Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves de que la política de 'paz total' del presidente Gustavo Petro ha obtenido resultados limitados para reducir los abusos contra la población civil y alertó de que los grupos armados expandieron su presencia en el país el año pasado."Dos años y medio después de que el presidente Gustavo Petro asumiera la Presidencia, su estrategia de 'paz total' ha logrado resultados limitados en la reducción de los abusos contra la población civil", señaló HRW al hablar de Colombia en su Informe Mundial 2025, en el que analiza lo sucedido en materia de DD.HH. el año pasado.El mandatario asumió el poder el 7 de agosto de 2022 con la promesa de una 'paz total' que, hasta el momento, ha atravesado varios baches a pesar de que se entablaron diálogos de paz con varios grupos y se concretaron ceses al fuego con algunos de ellos.En ese sentido, el Gobierno está negociando el fin del conflicto armado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos disidencias de las FARC, una conocida como Estado Mayor Central (EMC) y la otra como Segunda Marquetalia.Igualmente, busca el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y de otros grupos armados.Al respecto, HRW destacó que si bien el Gobierno colombiano logró varios alto el fuego, "los preparativos y el seguimiento fueron insuficientes y en muchos casos los grupos armados no los cumplieron".Abusos contra la población civilLa organización aseguró que grupos armados cometieron el año pasado "serios abusos contra los civiles y expandieron su presencia en el país", pues el Clan del Golfo está presente en 392 de los 1.102 municipios de Colombia, el ELN en 232 y las disidencias de las FARC en 299.HRW también criticó a las autoridades por fallar en garantizar la seguridad efectiva de la población y el acceso a la justicia a las víctimas, además de no investigar y desmantelar los grupos armados.Entre los abusos cometidos por estos grupos, HRW recordó que en la primera mitad de 2024, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hubo 159 casos de reclutamiento de menores, que son "frecuentemente miembros de comunidades indígenas"."A más de 71.000 personas se les impidió salir de sus comunidades, situación conocida como 'confinamiento', entre enero y julio, lo que supone un aumento del 39 % en comparación con el mismo periodo de 2023. Persistieron los temores a las minas antipersona, las amenazas de grupos armados y los fuegos cruzados", agregó Human Rights Watch.En los convulsos departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, en el oeste del país, la lucha armada entre los militares y los grupos armados provocó el desplazamiento forzado de más de 34.000 personas entre enero y julio, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entretanto, recibió 138 denuncias de asesinatos de líderes sociales, la mayoría de los cuales "defendían los derechos de sus comunidades".Libertad de expresiónPor otra parte, Human Rights Watch señaló que, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), "Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas".En ese sentido, la oficina del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó el asesinato de cinco reporteros entre enero y julio del año pasado."El presidente siguió utilizando las redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos con su Gobierno", expresó HRW.Como ejemplo de ello puso que en septiembre, Petro emitió una "instrucción presidencial dirigida a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo para garantizar un entorno seguro para la libertad de expresión y los periodistas" que, "sin embargo, no la cumplió durante el acto de presentación", agregó HRW.
La orden ejecutiva que el Gobierno de Joe Biden emitió el martes para restringir de forma drástica el derecho de asilo en Estados Unidos "pone en riesgo a miles de personas", además de ser contraria a las convenciones internacionales sobre derechos humanos y sobre los refugiados, denunció este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).La orden, recuerda HRW mediante un comunicado, equivale a cerrar la frontera a los solicitantes de asilo a partir de cierto número (2.500 de media durante 7 días) pese a que el artículo 31 de la Convención de Refugiados deja claro que toda persona tiene derecho a pedir protección en las zonas limítrofes.La orden ejecutiva se ha decidido "concentrándose en cifras arbitrarias en lugar de en seres humanos (e) ignora el daño potencial a individuos, familias y niños que pueden ser obligados a regresar por la fuerza al peligro", según dijo Vicki B. Gaubeca, directora asociada de políticas migratorias en EE.UU. en la organización.Gaubeca señala además que es una política que replica las políticas anti-inmigración más duras del Gobierno de Donald Trump (2017-2021), "alimentando el temor contra los inmigrantes" y tratando de aparentar ser más duros en el control de las fronteras.De hecho, Gaubeca inscribe la orden en el contexto de "este teatro político que aparece siempre en cada ciclo electoral presidencial", y lamenta que en lugar de ello Biden no haya optado por "crear un enfoque equilibrado y de respeto a los derechos para gestionar la frontera con México".Sin embargo, recuerda que esta no es la primera restricción al derecho de asilo de la Administración Biden, y recuerda una primera limitación el pasado año (con una ley que obligaba al inmigrante a registrarse en una app telefónica o a solicitar el asilo en un país de tránsito), más los planes para reforzar cada vez más la cooperación entre los departamentos de Justicia y Seguridad (interior) con una óptica cada vez más policial.
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles el "uso ilegítimo" de la fuerza letal contra los palestinos por parte del Ejército israelí, que mató a personas que “no suponían una amenaza aparente para su seguridad” en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, donde se registraron 492 muertes por esa causa solo en 2023.“Las fuerzas de seguridad israelíes mataron más del doble de palestinos en Cisjordania en 2023 que en cualquier año desde que comenzó la recolección sistemática de datos en 2005”, apuntó la organización en el informe titulado ‘Cisjordania: Asesinatos ilegítimos de palestinos a manos de las fuerzas israelíes’.En 2023 murieron a manos de las fuerzas israelíes 492 palestinos -entre ellos 120 niños- en Cisjordania y Jerusalén Este, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). Del total, 300 fallecieron en los tres meses posteriores al ataque de Hamás del 7 de octubre.Del lado israelí, 25 civiles y cinco militares murieron por ataques de palestinos en 2023.“La tasa de asesinatos fue aún mayor durante el primer trimestre de 2024” apuntó HRW. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024, los palestinos muertos en Cisjordania ocupada sumaron 131 personas.Política de dominaciónEl informe de HRW se basa en el estudio de ocho incidentes fatales, entre los que se encuentra el asesinato de Taha Mahamid, de 15 años, y su padre Ibrahim, de 58, en Tulkarem, noroeste de Cisjordania, el 19 de octubre.El niño fue abatido a tiros al salir a la calle a mirar a los vehículos militares y su hermana grabó los hechos con su teléfono. Cuando su padre acudió a recoger el cadáver recibió un disparo en el abdomen por el que fue hospitalizado y que acabó con su vida del 29 de febrero, según conoció OCHA.Durante una redada en Jenín, norte de Cisjordania, el 8 de diciembre, las fuerzas israelíes mataron también a Sidqi Zarkaneh y Tareq Damaj, de 29 años, y Atta Shalabi, de 46, “aparentemente desarmados”. En el vídeo, revisado por HRW, Zarkaneh recibe al salir de su automóvil. Damaj, que aparcó junto al vehículo del herido para asistirlo, también fue abatido.“A pesar de décadas de homicidios ilegítimos de palestinos en situaciones policiales, las autoridades israelíes continúan utilizando tácticas que contravienen las normas internacionales de derechos humanos”, denunció la organización, y señaló que “no utilizan el mismo patrón de fuerza legítima ilegal contra los judíos israelíes”, en referencia al repunte de ataques por parte de colonos, muchas veces armados y amparados por soldados, en Cisjordania.“Esto indica que el uso ilegítimo excesivo de la fuerza es discriminatorio y utilizado para fomentar su política de dominación de los judíos israelíes sobre los palestinos”, concluyó.Le puede interesar:
El pasado 26 de enero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó la inhabilitación administrativa contra la candidata opositora en Venezuela María Corina Machado, por lo que no podrá participar en las elecciones presidenciales en ese país. Human Rights Watch se pronunció.Desde entonces diferentes presidentes han rechazado públicamente está decisión, e incluso Estados Unidos aseguró que evaluaría su decisión de empezar a levantar sanciones a Venezuela, pues uno de los compromisos para este proceso era que se permitieran unas elecciones libres en ese país.El presidente Gustavo Petro aún no se pronuncia públicamente sobre el caso y por eso desde la organización Human Rights Watch le enviaron una carta pidiéndole que lo haga.“Cualquiera sea la afinidad política de los gobernantes de la región con la señora Machado, defender su derecho a participar en las elecciones es defender el derecho de todos los venezolanos, incluyendo de quienes la eligieron como representante de la oposición, a participar en elecciones justas y libres”, señala la carta.Desde Human Rights Watch también aseguran que esta decisión viola los derechos políticos de Machado y amenaza los derechos de todos los venezolanos a participar en elecciones justas y libres.“Señor presidente, espero que el gobierno de S.E. pueda aprovechar su acceso al gobierno de Maduro para desempeñar un rol positivo en este momento determinante para el futuro de Venezuela. Asegurar un retorno de una democracia respetuosa de los derechos humanos en Venezuela debe ser una prioridad de toda la región y en especial de Colombia”, señala la misiva enviada a Petro.
La oenegé Human Rights Watch (HRW) acusó el jueves a Meta de restringir el contenido propalestino en Facebook e Instagram, denunciando una "censura en línea sistémica" desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás."Las políticas y los sistemas de moderación de contenido de Meta están silenciando cada vez más las voces a favor de Palestina en Instagram y Facebook", escribió en un informe de 51 páginas publicado el jueves.Esta censura es "particularmente dañina en un período de terribles atrocidades y represión que ya sofocan las voces de los palestinos", dijo Deborah Brown, subdirectora interina de la división de tecnología y derechos humanos de HRW, citada en el comunicado de la ONG.El martes, el consejo independiente de vigilancia de Meta criticó a las plataformas del gigante de las redes sociales por una política de moderación demasiado restrictiva en el marco del conflicto entre Israel y Hamás.La guerra entre Israel y Hamás fue desencadenada el 7 de octubre por un ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en suelo israelí, matando a unas 1.140 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras israelíes.El ministerio de Salud de Hamás en Gaza informó el miércoles de 20.000 muertos desde el inicio de los bombardeos israelíes, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes.En su informe, titulado "Las promesas incumplidas de Meta: Censura sistémica de contenidos propalestinos en Instagram y Facebook", HRW considera que "la censura de Meta contribuye a borrar los sufrimientos de los palestinos".La ONG detalla la supresión de contenidos, la suspensión o supresión de cuentas, la incapacidad de interactuar con los contenidos o la incapacidad de seguir cuentas.En total, la ONG examinó 1.050 "casos de censura y otras supresiones de contenidos en más de 60 países" en Instagram y Facebook, entre octubre y noviembre.De este total, 1.049 se referían a "contenidos pacíficos en favor de Palestina, mientras que un caso se refería a la supresión de contenidos en favor de Israel", según la ONG, que llama a Meta a "alinear sus políticas y prácticas de moderación de contenidos con las normas internacionales de derechos humanos".Le puede interesar:
Human Rights Watch reveló que durante el mes de noviembre en Colombia fueron asesinados 16 líderes sociales y defensores de derechos humanos. En total se han registrado 150 casos en lo corrido del año.Cauca fue el departamento más afectado por esta situación durante el mes de noviembre, pues se registraron tres casos en Toribío, Miranda y Santander de Quilichao.El Pacífico ha sido la zona más afectada por estos casos, pero también los departamentos fronterizos de Norte de Santander y Arauca.Desde Human Rights Watch, además, alertan que hay un deterioro en la situación de seguridad en Colombia, mientras que según Indepaz, durante este año 40 firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados en lo corrido de este 2023.Según indicó en su cuenta de X, Juan Pappier, subdirector en funciones de Human Rights Watch en Latinoamérica, este es el listado completo de los líderes sociales que fueron asesinados en el mes de noviembre:Pappier señaló a EFE además que para detener esta matanza el Gobierno "necesita fortalecer sus políticas de seguridad, reforzar y simplificar sus mecanismos de protección y prevención y hacer esfuerzos mucho mayores para avanzar en estrategias judiciales que busquen desmantelar a los grupos armados que operan en el país"."Estos asesinatos no se van a frenar solo a punta de buena voluntad y compromiso con las comunidades en zonas remotas del país", puntualizó.De hecho, los 16 líderes o defensores asesinados en noviembre eran en su mayoría dirigentes comunales o indígenas de pueblos apartados del país que son los más golpeados por la violencia de los grupos armados ilegales.Le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro envió una carta este lunes, 2 de octubre, al presidente del Senado, Iván Name, para poner a consideración del legislativo los tres nombres que propone para que de allí salga el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de Alejandro Linares Cantillo.Entre los postulados está Vladimir Fernández, el actual secretario jurídico de la Presidencia y uno de los hombres de confianza del presidente, egresado de derecho de la Universidad Externado, tiene experiencia en la Procuraduría y en la Contraloría. También está Cielo Rusinque, quien se desempeñó hasta hace algunas semanas como directora del Departamento de Prosperidad Social y es abogada constitucionalista. Por último, está Gerardo Vega, el director de la Agencia Nacional de Tierras, quien es abogado de la Universidad Católica de Colombia.Desde la Organización Human Rights Watch mostraron su preocupación por la postulación de estas tres personas, teniendo en cuenta que han hecho parte del Gobierno."Nos preocupa la terna para la Corte Constitucional presentada por el presidente Gustavo Petro. Los tres han sido funcionarios de su Gobierno y por tanto tienen poca independencia. Además, tienen escasa experiencia constitucional. Esto empaña la excelente terna para fiscal", señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.Le puede interesar
Un total de 92 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en el primer trimestre de este año en Colombia, según reportó este viernes la Defensoría del Pueblo.Es "una cifra que muestra la continuidad de la violencia contra los liderazgos en las regiones", señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, según se extrae de un comunicado.A pesar de la alarmante cifra, se produjo una disminución respecto al mismo periodo de 2022, cuando hubo 114 casos, aunque la tendencia podría ir en aumento, debido a las elecciones regionales que se celebrarán en el país en octubre.La mayoría de asesinados fueron líderes comunales (22 homicidios), seguidos de líderes comunitarios (20 casos) e indígenas (16), que conforman el 63 % de los asesinatos registrados por el ente estatal.Además, el departamento del Cauca (suroeste) fue el más afectado, con 17 casos, seguido de Nariño (también en el suroeste) y Antioquia (noroeste).Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF"Es una vergüenza para el Estado que al parecer se haya normalizado el hecho de que cada semestre se sigan registrando cerca de un centenar de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos", alegó el defensor del Pueblo.Y a la vez lamentó que "no se observen medidas contundentes que garanticen la vida de quienes defienden los derechos de sus comunidades".Se trata de una cifra mayor a la reportada la pasada semana por Human Rights Watch (HRW), que cifró en 77 los defensores de derechos humanos asesinados, mientras que el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de 82 defensores en el primer semestre del año.En 2022, Colombia marcó el "lamentable récord" de homicidios de líderes y defensores con 215 asesinados, según los datos de la Defensoría del PuebloLe puede interesar:
En las últimas horas las autoridades de El Salvador allanaron casas en distintas partes del país en busca de evidencias contra un centenar de colombianos que fueron detenidos señalados de integrar una red de lavado de dinero."La Fiscalía General de la República en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron allanamientos en las viviendas de los colombianos que se dedicaban a estafar, haciéndose pasar por microfinancieras", indicó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.Esto contrasta con el drama que viven varias familias en Colombia que no saben de sus seres queridos, que se fueron a ese país en busca de nuevas oportunidades laborales y económicas.En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Juanita Goebertus, directora División de las Américas de HRW, habló del panorama en materia de derechos humanos en ese país y la persecución de la cual están siendo víctimas vario colombianos que, hasta la fecha no han tenido un debido proceso.“Uno de los elementos más grave es la persecución por un delito sin individualizar”, dijo Goebertus. En ese sentido, aseguró que seguirán buscando los mecanismos y las instancias judiciales para tener respuesta de las autoridades y el Gobierno de Nayib Bukele.Insistió que con el actuar de las autoridades de ese país, se está incurriendo en violación de derechos humanos, “aquí hay toda violación al debido proceso y derechos humanos. Se debe informar a los familiares dónde están y cuál es el delito por el que fueron detenidos”, enfatizó.Goebertus finalizó siendo crítica y preocupada por el “silencio” de los demás países ante las denuncias por violación de derechos humanos en El Salvador.Cabe recordar que el pasado 17 de julio las autoridades salvadoreñas anunciaron la detención de 110 personas, de ellas 105 colombianos.También fueron detenidos un argentino, un guatemalteco y 3 salvadoreños, cuyas residencias también fueron allanadas, señaló la Fiscalía.Los detenidos, entre los que figuran exmilitares y expolicías, ingresaron a El Salvador en diferentes épocas "como turistas" y ofrecían créditos, pero no estaban registrados en la Superintendencia del Sistema Financiero.Le puede interesar: Escuche aquí la entrevista:
Al menos 77 defensores de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados en el primer semestre de 2023 en Colombia, según informó este jueves el subdirector en funciones de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Juan Pappier."Hemos documentado 77 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en los primeros 6 meses de 2023", reveló Pappier en Twitter.No obstante, el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de 82 defensores en el primer semestre del año, lo que significa una disminución en 12 casos con respecto a los registrados por este organismo para el mismo periodo en 2022.En 2022, Colombia marcó el "lamentable récord" de homicidios de líderes y defensores con 215 asesinados, según los datos de la Defensoría del Pueblo, que para los primeros 7 meses del año pasado ya había contabilizado 122 homicidios.LOS DATOS DE ESTE AÑODel total de homicidios contabilizados por HRW este semestre, 11 fueron perpetrados en junio; 12 en mayo; 20 en abril (mes más sangriento para los liderazgos); 14 en marzo; 8 en febrero y 12 en enero.El Pacífico colombiano -región en la que operan disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales como el Clan del Golfo, que se disputan las rutas del narcotráfico y el control territorial- es donde se concentraron más asesinatos de este tipo.En ese sentido, la ONG registró 18 casos en el Cauca, 6 en el Valle del Cauca y Nariño, y 1 en el Chocó, siendo estos los 4 departamentos que conforman la región del Pacífico.Entre los asesinados este mes de junio en esa zona se encuentra Alexander Chocué, autoridad tradicional del Resguardo La Laguna Siberia y miembro de la Guardia Indígena, perteneciente al municipio de Caldono, en el departamento del Cauca.Chocué, que había denunciado hace un año que estaba recibiendo amenazas en su contra por parte del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, fue asesinado el 19 de junio en medio de un evento familiar.Entre los liderazgos más castigados en este registro de HRW, el documento publicado por Pappier también incluye a campesinos, indígenas, LGBT, juveniles, afrodescendientes, ambientales y hasta un servidor público.Le puede interesar:
