En una operación llevada a cabo en el estado Apure, militares venezolanos inutilizaron una aeronave presuntamente vinculada a actividades ilícitas. La acción fue confirmada este lunes por Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a través de su cuenta en X.El comandante detalló que la aeronave, cubierta por árboles y camuflada en el entorno, fue localizada tras una operación de vigilancia. Al no encontrar ningún aviso de autorización en las dependencias de servicios de tránsito aéreo militares y civiles, la aeronave fue declarada hostil, según lo establece el artículo 3 de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo.Hernández Lárez indicó que el avión estaba vinculado a grupos generadores de violencia, relacionados con el narcotráfico, traslado de elementos irregulares y armamento. Sin embargo, no se precisó si hubo detenidos durante la operación.Este hecho se suma a una acción similar ocurrida en abril pasado, cuando otra aeronave fue destruida en el estado Zulia. En ese caso, el avión había ingresado de manera clandestina por el estado Falcón sin emitir un código de identificación, lo que motivó la intervención de los medios aéreos de reconocimiento y combate de la FANB.Según datos proporcionados por la FANB, en los primeros ocho meses de 2023, Venezuela ha inutilizado 38 aeronaves relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal. Estas actividades ilícitas son un objetivo prioritario para el gobierno, que busca erradicarlas, especialmente en la región amazónica.
Varias personas que trabajaron como testigos electorales en las presidenciales que Venezuela celebró el pasado domingo, así como ciudadanos que han protestado contra el resultado de los comicios, han sido detenidos por la Policía que, según ONG y políticos antichavistas, realiza operativos de búsqueda de estos individuos en varias regiones del país.El partido Primero Justicia (PJ) denunció en X que dos de sus coordinadores en los estados Aragua (norte) y Guárico (centro) fueron detenidos en las últimas horas, igual que decenas de personas en otras regiones del país, tras haber trabajado en las elecciones a favor de la principal coalición opositora la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).El antichavismo ha denunciado que estas detenciones forman parte de una "arremetida" del Gobierno para "criminalizar a venezolanos que exigen la publicación" completa de los resultados electorales, pues el boletín oficial -con el 80 % de las actas de votación- dio como vencedor a Nicolás Maduro, mientras que la PUD asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó por amplio margen.La organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, aseguró a EFE que conocen "varios" casos de personas que fueron arrestadas en sus casas desde el lunes, cuando se desataron numerosas protestas en rechazo al resultado electoral.Hasta la tarde del jueves, la ONG verificó 711 arrestos relacionados con la denuncia de fraude electoral y la violencia desatada en las protestas -saldadas con 11 muertos civiles y un militar-, si bien Maduro aseguró que hay más de 1.200 detenidos y que las autoridades iban tras la búsqueda de "mil más", toda vez que tilda de violentos y golpistas a quienes participan en estas protestas.Además, a través de las redes sociales han circulado videos que muestran a policías o militares arrestando a personas -supuestamente testigos electorales de la PUD-, aunque en algunos casos los efectivos han sido repelidos por la muchedumbre, que se niega a que se concreten estas detenciones.Las autoridades militares y policiales aseguran que se mantiene vigente la prohibición de reuniones y manifestaciones públicas, aunque el chavismo ha realizado en Caracas dos actos de calle en respaldo a Maduro con cientos de personas, sin que se haya registrado ninguna acción disuasiva por parte de los uniformados.
En el turbulento panorama político de Venezuela, la influencia militar en el Gobierno de Nicolás Maduro se ha vuelto un tema de discusió. A pesar de las múltiples críticas dirigidas hacia el presidente colombiano Gustavo Petro por su aparente ambigüedad respecto a la situación en Venezuela, el debate se intensifica.Recientemente, se generó controversia cuando el embajador colombiano Luis Ernesto Vargas se abstuvo de votar en una resolución de la OEA que pedía la publicación de los resultados electorales en Venezuela. Esta acción contradecía un mensaje previo de Petro en Twitter, evidenciando una discrepancia entre la posición pública del presidente y las acciones diplomáticas.La complejidad de la situación se profundiza con las conversaciones telefónicas entre Petro y Maduro, reveladas tras una llamada que recibió Petro desde el Palacio de Miraflores. Estas conversaciones sugieren la existencia de negociaciones en curso, involucrando no solo a Colombia, sino también a Brasil, México y los Estados Unidos, quienes han mantenido una postura más firme en la OEA.¿Los militares mandan en Venezuela?A nivel interno, Venezuela sigue siendo un enigma. Nicolás Maduro, aunque visiblemente agobiado, parece reticente a dejar el poder, sostenido por una estructura militar que controla aspectos clave del país. Los militares no solo administran negocios multimillonarios, tanto legales como ilegales, sino que también poseen una influencia decisiva en el estado venezolano.La reciente aparición del general Padrino López, anticipando los resultados electorales y mostrando un respaldo inequívoco a Maduro junto a otros 25 generales, refuerza la teoría de que Venezuela podría estar más bajo un control militar que bajo la figura visible de su presidente.Con estos desarrollos, la comunidad internacional y los observadores locales siguen atentos a las dinámicas de poder en Venezuela, mientras que las negociaciones entre Colombia y Venezuela podrían ser clave para entender los futuros cambios políticos en la región
La oposición venezolana que lidera Juan Guaidó acusó al Gobierno del ataque que el dirigente antichavista sufrió este sábado durante su visita a Cojedes (oeste), y aseguró que el incidente "puso en juego" su vida e incluyó disparos contra el automóvil en el que se trasladaba."Este ataque ordenado desde Miraflores no solo puso en juego la vida e integridad física del presidente Guaidó y su equipo de colaboradores, sino que es un ataque contra toda la dirigencia política democrática en Venezuela", denunció el grupo opositor en un comunicado.El escrito detalla que, además de Guaidó, durante el incidente, varios miembros del equipo recibieron golpes y que el vehículo en el que se trasladaba el dirigente "recibió varios impactos de bala".Este sábado, Guaidó recibió empujones e insultos por parte de un grupo de personas que lo increparon durante su visita a la localidad de San Carlos, en el estado Cojedes, y que son, supuestamente, afines al oficialismo, informó a Efe el equipo de prensa del antichavista.La agresión, aseguró el antichavismo, vino de seguidores del Gobierno, varios de ellos armados, mientras que algunos vídeos que circulan en redes sociales muestran cómo varios ciudadanos insultan, empujan y lanzan objetos contra el dirigente que se encontraba dentro de un establecimiento.La oposición tildó lo ocurrido como un "ataque violento y cobarde", por el que responsabilizó a militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a "colectivos armados", añade el comunicado.En horas de la noche, Guaidó habló brevemente, en una declaración que fue transmitida a través de las redes sociales, para informar que no sufrió lesiones graves y que ya estaba de vuelta en Caracas.Tras los hechos, el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, manifestó su preocupación por el hecho, el cual ponderó como un "ataque atroz" en el que las vidas de varias personas fueron puestas en riesgo.Rechazo al que se le sumó la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, quien se pronunció en Twitter señalando que la agresión es resultado de la violación de derechos humanos y la violencia que se ejerce en Venezuela contra los que defienden la libertad y la democracia.Le puede interesar:Escuche el podcast El Camerino:
Miles de personas en San Antonio del Táchira estaban a la espera que las autoridades venezolanas les permitieran cruzar el puente Simón Bolívar, que comunica con Cúcuta (Norte de Santander) para votar en la jornada de este domingo.Desde tempranas horas de la mañana, varias de ellas denunciaron haber sido golpeadas por la Guardia venezolana, que les impidió el paso al territorio colombiano.La fuerza policial del país vecino impidió el acceso a los colombianos residentes en este territorio para cruzar a Colombia y ejercer así su derecho al voto. La semana pasada estuvieron habilitadas cinco mesas, pero este domingo hay 23, tal como lo ha establecido la autoridad electoral.
Los investigadores de Human Rights Watch se sumergieron en las entrañas de la zona fronterizas entre Colombia y Venezuela, específicamente en en las líneas limítrofes que están en los departamentos Vichada y Arauca.HRW asegura que grupo armados ilegales están cometiendo abusos brutales contra civiles, asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado. En el informe Human Rights Watch, también señalan la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.“Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela (…) , y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente“ señaló Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.En el mismo informe recomiendan a las autoridades colombianas a que redoblen urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población e instan a las la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas.La organización sin fines de lucro también dice que según informaciones la Policía Nacional de Colombia hubo 103 homicidios en Arauca en enero y febrero, alertando que es la cifra más alta reportada en los primeros dos meses del año en Arauca al menos desde el 2010.Human Rights Watch muestra en su investigación varias entrevistas, en las que pudo conocer que ambos grupos armados han matado a decenas de personas y que “Muchos entrevistados dijeron que miembros del ELN buscaron a personas a las que acusaban de colaborar con grupos disidentes de las FARC”.Durante la investigación, ha recopilado el informe con ayuda de organizaciones gubernamentales que al menos “3,300 personas, incluyendo colombianos y venezolanos, habían huido de Apure hacia los departamentos colombianos de Arauca y Vichada”.
En las últimas horas la Policía de Maracaibo detuvo al supuesto pastor evangélico Miguel Ángel Chourio Cueto de 45 años, luego de presuntamente, violar a más de 50 mujeres usando la excusa de querer "expulsar sus demonios".Todo ocurrió en la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia, Venezuela. En ella quedaba la iglesia Yeshua Hamashiag, donde el falso líder religioso planeaba los engaños a sus víctimas, entre quienes hay varias adolescentes, por lo que también se configuraría el delito de abuso sexual contra menores.Según versiones de las denunciantes el hombre solía escoger a sus víctimas entre las feligreses que asistían a la iglesia, a quienes les aseguraba que debían mantener relaciones sexuales para “expulsarles los demonios” y así sus pecados serían perdonados, según recogió La Verdad.De acuerdo a mismo medio, Chourio Cueto ya tenía denuncias por este delito, y pese a ello disfrutaba de libertad. Las investigaciones de las autoridades empezaron gracias a la denuncia de una mujer que no cayó en las garras de este criminal.Escuche: ¿Por qué las dietas no funcionan? con Patricia López
La historia es sobrecogedora y retrata el drama de millones de venezolanos que siguen intentando salir de su país buscando un mejor futuro y es el caso de un grupo de venezolanos que partieron desde ese país hasta Trinidad y Tobago cruzando una parte del mar Caribe, al llegar fueron recibidos a tiros por parte de la Guardia Costera.La denuncia la hizo Orlando Moreno, integrante del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela: “El día sábado en la noche asesinaron a un niño deltano esto es desagradable, la muerte de un niño de un año enluta otra familia venezolana. El horror que vivimos los venezolanos va desde el Zulia hasta el Delta, hablo de Zulia por la niña ahogada de siete años en el Río Bravo y ahora el niño asesinado en Delta. El infante, cuyo nombre era Yaelvis Santoyo Sarabia, iba en brazos de su madre, Darielvis Sarabia, y ambos eran parte de las 20 personas que se embarcaron en Delta Amacuro la noche de este sábado, rumbo a Trinidad", contó.Moreno indicó que en su trayecto, los venezolanos que iban en la balsa habrían sido interceptados por los funcionarios trinitarios, que dispararon contra la embarcación sin mediar palabras, asesinando al niño e hiriendo a varios de ellos.“Le mataron al hijo en los brazos”, dice uno de los audios que circulan en redes, mientras un audio atribuido a la madre del niño refleja el dolor: “Me mataron al muchachito y yo estoy tiroteada también”. “¿Qué clase de personas son para disparar así?", Se preguntó Moreno al referirse al doloroso hecho.Familiares del niño asesinado reportan que sus padres están conmocionados y buscan a otra niña que también iba en la embarcación. Por su parte, se mencionó que la madre del menor asesinado se encuentra estable.Escuche la entrevista en Mañanas BLU:
El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, expresó este sábado su rechazo al mensaje de apoyo del Gobierno de Colombia hacia la oposición venezolana, en especial al líder Juan Guaidó."Venezuela manifiesta su repudio a las afirmaciones vertidas por la cuenta oficial de la Cancillería colombiana, de apoyo cómplice a quienes se han dedicado al expolio de los bienes de todos los venezolanos", indicó Plasencia en su cuenta de Twitter.El viernes, la Cancillería del país andino publicó en la red social un mensaje donde rechazan toda "amenaza y acción" del Gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición venezolana, incluyendo a Guaidó."Rechazamos toda amenaza y acción que el régimen de Maduro ha anunciado contra miembros de las fuerzas democráticas de Venezuela, especialmente contra el Presidente interino Juan Guaido", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional a denunciar el "asedio permanente al que están expuestas las fuerzas democráticas y la grave violación a los principios democráticos a las que está sometido el pueblo venezolano"."Colombia continuará siendo un país solidario con el pueblo venezolano y contundente en denunciar por las vías diplomáticas a un régimen que se aferra al poder, en contra de la voluntad de su pueblo. Reiterando nuestro compromiso en la lucha por los principios democráticos", sostuvo la Cancillería colombiana.Plasencia agregó en su mensaje que la "solidaridad automática con estos criminales, es señal inequívoca de la naturaleza delincuencial del nargobierno colombiano y su connivencia para apropiarse de nuestra empresa Monómeros junto al cartel del autoproclamado".Guaidó se proclamó como presidente del país el 23 de enero de 2019, cuando también lideraba la Asamblea Nacional -entonces mayoría opositora-, basada en una particular lectura de la Constitución que le permitía serlo, únicamente, por 30 días.Varios países como Estados Unidos y Colombia lo respaldaron y permitieron que empezara a administrar empresas venezolanas en dichos países, como Monómeros Colombos Venezolano S.A, en el país andino, y Citgo, en la nación norteamericana.El pasado 29 de septiembre, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, anunció que el Gobierno del país caribeño emprenderá acciones legales nacionales e internacionales para "recuperar" Monómeros y Citgo, ubicada en Estados Unidos.El ministro denunció un supuesto caso de corrupción en ambas empresas y responsabilizó a Guaidó y otros dirigentes de la oposición venezolana, como Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Vecchio y Henrique Capriles.Escuche: ¿Por qué las dietas no funcionan? con Patricia López
La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional suspendió cautelamente la entrega de Hugo ‘el Pollo’ Carvajal a Estados Unidos. Los magistrados Alfonso Guevara Carlos fraile y María Teresa García aciordaron paralizar, por el momento, la extradición del que fuera jefe de la Inteligencia Militar de Venezuela.La resolución conocida este martes, señala que se suspende la materialización de la entrega hasta que el Ministerio del Interior informe sobre la petición de asilo que cursó el propio Carvajal en el año 2019 y recalca que no se puede resolver un proceso de extradición hasta conocer si es admitida o no la petición de asilo.Escuche esta noticia en Meridiano BLU:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
En las últimas horas, la Policía logró capturar a uno de los sicarios más peligrosos del sur de Bogotá junto con cinco de sus cómplices, entre ellos dos mujeres, quienes se dedicaban al tráfico de armas, drogas y asesinatos en la localidad de Ciudad Bolivar, sur de Bogotá. Se trata de alias ‘La Máquina’, líder de ‘La Catorce’, una banda que delinque en ese punto de la capital del país.Según indicó el coronel Germán Gómez, comandante de la estación de Policía en Ciudad Bolívar, esta peligrosa banda controlaba la venta de drogas en esa zona de la ciudad y sostenía una violenta guerra con otra banda delincuencial.“Tenía una disputa por control territorial con el delito de inseguridad denominado Las Marraneras y Bellaflor. Es así como se logra la captura en una de estas invasiones del sector de Paraíso. Al igual, posteriormente en otra intervención a este mismo grupo delincuencial, se logra evidenciar que en un taxi están transportando estupefacientes y armas de fuego”, agregó el coronel.Alias ‘La Máquina’, agregó el coronel Gómez, es una persona reconocida en este sector y está relacionado con varios homicidios en los que es no solo es autor material, sino también actor intelectual de los hechos que se le atribuyen.“Vamos a seguir actuando de manera contundente con esta estrategia de los microterritorios de contención frente al homicidio y a su vez con el fin de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Se tiene evidenciado que ha hecho parte de ocho homicidios”, finalizó el coronel.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de Bogotá.La Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente. El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.En desarrollo...
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.