Human Rights Watch (HRW) advirtió de una "brutal represión" en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado julio, cuando se desató una crisis marcada por protestas contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, respondidas con "tácticas represivas", según un informe de la organización defensora de los derechos humanos publicado este jueves.La organización señaló que, a pesar de "las irregularidades del Gobierno y las violaciones de los derechos humanos", Venezuela votó de forma masiva en las elecciones del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo- proclamó ganador al candidato oficialista.Desde entonces, prosiguió HRW, el organismo comicial "no ha publicado las actas de escrutinio de los distritos electorales ni ha realizado las auditorías electorales o los procesos de verificación ciudadana requeridos por ley"."Tras el anuncio de los resultados, miles de manifestantes salieron a las calles en protestas mayoritariamente pacíficas para exigir un recuento justo de los votos. La gente, incluso en zonas de bajos ingresos que tradicionalmente apoyan al chavismo (...), protestó en gran número. Las autoridades respondieron con violencia y abusos generalizados, incluidos asesinatos, detenciones y procesamientos arbitrarios y acoso a los críticos", dijo.HRW afirmó haber recibido "informes creíbles sobre 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes, que evidencia que vincula a las fuerzas de seguridad y a los grupos armados progubernamentales, conocidos como 'colectivos', con varios de estos asesinatos", algo que niega la Fiscalía.Por otra parte, la organización advirtió qué cientos de personas han sido acusadas de "delitos que, a veces, tienen definiciones muy generales y que conllevan duras penas, como incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo"."Los detenidos suelen permanecer incomunicados durante semanas, se les niega el derecho a ser representados por un abogado privado de su elección y se les presenta en audiencias virtuales, lo que plantea importantes problemas para la administración justa de la justicia. Se informa de que algunos, incluidos adolescentes, han sido golpeados y sometidos a otros malos tratos durante la detención", indicó.Juanita Goebertus, directora División Américas de Human Rights Watch, aseguró en Mañanas Blu, que el Gobierno de Maduro está mucho más debilitado, aun teniendo en cuenta la representación internacional a través de embajadores. "Yo yo sería cautelosa con ese diagnóstico. Ninguno de los tres países (Colombia, Brasil y México) ha reconocido el resultado electoral, mandaron embajadores, pero esa es una representación muy inferior a la que habían enviado antes", dijo. La crisis política que vive el país desde entonces se acrecentó luego de la cuestionada investidura de Maduro para un tercer sexenio consecutivo en el poder, lo que la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia, considera como la consumación de un "golpe de Estado".La PUD, además, asegura haber reunido 25.575 actas electorales -el 85,18 % del total- a través de testigos y miembros de mesa desplegados en los centros de votación, que otorgarían el triunfo a González Urrutia, documentos que el chavismo considera falsos. De acuerdo con HRWV, Venezuela es, hoy en día, comparable a las dictaduras más oscuras de América Latina. El informe documenta que las elecciones en el país suramericano carecen de legitimidad y que el régimen de Nicolás Maduro utiliza el sistema penal para atacar a la oposición y a los defensores de derechos humanos.Escuche aquí la entrevista:
En medio de la reciente juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el período 2025-2031, pese a las denuncias de fraude electoral por parte de la oposición, Juan Pappier, subdirector de la División Américas de Human Rights Watch (HRW), ofreció una reflexión que invita a mantener la esperanza.Pappier, quien participó en el programa Mañanas Blu 10 AM, señaló que, aunque la situación actual es "muy triste para la democracia", todavía existen razones para mirar al futuro con optimismo.Maduro fue proclamado vencedor en las elecciones del 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo controlado por el oficialismo. No obstante, la oposición, que denuncia un fraude electoral, sostiene que Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador.Pappier destacó que, a pesar de los constantes actos de represión del régimen de Maduro, los venezolanos siguen siendo un ejemplo de valentía. A lo largo de los años, el pueblo venezolano ha continuado luchando por sus derechos y por una Venezuela más democrática."Nosotros no hacemos pronósticos. Nuestro trabajo es verificar los hechos y contrastarlos con las organizaciones de derechos humanos de cada gobierno", explicó Pappier. A pesar de las graves violaciones de derechos humanos documentadas durante el gobierno de Maduro, el subdirector de HRW subrayó el coraje del pueblo venezolano, que, frente a las adversidades, sigue exigiendo sus derechos y el restablecimiento de la democracia.Pappier agregó en su intervención resaltando que "hay motivos para conservar la esperanza". Aunque el país atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, la resistencia de la sociedad civil y la firmeza de los venezolanos ante la adversidad continúan siendo factores clave para imaginar un futuro mejor.Por otro lado, el subdirector también señaló que HRW ha estado en constante comunicación con personas cercanas a María Corina Machado y que aún continúan investigando la veracidad del video de la opositora publicado al poco tiempo de que se llevara la detención por parte del Gobierno.“Una de las versiones más fuertes que tenemos en este momento es que hubo unas diferencias dentro del régimen sobre cómo responder a la manifestación del día de ayer y al hecho de que María Corina Machado haya salido del lugar donde se encontraba oculta para participar en esa protesta. Al parecer, fue detenida por los miembros de los colectivos y luego hubo una orden de liberarla, porque el régimen venezolano sabe que es una línea roja de tener a María Corina Machado, que eso puede acarrear mayores sanciones a nivel internacional”, señaló.
El Gobierno de Israel repudió este jueves el informe presentado por la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en el que se le acusa de "exterminio y actos de genocidio" por negar el acceso al agua a los palestinos de la Franja de Gaza."Este informe está lleno de mentiras que son espantosas, incluso cuando se comparan con los ya bajos estándares de HRW", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein.El grupo publicó un informe en el que asegura que las autoridades israelíes han privado de forma deliberada a los palestinos de la Franja de acceso seguro al agua potable necesaria para beber y lavarse, situación que "muy probablemente ha resultado en miles de muertos" .El Ministerio de Exteriores israelí acusó a Human Rights Watch de difundir una vez más "libelos de sangre para promover su propaganda antiisraelí".El informe expone que la mayoría del agua en Gaza procede de un acuífero contaminado, a lo que Israel respondió que "ha garantizado la infraestructura hídrica" y que cuatro acueductos e instalaciones de bombeo y desalinización de agua están funcionando."Camiones de agua han sido repartidos por socios internacionales a través de los cruces fronterizos israelíes, incluso la semana pasada", señaló Marmorstein, ante los señalamientos que hace el informe sobre los estrictos controles para el ingreso de ayuda humanitaria.De acuerdo con HRW, la mayoría de los suministros que se necesitan para reparar las plantas de saneamiento o para hacer frente a la acumulación de aguas residuales pueden ser considerados por las autoridades israelíes de "doble uso", por lo que limitan su acceso.A mediados de octubre, Israel anunció que, "por primera vez", un camión de succión de aguas residuales entró a Gaza como parte de los preparativos para el invierno.Sin embargo, la compañía municipal de gestión de residuos gazatí (CMWU) confirmó a EFE que el camión, que fue introducido gracias a la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), fue solicitado antes de octubre de 2023, cuando empezó la guerra, porque ya entonces existía necesidad.La Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció el martes que las autoridades israelíes impidieron el ingreso de ayuda humanitaria al norte de Gaza, y que entre el 1 y 16 de diciembre intentó 40 veces llegar y 38 intentos fueron denegados y 2 fueron aprobados inicialmente pero enfrentaron impedimentos.La guerra en Gaza que comenzó el 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 45.000 muertos, y de acuerdo con reportes de la ONU más del 80 % de la infraestructura civil ha quedado destruida por los bombardeos de Israel, entre ellos, el sistema de bombeo de agua y la red de alcantarillado.
La organización Human Rights Watch (HRW) se dirigió este martes a los presidentes de Brasil, Colombia y México para señalar que repetir las elecciones presidenciales en Venezuela sería una "burla" y conceder una amnistía general "violaría el derecho internacional y afectaría a los derechos de las víctimas de atrocidades".Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de HRW, afirma en su carta al brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, el presidente Gustavo Petro y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, que a la organización defensora de los derechos humanos le "preocupan" tres propuestas concretas hechas por ellos para resolver la crisis venezolana.Tras subrayar que una negociación "creíble" entre todas las partes implicadas es la mejor manera de proteger los derechos humanos en Venezuela, HRW discrepa con las propuestas de Lula, Petro y López Obrador de repetir las elecciones, confiar en el Tribunal Supremo venezolano y conceder una amnistía general.HRW menciona también en la carta "la represión gubernamental" que siguió al anuncio de resultados electorales por parte del CNE y dice haber recibido "informes creíbles" de 23 manifestantes y transeúntes, así como un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, muertos en el contexto de las protestas, así como de una "oleada de detenciones arbitrarias" que han afectado a unos dos millares de personas, incluidos menores y discapacitados.En ese "alarmante contexto" HRW valora positivamente "los esfuerzos de los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos para garantizar el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas el 28 de julio, así como para poner fin a las violaciones generalizadas de los derechos humanos en el país".Sin embargo, discrepa con la propuesta del gobierno de Brasil, secundada por Colombia, de celebrar nuevas elecciones para salir de la crisis."Una premisa básica de cualquier elección es que debe reflejar la voluntad expresada por el pueblo y dar lugar a la transferencia pacífica del poder al candidato o candidatos vencedores de acuerdo con fórmulas preestablecidas. Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico", dice HRW.No obstante, agrega la carta, "coincidimos con sus gobiernos en que una solución a la crisis en Venezuela debería incluir garantías para que todos los partidos políticos participen en los asuntos públicos".Sobre la defensa de la "vía institucional” para resolver las disputas sobre el resultado electoral hecha por Lula, Petro y López Obrador, HRW elogia que una vez que el Tribunal Supremo de Justicia convalidó el 22 de agosto la victoria de Maduro, los tres presidentes destinarios de la carta optaron por no dar su reconocimiento hasta que no se difundan las actas desglosadas por mesa de votación, como exige el fallo del alto tribunal."Instamos a sus gobiernos a que insistan en una verificación independiente de los resultados, que debería llevar a cabo una tercera parte creíble e imparcial", subraya.En cuanto a la propuesta de una “amnistía general” HRW señala que "en virtud del derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales" y recuerdan que la Misión de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, al igual que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, ha documentado graves violaciones de derechos humanos en el país"."Respetar estas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos requerirá investigaciones penales estratégicas que prioricen la judicialización de los máximos responsables de atrocidades y se centren en los crímenes más graves y notorios, concluye HRW.
Human Rights Watch (HRW) confirmó la muerte de al menos 24 personas en el marco de las recientes protestas post-electorales en Venezuela. Juanita Goebertu, directora de la División de las Américas de HRW, informó a través de sus redes sociales que 23 de las víctimas serían manifestantes o transeúntes, mientras que una sería un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. La organización está en proceso de verificar cada caso reportado.“Hasta el momento hemos recibido reportes creíbles de 24 muertes ocurridas en el contexto de las protestas post-electorales en Venezuela. Se trataría de 23 manifestantes o transeúntes y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. Estamos verificando cada caso reportado”, escribió en sus redes sociales Juanita Goebertu, directora de la División de las Américas de Human Right WatchLas manifestaciones estallaron después de que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) divulgara "el 81%" de las actas electorales, que, según la oposición, indican una victoria contundente de Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. La ausencia de la publicación oficial de las actas por parte del ente electoral ha intensificado las protestas en el país.Desde las elecciones, miles de chavistas marcharon por Caracas en defensa de la paz y en apoyo a la reelección de Maduro, cuyo triunfo en los comicios del domingo pasado ha sido ampliamente cuestionado. Los motoristas, que recorrieron kilómetros tocando bocinas, y las concentraciones en diversos puntos de la ciudad demostraron el respaldo a la administración actual y rechazaron las acusaciones de fraude electoral.Las manifestaciones del chavismo también se replicaron en varias regiones del país, bajo el llamado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Por otro lado, la oposición, liderada por María Corina Machado, convocó a miles de venezolanos para escuchar su discurso en el que reafirmó la candidatura de González Urrutia.Desde el lunes, las protestas se han vuelto más violentas, con más de 2.000 detenidos en todo el país. El gobierno acusa a la PUD de intentar desestabilizar el país, mientras la oposición insiste en que las cifras electorales divulgadas demuestran su victoria.
La organización Human Rights Watch (HRW) instó este lunes a los Gobiernos a no reconocer los resultados de las elecciones venezolanas anunciados este lunes por el Consejo Nacional Electoral del país caribeño que dio como ganador a Nicolás Maduro "hasta que no se hagan públicas todas las actas electorales y se comuniquen a la oposición".En una declaración enviada a EFE, la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, considera que la proclamación del Consejo Nacional Electoral sobre la victoria de Maduro en la madrugada del lunes con el 80 % de votos escrutados "es un movimiento descarado que atenta contra los derechos políticos de todos los venezolanos". Goebertus recuerda que es la propia ley venezolana la que establece que las victorias electorales deben proclamarse solo tras hacerse públicas las actas electorales y que sean comunicadas a la oposición.Por ello, añadió la responsable, "la comunidad internacional debe usar todas las herramientas diplomáticas a su disposición para instar a las autoridades a contar los votos de manera justa y transparente".La breve declaración de la directiva de HRW coincide con las reservas expresadas por gobiernos de toda la región latinoamericana, así como de EEUU, la Unión Europea y España.De los gobiernos latinoamericanos, los más críticos con los resultados -Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay- recibieron hoy la orden de Caracas de retirar, "de manera inmediata, a sus representantes en territorio venezolano", en rechazo a sus "injerencistas acciones y declaraciones" sobre las presidenciales de este domingo.
Según un informe publicado por Human Rights Watch (HRW), el régimen de excepción, adoptado en marzo de 2022 en El Salvador, ha resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes detenidos en comunidades de bajos ingresos.Muchos niños han sido doblemente victimizados, primero, por las pandillas que abusaron de ellos y, luego, por las fuerzas de seguridad que los detuvieron y maltrataron. Al respecto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la directora de la división Américas de HRW, Juanita Goebertus. Precisó que, durante más de dos años, El Salvador se ha encontrado "bajo un régimen de excepción". Es decir, se han puesto en marcha unas reglas para suspender una serie de "derechos en el marco de esta llamada guerra contra las pandillas"."En ese proceso se han detenido 84.000 adultos y se han detenido 3.319 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, es decir, menores de 18. Nuestro trabajo documenta, incluso, hasta niños y niñas de 12 años. Este ha sido el resultado del trabajo de todo el último año, trabajo de campo en El Salvador (...) Lo que hemos encontrado es que luego de más de 90 entrevistas, corroboración de los testimonios con información de registros de salud educativos, registros laborales, incluso, acceso a una base de datos oficial que recibimos como resultado de una filtración, han existido durante estos dos años detenciones arbitrarias contra menores de edad”, detalló.Goebertus indicó que, además, hay muchos casos de niños capturados sin órdenes de captura, sin explicar los motivos y sin que se les tenga que presentar ante un juez. Estos pequeños, añadió, han durado meses y hasta años sin que se presenten ante un juez para determinar si efectivamente existen razones para procesarlos o no."Y sobre la base de evidencia absolutamente débil, es decir, testimonios anónimos, denuncias en redes sociales, llamadas sin ningún tipo de justificación y de presentación de evidencia. Hemos documentado casos de tortura muy graves, de malos tratos inhumanos y degradantes en los centros de detención contra niños, niñas, jóvenes y adolescentes y, casos de acoso policial una vez son liberados, bien porque han cumplido la pena o bien porque han sido liberados por falta de evidencia y a pesar de ser hallados no culpables, son acosados por la Policía luego de ser liberados", contó.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
La organización Human Rights Watch (HRW) acusó hoy a la FIFA y Catar de fracasar en remediar los abusos cometidos contra los trabajadores que participaron en los preparativos para el Mundial de Fútbol Qatar 2022, cuando se cumple un año del inicio del torneo.En un comunicado, la ONG denunció el hecho de que la FIFA y las autoridades de Doha tampoco lograron ofrecer remedio a las familias de miles de trabajadores que murieron "por causas inexplicables" en el país árabe durante la construcción de las infraestructuras para el evento."La respuesta de la FIFA para abordar el terrible legado de derechos humanos que dejó en Catar debería haber sido proporcionar remedio para las muertes de inmigrantes y los salarios robados", dijo Michael Page, subdirector para Oriente Medio de HRW."Al no hacerlo, la FIFA está mostrando desdén por los mismos trabajadores que hicieron posible la Copa del Mundo", añadió.La nota recuerda que antes del torneo, las autoridades de Catar y la FIFA "hicieron afirmaciones extremadamente inexactas y engañosas de que los sistemas de protección laboral y los mecanismos de compensación cataríes eran adecuados para remediar estos abusos generalizados".Las investigaciones de HRW han demostrado, sin embargo, que las reformas laborales del país del golfo, "realizadas bajo un intenso escrutinio mundial, fueron extremadamente limitadas debido a su introducción tardía, su alcance limitado o su deficiente aplicación", dijo la notaSubrayó también que "decenas de trabajadores migrantes quedaron desatendidos", y que "después de que se atenuó la atención mundial sobre los abusos cometidos en Catar, los trabajadores migrantes abusados y las familias de los fallecidos se enfrentaron a viejas y nuevas formas de explotación que HRW documentó en la desaceleración posterior a la Copa Mundial de 2022 y que continúan hoy".Según el documento, que cita el testimonio de algunos trabajadores expatriados, "muchos de éstos permanecen en Catar sin trabajo ni remuneración y con salarios y beneficios pendientes que se les adeudan contractualmente"."La FIFA y las autoridades de Catar tuvieron la oportunidad de abordar algunos de estos amargos legados proporcionando una reparación, incluida una compensación financiera (...) podrían haber aprovechado y ampliado los éxitos limitados del Fondo de Apoyo a los Trabajadores de Catar reembolsando a algunos trabajadores migrantes", agregó.Si bien se refirió a "algunos casos positivos" de migrantes atendidos por ese fondo, HRW lamentó que el Fondo de Apoyo a los Trabajadores de Catar "ha fracasado en compensarles", pese a las promesas de la FIFA y el país árabe en ese sentido."La realidad de los inmigrantes que luchan por salarios desde que terminó la Copa Mundial muestra que las promesas de la FIFA eran flagrantes falsedades y que muchos de los abusos eran predecibles y prevenibles", añadió.HRW también advirtió de que la FIFA "parece estar repitiendo los graves errores que cometió durante los 12 años de preparación para la Copa del Mundo 2022", al otorgar la organización del torneo en 2034 a Arabia Saudí, un país que depende en gran medida de más de 13,4 millones de trabajadores migrantes, muchos de los cuales provienen de los mismos países que los trabajadores de Catar."La FIFA y las autoridades cataríes continúan desviando el escrutinio de su abyecto fracaso a la hora de proteger a los trabajadores en lugar de dedicar un mínimo de esfuerzo a compensar a los mismos trabajadores que les generaron enormes ingresos", concluyó.
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que Israel ha usado fósforo blanco, un arma prohibida internacionalmente, en operaciones militares contra Gaza y Líbano, y alertó de los graves riesgos que supone para la población civil, según un comunicado.HRW indicó que verificó videos tomados el 10 de octubre en Líbano y el 11 de octubre en Gaza que "mostraban múltiples explosiones en el aire de fósforo blanco disparado con artillería sobre el puerto de la Ciudad de Gaza y dos localizaciones rurales en la frontera entre Israel y Líbano"; además, entrevistó a dos testigos."Cada vez que se usa fósforo blanco en áreas civiles concurridas, supone un alto riesgo de quemaduras insoportable y sufrimiento de por vida", advirtió la directora de HRW para Oriente Medio y el norte de África, Lama Fakih.Respecto al ataque en Gaza, la ONG entrevistó a dos personas del área de al-Mina en la ciudad de Gaza que describieron bombardeos "consistentes con el uso de fósforo blanco", con explosiones en el cielo y "líneas blancas que iban hacia la tierra", una de ellas sintió un olor "asfixiante", indica la nota.HRW agrega que verificó un video tomado en el puerto de la ciudad de Gaza e identificó que las municiones usadas en el bombardeo eran proyectiles de artillería de 155 mm de fósforo blanco que estallaban en el aire y que "otros videos colgados en redes sociales" y verificados por la ONG "muestran la misma localización".En ese sentido, la ONG denuncia que el uso de ese arma en áreas "densamente pobladas de Gaza viola el requisito bajo el Derecho Internacional Humanitario de tomar todas las precauciones factibles para evitar las lesiones y pérdidas de vidas civiles".Respecto al ataque en Líbano, dijo haber revisado dos videos tomados desde dos localizaciones cerca de la frontera con Israel, y cada uno mostraba proyectiles de artillería de 155 mm de fósforo blanco "aparentemente como "cortina de humo, marcación o señalización".HRW señaló que las autoridades israelíes no se han pronunciado respecto al presunto uso de fósforo blanco en la actual guerra, que estalló el pasado sábado tras los ataques del grupo islamista Hamás desde Gaza a Israel, y que se ha cobrado más de 1.300 muertos en cada una de las partes desde entonces.No obstante, sostuvo que ha documentado el uso de esta arma por parte de las fuerzas armadas israelíes en conflictos previos en Gaza e instó a su Gobierno a "vetar todo uso de municiones de fósforo blanco que explotan en el aire en áreas pobladas sin excepción".El fósforo blanco es una sustancia química que se dispara en proyectiles, bombas y cohetes de artillería y se prende al ser expuesta al oxígeno, dando lugar a una reacción química que genera una temperatura intensa de 815 grados Celsius.Produce luz y un humo denso que se utilizan con propósitos militares, pero también provoca lesiones atroces en contacto con las personas, ya que causa quemaduras graves que a menudo llegan hasta los huesos y son difíciles de curar.El uso del fósforo blanco contra personas está prohibido desde 1997 por la Convención de Ginebra. Le podría interesar:
La violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia continúa siendo motivo de preocupación. Juan Pappier, subdirector en funciones de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, advierte que la organización tiene un registro de 100 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en los primeros siete meses del año.El último episodio reportado por la organización ocurrió en el departamento del Cauca, donde fue asesinado Fredy Alexander Bomba, líder indígena y quien era el presidente municipal, en Caldono, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), también había sido consejero de la zona Sa’th Tama Kiwe y autoridad del territorio de Pioya. El 26 de julio tres hombres armados ingresaron a la finca Nuevo México del territorio Nasa Kiwe Thek Ksxa’w en Santander de Quilichao (Cauca) y le dispararon al líder indígena Fredy Alexander Bomba Campo, asesinándolo en frente de sus hijos.Los datos proporcionados por Human Rights Watch revelan que en abril fue cuando más asesinatos ocurrieron:Enero: 14 casosFebrero: 9 casosMarzo: 15 casosAbril: 20 casosMayo: 14 casosJunio: 13 casosJulio: 15 casosAdemás, queda en evidencia que el Cauca es la región más afectada, encabeza la lista con un alarmante total de 21 casos, seguido de cerca por el Valle del Cauca, Antioquia y Nariño, cada uno con 10 casos reportados. Otras regiones afectadas son Arauca con 5 casos, y Bolívar, Cesar, Córdoba y Norte de Santander, todos con 4 casos registrados.Le puede interesar:
