El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitó la contratación de una auditoría internacional para investigar las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados al sistema de salud por parte de las EPS. Según el jefe de esta cartera, los organismos nacionales, como la Contraloría, no han encontrado pruebas suficientes, a pesar de que existen recursos cuyo paradero es incierto.“Los organismos de control, como la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, no han logrado esclarecer este asunto. Recordemos que, en la investigación del año pasado, la Contraloría no pudo verificar que las EPS demostraran con claridad qué ocurrió con 6 billones de pesos en el año 2020. Por esta razón, el doctor Rubiano, el presidente y el Ministerio hemos decidido solicitar la contratación de una auditoría internacional, en este caso una auditoría forense, para determinar el destino de muchos de los recursos del sector salud”, explicó Jaramillo.Es importante señalar que los cuestionamientos en torno al aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) continúan siendo un tema central en el sector. Al respecto, el ministro presentó los datos que respaldan el incremento del 5,36 % y afirmó que las EPS no entregaron información suficiente para justificar un aumento mayor.Por otro lado, el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado recientemente sobre el tema, denunciando que varias EPS están cometiendo un “robo continuado” de los recursos públicos destinados a la salud. Además, el mandatario pidió a la Fiscalía General de la Nación realizar una investigación exhaustiva a través de auditorías forenses.
La Procuraduría General de la Nación le insistió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para citar a una mesa técnica con expertos, representantes de pacientes y EPS para discutir el cálculo del aumento de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que para este año quedó en 5,36 %.La procuradora delegada para asuntos en salud, Diana Ojeda, pidió que se citen a esas mesas, pero que el ministro Jaramillo escuche las observaciones de los gremios para llegar a acuerdos que beneficien al sector de la salud."El llamado constructivo es que conforme una mesa de trabajo con todos los actores, con los gremios, con los expertos en salud, con todos quienes han hecho los estudios de insuficiencia de la UPC, los escuchen, no solamente los siente ahí y se vaya y diga, se mantiene el 5.36 %, los escucha y revise", señaló el ministro.Además, Ojeda se refirió a la petición de la Procuraduría a la Corte Constitucional de declarar el ECI por la crisis en la salud del país, aseguró que el aumento de la UPC no es una decisión técnica, sino política leyendo un trino del director del DPS Gustavo Bolívar donde critica el hundimiento de la Ley de Financiamiento“Gustavo Bolívar, dice, congresistas mandaderos de las EPS que sabotearon y negaron la ley de financiamiento, ahora salen a llorar porque la UPC quedó muy baja. Creyeron que su decisión equivocada de archivar la ley no tendría consecuencias. Dígame si eso es un fundamento técnico de que habla un funcionario del Estado respecto a que, por otro tipo de razones, no se aprobó la ley de financiamiento”, cuestionó la funcionaria.Existe gran preocupación desde diversos sectores por la crisis que afronta la salud el país actualmente.
El sistema de salud colombiano enfrenta un momento tenso particularmente en lo que respecta a la Unidad de Pago por Captación (UPC). El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha defendido un incremento del 5,36% en la UPC para 2025, un ajuste que ha sido motivo de polémica y controversia en el entorno político y social. La percepción pública de esta decisión se agudiza al considerar las dificultades financieras que atravesaron las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Jaramillo argumenta que el EPSaumento fue impactado negativamente por el rechazo del Congreso a la Ley de Financiamiento el año anterior. "La cifra está sustentada, no me la saqué del sombrero", defendió el ministro sobre la UPC.Desafíos financieros en el sistema de saludDurante la discusión, Jaramillo resaltó que muchos EPS han reportado gastos por atención a personas fallecidas, lo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia y eficiencia en la gestión de estos recursos. El ministro pidió claridad sobre cómo se están utilizando los recursos gubernamentales en el sector salud y cuestionó la necesidad de aumentar el financiamiento sin una rendición de cuentas concreta. En medio de declaraciones hecha por el ministro, reveló y calificó de "tráfuga" a un funcionario que había recomendado un aumento del 20% en la UPC, pues el funcionario a cargo fue despedido tras la revelación. Jaramillo menciona que esta situación evidencia que el ajuste actual de la UPC es suficiente, instando a la búsqueda de otros recursos si no lo es. "La UPC es suficiente. Si no es suficiente, pues miremos de ver de dónde vamos a sacar los recursos, porque al Gobierno nacional no se le puede pedir que le nieguen el financiamiento para el presupuesto. Como dijo ahora un una persona tráfuga de este gobierno que, dice que hay que aumentar el 20 % estuvo seis años aquí", dijo. El manejo de la UPC no solo afecta la viabilidad financiera de las EPS, sino que también tiene repercusiones directas sobre el acceso y la calidad de la atención médica en Colombia. La falta de consenso y claridad en las políticas de salud pública podría agravar los problemas que enfrenta esta vital sector. La población espera respuestas y soluciones concretas por parte del gobierno, destacando la necesidad urgente de una reforma estructural en el sistema de salud. "Es fundamental que revisemos hacia dónde van los recursos y que cada peso invertido en salud sea un peso bien gasto. No podemos seguir con un presupuesto que no justifica su existencia", enfatizó Jaramillo. Escuche aquí la información:
La poca confianza en las EPS que tendría el Gobierno nacional, sería la principal razón y el determinante del porcentaje de aumento de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para el año 2025.El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expresó que fueron varias las irregularidades que se encontraron entre los informes entregados por parte de las EPS y los datos que encontraron en los estados financieros auditados.“Hemos encontrado reportes de cerca de 23.000 pacientes fallecidos, por los cuales las realizaron cobros por servicios que estarían afectando las finanzas del sistema de salud”, expresó.Destacó además que los aumentos de años anteriores a la UPC habían sido los más altos en los últimos años y criticó la forma de cálculo de la UPC porque toma en cuenta datos de casi dos años atrás y no del año inmediatamente anterior.“Hemos estado trabajando en unas mesas financieras que instalamos desde mayo y que tuvieron en cuenta varios sectores del sector salud”.Además, el ministro de Salud, en medio de su declaración de este lunes 13 de enero, señaló que las EPS están en cuidados intensivos, pero que no están considerando liquidarlas porque no habría a quien responsabilizar de las deudas que tienen las EPS con los hospitales públicos.Jaramillo también señaló que no entiende las críticas al incremento a la UPC, cuando en gobiernos anteriores se dieron aumentos por debajo de la inflación.Destacó además que el costo de manejos administrativos de las EPS creció en un porcentaje cercano al 28 % en el 2023, cuando el registro de usuarios habría aumentado en cerca del 11 %.Por último, señaló que van a entregar a la Procuraduría y la Fiscalía los informes con las presuntas irregularidades para que avancen en la investigación y sean señalados los responsables.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, propuso que los empresarios retomen el pago de aportes patronales a la salud, una medida que fue eliminada en 2012 con el objetivo de incentivar el empleo formal.Durante su intervención en el programa Mañanas Blu, con Néstor Morales, Jaramillo expuso las dificultades que enfrenta el sistema de salud en Colombia debido a la insuficiencia de recursos y señaló la necesidad de que todos los sectores contribuyan de manera equitativa.Aportes patronales eliminados en 2012Hasta el año 2012, los empleadores en Colombia debían aportar el 8,5% del salario de sus trabajadores al sistema de salud, mientras que los empleados contribuían con un 4%. Sin embargo, la Ley 1607 de 2012 eliminó esta obligación para las empresas que pagaran salarios inferiores a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). La reforma se justificó como un mecanismo para promover la formalización laboral y reducir los costos asociados a la contratación.En lugar del aporte patronal, se creó el impuesto CREE (Impuesto sobre la Renta para la Equidad), cuyos ingresos debían destinarse a financiar el sistema de seguridad social. No obstante, este impuesto fue eliminado en 2016, lo que dejó al Estado con menos herramientas para sostener el régimen contributivo.“El sistema de salud en Colombia se ha sostenido durante 12 años sin los aportes patronales. Sin embargo, esto ha generado una mayor carga tributaria sobre los ciudadanos del común, quienes son los que ahora financian mayoritariamente la salud”, explicó el ministro Jaramillo.Ajuste insuficiente de la UPC y nueva reforma tributariaOtro de los puntos clave abordados por el ministro fue el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que, según él, ha sido superior al aplicado por administraciones anteriores, pero que aún resulta insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. La UPC es el monto que el gobierno paga a las EPS por cada afiliado al sistema y se incrementa cada año de acuerdo con la inflación.“El problema de fondo es que el aumento del 5,7% de la UPC no es suficiente para cubrir los gastos reales del sistema. Por eso, el presidente Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de una nueva reforma tributaria que grave sectores como el de los juegos de azar, con el fin de recoger recursos adicionales”, señaló Jaramillo.El ministro también recordó que, en 2020, la Contraloría General de la Nación detectó irregularidades por 6 billones de pesos en el manejo de los recursos por parte de algunas EPS.“No podemos seguir inyectando dinero sin saber a dónde está yendo. Hay EPS que reportan gastos que no corresponden a la realidad y eso tiene que ser revisado por los entes de control”, afirmó.Críticas al sector empresarialEn su intervención, Jaramillo no ocultó su molestia con el sector empresarial, al que acusó de ejercer presión para evitar mayores aportes al sistema de salud.“Durante 12 años, los grandes empresarios se han beneficiado de no pagar aportes patronales a la salud. Es momento de que hagan un esfuerzo y contribuyan al financiamiento del sistema”, sostuvo.El ministro también señaló que el Gobierno ha hecho un esfuerzo considerable por mantener los recursos del sistema de salud, pagando siempre por anticipado tanto el régimen subsidiado como el contributivo.“Este Gobierno no ha dejado de pagar un solo peso. Lo que necesitamos es que todos aporten de manera justa”, concluyó.¿Qué implicaría el regreso de los aportes patronales?La propuesta de reinstaurar los aportes patronales a la salud podría tener un impacto significativo en el sector empresarial, especialmente en aquellas empresas que manejan grandes plantillas de trabajadores. Sin embargo, Jaramillo insistió en que este tipo de medidas son necesarias para garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos.“El mayor esfuerzo no puede seguir recayendo en los ciudadanos de a pie. Si queremos un sistema de salud fuerte y sostenible, necesitamos que los empresarios también contribuyan”, reiteró el ministro.
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por su presunta responsabilidad en la crisis por el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos durante 2023.La entidad determinó que el jefe de la cartera de Salud, quien llegó al cargo desde marzo del mismo año, “habría omitido tomar las medidas necesarias para resolver la crisis, advertida desde 2022, por diferentes asociaciones médicas, sobre el riesgo de desabastecimiento en que se encontraban al menos 2.351 medicamentos e insumos médicos, varios de ellos de primera necesidad”.Según las investigaciones adelantadas por la sala disciplinaria de instrucción se estableció que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, “solo hasta el mes de noviembre de 2023, habría expedido la resolución 1896, elaborando un plan de trabajo y formulado un plan de acción que contenían las estrategias y actividades concretas para prevenir y superar el desabastecimiento de medicamentos en Colombia, esto para cumplir con la orden que le impartió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de octubre de 2023”.La respuesta del ministro de Salud, se produjo solo como respuesta a unaacción popular interpuesta por la Procuraduría y varias agremiaciones médicas.“El doctor Jaramillo Martínez solo planeó y ejecutó acciones concretas orientadas a prevenir y superar el desabastecimiento de medicamentos, mediando una orden de un tercero, cuando debió hacerlo por el simple cumplimiento diligente y eficiente de sus funciones”, enfatizó la Procuraduría en su decisión.Para el Ministerio Público, los cargos por los cuales es señalado el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo están relacionados con la omisión de las funciones propias de su despacho, “ lo que habría impactado de manera negativa en el derecho fundamental a la salud y la prestación de ese servicio".La Procuraduría en su investigación señala que la falta en la que habría incurrido el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo fue calificada provisionalmente como “Grave a título de Culpa Grave”.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitó un permiso remunerado para la temporada de fin de año, lo que le permitió ausentarse de su cargo hasta el 6 de enero, según lo estipulado en el Decreto 1490, firmado el pasado 13 de diciembre. Este descanso, aunque legítimo, se produce en un momento clave para el sistema de salud del país: la definición del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2025, un tema crucial que aún permanece en el aire.La UPC es un mecanismo de financiación fundamental para los prestadores de servicios de salud en Colombia, y su ajuste o definición para el próximo año tiene un impacto directo sobre la calidad y disponibilidad de la atención médica en todo el país. Sin embargo, a pesar de las expectativas, el Ministerio de Salud ha indicado que el valor de la UPC sigue siendo objeto de estudio y análisis, lo que genera incertidumbre en un sector tan vital.El decreto especifica lo siguiente:Descanso compensado. Otorgar descanso compensado del 21 al 29 de diciembre de 2024, al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo.Permiso remunerado. Conceder permiso remunerado del 30 de diciembre de 2024 al 1 de enero de 2025, al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo.Permiso remunerado. Conceder permiso remunerado hasta el 6 de enero de 2025, al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo.Mientras Jaramillo se toma su descanso, la gestión del Ministerio queda en manos de Rodolfo Enrique Salas, secretario general del Ministerio de Salud y Protección Social, quien asumirá el rol de encargado durante este periodo.
El juzgado tercero penal del circuito de Bogotá ordenó tres días de arresto y una multa de tres salarios mínimos al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por no acatar una tutela de la Corte Constitucional. La sentencia T-343 de 2022 exigía suspender la comercialización de pesticidas con clorpirifós, un químico señalado por sus riesgos ambientales y para la salud.El fallo ordenaba al Ministerio de Salud garantizar que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) implementara una transición hacia alternativas al clorpirifós, con el objetivo de minimizar el impacto económico de su prohibición inmediata. Para ello, el Ministerio debía coordinar con el ICA y rendir informes periódicos al juez sobre el cumplimiento de estas acciones.Sin embargo, el juzgado consideró que estas obligaciones no se cumplieron, lo que motivó la sanción contra Jaramillo. Además, advirtió que el Estado ejercerá las sanciones necesarias cada vez que se demuestre el incumplimiento de las órdenes judiciales, subrayando la obligación del ministro de demostrar que está acatando lo ordenado.Como parte de la decisión, el juzgado compulsó copias a la Fiscalía General para investigar si el desacato constituye algún delito. La medida busca garantizar el respeto por los fallos judiciales y el cumplimiento de las obligaciones legales de las entidades estatales.
A través del Decreto 1487, el Gobierno nacional convocó al Congreso de la República para que sesione de manera extraordinaria desde el martes, 17 de diciembre, hasta el próximo jueves, 19 de diciembre.Según el documento, la medida se toma para que sea la Cámara de Representantes quien continúe el trámite de la reforma a la salud, proyecto que se ha visto estancado en los últimos días.“Durante el período de sesiones extraordinarias señalado en el artículo primero del presente Decreto, el Honorable Congreso de la República se ocupará de continuar con el trámite del siguiente proyecto de ley: Proyecto de Ley No. 312 de 2024 Cámara. "Por medio del cual se transforma el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones", dice el escrito.Cabe recordar que el debate de este proyecto sigue siendo complejo, ya que aún no se logran revisar todos los impedimentos que podrían afectar el avance de la propuesta. Hay que mencionar que la dificultad para mantener el quorum en la plenaria representa un gran obstáculo, lo que mantiene a la reforma en la cuerda floja.De igual forma, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ya se ha mostrado optimista frente a la situación: "Vamos a tener no solamente el 16, que es el último día de legislación, sino cuatro días más hasta el 20 de diciembre. Ahí es más que suficiente para que la Cámara pueda definir", dijo hace un par de días.El articulado había sido aprobado en primer debate el 18 de noviembre, por parte de la Comisión Séptima de la Cámara, con 58 artículos iniciales y seis artículos nuevos avalados; y estaba pendiente de su discusión en la plenaria.En caso de recibir el visto bueno del cuerpo legislativo en pleno, esta proposición pasará a la Comisión Séptima del Senado, para su tercer debate; y en caso de ser positivo, luego será discutida por la plenaria de esta corporación.Según una de las promotoras del proyecto, la senadora María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, la reforma busca fortalecer y descentralizar el sistema de salud, de forma que los servicios lleguen a cada rincón del país.“Especialmente en zonas rurales, para que todos los y las residentes de Colombia puedan recibir la atención que necesitan”, indicó la congresista.Aunque se creía en principio que el trámite continuaría en 2025, el presidente optó por invocar el inciso tercero del artículo 138 de la Constitución Política. “Para darle continuidad al procedimiento legislativo de proyectos de ley prioritarios”.Con todo esto, desde el Gobierno Petro esperan que, con estas sesiones extraordinarias, se logren revisar los puntos de la reforma y a la par se apruebe el proyecto antes de finalizar el año.
Las tensiones entre el Gobierno y el Congreso han ocasionado que a lo largo de estos dos años de periodo legislativo no sean pocas las veces en las que los choques hayan escalado en enfrentamientos durante la realización de sesiones plenarias o de las comisiones constitucionales.En la sesión de este miércoles, 13 de noviembre, de la Comisión Séptima del Senado se tenía previsto adelantar un debate de control político por cuenta de la insuficiencia de la UPC para financiar el sistema de salud colombiano y el estado actual de los recursos que provienen del SOAT. Para atender el debate estaban invitados varios funcionarios del Gobierno como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el director de la Adres, Félix Leon Martínez, entre otros.Sin embargo, las tensiones se comenzaron a originar durante la intervención del ministro de Salud. Aunque la mesa directiva estableció un límite del tiempo de 20 minutos, el ministro Jaramillo decidió extender su intervención. Al momento que la presidenta de la Comisión, la senadora conservadora Nadia Blel, le pidió ir terminando, el ministro le respondió muy molesto pidiendo el tiempo de otros integrantes del Gobierno.“Si no puede hablar el Gobierno, de manera respetuosa, con mucho gusto le dejo mi presentación. Dígame cuántos minutos tengo para saber cuánto hablo. ¿Usted va a hablar? ¿Cuántos más van a hablar del Gobierno? Entonces tengo 40 minutos”, le increpó Jaramillo a Blel.En ese momento los asistentes empezaron a gritarle a la senadora Blel y exigiendo que el representante del Gobierno interviniera todo lo que quisiera, desorganizando el debate, a tal punto que la senadora tuvo que hacer varias veces un llamados a la calma con la amenaza de que desalojaría el recinto.Al final, cuando el ministro Jaramillo intentó nuevamente alargar su intervención, la senadora decidió terminarla y darle la palabra al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a pesar de los gritos y las tensiones en el recinto.
