder, estaremos frente a una grave crisis institucional”, concluyó.
Luego de aprobarse la polémica tasa de seguridad en Antioquia aún no se sabe cómo se va a cobrar, ya que EPM le negó la posibilidad de realizar el cobro a través de las facturas de los servicios públicos, y ahora la DIAN explicó que para descontar dicha tasa del impuesto de renta para los comerciantes, tendría que ser a través de una ley del Congreso Nacional.Hay que recordar que el secretario de Hacienda de Antioquia, Santiago Valencia, había mencionado que, entre los tres conceptos jurídicos planteados en la reunión con el sector empresarial y la gobernación de Antioquia se preveía la posibilidad de que la tasa de seguridad para los comercios en el departamento sea deducible en un 100 % del impuesto de renta, lo que quiere decir, que cada empresa tendría que verificar su esquema tributario para ver cuánto de este porcentaje se puede descontar.Según explicó Cecilia Rico, la directora de Gestión de Impuestos de la DIAN a Blu Radio, para que esto sea posible tendría que estar consagrado en el Estatuto Tributario Nacional, lo que implicaría una reforma expedida por el Congreso Nacional, siendo posible si existe un camino legislativo de por medio."Y entonces ahora se les ocurrió, listo, que es que el impuesto de industria y comercio lo va a poder deducir en tal porcentaje, eso tiene que estar por ley. O sea, yo a través de una ordenanza, que sería lo que haría el departamento, no puedo llegar y garantizar y decirles, mira, es que esta contribución que voy a poner, no sé, para la seguridad, usted la va a poder deducir en el impuesto de renta, no, porque eso tiene que ser a través de una ley del Congreso Nacional", explicó la directora."Si la ley del Congreso Nacional, dijo, oiga, va a ser deducible el 100 % de lo que usted pague por impuesto, no sé, de avisos y tableros, cualquier cosa de esas, departamental, distrital o municipal, tiene que estar consagrado en el Estatuto Tributario. O sea, que como no está consagrado en el Estatuto Tributario, digamos que no sería viable desde la DIAN", complementó.Además, indicó, que al menos desde la Dirección de Impuestos no ha habido una reunión, hasta el momento, con la gobernación para hablar sobre dicha posibilidad tributaria, y se desconoce si se han entablado conversaciones con otras áreas como la Dirección Jurídica.Y reiteró que la DIAN es quien ejecuta la política tributaria, y es a quien, usualmente, se le consulta sobre si es viable administrar algún impuesto o si, por el contrario, es inconveniente recaudar de esa manera. Sin embargo, explicaron que es el Ministro de Hacienda es quien finalmente toma la decisión y quien presenta ante el Congreso dicha reforma tributaria.
Las fuertes palabras del presidente Petro en la ciudad de Barranquilla en el que calificó de “malditos” a los congresistas que votaron por el archivo de la reforma tributaria o ley de financiamiento sigue generando ecos en los sectores políticos.A la fuerte respuesta dada por el partido Conservador emitido en la mañana de este viernes, el Partido Liberal también se expresó exigiendo respeto al primer mandatario por las posiciones e ideas de los congresistas, su sentido del voto y por la Rama Legislativa como tal.“No trataremos de maldito al gobernante que por sus ideas diferentes y creencias pasajeras lleve a Colombia al retroceso, lo cuestionamos y lo derrotaremos en democracia. Exigimos respeto por la rama legislativa y por las posiciones e ideas de nuestros congresistas que en su haber tuvieron a bien rechazar y hundir esa reforma tributaria disfrazada de ley de financiamiento”, señala el Partido en su comunicado.El Partido consideró que su voto tenía el sentido de evitar una reforma que buscaba “infringir más impuestos a los colombianos” y que es mediante el respeto y consideración que se construye sobre lo construido.“Es con palabras como ‘malditos’ que se arrasa y destruye al que piensa diferente (...) Colombia necesita equidad, igualdad y oportunidades para todos, no las maldiciones y la mezquindad por parte del presidente Petro”, concluye el comunicado.
La reciente caída de la ley de financiamiento del Gobierno ha tenido un profundo impacto en las finanzas del país, sobre todo en las regiones. De acuerdo con el Departamento Nacional de Protección (DNP), esto implica una pérdida significativa en los recursos destinados a la inversión social en todos los departamentos del país para el año 2025.De acuerdo con el documento presentado por el director del DNP, Alexander López, en sus redes sociales, el departamento que más recorte tendrá es el Valle del Cauca, con 672.442 millones de pesos, le sigue Bogotá con una reducción de 568.742 millones de pesos y el tercero que más reducción tendrá es Antioquia, donde el recorte asciende a 564.772 de pesos.Esta es la lista de los 32 departamentos:Amazonas: -77.388 millonesAntioquia: -564.772 millonesArauca: -85.975 millonesSan Andrés, Providencia y Santa Catalina: -110.960 millonesAtlántico: -336.035 millonesBogotá: -568.742 millonesBolívar: -500.193 millonesBoyacá: -200.288 millonesCaldas: -110.646 millonesCaquetá: -168.820 millonesCasanare: -113.340 millonesCauca: -527.613 millonesCésar: -264.195 millonesChocó: -317.598 millonesCórdoba: -329.202 millonesCundinamarca: -249.855 millonesGuainía: -74.643 millonesGuaviare: -76.171 millonesHuila: -195.071 millonesLa Guajira: -399.467 millonesMagdalena: -286.909 millonesMeta: -159.755 millonesNariño: -469.796 millonesNorte de Santander: -263.234 millonesPutumayo: -182.936 millonesQuindío: -76.887 millonesRisaralda: -92.408 millonesSantander: -256.691 millonesSucre: -196.887 millonesTolima: -196.240 millonesValle del Cauca: -672.442 millonesVaupés: -33.852 millonesVichada: -82.950 millonesEl director explicó que esta ley de financiamiento pretendía ser un mecanismo clave para garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos que benefician directamente a la población y criticó que haya sectores de la oposición que aplaudan el hecho de que se haya hundido esta iniciativa del Gobierno.
Siguen las voces de rechazo al interior del Congreso y los sectores políticos por cuenta de los ataques del presidente Gustavo Petro en su contra luego del hundimiento de la reforma tributaria en las Comisiones Económicas Conjuntas el pasado miércoles 11 de diciembre.Y es que desde Barranquilla, el presidente lanzó una serie de diatribas contra los integrantes de las Comisiones Terceras y Cuartas que no acompañaron su ley de financiamiento, a quienes acusó de ir en contra de la gente e incluso planteó la idea de un juicio político a estos parlamentarios."Malditos congresistas. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propio pueblo, se lo tengo que decir a Char, aunque nunca está aquí, él y sus parlamentarios, por estar pegados a los negocios particulares no fueron capaces de dar la batalla para defender a su región, con tal de no pelear con Vargas Lleras", señaló el primer mandatario durante su participación en la Asamblea Popular de la Democracia Energética del Caribe.Mediante un pronunciamiento en su cuenta en la red social ‘X’, el partido conservador rechazó estas declaraciones clasificándolas como “una actitud que debe ser rechazada, ya que irrespeta la democracia y la independencia de un Congreso elegido por más de 16 millones de colombianos”.“Se equivoca el presidente cuando trata de llevar un debate tan serio como el futuro fiscal del país al terreno de las descalificaciones, los argumentos de persecución política y la confrontación social. No es serio ni obedece a la majestad de un primer mandatario caer en la agresión verbal contra los congresistas”, señalaron los conservadores en su comunicado.El partido, hoy declarado independiente concluyó su mensaje llamando al presidente a respetar los debates mediante argumentos y en democracia, incluso aceptando las derrotas y que se mantendrán firmes en su postura de no acompañar ninguna reforma o proyecto de ley que “ponga en riesgo la institucionalidad, los derechos de los colombianos y la democracia”.
