Según investigaciones, entre el 2008 y el 2012, la entidad prestadora del servicio se habría apropiado de 21.353.000 de pesos pertenecientes a la salud.“Entre el 2008 y el 2012 se evidenciaron exceso de gastos administrativos que están normativamente limitados al 8%. Inversión en fondos acciones y/o aportes en sociedades, inversiones en construcción y adquisición de inmuebles, intereses a cargo correspondientes a préstamos para construcciones y otras operaciones que están relacionadas con la con la utilización de recursos”, dijo la fiscal.La funcionaria dijo que los estados financieros de la entidad prestadora de salud no reflejaban la realidad de la misma y que, de esta manera, lograron inducir en error a la Superintendencia de Salud que le dio viabilidad para seguir operando.“Los estados financieros de la EPS, al 31 de diciembre del 2012, no reflejaban esa realidad cuando no se realizaron debidamente consignaciones bancarias, no se realizaron las provisiones de la cartera en detenida forma, toda vez que las provisiones se realizaban en contravía de lo estipulado en el artículo 3 de la resolución 1424 del 2008 que define que debe hacerse el aprovisionamiento del saldo de cartera en un 100 % y no en un 33% como lo estaba haciendo la EPS”, añadió al delegada del ente acusado.Además, asegura al Fiscalía que, la EPS no pagaba sus obligaciones y en cambio realizaba millonarias inversiones. Según la narración de la delegada del ente acusador, lo primero que debe hacer una EPS del régimen subsidiado es pagar las obligaciones por las prestaciones de servicios de salud a sus afiliados.“Asmet Salud, después de pagar obligaciones primordiales podría, con recursos provenientes de la UPC realizar inversiones en aportes, sanciones, fondos, títulos, inmuebles, infraestructura, pues al utilizar los recursos de manera contraria generaría un desequilibrio económico de tal manera que si se destinan recursos en aumentar activos que no son estrictamente necesarios y que no están directamente relacionados con el objeto social, simplemente estaría desprotegiendo sus obligaciones y dejándolas sin ningún respaldo. Lo primero que debe hacer una EPS del régimen subsidiado es pagar las obligaciones por las prestaciones de servicios de salud a sus afiliados”, puntualizó la fiscal del caso.Aseguró la funcionaria que la EPS, en relación con los periodos objeto del análisis, ha presentado una situación financiera decreciente, lo que indica que es una entidad inviable financieramente.Solicitud de medida de aseguramientoLa Fiscalía le solicitó al juez 1 de garantías que envíe a la cárcel a Aguilar Vivas porque, a su juicio, hay peligro para la comunidad y para la víctima.En medio de su solicitud, anunció que tiene interceptaciones de sus comunicaciones y un informe del CTI, del 9 de abril del 2019, en el que se hace un análisis de dichas llamadas interceptadas. Las conversaciones serían entre la exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud, Eva Carrascal, y el directivo de la EPS Asmet Salud, Gustavo Adolfo Aguilar, en donde se habla de tramitar la resolución del 127 del año 2018 a favor de esa EPS.Dice la fiscal que no es objeto de esta investigación pero que lo trae a colación para que "se conozca el modus operandi o la forma en la que acostumbra manejar los trámites administrativos ante autoridades, en este caso ante un ente de vigilancia y control, el señor Vivas”, cuando hay decisiones con las que no se encuentra conforme o no son de su beneficio.Este miércoles 3 de febrero, a las 11: 00 de la mañana, continuará la diligencia de solicitud de medida de aseguramiento. Intervendrá la defensa del médico, el abogado Jaime Lombana, y luego, se conocerá la decisión del juez.
Un nuevo escándalo sacude al Congreso, luego de que se conociera un audio en el que un representante a la Cámara aparentemente ejerce presiones indebidas al gerente de una EPS para que haga unos pagos determinados a unos hospitales de Risaralda.Este es un fragmento de la conversación entre el representante Liberal por Risaralda Juan Carlos Reinales y el gerente de la EPS Asmet Salud, Gustavo Aguilar, el pasado seis de noviembre en una cafetería del aeropuerto El Dorado de Bogotá.En la conversación, que dura cerca de 15 minutos y en la que hablan sobre asuntos generales del sector salud en Risaralda, Reinales le pregunta a Aguilar si le podría pagar una “carterita a unos hospitales que tengo por ahí”. Luego le dice que “yo le paso el listadito y mejor hacerlo personal para evitar malos entendidos y güevonadas”.Luego admite que su rédito es hacer gestiones, porque de eso vive y después habla de una posible situación similar con la EPS Medimás y unos pagos a una IPS. Antes de despedirse, incluso se toman una foto y se despiden.El tema amerita una explicación, que ha intentado dar desde ayer el congresista Juan Carlos Reinales, quien admite que la conversación existió, pero dice que fue editada con mala intención para hacer aparecer una charla legal con un intento de presiones indebidas.Además, dice que esto obedece a una retaliación de las EPS porque él, desde la Comisión Séptima, las ha venido “tallando” y con estas estrategias buscan debilitarlo.La defensa de la EPS Asmet Salud no solamente denunció al congresista Reinales ante la Sala de Instrucción de la Corte, sino que también incluyó a otros dos parlamentarios, quien supuestamente actuaron de forma similar, presionando de forma indebida a sus representantes legales para obtener réditos a cambio de no adelantar debates incómodos en su contra.En cualquier caso, no suena bien una gestión de este tipo hecha ante un privado por parte de un congresista, quien seguramente tendrá que explicar a la Corte por qué hacía este tipo de solicitudes y serán los magistrados los que determinen si hay o no una transgresión del código penal.Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
El Cuerpo de Bomberos de Valledupar avanza en las investigaciones para esclarecer las causas del voraz incendio que en la noche de navidad cobró la vida de Nelly María Aguilar Valle, de 50 años, al interior de su residencia en el barrio Las Delicias de Valledupar. La víctima es hermana del contralor Departamental del Cesar, Gustavo Aguilar, quien dio detalles de lo sucedido. Según las investigaciones preliminares de las autoridades, altibajos en el fluido eléctrico habrían provocado el cortocircuito en un electrodoméstico que ocasionó el incendio.