La orden ejecutiva que el Gobierno de Joe Biden emitió el martes para restringir de forma drástica el derecho de asilo en Estados Unidos "pone en riesgo a miles de personas", además de ser contraria a las convenciones internacionales sobre derechos humanos y sobre los refugiados, denunció este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).La orden, recuerda HRW mediante un comunicado, equivale a cerrar la frontera a los solicitantes de asilo a partir de cierto número (2.500 de media durante 7 días) pese a que el artículo 31 de la Convención de Refugiados deja claro que toda persona tiene derecho a pedir protección en las zonas limítrofes.La orden ejecutiva se ha decidido "concentrándose en cifras arbitrarias en lugar de en seres humanos (e) ignora el daño potencial a individuos, familias y niños que pueden ser obligados a regresar por la fuerza al peligro", según dijo Vicki B. Gaubeca, directora asociada de políticas migratorias en EE.UU. en la organización.Gaubeca señala además que es una política que replica las políticas anti-inmigración más duras del Gobierno de Donald Trump (2017-2021), "alimentando el temor contra los inmigrantes" y tratando de aparentar ser más duros en el control de las fronteras.De hecho, Gaubeca inscribe la orden en el contexto de "este teatro político que aparece siempre en cada ciclo electoral presidencial", y lamenta que en lugar de ello Biden no haya optado por "crear un enfoque equilibrado y de respeto a los derechos para gestionar la frontera con México".Sin embargo, recuerda que esta no es la primera restricción al derecho de asilo de la Administración Biden, y recuerda una primera limitación el pasado año (con una ley que obligaba al inmigrante a registrarse en una app telefónica o a solicitar el asilo en un país de tránsito), más los planes para reforzar cada vez más la cooperación entre los departamentos de Justicia y Seguridad (interior) con una óptica cada vez más policial.
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles el "uso ilegítimo" de la fuerza letal contra los palestinos por parte del Ejército israelí, que mató a personas que “no suponían una amenaza aparente para su seguridad” en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, donde se registraron 492 muertes por esa causa solo en 2023.“Las fuerzas de seguridad israelíes mataron más del doble de palestinos en Cisjordania en 2023 que en cualquier año desde que comenzó la recolección sistemática de datos en 2005”, apuntó la organización en el informe titulado ‘Cisjordania: Asesinatos ilegítimos de palestinos a manos de las fuerzas israelíes’.En 2023 murieron a manos de las fuerzas israelíes 492 palestinos -entre ellos 120 niños- en Cisjordania y Jerusalén Este, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). Del total, 300 fallecieron en los tres meses posteriores al ataque de Hamás del 7 de octubre.Del lado israelí, 25 civiles y cinco militares murieron por ataques de palestinos en 2023.“La tasa de asesinatos fue aún mayor durante el primer trimestre de 2024” apuntó HRW. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024, los palestinos muertos en Cisjordania ocupada sumaron 131 personas.Política de dominaciónEl informe de HRW se basa en el estudio de ocho incidentes fatales, entre los que se encuentra el asesinato de Taha Mahamid, de 15 años, y su padre Ibrahim, de 58, en Tulkarem, noroeste de Cisjordania, el 19 de octubre.El niño fue abatido a tiros al salir a la calle a mirar a los vehículos militares y su hermana grabó los hechos con su teléfono. Cuando su padre acudió a recoger el cadáver recibió un disparo en el abdomen por el que fue hospitalizado y que acabó con su vida del 29 de febrero, según conoció OCHA.Durante una redada en Jenín, norte de Cisjordania, el 8 de diciembre, las fuerzas israelíes mataron también a Sidqi Zarkaneh y Tareq Damaj, de 29 años, y Atta Shalabi, de 46, “aparentemente desarmados”. En el vídeo, revisado por HRW, Zarkaneh recibe al salir de su automóvil. Damaj, que aparcó junto al vehículo del herido para asistirlo, también fue abatido.“A pesar de décadas de homicidios ilegítimos de palestinos en situaciones policiales, las autoridades israelíes continúan utilizando tácticas que contravienen las normas internacionales de derechos humanos”, denunció la organización, y señaló que “no utilizan el mismo patrón de fuerza legítima ilegal contra los judíos israelíes”, en referencia al repunte de ataques por parte de colonos, muchas veces armados y amparados por soldados, en Cisjordania.“Esto indica que el uso ilegítimo excesivo de la fuerza es discriminatorio y utilizado para fomentar su política de dominación de los judíos israelíes sobre los palestinos”, concluyó.Le puede interesar:
El pasado 26 de enero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó la inhabilitación administrativa contra la candidata opositora en Venezuela María Corina Machado, por lo que no podrá participar en las elecciones presidenciales en ese país. Human Rights Watch se pronunció.Desde entonces diferentes presidentes han rechazado públicamente está decisión, e incluso Estados Unidos aseguró que evaluaría su decisión de empezar a levantar sanciones a Venezuela, pues uno de los compromisos para este proceso era que se permitieran unas elecciones libres en ese país.El presidente Gustavo Petro aún no se pronuncia públicamente sobre el caso y por eso desde la organización Human Rights Watch le enviaron una carta pidiéndole que lo haga.“Cualquiera sea la afinidad política de los gobernantes de la región con la señora Machado, defender su derecho a participar en las elecciones es defender el derecho de todos los venezolanos, incluyendo de quienes la eligieron como representante de la oposición, a participar en elecciones justas y libres”, señala la carta.Desde Human Rights Watch también aseguran que esta decisión viola los derechos políticos de Machado y amenaza los derechos de todos los venezolanos a participar en elecciones justas y libres.“Señor presidente, espero que el gobierno de S.E. pueda aprovechar su acceso al gobierno de Maduro para desempeñar un rol positivo en este momento determinante para el futuro de Venezuela. Asegurar un retorno de una democracia respetuosa de los derechos humanos en Venezuela debe ser una prioridad de toda la región y en especial de Colombia”, señala la misiva enviada a Petro.
La oenegé Human Rights Watch (HRW) acusó el jueves a Meta de restringir el contenido propalestino en Facebook e Instagram, denunciando una "censura en línea sistémica" desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás."Las políticas y los sistemas de moderación de contenido de Meta están silenciando cada vez más las voces a favor de Palestina en Instagram y Facebook", escribió en un informe de 51 páginas publicado el jueves.Esta censura es "particularmente dañina en un período de terribles atrocidades y represión que ya sofocan las voces de los palestinos", dijo Deborah Brown, subdirectora interina de la división de tecnología y derechos humanos de HRW, citada en el comunicado de la ONG.El martes, el consejo independiente de vigilancia de Meta criticó a las plataformas del gigante de las redes sociales por una política de moderación demasiado restrictiva en el marco del conflicto entre Israel y Hamás.La guerra entre Israel y Hamás fue desencadenada el 7 de octubre por un ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en suelo israelí, matando a unas 1.140 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras israelíes.El ministerio de Salud de Hamás en Gaza informó el miércoles de 20.000 muertos desde el inicio de los bombardeos israelíes, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes.En su informe, titulado "Las promesas incumplidas de Meta: Censura sistémica de contenidos propalestinos en Instagram y Facebook", HRW considera que "la censura de Meta contribuye a borrar los sufrimientos de los palestinos".La ONG detalla la supresión de contenidos, la suspensión o supresión de cuentas, la incapacidad de interactuar con los contenidos o la incapacidad de seguir cuentas.En total, la ONG examinó 1.050 "casos de censura y otras supresiones de contenidos en más de 60 países" en Instagram y Facebook, entre octubre y noviembre.De este total, 1.049 se referían a "contenidos pacíficos en favor de Palestina, mientras que un caso se refería a la supresión de contenidos en favor de Israel", según la ONG, que llama a Meta a "alinear sus políticas y prácticas de moderación de contenidos con las normas internacionales de derechos humanos".Le puede interesar:
Human Rights Watch reveló que durante el mes de noviembre en Colombia fueron asesinados 16 líderes sociales y defensores de derechos humanos. En total se han registrado 150 casos en lo corrido del año.Cauca fue el departamento más afectado por esta situación durante el mes de noviembre, pues se registraron tres casos en Toribío, Miranda y Santander de Quilichao.El Pacífico ha sido la zona más afectada por estos casos, pero también los departamentos fronterizos de Norte de Santander y Arauca.Desde Human Rights Watch, además, alertan que hay un deterioro en la situación de seguridad en Colombia, mientras que según Indepaz, durante este año 40 firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados en lo corrido de este 2023.Según indicó en su cuenta de X, Juan Pappier, subdirector en funciones de Human Rights Watch en Latinoamérica, este es el listado completo de los líderes sociales que fueron asesinados en el mes de noviembre:Pappier señaló a EFE además que para detener esta matanza el Gobierno "necesita fortalecer sus políticas de seguridad, reforzar y simplificar sus mecanismos de protección y prevención y hacer esfuerzos mucho mayores para avanzar en estrategias judiciales que busquen desmantelar a los grupos armados que operan en el país"."Estos asesinatos no se van a frenar solo a punta de buena voluntad y compromiso con las comunidades en zonas remotas del país", puntualizó.De hecho, los 16 líderes o defensores asesinados en noviembre eran en su mayoría dirigentes comunales o indígenas de pueblos apartados del país que son los más golpeados por la violencia de los grupos armados ilegales.Le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro envió una carta este lunes, 2 de octubre, al presidente del Senado, Iván Name, para poner a consideración del legislativo los tres nombres que propone para que de allí salga el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de Alejandro Linares Cantillo.Entre los postulados está Vladimir Fernández, el actual secretario jurídico de la Presidencia y uno de los hombres de confianza del presidente, egresado de derecho de la Universidad Externado, tiene experiencia en la Procuraduría y en la Contraloría. También está Cielo Rusinque, quien se desempeñó hasta hace algunas semanas como directora del Departamento de Prosperidad Social y es abogada constitucionalista. Por último, está Gerardo Vega, el director de la Agencia Nacional de Tierras, quien es abogado de la Universidad Católica de Colombia.Desde la Organización Human Rights Watch mostraron su preocupación por la postulación de estas tres personas, teniendo en cuenta que han hecho parte del Gobierno."Nos preocupa la terna para la Corte Constitucional presentada por el presidente Gustavo Petro. Los tres han sido funcionarios de su Gobierno y por tanto tienen poca independencia. Además, tienen escasa experiencia constitucional. Esto empaña la excelente terna para fiscal", señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.Le puede interesar
Un total de 92 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en el primer trimestre de este año en Colombia, según reportó este viernes la Defensoría del Pueblo.Es "una cifra que muestra la continuidad de la violencia contra los liderazgos en las regiones", señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, según se extrae de un comunicado.A pesar de la alarmante cifra, se produjo una disminución respecto al mismo periodo de 2022, cuando hubo 114 casos, aunque la tendencia podría ir en aumento, debido a las elecciones regionales que se celebrarán en el país en octubre.La mayoría de asesinados fueron líderes comunales (22 homicidios), seguidos de líderes comunitarios (20 casos) e indígenas (16), que conforman el 63 % de los asesinatos registrados por el ente estatal.Además, el departamento del Cauca (suroeste) fue el más afectado, con 17 casos, seguido de Nariño (también en el suroeste) y Antioquia (noroeste).Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF"Es una vergüenza para el Estado que al parecer se haya normalizado el hecho de que cada semestre se sigan registrando cerca de un centenar de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos", alegó el defensor del Pueblo.Y a la vez lamentó que "no se observen medidas contundentes que garanticen la vida de quienes defienden los derechos de sus comunidades".Se trata de una cifra mayor a la reportada la pasada semana por Human Rights Watch (HRW), que cifró en 77 los defensores de derechos humanos asesinados, mientras que el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de 82 defensores en el primer semestre del año.En 2022, Colombia marcó el "lamentable récord" de homicidios de líderes y defensores con 215 asesinados, según los datos de la Defensoría del PuebloLe puede interesar:
En las últimas horas las autoridades de El Salvador allanaron casas en distintas partes del país en busca de evidencias contra un centenar de colombianos que fueron detenidos señalados de integrar una red de lavado de dinero."La Fiscalía General de la República en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron allanamientos en las viviendas de los colombianos que se dedicaban a estafar, haciéndose pasar por microfinancieras", indicó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.Esto contrasta con el drama que viven varias familias en Colombia que no saben de sus seres queridos, que se fueron a ese país en busca de nuevas oportunidades laborales y económicas.En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Juanita Goebertus, directora División de las Américas de HRW, habló del panorama en materia de derechos humanos en ese país y la persecución de la cual están siendo víctimas vario colombianos que, hasta la fecha no han tenido un debido proceso.“Uno de los elementos más grave es la persecución por un delito sin individualizar”, dijo Goebertus. En ese sentido, aseguró que seguirán buscando los mecanismos y las instancias judiciales para tener respuesta de las autoridades y el Gobierno de Nayib Bukele.Insistió que con el actuar de las autoridades de ese país, se está incurriendo en violación de derechos humanos, “aquí hay toda violación al debido proceso y derechos humanos. Se debe informar a los familiares dónde están y cuál es el delito por el que fueron detenidos”, enfatizó.Goebertus finalizó siendo crítica y preocupada por el “silencio” de los demás países ante las denuncias por violación de derechos humanos en El Salvador.Cabe recordar que el pasado 17 de julio las autoridades salvadoreñas anunciaron la detención de 110 personas, de ellas 105 colombianos.También fueron detenidos un argentino, un guatemalteco y 3 salvadoreños, cuyas residencias también fueron allanadas, señaló la Fiscalía.Los detenidos, entre los que figuran exmilitares y expolicías, ingresaron a El Salvador en diferentes épocas "como turistas" y ofrecían créditos, pero no estaban registrados en la Superintendencia del Sistema Financiero.Le puede interesar: Escuche aquí la entrevista:
Al menos 77 defensores de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados en el primer semestre de 2023 en Colombia, según informó este jueves el subdirector en funciones de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Juan Pappier."Hemos documentado 77 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en los primeros 6 meses de 2023", reveló Pappier en Twitter.No obstante, el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de 82 defensores en el primer semestre del año, lo que significa una disminución en 12 casos con respecto a los registrados por este organismo para el mismo periodo en 2022.En 2022, Colombia marcó el "lamentable récord" de homicidios de líderes y defensores con 215 asesinados, según los datos de la Defensoría del Pueblo, que para los primeros 7 meses del año pasado ya había contabilizado 122 homicidios.LOS DATOS DE ESTE AÑODel total de homicidios contabilizados por HRW este semestre, 11 fueron perpetrados en junio; 12 en mayo; 20 en abril (mes más sangriento para los liderazgos); 14 en marzo; 8 en febrero y 12 en enero.El Pacífico colombiano -región en la que operan disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales como el Clan del Golfo, que se disputan las rutas del narcotráfico y el control territorial- es donde se concentraron más asesinatos de este tipo.En ese sentido, la ONG registró 18 casos en el Cauca, 6 en el Valle del Cauca y Nariño, y 1 en el Chocó, siendo estos los 4 departamentos que conforman la región del Pacífico.Entre los asesinados este mes de junio en esa zona se encuentra Alexander Chocué, autoridad tradicional del Resguardo La Laguna Siberia y miembro de la Guardia Indígena, perteneciente al municipio de Caldono, en el departamento del Cauca.Chocué, que había denunciado hace un año que estaba recibiendo amenazas en su contra por parte del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, fue asesinado el 19 de junio en medio de un evento familiar.Entre los liderazgos más castigados en este registro de HRW, el documento publicado por Pappier también incluye a campesinos, indígenas, LGBT, juveniles, afrodescendientes, ambientales y hasta un servidor público.Le puede interesar:
Después de completarse 15 de búsqueda en tierra de los cuatro menores de edad que siguen desaparecidos en la selva de Caquetá y Guaviare, las autoridades entregaron un nuevo balance en el Puesto de Mando Unificado con los pasos a seguir en la intensificación de la búsqueda de estos niños.Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, aseguró que en los próximos días llegarán 85 indígenas con el fin de ayudar en los operativos de búsqueda en la selva de Caquetá y Guaviare.“Más o menos hemos considerado que pronto pueden llegar en estos días cerca de 85 compañeros y compañeras que ayudarían aquí a la fuerza pública a juntarnos para buscar conjuntamente este propósito. Vendrían de estos lugares, sobre todo estos lugares de la selva vendrían también de otras regiones como el Cauca y de otras organizaciones”, comentó.Además, Yule aseguró que la comunidad indígena entrará en minga por este propósito y que, según lo que les ha dicho la madre tierra, los menores siguen con vida en la selva de Caquetá y Guaviare.“Cuando nosotros llegamos tenemos que hacer el ejercicio de la conversa espiritual con todos aquellos espíritus para que ellos nos ayuden a hacer este ejercicio de la búsqueda que estamos pretendiendo para encontrar a los niños. Así que eso es lo que están haciendo nuestros mayores desde todos los territorios del país y, por supuesto, hoy desde aquí de este territorio vamos a hacer lo mismo para mirar cómo logramos establecer una junta entre la fuerza espiritual, pero también por supuesto la fuerza de la orientación física y militar de las Fuerzas Armadas. También con apoyo de compañeros y compañeras que van a entrar también a reforzar la búsqueda en todos estos días al sitio donde está precisamente los niños”, comentó.Mientras tanto el General Pedro Sánchez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, aseguró que este domingo, 20 de mayo, integrarán 5 equipos de una comunidad indígena y trabajan articuladamente en unas células combinadas similar a como se está haciendo con don Manuel, padre de los 2 niños y padrastro de las 2 niñas que acompaña a los militares en la búsqueda.“La Fuerza Aérea Colombiana, por orden del señor comandante General de las Fuerzas Militares y, por una decisión, una convicción de nosotros de salvar las vidas ha dispuesto a mover 20 miembros de la comunidad indígena desde Puerto Leguisamo, 15 más desde el Caquetá, que llegarán aquí a San José del Guaviare. Posterior se desplazarán hacia Calamar, donde se montará un puesto adelantado de coordinación para ejecución de la misma integración de la operación y el día lunes, a medida que avance todo, muy seguramente se unirá más comunidades indígenas”, comentó el general.Al término de este Puesto de Mando Unificado también entregó declaraciones el director de la Aeronáutica Civil, Sergio Paris, quien informó del estado de las investigaciones sobre el accidente de la aeronave que sufrió el accidente en la selva de Caquetá y Guaviare.“Tres investigadores de accidente entraron al sitio y tengan claridad de que la aeronave aparentemente no fue manipulada. El piloto hizo una operación perfecta (…) Desafortunadamente esas operaciones por los árboles tan grandes y la posición del motor tuvo como consecuencia lo que sucedió (…) Ese es el reporte que tengo de la investigación de accidentes. La aeronave no fue manipulada y eso es una certeza que será dada en la medida que la investigación avance, esa es una nueva novedad”, dijo.
Blu Radio tuvo acceso a nuevos detalles de un encuentro en la Casa de Nariño el 6 de noviembre de este año, que contó con la participación del presidente Gustavo Petro y sería determinante en la intervención de los Estados Unidos dentro de la polémica por la compra del software Pegasus.Un día después, 7 de noviembre, el diario El Tiempo publicó la declaración de altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden, quienes afirmaron que ese país fue el responsable de la compra del software espía Pegasus con el objetivo de implementarlo en la lucha contra el narcotráfico. Además, señalaron que el Gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022) no tuvo conocimiento del negocio pactado con la firma NSO Group por 11 millones de dólares.Además, los funcionarios norteamericanos expresaron que la compra se efectuó por dos montos de 5.5 millones de dólares. La fiscal Luz Adriana Camargo, quien abrió una investigación, afirmó que el sistema financiero de Israel registró el ingreso de dinero y declaró que “la operación por 11 millones de dólares existió”.¿Quién tuvo acceso a Pegasus?Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, que miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países( Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir la herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial(Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.La reunión en PalacioEl 6 de noviembre de este año se llevó a cabo, en la Casa de Nariño, un encuentro crucial entre el presidente Gustavo Petro y un alto dignatario del gobierno de Estados Unidos, tan solo unas horas después de la elección presidencial en ese país, donde fue electo Donald Trump.La fuente anónima argumentó a Blu Radio que las recientes publicaciones en medios, que salpicaba aún más a la línea de mando de la Policía y al gobierno Duque, incluyendo ministros y funcionarios, así como la actuación penal contra importantes aliados en la lucha contra las drogas, como el exministro de Defensa Diego Molano y el general Jorge Luis Vargas, motivaron la intervención y la llegada de esta figura importante de la política norteamericana. Este dignatario estuvo acompañado en todo momento por un esquema de seguridad extranjero durante las pocas horas que permaneció en territorio colombiano.Lo llamativo de la reunión es que en ella se habría informado al Primer mandatario sobre una versión desconocida en ese momento por la opinión pública sobre la participación de Estados Unidos en la compra de Pegasus. No obstante, no fue sino hasta la revelación de El Tiempo y la reunión sostenida entre el embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca con funcionarios del gobierno Biden que el presidente Petro emitió un pronunciamiento en su cuenta de X: “Si esto es cierto, sí que serían peor las cosas”.Otro de los puntos que pudo conocer este medio fue que la persona encargada de responder las preguntas del embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca en Washington fue Todd Robinson, político estadounidense con una larga experiencia en la lucha contra el narcotráfico y la persona que designó Estados Unidos para permitir un mayor entendimiento, teniendo en cuenta la estrecha relación de Robinson en asuntos de América Latina.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el Jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, tambien por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
Emilio Tapia, principal involucrado en el escándalo de corrupción relacionado con el caso Centros Poblados, alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación este martes, en el que admite su responsabilidad en los hechos que resultaron en la pérdida de más de $70.000 millones destinados a conectar con internet a escuelas rurales en Colombia. Este caso, que estalló durante el gobierno del expresidente Iván Duque, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.Detalles del preacuerdoEl preacuerdo entre Emilio Tapia y la Fiscalía contempla cuatro puntos clave que definen las condiciones de su colaboración y su castigo:Condena de seis años de cárcel: Tapia aceptó cumplir una pena privativa de la libertad que, aunque reducida, refleja la gravedad de los delitos cometidos.Devolución de $5000 millones: el empresario deberá reintegrar parte de los fondos desviados. De este monto, ya entregó $2500 millones en efectivo. Los otros $2500 millones serán restituidos mediante bienes que se encuentran en Girardot y zonas rurales de Medellín, según lo confirmó su defensa.Testigo clave para la Fiscalía: Tapia se comprometió a colaborar como testigo en las investigaciones, lo que podría revelar información crucial sobre otros implicados en la red de corrupción.Aceptación de tres delitos: el empresario admitió su responsabilidad en los cargos imputados, consolidando su disposición para cooperar con la justicia.El escándalo de Centros PobladosEl caso Centros Poblados estalló cuando se descubrió que los recursos destinados a llevar conectividad a zonas apartadas del país, mediante un contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), fueron desviados mediante documentación falsa y una red de corrupción liderada por Tapia.El contrato, valuado en $1,07 billones, fue cancelado después de que se conociera que las empresas contratistas no tenían la capacidad técnica ni financiera para ejecutar el proyecto. Este hecho salpicó a funcionarios del gobierno de la época y desató una crisis de credibilidad en las instituciones.
La jefe de la cartera de Justicia, Ángela María Buitrago, se refirió al posible atentado con un explosivo al Inpec en Bogotá, tan solo unas horas después de que el director de esa institución, el coronel Daniel Gutiérrez, expresara su preocupación por la desprotección a los miembros del Inpec.“Este tema de amenazas muerte y persecución de muchos de los guardias del Inpec viene desde hace algunos años, estamos mirando medidas de manera con la Policía Nacional como con la Fiscalía para generar investigación y determinar también las causas y las condiciones, pero sin lugar a dudas esto no hay que demeritarlo, pero si tengo que decir que hay que superar las investigaciones”, afirmó la ministra de Justicia.Por otro lado, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario condenó el atentado con artefacto explosivo que se registró en las últimas horas contra un establecimiento comercial ubicado al lado del edificio principal de esa entidad y que solo dejó daños materiales."Este es un llamado a los nuevos guardianes para que extremen las medidas de seguridad y ejerzan la autoprotección", agregó la minjusticia.
El Gran Premio de Las Vegas 2024, la penúltima cita del calendario de Fórmula 1, se presenta como el escenario ideal donde el neerlandés Max Verstappen podría asegurarse su cuarto título consecutivo y entrar al grupo de tetracampeones de la máxima categoría. Con Lando Norris como principal rival en la lucha por el campeonato, la carrera se correrá en el icónico circuito urbano del "Strip".Horarios y canales para ver EN VIVO la Fórmula 1 en ColombiaPara los fanáticos en Colombia que buscan sintonizar la acción en vivo, la cobertura completa del GP de Las Vegas 2024 estará disponible a través de los canales de televisión deportiva como Espn y plataformas de streaming en línea, como Fórmula1 TV y Star+.DíaEventoHora local (Colombia)Jueves, 21 de noviembreLibres 19:30 de la nocheViernes, 22 de noviembreLibres 21:00 de la mañanaViernes, 22 de noviembreLibres 39:30 de la nocheSábado, 24 de noviembreClasificación1:00 de la mañanaDomingo, 25 de noviembreCarrera1:00 de la mañanaQué necesita Verstappen para ganar el campeonatoVerstappen, líder de la clasificación con 393 puntos, necesita evitar que Norris, su más cercano perseguidor con 331 unidades, le recorte más de dos puntos para coronarse campeón. Este reto llega tras su victoria en el Gran Premio de Brasil, donde brilló con una espectacular remontada desde la decimoséptima posición hasta la cima del podio, rompiendo una sequía de triunfos que se extendió por diez carreras.La ventaja de Verstappen le permite afrontar Las Vegas con cierta comodidad, pero el circuito callejero, conocido por su exigencia y velocidad, exige precisión. Una victoria no solo le aseguraría el campeonato, sino que también lo colocaría en el mismo escalón que leyendas como Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Sebastian Vettel, Michael Schumacher y Lewis Hamilton, únicos pilotos en haber conquistado al menos cuatro títulos mundiales.Cómo va la lucha por el Mundial de ConstructoresMás allá del duelo individual, el campeonato de constructores también está al rojo vivo. McLaren, líder con 593 puntos, busca su primer título desde 1998 y deberá defender su posición frente a Ferrari (557) y Red Bull (544). Lando Norris y Oscar Piastri serán clave para las aspiraciones de la escudería británica, mientras que Sergio Pérez, compañero de Verstappen, enfrenta presión adicional tras una temporada llena de altibajos y especulaciones sobre su continuidad en Red Bull.El regreso al 'Strip'El trazado urbano de Las Vegas, que hizo su debut el año pasado tras cuatro décadas de ausencia de la Fórmula 1 en la ciudad, se ha convertido rápidamente en una de las joyas del calendario. Correr bajo las luces de los casinos y los hoteles más icónicos promete un espectáculo inolvidable, tanto para los pilotos como para los aficionados.Lando Norris, quien elogió la singularidad del circuito, buscará extender la definición del campeonato. "Pilotar por el 'Strip' es una experiencia increíble, estoy deseando competir allí", señaló el británico.
Luego de que le cayeran fuertes críticas al personero de Medellín, Mefi Boset Rave, por una polémica fotografía en donde él aparece besando una camioneta, que acababa de ser entregada al Ministerio Público, el funcionario se defendió sobre múltiples acusaciones relacionadas con la austeridad y el gasto público de la entidad. Con esta situación el mismo Rave explicó que no adquirieron 16 vehículos como se había hablado en un principio, sino que fueron 7 compras bajo un plan estratégico.Por su parte y sobre la controversial foto, Rave aseguró que dicho material es sacado de contexto, ya que la compra de dichos vehículos era una necesidad de la Personería de Medellín que realiza más de 300 recorridos por la ciudad en el día. Además, indicó el personero que al momento de recibir su cargo habían 10 camionetas y solamente una estaba en funcionamiento."La foto es sacada de un contexto, un contexto de alegría, de emoción. Por atender una necesidad latente que tenemos en la ciudad, es una foto desafortunada. Por ejemplo, el día de hoy tenemos tres marchas en la ciudad. Tenemos que transportar a nuestros colaboradores y funcionarios a esos distintos lugares de la ciudad", dijo el personero.Rave explicó que los vehículos adquiridos no son de representación, sino que son meramente operativos para, por ejemplo, las más de 400 visitas que ha hecho la Personería de Medellín a las estaciones de Policía. Asimismo, se adquirieron cuatro motocicletas para que los funcionarios del Ministerio Público puedan estar presentes en movilizaciones ciudadanas y se puedan transportar de una manera más eficiente.Sin embargo, otra de las preguntas de la comunidad fue de dónde salió el dinero para adquirir los vehículos teniendo en cuenta que la Personería cuenta con un presupuesto de 44.000 millones de pesos. Ante esto Rave insistió que este año se ahorraron 520 millones de pesos en temas de fotocopias con lo que se adquirieron los primeros vehículos hace algunos meses.Sobre los tres carros comprados en las últimas horas reconoció el personero que el dinero llegó de la cancelación de viáticos, con lo que se ahorraron cerca de 250 millones de pesos, y la reducción de la operación logística que bajó cerca de 1.000 millones de pesos. Con este presupuesto llega la compra de las tres camionetas mencionadas y, además, se adquirió equipo tecnológico, se arregló la infraestructura del Ministerio Público y se amplió la atención al público hasta las 10:00 p. m.
