El exconcejal del municipio de Inírida, Juan Esteban Barrera Veloza, fue judicializado por los delitos de concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental e invasión de área de especial importancia ecológica. Esto después de que un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Ambientales y el Medio Ambiente revisara los materiales probatorios.Según las investigaciones el exconcejal (2020-2023) habría trabajado junto a su madre Carmen Julia Veloza Pesquera y Juan Camilo Aguado Hernández, dotándolos de información y permitiendo que la extracción ilícita de oro se llevara a cabo con alrededor de 10 dragas que eran ubicadas a lo largo del ríoLa Fiscalía determinó que, Carmen Veloza se habría encargado de contactar a los buzos que descendían al momento de usar las dragas, además de coordinar el traslado de la maquinaria de extracción.El otro implicado es Juan Camilo Aguado Hernández, quien, según la entidad, habría sido el encargado de adquirir los insumos, repuestos y también hacer parte de la explotación en el río Atabapo.Minería ilegal en GuainíaLa explotación de recursos como el oro en el departamento es algo que existe hace bastante tiempo. Situación que ve envuelta en un debate dado que, por el uso de elementos químicos, como el mercurio, genera afectaciones en el medio ambiente. Pero que también es el sustento de varios residentes de la zona.“El conflicto socioambiental que se genera alrededor de la minería aluvial de oro en Inírida se relaciona con varios factores, como las restricciones a los usos del suelo por la vocación de los mismos, debido a las guras de ordenamiento territorial y conservación presentes en el territorio; la informalidad de la minería; así como la falta de oportunidades de otras actividades laborales”, dijo el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.La fuerza pública se ha hecho presente en la zona y por medio de operativos militares se han realizado controles para evitar la minería ilegal y dar con grupos al margen de la ley que operan por la frontera entre Colombia y Venezuela
Tras el requerimiento de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de realizar un informe de las condiciones de salud y habitabilidad en el batallón fluvial de infantería de la Marina de Inírida en Guainía hacia el almirante Francisco Cubides Granados, comandante de las Fuerzas Militares, el Ministerio Público realizó una visita prioritaria no anunciada a las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina No.50 en conjunto con la defensora regional del pueblo y la asesora del despacho del procurador.Horas antes de la visita de la PGN, también se realizó una visita por parte del director del Hospital Renacer, quien verificó las condiciones de asistencia a los pacientes de malaria y tuberculosis, que se encuentran bajo cuidado del personal asistencial del dispensario militar.Tras la visita de la PGN se dejó en recomendación la verificación del esquema de vacunación de los infantes al momento de incorporación, y que la vacuna contra la tuberculosis haga parte del esquema. Se comprobó la existencia de dos casos de malaria y uno de tuberculosis que están siendo atendidos y aislados. Además, en la visita quedó registrado que el dispensario estaba en buen estado y dotado.Se verificó además las condiciones de alojamiento de los infantes de marina, ante el caso denunciado y se estableció que las pruebas de la denuncia se dieron en un día de cambio de turno, por la demora del vuelo en el cual salía un grupo de infantes que terminaban su servicio o iban de traslado.
Tras una posible exposición a enfermedades infecciosas mortales en el batallón fluvial de Inírida, se pidió informe y solución para los uniformados.La Procuraduría General de la Nación solicitó a Francisco Cubides Granados, Comandante General de las Fuerzas Militares, un informe de las condiciones de salud y habitabilidad en la base militar ubicada en Guainía.Al parecer, los integrantes del batallón fluvial No.50 en Inírida estarían expuestos a enfermedades infecciosas como la tuberculosis, lo que causaría afectaciones en los pulmones, y la malaria: enfermedad que podría ser mortal.Según el ente de control disciplinario, el batallón no contaría con una infraestructura física necesaria para contener y darle buenas condiciones a todos los uniformados de la base fluvial.Por tal motivo, la delegada de defensa de los Derechos Humanos le pidió al servidor público un informe detallado de lo sucedido para que, así también, adopte condiciones necesarias para la atención inmediata en salud a los uniformados, con el fin principal de garantizar su bienestar.Tras conocerse las graves denuncias, el Ministerio Público hará una visita este domingo 18 de agosto a las instalaciones del Batallón Fluvial de Inírida, Guainía, epicentro de este delicado caso.
El registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, reconoció que, aunque la meta de la Registraduría es instalar antenas satelitales de Internet, Starlink, en 200 municipios del país para garantizar conectividad en la transmisión de los resultados de las elecciones de este domingo, hasta el momento solo se han priorizado 80 antenas.Los detalles del contrato y los retrasos en el mismo fueron revelados en primicia por Blu Radio, en el que en una respuesta a un derecho de petición, la Oficina Jurídica de la entidad confirmó que a corte de 12 de octubre, tan solo se han instalado 25 kits satelitales, en los departamentos de Amazonas, Chocó, Guainía, Nariño, Vaupés y Vichada.“Ya hoy tenemos cerca de 80 antenas, el plan es 200 para cubrir todas las Registradurías en los municipios que tienen problemas de conectividad. Priorizamos para las elecciones 80 municipios, casualmente la semana pasada entregamos otras 28 y sumando”, aseguró Vega Rocha.Frente a la respuesta que la entidad le dio a Blu Radio de que el uso de esas antenas sería temporal y no se trataría de antenas propias, el jefe de la Organización Electoral se mantuvo en que una vez terminen los comicios, las antenas se quedarán en las regiones. “Las antenas llegan para quedarse. Las antenas no serán solamente para elecciones sino que después de eso nuestros operadores van a mantenerlas ahí para que haya conectividad en las registradurías, en los municipios y en la comunidad cercana”.Alexander Vega insistió en que aunque la primera entrega de los kits satelitales se hizo mediante el contrato con la Unión Temporal Disproel 2023 (operador logístico de las elecciones), ya se está organizando para que estas 80 antenas y las 120 que faltan por ser instaladas, pasen a manos de la Registraduría Nacional.Le puede interesar:
En el departamento de Guainía existen elefantes blancos que afectan a la sociedad. Estas obras se caracterizan porque, a pesar de estar terminadas, no han entrado en funcionamiento y, por ende, no prestan ningún servicio. Ese es el caso de la plaza agroindustrial de ese territorio, que se encuentra en riesgo y busca beneficiar a muchas comunidades campesinas.Durante su visita al departamento de Guainía, el Contralor General (e) de la República, Carlos Mario Zuluaga, indicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que hasta el momento han encontrado “25 elefantes blancos, obras inconclusas y obras críticas que están por el órden de los 113.000 millones de pesos, eso es una cifra importante porque ese es un departamento que tiene un presupuesto por transferencias anual de 168.000 millones de pesos y que 113.000 estén comprometidos en estos proyectos que no se han terminado o que no estén prestando ninguna utilidad merecen que la Contraloría le ponga la lupa uno a uno y acompañemos a que se puedan poner nuevamente en funcionamiento o que se entreguen a la ciudadanía”Según el Contralor, los elefantes blancos existen en Colombia debido a que en la última década, una parte de los recursos provenientes de regalías se destinaron a infraestructuras que no eran necesarias.“Esos recursos muchos terminaron en elefantes blancos, nada más vayan al departamento de La Guajira, en donde hay más de 17.000 millones de pesos enterrados en tubos de un acueducto que no sirve o más de 34.000 millones de pesos en San José de Guaviare en 88 plantas de tratamiento de potabilización de agua para escuelas que no sirvieron ninguna de ellas. El país tiene que tener un control mucho más eficiente en el Ejecutivo en la viabilización de los proyectos que guarden pertinencia, que resuelvan un problema, que además resuelvan problemas básicos”, señaló el contralor (e).No solo el departamento de Guainía ha sido afectado por obras inconclusas y la pérdida de recursos que esto implica, sino que hay otras tres regiones del país donde se concentra en mayor medida este problema.“Es lamentable que el país tenga tantas obras en el departamento de Antioquia, Valle del Cauca y Tolima, son los tres departamentos que más concentran recursos de elefantes blancos de todo el país. De los 15 billones de pesos que hay en todo el país, 3.2 billones de pesos los concentran en estos tres departamentos”, especificó Zuluaga.El puente de Juanchito en Cali, "La Casa en el Aire" en Valledupar y otras 1.150 obras en todo el país están en riesgo o son elefantes blancos, por lo que la Contraloría está trabajando para que prácticamente todas entren en funcionamiento y estén al servicio de la ciudadanía.Por otro lado, el Contralor (e) reveló que se está llevando a cabo una acción especial de fiscalización con el propósito de resolver denuncias que han sido presentadas por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), las cuales ya cuentan con cuentas verificadas y validadas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS)."La EPS pese a que ya recibieron los giros de la Adres, no les han cancelado a las IPS y vamos a hacer evidencia de estos casos la próxima semana y le vamos a contar al país por qué sí puede estar en riesgo la prestación del servicio y es por el no pago de algunas EPS con IPS que han prestado el servicio, que han garantizado la afiliación y la prestación del servicio a muchos colombianos que han valide con auditoría sus cuentas pero que no han recibido los pagos”, aseguró.Al mismo tiempo, la Contraloría también verificará los montos reales transferidos por la Adres a las EPS durante el último año, validando la información de los pagos.“Nosotros a través de la DIAN podemos tener información en tiempo real, y ya la hemos solicitado, de cuál es el giro real que han recibido cada una de estas EPS, esto en desarrollo lo vamos a publicar o el día viernes o arrancando el martes de la próxima semana”, puntualizó.Por último, Carlos Mario Zuluaga reveló que ya se encuentran en la etapa final de una investigación relacionada con todos los giros de la Unidad de Pago por Afiliación que todas las EPS recibieron durante la pandemia. Según la Contraloría, estos recursos no fueron ejecutados, invertidos ni gastados por parte de las EPS.Escuche la entrevista completa:
El análisis de videos de vigilancia es una de las primeras labores de investigación que adelanta la Policía para identificar al hombre que, en pleno restaurante del norte de Barranquilla, disparó contra Russi Uriel Urrea Sánchez, candidato por el partido MAIS a la Alcaldía de Barrancominas en Guainía, y Hermes Herreño Lagos, quien se encontraba junto al aspirante, al parecer, negociando una financiación para su campaña política.Las autoridades no descartan que el pistolero haya estado departiendo con las víctimas minutos antes de este atentado y por eso los ojos están puestos en las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas dentro del restaurante y en las calles del barrio Prado que pudieron haber grabado al responsable del ataque que dejó muerto a Herreño Lagos y gravemente herido al candidato Urrea.Las anteriores sospechas fueron planteadas por el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien anunció recompensa por el caso."Estamos investigando si el agresor se encontraba junto con estas personas o si fue un ataque premeditado contra la integridad de las víctimas. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien nos ayude a identificar a los autores materiales de este hecho", dijo el oficial.Según la versión de testigos, en la misma mesa junto a las víctimas estaba sentado José Javier León Vega, alias ‘Chunga’, presunto miembro de Los Pelusos e indiciado por los delitos de homicidio agravado, estafa y concierto para delinquir.Le puede interesar:
La Defensoría del Pueblo dio a conocer los resultados del boletín número 4 en el que la entidad monitoreó las acciones de los grupos Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), disidencias de las antiguas Farc, Segunda Marquetalia y las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central con los que el Gobierno adelanta un cese al fuego bilateral desde el inicio del año.Según la defensoría entre el 18 de marzo y el 17 de abril de 2023 se presentaron 21 acciones, de las cuales 16 son en contra de la población civil y cinco más fueron dirigidas hacia la Fuerza Pública.Los eventos se presentaron en los departamentos de Nariño (4), Cauca (4), Antioquia (2), Valle del Cauca (1), Casanare (1), Arauca (1), Putumayo (1), Amazonas (1), y la localidad de Sumapaz en Bogotá (1).“Para la defensoría del Pueblo es preocupante que a pesar del cese al fuego decretado ocurrieron cinco homicidios contra líderes o lideresas sociales, en territorio donde tienen injerencia estos grupos armados ilegales. Reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales para que respeten el cese al fuego bilateral y frenen todas sus acciones para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.El monitoreo hecho por la defensoría revela que en ese periodo se presentaron cinco acciones violentas que involucraron directamente a la Fuerza Pública con alguno de los tres grupos armados mencionados. Tres de los eventos ocurrieron en el departamento del Cauca, una en Guainía y otra en Guaviare; en cuatro de estos casos las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central estuvieron involucradas.Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que continuaran con la verificación del cese al fuego entre estos grupos.le puede interesar:
Luego de más de 48 horas de labores de búsqueda y rescate, organismo de socorro lograron hallar en el río Guainía el cuerpo sin vida del pequeño Josué Alexander López, de 7 años de edad.El menor hacía parte de los ocho tripulantes que viajaba en una embarcación que cubría la ruta Puerto Ayacucho - Inirida Guainía, la cual naufragó el pasado 19 de noviembre en el sector conocido como Paujil, luego de que un raudal hiciera que el motorista perdiera el control.Siete personas fueron recatadas de este emergencia, pero el menor de edad se encontraba desparecido luego de que las corrientes del río lo arrastraran."Un menor de 7 años no contó con la misma suerte, desde el sábado estaba desparecido y en las últimas horas fue rescatado el cuerpo sin vida del menor”, dijo Jorge Díaz director de la defensa civil regional.El menor será entregado a sus familiares en las próximas horas para su cristina sepultura.Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exsecretaria de Gobierno y Administración de Guainía, Claudia María Calderón Montaño, por presuntas irregularidades en las que incurrió en el contrato para la adquisición de un dron de última tecnología, con el que se llevarían a cabo labores de inteligencia. Lo curioso es que este aparato no fue utilizado.Con la compra del dron, que tuvo un costo cercano a los $400 millones, se pudo haber materializado un detrimento del patrimonio público, según pudo establecer la Procuraduría.Asimismo, funcionaria tendrá que determinar y aclarar las razones por las que al dron se le dio un uso distinto al que se justificó su adquisición. La procuraduría también está indagando por qué luego de dos años seguía sin entrar en funcionamiento, no se entregó de manera formal a la Policía Nacional del departamento y tampoco fue posible verificar las condiciones de operación del sistema, según la ficha técnica del contrato.El ente de control calificó la falta de la funcionaria como gravísima, a título de dolo.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las posibles causas por las que se cayó el impuesto a las iglesias en la reforma tributaria:
La Fiscalía embargó e inició un proceso de extinción de dominio a 87 propiedades que serían de los exgobernadores de Guainía Óscar Armando Rodríguez y Javier Eliecer Zapata, y al exalcalde de Inírida Camilo Andrés Puentes, hoy detenidos por múltiples irregularidades en contratos de obras públicas que nunca se entregaron.Entre los bienes hay 72 predios predios rurales, siete urbanos, cuatro vehículos, tres sociedades y 1 establecimiento de comercio valorados en $22.000 millones de pesos. Están ubicados en Chía y Cajicá, Cundinamarca; Inírida y Villavicencio.Le puede interesar:Rodríguez Sánchez fue gobernador entre 2012 y 2016, mientras que Zapata Parrado y Puentes Garzón fueron elegidos para el periodo 2016 – 2019.Según el ente acusador, durante sus mandatos y con apoyo de particulares, firmaron varios convenios relacionados con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión, pero estos no se ejecutaron, no se terminaron o tenían otras inconsistencias.Los exmandatarios enfrentan hoy un proceso por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación.Escuche el podcast El Camerino:
