La Corte Suprema de Justicia aceptó los impedimentos de los magistrados Gerson Chaverra Castro, Fabio Ospitia Garzón y Hugo Quintero Bernate, en la apelación que presentó Gustavo Malo, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, por la condena de 9 años y 10 meses de prisión que le interpuso la misma corte por el escándalo de justicia conocido como el cartel de la toga.El impedimento que resolvió la Corte Suprema tras conocer la solicitud de los integrantes de la Sala de Casación Penal, de la Corte Suprema de Justicia, exponía que en la Sección Quinta del Consejo de Estado cursan varios procesos acumulados contra el acto de su elección como integrantes de la Sala de Casación Penal.En el recurso, uno de los demandantes es el abogado Iván Velásquez Gómez, quien dentro de ese proceso penal es el apoderado principal del exmagistrado José Reyes Rodríguez Casas, quien anteriormente se declaró víctima de su exjefe: el exmagistrado Gustavo Malo. En su nombre, presentó demanda de constitución civil, la cual fue admitida en primera instancia.Es por esa razón que el fallo de la Corte Suprema precisa: “La Corte ha precisado, de manera pacífica y reiterada, que cuando la oposición como contrapartes se da en un proceso diferente, el mismo tiene un carácter subjetivo y, en consecuencia, se hace necesario “(…) manifestar las circunstancias especiales surgidas entre ellos que convergen en la alteración del ánimo del juez”.Debido a que el abogado Iván Velásquez Gómez pide la nulidad de elección de estos tres magistrados y representa a José Reyes, quien ya demandó a Gustavo Malo, la Corte Suprema admitió el impedimento para que los magistrados que revisaron la apelación de Malo no participen en esta decisión.Siga y escuche Ser Campeón Viene con Manual
La Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado Gustavo Enrique Malo Fernández a la pena de nueve años, seis meses y 12 días de prisión, más el pago de una multa de 94 millones de pesos, por su responsabilidad en el denominado cartel de la toga, que consistió en vender fallos a excongresistas investigados por diferentes hechos delictivos.La Sala Especial de Primera Instancia lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión, y le negó la casa por cárcel.La Corte consideró que el exmagistrado Malo Fernández “se unió a un grupo delincuencial, con vocación de permanencia, para ejecutar diversas conductas delictivas que derivaron en la lesión a la expectativa legítima que ampara a todos los asociados frente a las decisiones de las autoridades, especialmente aquellas que provienen del órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria”.Las pruebas recaudadas por la Corte permitieron establecer que por intermedio del exfiscal anticorrupción ya condenado, Luis Gustavo Moreno Rivera, y del exmagistrado también condenado, Francisco Javier Ricaurte Gómez, negoció su función como juez, recibiendo la contraprestación ilegal derivada de un acto de corrupción.En primera instancia, la Corte concluyó también que Malo Fernández cometió el delito de prevaricato por omisión, pues, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la organización delincuencial de la cual hacía parte, entre ellos, retirar del cargo al magistrado auxiliar que adelantaba la investigación contra Musa Besaile, dolosamente adoptó al interior del despacho a su cargo las medidas necesarias para retardar un acto propio de sus funciones, como lo era administrar justicia bajo los parámetros constitucionales y legales. En concreto, omitió tramitar de forma célere y eficiente las diligencias que se adelantaban contra el exsenador Musa Besaile, teniendo cabal capacidad de cumplir con su deber.A juicio de la Sala, quedó claro que el entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas, como los exsenadores Musa Abraham Besaile Fayad y Álvaro Ashton, contra quienes cursaban indagaciones penales en única instancia en su despacho, a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas. Lo anterior, a cambio de coimas y dádivas.En esa tarea de acercamientos con los congresistas intervenían los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y Leonardo Pinilla Gómez, para lo cual Malo Fernández, por intermedio de Francisco Javier Ricaurte Gómez, exmagistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, suministraba datos al grupo para que fueran utilizados al abordar a los citados congresistas.
Durante el juicio que se cumplió en la Corte Suprema, el procurador delegado José Fernando Ortega Cortés aseguró que, más allá de toda duda, el exmagistrado Gustavo Malo se concertó con los condenados Gustavo Moreno y Francisco Ricaurte en una organización criminal para beneficiar a los que estaban siendo investigados en su despacho, como los congresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.El procurador basó su petición en el testimonio rendido por el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz quien dijo que, durante un cumpleaños de Francisco Ricaurte, le contó que los magistrados Ricaurte y Malo tenían interés para favorecer a los investigados para esa época Argenis Velásquez y Nilton Córdoba.Durante el juicio contra el exmagistrado, la Corte Suprema escuchó las declaraciones del exfiscal Luis Gustavo Moreno, el ex congresista Álvaro Ashton, quien reconoció la entrega de dineros para influir ilegalmente procesos ante la Corte Suprema de Justicia, que en las próximas semanas definirá si condena o no al ex magistrado Gustavo Malo Fernández.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al negar nuevamente la libertad al exmagistrado Gustavo Malo, implicado en el cartel de la toga, hizo fuertes cuestionamientos a su defensa por dilatar su juicio.El alto tribunal recordó que si la iniciación del juzgamiento se ha dilatado es exclusivamente por la cantidad de pruebas improcedentes que ha solicitado su defensa.En tal sentido recordó que fueron pedidas 22 pruebas fuera de término en abril de 2020 y en junio pidió 20, de las cuales solamente se decretaron 3, el resto fueron desestimadas ante su clara improcedencia, pues no versaban respecto hechos novedosos y resultaban impertinentes e inconducentes al no relacionarse con el marco objeto de acusación.“Lo anterior demuestra de manera incontrastable que la defensa ha venido dilatando la actuación, en particular, con las peticiones y recursos por medio de las cuales pretende ampliar el debate probatorio a través del decreto de pruebas sobrevinientes, con lo cual ha impedido que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dé traslado para alegar de conclusión y con ello, culmine la vista pública; pues de no ser así, desde el pasado 13 de julio de 2020, se habría finalizado la práctica probatoria”, puntualizó la Corte.
El exmagistrado Gustavo Malo pidió a la Corte Suprema de Justicia el cambio de dos de sus tres jueces de la sala especial de primera instancia, que lo juzga por el denominado cartel de la toga, porque considera que anteriormente conocieron y emitieron conceptos que prejuzgaron su conducta y no ofrecen imparcialidad en su juicio.La solicitud fue hecha en el marco de la audiencia que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia, específicamente por su presunta exigencia de 2.000 millones al exsenador Musa Besaile y de 1.200 al exsenador Álvaro Ashton.Malo acusó a los magistrados Blanca Barreto y Ariel Torres de no ser imparciales en su juicio.“Como claramente se evidencia de los antecedentes antes destacados, los magistrados ahora recusados, que tienen a su cargo el juzgamiento de este proceso en mi contra, emitieron conceptos extraprocesalmente cuando para entonces fungían como magistrados auxiliares dentro de la investigación previa, adelantada contra el senador Álvaro Ashton que tiene carácter sustancial", dice el magistrado."De ahí que, de manera respetuosa, solicito la separación del conocimiento de la presente actuación procesal de los doctores Ariel Torres y Blanca Barreto, en aras de garantizar la absoluta imparcialidad, la independencia de la administración de justicia y el derecho fundamental de los asociados y de los sujetos intervinientes a obtener un fallo protegido por un tribunal imparcial”, agregó Malo.La audiencia se suspendió para estudiar la solicitud hecha por el exmagistrado.
El cartel de la toga fue el nombre que se le dio a una de las peores estructuras criminales que se dedicaron a la compraventa de fallos y decisiones judiciales, conformada por magistrados, abogados, fiscales y políticos.Luego de la condena contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y de las múltiples sentencias contra el corrupto exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, todavía quedan algunas aristas pendientes por esclarecer.Casualmente, este miércoles comienza la recta final del juicio contra el exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández, quien según los documentos y testimonios, favoreció a varios políticos procesados por haber cometido presuntamente varios delitos.En el caso de quien algunos de los involucrados en el cartel de la toga identifican como el jefe de la organización, el también expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, exiliado en Canadá, se espera que en los próximos días el Senado defina si acepta la acusación que profirió en su contra la Cámara de Representantes.Luis Gustavo Moreno regresó a Colombia deportado de Estados Unidos y prometió ampliar su colaboración ante la justicia, en particular en relación con más nombres de políticos que pudieron haber pagado dinero a cambio de que engavetaran los procesos en su contra.Los casos confirmados de políticos que habrían participado en el cartel de la toga son los exsenadores Álvaro Ashton, Musa Besaile y Julio Manzur, además de los exgobernadores Alejandro Lyons y Juan Carlos Abadía.El socio de Moreno, Leonardo Luis Pinilla, ya fue condenado, al igual que el exfiscal Alfredo Bettín, adicional a las acusaciones que se adelantan contra otros dos políticos involucrados: Argenis Velásquez y Julio Gallardo.Todo el escándalo del cartel de la toga comenzó con la captura del exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, durante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Sería muy bueno para el país conocer la verdad sobre la llegada de Moreno a la cúpula directiva de la Fiscalía.Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
Fuentes de BLU Radio confirmaron que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno será traslado este viernes a primera hora a la Escuela de Artillería, donde permanecía antes de su extradición.En este lugar de reclusión está el exmagistrado Gustavo Malo, uno de los que enfrenta un proceso como presunto integrante del cartel de la toga por las declaraciones que ha dado Moreno a la justicia.Ya está en curso una tutela de la defensa de Moreno con la que se busca que el exfuncionario sea trasladado a Cespo por motivos de seguridad; recurso interpuesto ante la negativa de las autoridades.En el documento tutelan los derechos de Moreno a la vida, a la integridad personal, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.En su momento, el entonces director de la Policía, general Óscar Atehortúa, dijo que “la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, antes CESPO, cumple una misión especial en la capacitación, entrenamiento y formación del personal uniformado y no uniformado de la institución en diferentes ámbitos del saber y que la directora de la escuela indicó que no cuenta con la disponibilidad para recluir al Luis Gustavo Moreno Rivera, que la institución educativa se halla ocupada en un 100% de su capacidad instalada, en tal sentido la petición no puede ser atendida favorablemente por la imposibilidad planteada”.
El Consejo de Estado declaró improcedente y no concedió la libertad al exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo, quien responde en el proceso por el cartel de la toga.La defensa de Malo pretendía que se le concediera la libertad provisional porque supuestamente se había prolongado de manera ilegal la privación de su libertad.Los abogados presentaron supuestas fechas en las que no se habría cumplido con los términos establecidos en la ley.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente el recurso y ahora hace lo mismo el Consejo de Estado.Luego de recordar las actuaciones de la defensa para prolongar la audiencia de juzgamiento, el alto tribunal dijo que el habeas corpus “no es una instancia adicional para obtener pronunciamiento de las partes”.Señaló que la defensa debe es interponer un recurso por vencimiento de términos, pero ante la misma Sala Especial de la Corte que impuso la medida de aseguramiento.“En todo caso, de existir una razón adicional a las ya estudiadas, el señor Mario Fernández deberá primero presentar una solicitud de libertad por vencimiento de términos, ante la sala especial de primera instancia de la corte suprema de justicia”, señaló el Consejo de Estado.
La Corte Suprema de Justicia, puntualmente la sala de Primera Instancia, aplazó una vez más la audiencia del exmagistrado Gustavo Malo en el marco de la investigación por el escándalo del Cartel de la toga.Dentro de las razones que tiene la Corte para aplazar la audiencia programada para este miércoles, se señala que para la diligencia estaba programada la declaración del exmagistrado José Leonidas Bustos y al no poderlo ubicar se decidió reprogramar para el 16 de abril.La situación jurídica del exmagistrado Bustos sigue siendo de total incertidumbre desde noviembre del 2019, cuando salió del país con rumbo, aparentemente, hacia Canadá.En su momento, tras el escrito presentado ante la Comisión de Acusación, se señaló que Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia recibió “la suma de $ 200 millones de pesos en efectivo, producto del dinero dado por el senador Álvaro Ashton como anticipo de la negociación con él adelantada”, esto, supuestamente, para afectar su proceso.Bustos en su momento también fue señalado de recibir como regalo un costoso reloj de referencia Ballon Blue de la marca Cartier de parte del exfiscal Luis Gustavo Moreno, testigo clave en este escándalo de corrupción.En agosto de 2019 se aceptó la acusación contra el exmagistrado por varios delitos como concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio, en calidad de coautor impropio.“Lo que buscamos es desmentir o desacreditar lo dicho por el testigo Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción. Vamos a solicitar pruebas como que tenemos que demostrar que Malo está vinculado a lo que se conoce como cartel de la toga por un supuesto de Moreno, una declaración sin sustento”, dijo Gustavo Malo a BLU Radio.La defensa de Malo insiste en varias tesis o argumentos:- Que nunca se perdió el expediente del cual se habló- Que Malo no habría participado en el escándalo del cartel de la toga como se señala- Insiste la defensa en que los procesos de Musa Besaile y Ashton estuvieron enmarcados en la ley y que no hubo irregularidadesVea aquí: Leonidas Bustos, dispuesto a declarar en juicio contra Gustavo Malo en Corte SupremaPor su parte, el abogado de Bustos le dijo a BLU Radio que su defendido, también en su momento señalado de pertenecer al denominado cartel de la toga, sí ha tenido intención de declarar, pero quiere hacerlo bajo certificación juramentada. Al no ser magistrado, no puede hacerlo bajo esas condiciones, sino que tiene que ser de manera presencial o por videollamada. Es decir, la Corte no acepta esa condición.
BLU Radio conoció que el juez 8 de garantías de Bogotá avaló el preacuerdo que le otorgó la Fiscalía a Camilo Ruiz, magistrado auxiliar del despacho de Gustavo Malo, por su participación en el denominado cartel de la toga.El acuerdo le fija una condena de 66 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir. Según la Fiscalía, el magistrado auxiliar habría sido el destinatario de 200 millones de pesos pagados por el exrepresentante Nilton Córdoba Manyoma para que se dilatara su investigación en el despacho de Malo.Vea aquí: Cartel de la toga: defensa de exmagistrado Malo pedirá nuevas pruebas ante la Corte"A juicio del despacho fue satisfactorio el planteamiento de la Fiscalía con miras a la aprobación del preacuerdo, ello como quiera que sí existe evidencia suficiente, en particular, la versión que rindió el procesado Camilo Andrés Ruiz y la que dio ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, en las que se puede concluir que el procesado se unió a ese grupo delincuencial que trasgredió nuestra legislación con el fin de obtener retrasos y otro tipo de determinaciones judiciales que tomaba la Sala de Casación Penal”, dijo el juez.Sobre el acuerdo, habló el magistrado auxiliar Camilo Ruiz por primera vez y se arrepintió de los hechos."Manifestar al señor juez, a la representante de las víctimas, al Ministerio Público, a mi familia, a la sociedad en general, que lamento mucho estar inmerso en los hechos que no solo han afectado mi paz, mi tranquilidad, sino que también mancillaron la Rama Judicial", dijo.
En el legendario helicóptero de la Operación Jaque en el que el Ejército logró el rescate de 15 secuestrados de las extintas Farc, se entrenan los futuros comandantes de unidades para llevar a cabo operaciones ofensivas contra los criminales que hacen presencia en el país como las disidencias de las Farc o el ELN. Por eso, tienen que poner a prueba sus habilidades tácticas y capacidad de liderazgo en situaciones de combate que llevan a cabo en Tolemaida.En este entrenamiento, que corresponde a la fase final de la preparación, los militares desarrollan todas las técnicas propias del pelotón desde la planeación hasta la ejecución de las operaciones a las que se enfrentarán una vez asuman como comandantes de unidades. “Este tipo de ejercicio pone a prueba tanto su conocimiento doctrinal como su capacidad para hacer frente a situaciones complejas y dinámicas, simular las dificultades reales que podrían enfrentar durante sus misiones”, dijo el coronel Carlos Andrés Carvajal Rojas, comandante del Batallón de Cadetes Nº 3.Estos militares deben tener la capacidad de maniobra en una situación de combate real y es por eso que los ponen a prueba con el ejercicio de embarque y desembarque, en el cual tienen los segundos contados para subir y bajar de un helicóptero para ejecutar las operaciones en terrero, todo esto para que tengan claridad sobre cómo ejecutar operaciones con precisión, garantizando la seguridad y eficacia en el cumplimiento de las misiones que les asignan.“Es importante desarrollar estos ejercicios operacionales de embarque y desembarque de las tropas con el fin de que ellos puedan establecer y tener claridad cómo es el desarrollo de la misma dentro de este ejercicio, en protección de sus propias vidas para evitar accidentes y obviamente en el desarrollo de la maniobra”, dijo el coronel César Adolfo Gamboa, oficial de Operaciones de la Escuela Militar de Cadetes del Ejército.Carvajal agregó que esta preparación es vital para asegurar que los futuros oficiales tengan las capacidades necesarias para comandar unidades desplegadas en todo el país, enfrentando no solo a grupos insurgentes, sino también a bandas criminales dedicadas al narcotráfico y el secuestro, entre otros. “Debemos asegurarnos de que estén listos para liderar bajo cualquier circunstancia, desde situaciones de combate directo hasta intervenciones en territorios donde las dinámicas de seguridad sean muy complejas”, afirmó.
Las fuertes y más recientes lluvias han dejado graves emergencias en el Cesar, donde más de un kilómetro de la vía que comunica a los municipios de La Gloria y La Mata se encuentra totalmente inundado producto del desbordamiento del río San Alberto.En videos aficionados compartidos a través de redes sociales, quedó registrado el momento en el que la fuerza del agua rompió una especie de muralla que, tiempo atrás, había sido instalada para evitar emergencias por desbordamientos.“Nos encontramos en el río San Alberto y Caño Oscuro, mire como rompió la muralla, toda esa agua se nos metió”, se escucha en el video.Por otra parte, un fuerte aguacero que se extendió por más de cuatro horas generó graves inundaciones en diferentes zonas de Valledupar, entre las que se encuentran la Terminal de Transportes, la carrera cuarta con el barrio Los Mayales y el sector conocido como Cola de Caballo.Y es que, dada la crisis invernal que se registra desde hace varias semanas en en este departamento, las autoridades mantienen las alertas encendidas por riesgo de avalanchas en por lo menos 11 municipios, seis de ellos bajo alerta roja. Petrona Romero, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cesar, confirmó que en el departamento sigue activa la Sala de Crisis (PMU) y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo por emergencias.“Desde el pasado viernes se activó la Sala de Crisis, que es como un PMU, contando con la participación de las autoridades locales, departamentales y militares. Desde ese día mantenemos también los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo activos bajo coordinación permanente por las emergencias”, manifestó Romero.Además, en el río Cesar tuvo que ser declarada la alerta roja ante el riesgo por posibles desbordamientos, lo que también mantiene bajo especial atención al río Guatapurí que, a su vez, ha generado alertas en los asentamientos Nueve de Marzo, San Juan, Pescaito, Zapato en Mano, entre otros.
Un juzgado especializado condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, tras comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora, sur de Bogotá, durante el estallido social, la noche del 4 de mayo de 2021. En el lugar se encontraban refugiados 15 policías y los agresores emplearon piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el ataque.La sentencia se basó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio. Los videos de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y los testimonios de las víctimas señalaron a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los responsables del ataque. Además, se encontró que los artefactos explosivos incautados en la vivienda de Murcia Rodríguez coincidían con las sustancias empleadas contra las instalaciones policiales.El juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa y las calificó de inconsistentes y, contradictorias. En su fallo, afirmó que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con dolo y que las conductas punibles fueron ejecutadas con premeditación y violencia.El Ministerio Público también respaldó la condena. El procurador enfatizó que no se trató de una protesta social, como argumentaba la defensa, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor. “Se comprobó la materialidad de las conductas y la responsabilidad penal de los procesados”, afirmó, añadiendo que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales.
La Superintendencia Nacional de Salud encabezada por Giovanni Rubiano, ha decidido adelantar la toma de posesión de la EPS Coosalud en Cartagena tras ordenar su intervención forzosa para la administración. Esta medida se fundamenta en una serie de hallazgos que según la entidad evidencian serias falencias, esta EPS tiene a más de 3.3 millones de afiliados.La intervención llega en el momento en el que Coosalud se encuentra dentro de las cuatro EPS que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, a raíz de las denuncias presentadas por Luis Carlos Leal, el anterior superintendente por presunta corrupción.En un contexto de grandes reformas al sistema de salud, el presidente Gustavo Petro había declarado con firmeza durante la posesión de Giovanni Rubiano como nuevo superintendente, que la vigilancia de las EPS es una de las tareas cruciales en el marco de la reforma al sector. "Antes de la aprobación del proyecto de reforma a la salud, la Superintendencia debe vigilar las EPS" había dicho el mandatarioY es que recordemos que durante esta posesión el mandatario solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo nuevas denuncias sobre corrupción en EPS. Al respecto, se refirió a la EPS Coosalud "Esta EPS no responde a las intervenidas, hoy por hoy es privada, aunque en mi opinión debería ser intervenida", señaló PetroLa intervención de Coosalud es la octava de este tipo y es la primera intervención ordenada por Rubiano desde su nombramiento. Durante la intervención el superintendente posiciono como agente interventor a Mauricio Camaro Fuentes. Coosalud es una de las EPS más grandes del país, ocupando la quinta posición en número de afiliados, con un total de 3.369.583 personas cubiertas bajo su servicio.
Un accidente de tránsito dejó tres personas lesionadas, dos de ellas de consideración grave, en un choque múltiple que involucró tres motocicletas y un bus. El incidente ocurrió en el kilómetro 14+180 de la vía Medellín-Bogotá, en el sector conocido como Peñolsito.De acuerdo con las primeras versiones y un video difundido en redes sociales, el accidente en vía Medellín-Bogotá se presentó en condiciones de baja visibilidad debido a la niebla el día jueves, 21 de noviembre. En el video se observa cómo un bus se detiene en la vía, momento en el que uno de los motociclistas no logra frenar a tiempo y choca contra la parte trasera del vehículo. Tras el impacto, el motociclista cae sobre la calzada, provocando que las otras dos motocicletas que venían detrás también se estrellaran y terminaran en el suelo.Las autoridades de tránsito acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia y coordinar el traslado de los heridos a centros asistenciales cercanos. Se informó que dos de los lesionados presentan heridas de consideración y están bajo observación médica, mientras que el tercero sufrió lesiones menores.El tráfico en el sector se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las labores de atención y limpieza de la vía. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar las precauciones, especialmente en condiciones de baja visibilidad, y recordaron la importancia de mantener distancias seguras y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de accidentes.
