El director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se habló de que los subsidios pueden fomentar la pereza en la población colombiana. Esta declaración generó un amplio debate en la opinión pública, donde muchos cuestionan la veracidad y las implicaciones de tales afirmaciones. Para profundizar en este tema, contamos con la participación de Francisco Espinosa, especialista en políticas sociales."No comparto la apreciación del director actual del DPS... estas declaraciones son muy desafortunadas". Con estas palabras, Espinosa inicia una defensa de los beneficiarios de los subsidios en Colombia, proporcionando cifras oficiales que contradicen la visión popularizada por algunos líderes del país.Según el análisis presentado por Espinosa, aproximadamente 3.6 millones de hogares en Colombia reciben algún tipo de transferencia monetaria, cubriendo alrededor de 12 millones de personas, de las cuales 9 millones están en edad laboral. Lo relevante aquí es que 5 millones de estas personas participan activamente en el mercado laboral, lo que indica que la mayoría de los beneficiarios no son perezosos, como se sugirió.Desmitificando el Estigma de la "pereza"Las cifras oficiales revelan que solo el 11% de los hogares que reciben ayuda gubernamental vive en condiciones de pobreza extrema, en comparación con un mayor porcentaje de hogares que no reciben subsidios, lo que desafía la idea de que el subsidio es sinónimo de inactividad. Espinosa sostiene que "la mayoría de las personas que reciben ayudas tienen materiales de vivienda de calidad como ladrillo y otros materiales duraderos".El papel de la temporalidad de los subsidiosUn punto de discusión importante es la naturaleza de los subsidios: algunos son permanentes, como los dirigidos a adultos mayores, mientras que otros son temporales, como las ayudas por emergencias. Espinoza argumenta que la duración de un subsidio debe alinearse con sus objetivos específicos. Por ejemplo, programas como Renta Ciudadana buscan fomentar la educación y la salud de los menores, y su temporalidad responde a que las circunstancias que justifican su creación pueden no ser permanentes.Impacto de la eliminación de subsidiosLa preocupación por la eliminación de subsidios, especialmente el impacto que esto tendría en la pobreza es central en esta discusión. Espinosa advirtió que "el impacto es significativo... la reducción de la pobreza monetaria está fuertemente vinculada a la existencia de ayudas". Sus observaciones subrayan la necesidad de soluciones más sostenibles que las simples transferencias monetarias, pero también resaltan la importancia de no perder el apoyo que muchos colombianos necesitan para salir de la pobreza.La conversación entre Espinosa y los entrevistadores pone de manifiesto que las generalizaciones sobre los beneficiarios de subsidios pueden ser engañosas. A través de un enfoque basado en datos y cifras concretas, se evidencia que el uso de subsidios no solo afecta a las familias económicamente, sino que también es un catalizador para que muchas personas se integren y participen activamente en el mercado laboral. El futuro de estas políticas es incierto, pero el debate sobre su efectividad es fundamental para la construcción de una sociedad más equitativa en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se refirió a los importantes cambios en la política de subsidios del Gobierno, por temas de presupuesto, y destacó la transición de un modelo de asistencia estatal directa hacia uno enfocado en la creación de empleo y emprendimiento a través de cooperativas. Bolívar aseguró que el asistencialismo perpetuó la pobreza durante décadas, pero que la estrategia actual busca fomentar la independencia económica de los beneficiarios.Reducción de subsidios y fomento de la autogeneración de ingresosDurante la entrevista, el periodista Néstor Morales cuestionó a Bolívar sobre la posibilidad de recortar los subsidios, a lo que el funcionario respondió que el proceso ya estaba en marcha. Según Bolívar, se han mantenido reuniones con el Banco Agrario y el Fondo Nacional de Garantías para apoyar la creación de cooperativas por parte de aquellos beneficiarios que dejarán de recibir subsidios.“Vamos a invertir en estos emprendimientos 514.000 millones de pesos este año”, indicó Bolívar. La estrategia contempla que el Fondo Nacional de Garantías cubrirá el 90% de los préstamos otorgados a estas cooperativas para que los bancos no tengan reticencias a la hora de financiar a personas de escasos recursos. Con esta medida, el gobierno espera ahorrar más de 2 billones de pesos anuales en transferencias directas y fomentar el desarrollo de proyectos productivos sostenibles.¿Una medida impopular?Bolívar admitió que el recorte de subsidios será inicialmente mal recibido por la población, especialmente por quienes durante años han dependido de estas ayudas. Sin embargo, afirmó que el objetivo es generar un cambio cultural que permita a las personas salir de la pobreza mediante el trabajo y el emprendimiento. “Sé que al comienzo vamos a tener muchos detractores, entre ellos los mismos beneficiarios, pero en poco tiempo nos van a agradecer porque les vamos a ayudar a perderle el miedo a salir de la pobreza”, explicó.El director de Prosperidad Social también señaló que, en algunos casos, las ayudas estatales han generado un efecto perverso, desincentivando a las personas a mejorar sus condiciones de vida. Según Bolívar, incluso algunas familias se han negado a recibir mejoras en sus viviendas por temor a perder el subsidio: “Me he encontrado con familias que prefieren vivir en condiciones precarias para no salir de la categoría de pobreza extrema y así seguir recibiendo el subsidio. Eso es lo que queremos cambiar”.¿Quiénes seguirán recibiendo subsidios?A pesar del recorte, Bolívar aclaró que algunos subsidios se mantendrán e incluso se ampliarán para los sectores más vulnerables. Los adultos mayores, personas con discapacidad y madres cabeza de hogar continuarán recibiendo apoyo económico. “Vamos a aumentar la base de adultos mayores beneficiarios, pasando de 1.700.000 a 3.100.000 personas, y el monto mensual se incrementará de 80.000 a 230.000 pesos”, afirmó Bolívar.Por su parte, las madres cabeza de hogar recibirán 500.000 pesos mensuales, una cifra significativamente mayor que los 160.000 pesos que recibían bajo el programa anterior. Este incremento busca brindarles una mayor estabilidad económica.Renta Joven y otras líneas de apoyoEn cuanto a la Renta Joven, que beneficia a casi 486.000 estudiantes, Bolívar informó que el programa continuará este año, pero sin aumentar el número de beneficiarios. Afirmó que ha conseguido la financiación para al menos seis o siete meses de 2025 y está trabajando en asegurar los recursos para todo el año.Además, detalló que el dinero para financiar los subsidios a adultos mayores provendrá del nuevo pilar solidario creado en la reforma pensional. Gracias al aumento en las cotizaciones de las pensiones altas y la ampliación de la base de cotizantes, Colpensiones tendrá mayor capacidad de financiar estos subsidios sin recurrir al presupuesto general del Estado.
El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, confirmó la no renovación de 300 contratos de prestación de servicios dentro de la entidad debido a un severo recorte presupuestal. En entrevista con Blu Radio, Bolívar explicó que esta medida responde a la contracción de recursos asignados para el año 2025, y aunque la decisión es “dolorosa”, es inevitable ante la actual situación fiscal del país.“Nos han mermado los presupuestos, y toca hacer el efecto contrario: reducir personal. Es doloroso porque detrás de cada contrato terminado hay un drama humano”, señaló Bolívar en conversación con Néstor Morales. Enfatizó en que estos recortes buscan afectar en menor medida a quienes dependen exclusivamente de un solo contrato.Contexto del aumento y contracción de nóminasBolívar recordó que el aumento de contratistas en años anteriores respondió al incremento significativo en el presupuesto de varias entidades del Estado durante el primer tramo del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, ante la reducción de recursos para el nuevo año fiscal, Prosperidad Social, como muchas otras entidades, se ha visto obligada a disminuir su equipo de trabajo.“En el 2023, cuando el presupuesto de educación creció de 50 a 70 billones, o cuando el de agricultura se duplicó, fue necesario contratar más personal para ejecutar los proyectos. Ahora, con menos dinero, no hay otra opción que reducir la nómina”, explicó el director de la entidad. Prosperidad Social, que había llegado a contar con 800 contratistas, se ha visto forzada a recortar alrededor del 37% de estos.Selección de personal afectadoPara mitigar el impacto social de esta medida, Bolívar aseguró que se está priorizando la desvinculación de contratistas que cuentan con otros empleos. “Estamos buscando que el recorte recaiga sobre personas que ya tengan otro contrato. Siempre se les pregunta, y hay mecanismos que permiten verificarlo”, añadió.El funcionario reconoció que, pese a las críticas hacia los contratos de prestación de servicios, estos han sido fundamentales para el funcionamiento del Estado. “Hoy en día, muchas entidades se mueven gracias a los contratistas, porque los empleados de planta tienen regímenes más estrictos y no siempre pueden cubrir las necesidades operativas. Los contratistas, con toda la flexibilidad que tienen, son esenciales”, dijo.El problema de las ‘corbatas’ en el EstadoDurante la entrevista, se abordó también la polémica figura de las “corbatas”, término coloquial que hace referencia a los nombramientos de contratistas por recomendaciones políticas. Bolívar reconoció que este es un problema real que ha existido históricamente en el país, pero aseguró que en su gestión se ha hecho un esfuerzo por evitarlo.“Es cierto que muchas veces llegan personas recomendadas que no cumplen con el perfil, y eso no se puede permitir. A quienes no cumplen se les ha retirado. No obstante, la mayoría de los contratistas sí hacen un trabajo serio y cumplen con las funciones que se les asignan”, afirmó.Impacto del recorte en el presupuesto generalEl recorte de contratistas es solo una parte de las medidas de austeridad que el gobierno implementará este año. Bolívar explicó que, en términos generales, el peso de la nómina dentro del presupuesto total de Prosperidad Social es relativamente bajo. “De un presupuesto de más de 10 billones de pesos que manejamos el año pasado, el costo total de la nómina fue de apenas 268 mil millones. Sin embargo, en un escenario de estrechez fiscal, cualquier ahorro es significativo”, precisó.El director también indicó que, pese a los recortes, se espera que el impacto en el funcionamiento de la entidad sea manejable. “Se realizó un estudio de cargas laborales que indica que con los 500 contratistas restantes podremos seguir cumpliendo con nuestras funciones”, concluyó.Ajustes fiscales en época electoralLa reducción de contratistas en plena época electoral es una medida que podría generar críticas hacia el gobierno, pero Bolívar defendió la decisión, argumentando que muestra responsabilidad fiscal. “Pueden decir lo que quieran de Petro, pero el manejo de la macroeconomía ha sido serio. El año pasado se hizo un recorte de 28 billones y este año se planea aplazar 12 billones más. Este tipo de medidas son necesarias para evitar una crisis mayor”, sostuvo el director de Prosperidad Social.Medidas adicionales: rediseño de la entidad y formalizaciónComo parte de las estrategias para optimizar el funcionamiento de Prosperidad Social, Bolívar reveló que se está llevando a cabo un rediseño de la entidad, el cual ya ha sido aprobado por Hacienda y otras instancias gubernamentales. Este rediseño permitirá la formalización de cerca de 160 nuevos empleos.“Una de las tareas que nos ha impuesto el presidente Petro es formalizar a los contratistas. Sin embargo, en medio de una situación fiscal tan complicada, es un reto difícil de lograr. La formalización tiene un costo elevado que Hacienda debe asumir”, señaló.
En este 2025, el sector salud se enfrenta a un panorama alarmante debido a la discrepancia entre el aumento del salario mínimo y el escaso incremento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), decretado hace unos días.El aumento del salario mínimo del 9.54 % contrasta con el incremento de apenas 5.36 % en la UPC, lo que resulta en una diferencia de aproximadamente cuatro puntos porcentuales. Este desajuste se traduce en una crisis para el sistema de salud, donde se reporta un déficit de aseguramiento superior a los seis billones de pesos al cierre de 2024.Así lo dijo Ana María Vesga, presidenta de Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), quien se pronunció al respecto pidiendo un ajuste inmediato. En diálogo con Mañanas Blu dijo que entre el 60 % y el 70 % de los recursos del sistema son destinados al pago del talento humano.En ese sentido, aseguró que este aumento de la UPC no reconoce la carga salarial, lo que podría derivar, inevitablemente, en despidos de personal y el cierre de servicios básicos en el sector salud.“Es un panorama muy complejo con el que iniciamos el año (…) Se traduce en un sistema en crisis que está habiendo cada vez mayores dificultades para atender con oportunidad a los usuarios en hospitales que están diciendo: ‘no soy capaz con este incremento que ni siquiera me reconoce el incremento del salario mínimo’”, detalló.Por eso, explicó que, ahora, lo que piden es un "reajuste" técnico al Gobierno, pues las cifras presentadas simplemente no son suficientes para atender la demanda.“Estamos en el 2 de enero. Estamos a tiempo de sentarnos en este mes todos los agentes y buscar ese reajuste con base técnica”, insistió.Además, recalcó que las EPS enfrentan serias restricciones para atender los costos implicados por servicios médicos y suministros, la cual se agrava por la insuficiencia de recursos disponibles.Aseveró que es necesario revisar las cifras y que se ofrezcan ajustes que se alineen con el crecimiento del salario mínimo, para, así, garantizar la viabilidad de la atención médica en el país.“Nosotros estamos pidiendo ese espacio. Estamos esperando respuesta del Gobierno porque la realidad sobre el cálculo de la UPC es que esto atiende a una metodología que está contenida en la ley, que es la forma como se hace año tras año”, explicó.Sobre las declaraciones de quienes dicen que esto ocurrió tras el hundimiento de la ley de financiamiento, como lo ha mencionado Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), respondió que intentan justificar el limitado incremento bajo el argumento de una falta de información fiable proporcionada por las EPS, lo cual "no tiene que ver". “Una cosa no tiene que ver con la otra, empezando porque en el presupuesto para el año 2025, cuando uno reproduce sin que sea explícito el número de aumentos, pero cuando usted reproduce el valor del aseguramiento comparado entre un año y otro, el incremento es mayor. Entonces, ya perse en el en el análisis del en el planteamiento del presupuesto que se aprobó finalmente por decreto para este año, el Gobierno estaba previendo que tenía que destinar más a salud”, agregó.Vesga indicó que los efectos de esta crisis no solo se ven en el ámbito financiero, sino que también impactan directamente la atención que reciben los pacientes, pues se estima que las EPS pueden verse obligadas a cerrar camas y reducir especialidades.“No estamos observando razón técnica en la forma como se ha calculado y lo que estamos llamando es a que se haga ese ejercicio”, preció Vesga.
Durante este fin de semana, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado en reuniones clave para abordar la situación económica del país tras el hundimiento de la ley de financiamiento. El énfasis ha sido en el equipo económico, que ahora tiene el desafío de garantizar recursos para programas de asistencia social y subsidios para el año entrante.Uno de los que está presente en estas reuniones es el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, quien públicamente habló de la necesidad de buscar recursos "debajo de las piedras" para evitar dificultades adicionales para la población más vulnerable."El ejercicio que ha hecho el Gobierno esta semana última en Cartagena, con su equipo económico y también por turnos con los ministros y los directores, es empezar a revisar rubro por rubro, para ver dónde encontramos algunas partidas que se puedan trasladar para otras cosas que son más prioritarias. En el caso mío, que tenemos en riesgo algunas líneas de transferencias, la más sensible para nosotros en este momento es la de Renta joven", explicó.Renta JovenEl programa de Renta joven, que apoya a estudiantes de universidades públicas y del Sena, es una de las áreas más críticas. En diálogo con Mañanas Blu, Bolívar destacó que cuentan con cerca de 250.000 millones de pesos de los 487.000 millones que se requieren para asegurar la continuidad de este programa.A pesar de los recortes en otros rubros, el Gobierno está comprometido a mantener este apoyo vital, según aseguró el directo del DPS."Es un programa que cuesta cerca de 500.000 millones de pesos, tanto $487.000 millones. Lo que le puedo decirle a la gente es que ya, digamos, la mitad de esa plata la hemos encontrado; en traslados, incluso, internos dentro de la misma Prosperidad, pero también el Gobierno no está colaborando en eso", subrayó.Impacto de la falta de financiamiento en el presupuesto nacionalAl no habilitarse discusiones en el Congreso sobre el presupuesto y sin la ley de financiamiento aprobada, se pone en riesgo programas sensibles como el de Renta joven, de acuerdo con Bolívar; enfatizó que la falta de estos recursos ha obligado al Gobierno a reestructurar y priorizar todos los gastos."Todo esto, no solamente estábamos buscando los $487.000 millones que necesitamos para Renta joven, sino 12 billones porque la desfinanciación es de 12 billones. Entonces, el ejercicio consistía en revisar una a una todas las entidades y uno a uno los rubros de estas entidades, de saber qué se podía sacrificar y se logró ayer. Creo que hoy el presidente pública el decreto, ya tenemos claro de dónde van a salir la plata", indico.Estrategias de austeridad y recortesUno de los enfoques del Gobierno incluye recortes en el gasto operativo y en la contratación de personal. Bolívar indicó que, para asegurar la sostenibilidad de los programas sociales, se planea reducir el número de contratistas en el sector público.Este recorte implica un ajuste a las necesidades del Estado y busca formalizar más empleos en lugar de depender de contratistas, una medida que ha generado tanto reconocimiento como críticas entre los ciudadanos.“El Estado tiene demasiados contratistas, son personas que el Estado no tiene, digamos, una vinculación laboral con ellas, prestan un servicio por horas o no tienen una vinculación directa, pero son demasiados y cuando pasan estas cosas, cuando hay unas contingencias fiscales como esta o cuando llega el mes de enero tampoco tienen sueldo, porque hasta que el Ministerio de Hacienda no autorice ya empezar a contratar no se puede", detalló.
Aunque el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, había asegurado que "Colombia Sin Hambre” y "Renta Joven" desaparecerían el próximo año, el mismo funcionario, a través de sus redes sociales, afirmó que al menos el programa que brinda acceso a educación superior a los jóvenes “no está muerto”.A pesar de que el presidente Gustavo Petro había prometido que los recortes al presupuesto de 2025 no afectarían a los colombianos con menos recursos, el tijeretazo a los subsidios demostró lo contrario. Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, salió a anunciar la desaparición de algunos incentivos:“Si no estamos pagando hoy Colombia Sin Hambre, no es porque Gustavo Bolívar se haya robado la plata (…). Sencillamente no la tengo, dependo de lo que me gira el Ministerio de Hacienda. Esa plata no se giró. Yo no les puedo decir mentiras, el año entrante no se va a pagar Colombia Sin Hambre. Desaparece (…). Ustedes tienen que concientizarse de que se acabó ese subsidio y otros que se van a acabar”, dijo Bolívar.Sin embargo, ante las críticas, que incluso llegaron desde exfuncionarios del Gobierno como la exconsejera para la Juventud Gabriela Posso Restrepo, quien escribió a través de su cuenta de X que era un grave error eliminar el subsidio de Renta Joven y aseguró que, aunque entiende las dificultades presupuestales, esa no puede ser la solución, Bolívar respondió que el programa todavía no está muerto:“A pesar de que está desfinanciado, el presupuesto acá se está jugando el coco entre todos los miembros de las comisiones económicas y algunos ministros para ver cómo buscamos recursos de partidas menos importantes para trasladarlas. No pierdo la esperanza de que, de hoy a mañana, podamos tener una buena noticia para ustedes. El programa Renta Joven no está muerto, estamos buscando la financiación”.El presidente Gustavo Petro informó que ha estado reunido desde el miércoles de la semana pasada con el ministro de Hacienda y un equipo técnico para evaluar los recortes y, según él, afrontar que el Congreso no haya aprobado la Ley de Financiamiento. Además, aseguró que, antes del martes 31 de diciembre, va a firmar el decreto de liquidación en el que se establecerán las partidas de funcionamiento e inversión que se recortarán para el siguiente año. Hoy, en Cartagena, se adelantará un consejo de ministros para continuar con estas discusiones.
A través de un video publicado en redes sociales, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, aseguró que eliminará ciertos subsidios, tales como Colombia sin hambre, a partir del 2025. De acuerdo con el funcionario, la medida se toma por el recorte presupuestal del Gobierno para el próximo año, pues la entidad dejó de recibir cerca de $1.7 billones.“Si no estamos pagando hoy Colombia sin hambre, no es porque Gustavo Bolívar se haya robado la plata (...). Sencillamente no la tengo, dependo de lo que me gira el Ministerio de Hacienda. Esa plata no se giró. Yo no les puedo decir mentiras, el año entrante no se va a pagar Colombia sin hambre. Desaparece (...). Ustedes tienen que concientizarse que se acabó ese subsidio y otros que se van a acabar”, dijo Bolívar en medio del video.Cabe recordar que el programa brindaba un ingreso mínimo a las familias colombianas en situación de riesgo de pobreza extrema o inseguridad alimentaria. Los montos asignados oscilaban entre los 200.000 y los 500.000 pesos, por lo que la decisión podría afectar duramente a los hogares del país.Según Gustavo Bolívar, los programas que mantendrá el Gobierno nacional son los de Adulto Mayor, que pasará de 1.700.000 beneficiarios a 2.800.000, y Renta del cuidado, que es para las mujeres cabezas de hogar con hijos menores de 6 años.¿Qué pasará ahora con los beneficiados?Una de las soluciones que propone Gustavo Bolívar es que los usuarios de Colombia sin hambre se conformen varias cooperativas en el país. “Ya tenemos estructurado el proyecto (...) Tienen que buscar la manera de organizarse, nosotros vamos a facilitar la focalización, municipio por municipio, para que las personas que tenían este subsidio se reúnan, organicen una cooperativa y hagan un emprendimiento, el que quieran”, dijo el funcionario.Es decir, con este nuevo anuncio el Gobierno nacional pasará ahora a ofrecer créditos a los colombianos y subsidiará la tasa del periodo de gracia (de 3 a 6 meses). Según Bolívar, es necesario que los ciudadanos comiencen a laborar, por lo que “desde ya tienen que empezar a organizar y empezar a trabajar. Lo siento mucho, pero este es el mensaje que tengo que darles”, finalizó Bolívar.
En una reciente encuesta realizada por Guarumo y EcoAnalítica, se ha revelado que el acceso a la salud es el tema que más preocupa a los colombianos en la actualidad, con un 23.3% de los encuestados señalándolo como su principal inquietud. Le siguen de cerca el costo de vida (17.2%) y la inseguridad (16.4%), reflejando una clara preocupación por aspectos fundamentales de la calidad de vida y la seguridad personal1.La corrupción en el país también es un tema de gran relevancia, con un 12.7% de los participantes destacándolo como una de sus mayores preocupaciones. La falta de empleo (10.3%) y el acceso a la pensión (4.9%) son otros aspectos que generan inquietud entre la población1.Otros temas mencionados incluyen:Acceso a la educación (4.1%)La presencia de grupos armados ilegales (2.5%)El cambio climático (1.8%)La desigualdad (1.6%)El narcotráfico (1.2%)La migración extranjera (1.0%) la polarización (0.3%). Un 1.6% de los encuestados no supo o no respondió (NS/NR), mientras que un 1.1% mencionó otros temas no especificadosDesempeño presidencial y problemas prioritarios del paísLa encuesta comienza evaluando la gestión del presidente Gustavo Petro. Los resultados muestran que la percepción negativa predomina:Pésimo: 33.3 %Malo: 25.8 %Bueno: 25.2 %Excelente: 10.1 %No sabe/No responde: 5.6 %Encuesta y ficha técnica
Desde el convento de La Popa, lugar donde llevó a cabo la rendición de cuentas como director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar confirmó que el presupuesto de esta entidad pasará de 9 billones de pesos en 2024 a 5,7 billones en 2025, lo que, por supuesto, trae consigo recortes y afectaciones en los programas sociales del Gobierno.Bolívar explicó que este “tijerazo” es por cuenta del recorte al Presupuesto General de la Nación.“Si va a haber afectación, yo tengo que ser sincero con la gente. El presupuesto nuestro, que era 10,7 billones, bajó a 9 este año, y va a ser de 5,3 el año entrante (…) entonces, obviamente, tenemos que hacer unos recortes. Estamos estudiando en qué sectores. El presidente nos ha pedido que, por ningún motivo, sea en Renta Ciudadana, en lo que corresponde a madres cabeza de hogar y adultos mayores. Esos dos sectores no se van a tocar, pero en los demás sí tenemos que hacer recortes”, detalló.El director de Prosperidad Social también señaló que programas como Renta Joven, Jóvenes en Paz e incluso la devolución del IVA serían algunos de los impactados con estos recortes.“Vamos a ver si dentro de las proposiciones que se presenten en el trámite de la Reforma Tributaria podemos incluir una para que desaparezca el punto del IVA que se incluyó dentro de la reforma de 2019, la Ley de Financiamiento, donde dice que hay que retornar un punto del IVA a las personas más pobres. Todos esos temas se están tocando, no los hemos definido. No podría decir que se tocan o no, pero es lo que estamos estudiando. Sin embargo, definitivamente, con el poco presupuesto que nos dieron, toca”, dijo en declaración a los medios de comunicación.Durante su paso por Cartagena, Bolívar también se refirió a lo que en repetidas ocasiones ha planteado el presidente Gustavo Petro sobre utilizar la Constitución para sacar adelante las reformas del Gobierno; y aseguró que técnicamente no hay tiempo para una constituyente.“Técnicamente no hay el tiempo para hacerlo, porque una constituyente nosotros no la haríamos de manera inconstitucional. Una constituyente tiene que pasar por un proyecto que se apruebe en el Congreso o por recoger firmas, digamos, si se quiere, por iniciativa popular. Pero solo la recolección de las firmas podría tardarnos unos meses. Luego habría que presentarla al Congreso, después llamar a elecciones… Yo creo que no nos alcanzaría el tiempo”, sostuvo.Sin embargo, también dejó claro que entiende el espíritu de lo que dice el presidente Petro.“Se necesita hacer unas reformas de fondo en este país que no las va a hacer el Congreso, porque ya lo hemos visto. Se han presentado todo tipo de reformas, por ejemplo, para que la naturaleza de elección del Procurador y del Contralor salga del Congreso, porque eso lo que facilita es la impunidad en este país, pero no se logra (…) Hay reformas que el mismo Congreso no se va a auto-regenerar ni auto-reformar, y que se tendrían que hacer a través de una constituyente, pero, a mi modo de ver, no dan los tiempos para hacerlo”.¿Será Gustavo Bolívar candidato presidencial en 2026?Sobre una posible aspiración presidencial en 2026, Gustavo Bolívar afirmó que no lo descarta, pero que si el presidente Petro le pide quedarse en el Gobierno, continuará a su lado.“He estado marcando en las encuestas como la persona que más favorabilidad tiene dentro de la izquierda, dentro del progresismo, pero eso ya vendrá con el tiempo (…) Yo tengo que consultar con el presidente de la República si me necesita más en el Gobierno o si me voy a la campaña. Si él me dice que lo acompañe estos dos años que faltan, yo lo haría con gusto, porque no podemos salir corriendo a aspirar y dejar al Gobierno votado”, aseguró.
La más reciente encuesta Colombia Opina, elaborada por Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol, abrió el telón de la carrera presidencial para 2026. Con Sergio Fajardo, Claudia López, Germán Vargas Lleras y Gustavo Bolívar liderando las preferencias, el panorama político comienza a delinearse en un escenario marcado por el fraccionamiento y la búsqueda de certezas en medio de un clima de incertidumbre.¿El centro toma la delantera?Sergio Fajardo, con un 15,4% de intención de voto, encabeza la lista de favoritos. Según Martín Orozco, gerente de Invamer, el exgobernador de Antioquia ha logrado atraer apoyos significativos entre votantes de centro, derecha e incluso de aquellos que no se identifican con una afinidad política específica.“Fajardo recoge votos tanto de derecha como de centro y, en menor medida, de quienes no tienen afinidad”, afirmó Orozco.En segundo lugar, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, obtiene un 12,6%. Su desempeño destaca por su capacidad para captar apoyo tanto de la izquierda como del centro, según el análisis en Mañanas Blu. Este posicionamiento, según los analistas de la encuesta, refleja la consolidación de su imagen como una figura que puede trascender las divisiones políticas tradicionales.Por su parte, Germán Vargas Lleras, con un 9,2%, mantiene un fuerte respaldo entre votantes de derecha y centro, mientras que Gustavo Bolívar, con un 8,6%, se posiciona como el principal representante del Pacto Histórico y de los sectores de izquierda.La fragmentación política y su impacto en los resultadosUno de los datos más relevantes de la encuesta es la fragmentación del electorado. Aunque una mayoría significativa de los encuestados se identifica como de derecha, los líderes en intención de voto provienen principalmente del centro. Este fenómeno, según explicó Héctor Riveros, analista político de Blu Radio, refleja una búsqueda de experiencia y moderación: “El rechazo al Gobierno de Gustavo Petro no está siendo capturado por candidatos de derecha, sino por figuras que ya han gobernado y que ofrecen una apuesta más segura”.La falta de un liderazgo consolidado en la derecha también ha favorecido a candidatos como Fajardo y López, quienes han sabido posicionarse como alternativas viables frente a un panorama polarizado.La importancia de la favorabilidad y el reconocimientoAdemás de la intención de voto, la encuesta también midió el nivel de conocimiento y la imagen favorable de los candidatos. Claudia López destaca como la figura más reconocida, con un 80% de conocimiento y una imagen favorable del 44%. Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras, por su parte, presentan una combinación sólida entre altos niveles de favorabilidad y bajos índices de rechazo.En contraste, Gustavo Bolívar enfrenta un desafío mayor: aunque es reconocido por el 54% de los encuestados, su imagen desfavorable del 33% limita su capacidad de crecimiento. Según Orozco, “la imagen favorable es el techo en intención de voto. Nadie que opine desfavorable de un candidato votará por él”.Un camino largo hacia la consolidaciónAunque la encuesta Colombia Opina ofrece una “primera foto” del panorama presidencial, los expertos coinciden en que el escenario está lejos de definirse. Aurelio Suárez, analista invitado, señaló que el fraccionamiento actual favorece a la izquierda, el único bloque que parece tener mayor cohesión:“El centro, si logra evitar sus divisiones tradicionales, podría ganar, pero su historial de fragmentación es una amenaza real”.La encuesta también revela que los candidatos outsiders, como Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo, han logrado posicionarse entre los primeros puestos, pero aún enfrentan un camino cuesta arriba para consolidar su apoyo.Encuesta Invamer completa
