Tras el requerimiento de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de realizar un informe de las condiciones de salud y habitabilidad en el batallón fluvial de infantería de la Marina de Inírida en Guainía hacia el almirante Francisco Cubides Granados, comandante de las Fuerzas Militares, el Ministerio Público realizó una visita prioritaria no anunciada a las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina No.50 en conjunto con la defensora regional del pueblo y la asesora del despacho del procurador.Horas antes de la visita de la PGN, también se realizó una visita por parte del director del Hospital Renacer, quien verificó las condiciones de asistencia a los pacientes de malaria y tuberculosis, que se encuentran bajo cuidado del personal asistencial del dispensario militar.Tras la visita de la PGN se dejó en recomendación la verificación del esquema de vacunación de los infantes al momento de incorporación, y que la vacuna contra la tuberculosis haga parte del esquema. Se comprobó la existencia de dos casos de malaria y uno de tuberculosis que están siendo atendidos y aislados. Además, en la visita quedó registrado que el dispensario estaba en buen estado y dotado.Se verificó además las condiciones de alojamiento de los infantes de marina, ante el caso denunciado y se estableció que las pruebas de la denuncia se dieron en un día de cambio de turno, por la demora del vuelo en el cual salía un grupo de infantes que terminaban su servicio o iban de traslado.
Tras una posible exposición a enfermedades infecciosas mortales en el batallón fluvial de Inírida, se pidió informe y solución para los uniformados.La Procuraduría General de la Nación solicitó a Francisco Cubides Granados, Comandante General de las Fuerzas Militares, un informe de las condiciones de salud y habitabilidad en la base militar ubicada en Guainía.Al parecer, los integrantes del batallón fluvial No.50 en Inírida estarían expuestos a enfermedades infecciosas como la tuberculosis, lo que causaría afectaciones en los pulmones, y la malaria: enfermedad que podría ser mortal.Según el ente de control disciplinario, el batallón no contaría con una infraestructura física necesaria para contener y darle buenas condiciones a todos los uniformados de la base fluvial.Por tal motivo, la delegada de defensa de los Derechos Humanos le pidió al servidor público un informe detallado de lo sucedido para que, así también, adopte condiciones necesarias para la atención inmediata en salud a los uniformados, con el fin principal de garantizar su bienestar.Tras conocerse las graves denuncias, el Ministerio Público hará una visita este domingo 18 de agosto a las instalaciones del Batallón Fluvial de Inírida, Guainía, epicentro de este delicado caso.
El registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, reconoció que, aunque la meta de la Registraduría es instalar antenas satelitales de Internet, Starlink, en 200 municipios del país para garantizar conectividad en la transmisión de los resultados de las elecciones de este domingo, hasta el momento solo se han priorizado 80 antenas.Los detalles del contrato y los retrasos en el mismo fueron revelados en primicia por Blu Radio, en el que en una respuesta a un derecho de petición, la Oficina Jurídica de la entidad confirmó que a corte de 12 de octubre, tan solo se han instalado 25 kits satelitales, en los departamentos de Amazonas, Chocó, Guainía, Nariño, Vaupés y Vichada.“Ya hoy tenemos cerca de 80 antenas, el plan es 200 para cubrir todas las Registradurías en los municipios que tienen problemas de conectividad. Priorizamos para las elecciones 80 municipios, casualmente la semana pasada entregamos otras 28 y sumando”, aseguró Vega Rocha.Frente a la respuesta que la entidad le dio a Blu Radio de que el uso de esas antenas sería temporal y no se trataría de antenas propias, el jefe de la Organización Electoral se mantuvo en que una vez terminen los comicios, las antenas se quedarán en las regiones. “Las antenas llegan para quedarse. Las antenas no serán solamente para elecciones sino que después de eso nuestros operadores van a mantenerlas ahí para que haya conectividad en las registradurías, en los municipios y en la comunidad cercana”.Alexander Vega insistió en que aunque la primera entrega de los kits satelitales se hizo mediante el contrato con la Unión Temporal Disproel 2023 (operador logístico de las elecciones), ya se está organizando para que estas 80 antenas y las 120 que faltan por ser instaladas, pasen a manos de la Registraduría Nacional.Le puede interesar:
En el departamento de Guainía existen elefantes blancos que afectan a la sociedad. Estas obras se caracterizan porque, a pesar de estar terminadas, no han entrado en funcionamiento y, por ende, no prestan ningún servicio. Ese es el caso de la plaza agroindustrial de ese territorio, que se encuentra en riesgo y busca beneficiar a muchas comunidades campesinas.Durante su visita al departamento de Guainía, el Contralor General (e) de la República, Carlos Mario Zuluaga, indicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que hasta el momento han encontrado “25 elefantes blancos, obras inconclusas y obras críticas que están por el órden de los 113.000 millones de pesos, eso es una cifra importante porque ese es un departamento que tiene un presupuesto por transferencias anual de 168.000 millones de pesos y que 113.000 estén comprometidos en estos proyectos que no se han terminado o que no estén prestando ninguna utilidad merecen que la Contraloría le ponga la lupa uno a uno y acompañemos a que se puedan poner nuevamente en funcionamiento o que se entreguen a la ciudadanía”Según el Contralor, los elefantes blancos existen en Colombia debido a que en la última década, una parte de los recursos provenientes de regalías se destinaron a infraestructuras que no eran necesarias.“Esos recursos muchos terminaron en elefantes blancos, nada más vayan al departamento de La Guajira, en donde hay más de 17.000 millones de pesos enterrados en tubos de un acueducto que no sirve o más de 34.000 millones de pesos en San José de Guaviare en 88 plantas de tratamiento de potabilización de agua para escuelas que no sirvieron ninguna de ellas. El país tiene que tener un control mucho más eficiente en el Ejecutivo en la viabilización de los proyectos que guarden pertinencia, que resuelvan un problema, que además resuelvan problemas básicos”, señaló el contralor (e).No solo el departamento de Guainía ha sido afectado por obras inconclusas y la pérdida de recursos que esto implica, sino que hay otras tres regiones del país donde se concentra en mayor medida este problema.“Es lamentable que el país tenga tantas obras en el departamento de Antioquia, Valle del Cauca y Tolima, son los tres departamentos que más concentran recursos de elefantes blancos de todo el país. De los 15 billones de pesos que hay en todo el país, 3.2 billones de pesos los concentran en estos tres departamentos”, especificó Zuluaga.El puente de Juanchito en Cali, "La Casa en el Aire" en Valledupar y otras 1.150 obras en todo el país están en riesgo o son elefantes blancos, por lo que la Contraloría está trabajando para que prácticamente todas entren en funcionamiento y estén al servicio de la ciudadanía.Por otro lado, el Contralor (e) reveló que se está llevando a cabo una acción especial de fiscalización con el propósito de resolver denuncias que han sido presentadas por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), las cuales ya cuentan con cuentas verificadas y validadas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS)."La EPS pese a que ya recibieron los giros de la Adres, no les han cancelado a las IPS y vamos a hacer evidencia de estos casos la próxima semana y le vamos a contar al país por qué sí puede estar en riesgo la prestación del servicio y es por el no pago de algunas EPS con IPS que han prestado el servicio, que han garantizado la afiliación y la prestación del servicio a muchos colombianos que han valide con auditoría sus cuentas pero que no han recibido los pagos”, aseguró.Al mismo tiempo, la Contraloría también verificará los montos reales transferidos por la Adres a las EPS durante el último año, validando la información de los pagos.“Nosotros a través de la DIAN podemos tener información en tiempo real, y ya la hemos solicitado, de cuál es el giro real que han recibido cada una de estas EPS, esto en desarrollo lo vamos a publicar o el día viernes o arrancando el martes de la próxima semana”, puntualizó.Por último, Carlos Mario Zuluaga reveló que ya se encuentran en la etapa final de una investigación relacionada con todos los giros de la Unidad de Pago por Afiliación que todas las EPS recibieron durante la pandemia. Según la Contraloría, estos recursos no fueron ejecutados, invertidos ni gastados por parte de las EPS.Escuche la entrevista completa:
El análisis de videos de vigilancia es una de las primeras labores de investigación que adelanta la Policía para identificar al hombre que, en pleno restaurante del norte de Barranquilla, disparó contra Russi Uriel Urrea Sánchez, candidato por el partido MAIS a la Alcaldía de Barrancominas en Guainía, y Hermes Herreño Lagos, quien se encontraba junto al aspirante, al parecer, negociando una financiación para su campaña política.Las autoridades no descartan que el pistolero haya estado departiendo con las víctimas minutos antes de este atentado y por eso los ojos están puestos en las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas dentro del restaurante y en las calles del barrio Prado que pudieron haber grabado al responsable del ataque que dejó muerto a Herreño Lagos y gravemente herido al candidato Urrea.Las anteriores sospechas fueron planteadas por el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien anunció recompensa por el caso."Estamos investigando si el agresor se encontraba junto con estas personas o si fue un ataque premeditado contra la integridad de las víctimas. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien nos ayude a identificar a los autores materiales de este hecho", dijo el oficial.Según la versión de testigos, en la misma mesa junto a las víctimas estaba sentado José Javier León Vega, alias ‘Chunga’, presunto miembro de Los Pelusos e indiciado por los delitos de homicidio agravado, estafa y concierto para delinquir.Le puede interesar:
La Defensoría del Pueblo dio a conocer los resultados del boletín número 4 en el que la entidad monitoreó las acciones de los grupos Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), disidencias de las antiguas Farc, Segunda Marquetalia y las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central con los que el Gobierno adelanta un cese al fuego bilateral desde el inicio del año.Según la defensoría entre el 18 de marzo y el 17 de abril de 2023 se presentaron 21 acciones, de las cuales 16 son en contra de la población civil y cinco más fueron dirigidas hacia la Fuerza Pública.Los eventos se presentaron en los departamentos de Nariño (4), Cauca (4), Antioquia (2), Valle del Cauca (1), Casanare (1), Arauca (1), Putumayo (1), Amazonas (1), y la localidad de Sumapaz en Bogotá (1).“Para la defensoría del Pueblo es preocupante que a pesar del cese al fuego decretado ocurrieron cinco homicidios contra líderes o lideresas sociales, en territorio donde tienen injerencia estos grupos armados ilegales. Reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales para que respeten el cese al fuego bilateral y frenen todas sus acciones para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.El monitoreo hecho por la defensoría revela que en ese periodo se presentaron cinco acciones violentas que involucraron directamente a la Fuerza Pública con alguno de los tres grupos armados mencionados. Tres de los eventos ocurrieron en el departamento del Cauca, una en Guainía y otra en Guaviare; en cuatro de estos casos las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central estuvieron involucradas.Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que continuaran con la verificación del cese al fuego entre estos grupos.le puede interesar:
Luego de más de 48 horas de labores de búsqueda y rescate, organismo de socorro lograron hallar en el río Guainía el cuerpo sin vida del pequeño Josué Alexander López, de 7 años de edad.El menor hacía parte de los ocho tripulantes que viajaba en una embarcación que cubría la ruta Puerto Ayacucho - Inirida Guainía, la cual naufragó el pasado 19 de noviembre en el sector conocido como Paujil, luego de que un raudal hiciera que el motorista perdiera el control.Siete personas fueron recatadas de este emergencia, pero el menor de edad se encontraba desparecido luego de que las corrientes del río lo arrastraran."Un menor de 7 años no contó con la misma suerte, desde el sábado estaba desparecido y en las últimas horas fue rescatado el cuerpo sin vida del menor”, dijo Jorge Díaz director de la defensa civil regional.El menor será entregado a sus familiares en las próximas horas para su cristina sepultura.Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exsecretaria de Gobierno y Administración de Guainía, Claudia María Calderón Montaño, por presuntas irregularidades en las que incurrió en el contrato para la adquisición de un dron de última tecnología, con el que se llevarían a cabo labores de inteligencia. Lo curioso es que este aparato no fue utilizado.Con la compra del dron, que tuvo un costo cercano a los $400 millones, se pudo haber materializado un detrimento del patrimonio público, según pudo establecer la Procuraduría.Asimismo, funcionaria tendrá que determinar y aclarar las razones por las que al dron se le dio un uso distinto al que se justificó su adquisición. La procuraduría también está indagando por qué luego de dos años seguía sin entrar en funcionamiento, no se entregó de manera formal a la Policía Nacional del departamento y tampoco fue posible verificar las condiciones de operación del sistema, según la ficha técnica del contrato.El ente de control calificó la falta de la funcionaria como gravísima, a título de dolo.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las posibles causas por las que se cayó el impuesto a las iglesias en la reforma tributaria:
La Fiscalía embargó e inició un proceso de extinción de dominio a 87 propiedades que serían de los exgobernadores de Guainía Óscar Armando Rodríguez y Javier Eliecer Zapata, y al exalcalde de Inírida Camilo Andrés Puentes, hoy detenidos por múltiples irregularidades en contratos de obras públicas que nunca se entregaron.Entre los bienes hay 72 predios predios rurales, siete urbanos, cuatro vehículos, tres sociedades y 1 establecimiento de comercio valorados en $22.000 millones de pesos. Están ubicados en Chía y Cajicá, Cundinamarca; Inírida y Villavicencio.Le puede interesar:Rodríguez Sánchez fue gobernador entre 2012 y 2016, mientras que Zapata Parrado y Puentes Garzón fueron elegidos para el periodo 2016 – 2019.Según el ente acusador, durante sus mandatos y con apoyo de particulares, firmaron varios convenios relacionados con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión, pero estos no se ejecutaron, no se terminaron o tenían otras inconsistencias.Los exmandatarios enfrentan hoy un proceso por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación.Escuche el podcast El Camerino:
Nuevos detalles se conocen del que sería el 'robo del siglo', cometido el pasado 1 de julio en Barranquilla, a una empresa de valores, de donde diez hombres armados habrían extraído cerca de $58.000 millones en efectivo, sin haber tenido que hacer un solo disparo. En la previa al inicio de la audiencia de imputación de cargos, programada para este viernes 22 de noviembre, Blu Radio conoció la identidad de uno de los capturados, quien, además, sería uno de los líderes de la banda que estuvo al frente de la ejecución de este hurto que deja, hasta el momento, a ocho personas capturadas. Nuevos detalles del 'robo del siglo' en BarranquillaSe trata de Royman Alvarado Pérez, quien ya había sido capturado por porte ilegal de armas de fuego en septiembre de 2021, luego de estar en un taxi junto a 'Álex la gorda', quien es un reconocido delincuente que ya suma siete anotaciones judiciales por hurto agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, entre otros. Alvarado Pérez, al parecer, empezó a realizar llamativos gastos en los últimos meses, con los que realizó costosas adquisiciones. Para el caso, se habría comprado un vehículo deportivo modelo 2025 de alta gama y, además, habría pagado por varias cirugías plásticas para su esposa. El hombre, quien era sospechoso para las autoridades, fue objeto de un allanamiento en días pasados en su residencia, donde fueron hallados más de $50 millones en efectivo. Esta información, junto a otros llamativos detalles, serán revelados durante la audiencia en la que además se revelará cómo fue planeado este hurto que habría contado con la participación de al menos una trabajadora de la compañía.
Antes incluso de convertirse en la primera mujer transgénero del Congreso de Estados Unidos, Sarah McBride, de 34 años, dijo que contaba con encontrarse con reacciones hostiles. No se equivocaba."Puede que intenten confundirme de género, puede que intenten decir el nombre equivocado, harán lo que prevemos que hagan", declaró el mes pasado al pódcast TransLash antes de su victoria electoral del 5 de noviembre."Lo harán para provocarme y mi trabajo consistirá en no darles la respuesta que quieren", explicó la demócrata de Delaware.Incluso antes de su llegada a la Cámara de Representantes el 3 de enero, McBride fue blanco esta semana de una resolución de una congresista republicana para prohibir el acceso de las mujeres transexuales a los aseos femeninos del Capitolio."Solo porque un congresista quiera llevar minifalda no significa que pueda entrar en un baño de mujeres", escribió en las redes sociales la incendiaria Nancy Mace, de Carolina del Sur.El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intentó ganar tiempo para debatir el tema y finalmente se mostró a favor de la prohibición, afirmando que los baños de un solo sexo estarían "reservados a individuos de ese sexo biológico".McBride, que lleva vestidos hasta la rodilla, no minifaldas, emitió un comunicado en el que afirma que respetará las normas "aunque no esté de acuerdo con ellas"."No estoy aquí para pelearme por los baños", dijo la política y activista, que hizo la transición con 21 años y se lo comunicó a sus padres el día de Navidad de 2011.- Guerra cultural -Donald Trump planteó el tema de la transexualidad en la recta final de su campaña presidencial para intentar cortejar a los votantes indecisos.Dos de los asuntos importantes sobre los que se libra una "guerra cultural" entre conservadores y progresistas son si se debe permitir a las mujeres transgénero ir a los baños de mujeres y competir en los deportes femeninos.Trump se ha burlado de las atletas transgénero y de la "ideología woke (despierto)", un término usado para referirse quienes defienden derechos de minorías frente al racismo o asuntos de género, entre otros.El magnate de 78 años prometió sacar "la locura transgénero" de los colegios y mantener "a los hombres fuera del deporte femenino".McBride ha sido durante mucho tiempo defensora de los derechos de las personas trans y ayudó a hacer campaña a favor de una ley que prohibiera la discriminación de género en su estado natal, Delaware, durante la cual la llamaron públicamente "bicho raro" y "encarnación del diablo"."Escuchar eso fue degradante y deshumanizante para mi hija", dijo su madre Sally a The Washington Post en 2018. "Todavía me cuesta asimilarlo".McBride no se inmutó. En 2020 fue elegida primera senadora estatal transgénero de Estados Unidos.- Pasantía en la Casa Blanca - Se ha referido abiertamente a sus luchas por la salud mental, su crianza como niño y su tragedia personal en una autobiografía publicada en 2018."Recuerdo que de niño rezaba por la noche en mi cama pidiendo despertarme al día siguiente y ser una niña", dijo en una charla TED en 2016.La primera vez que acaparó la atención de la opinión pública fue con una carta abierta cuando era líder estudiantil en la American University de Washington en la que anunciaba su transición.Posteriormente conoció al presidente Joe Biden y a su familia, también de Delaware, cuando se involucró en la política local.Tras hacer prácticas en la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, consiguió una invitación para hablar en la convención del Partido Demócrata de 2016.La Casa Blanca fue también donde conoció a su marido, Andrew Cray, transexual y activista LGTBQ+.Se casaron dos años después, poco antes de que Cray muriera de cáncer.Dice que su objetivo en el Congreso es ser eficaz en las prioridades cotidianas de los votantes, como la vivienda y la inflación.Pero sabe que se verá constantemente obligada a ser portavoz -y defensora- de la comunidad trans."No puedo hacer lo correcto para la comunidad trans si no soy el mejor miembro del Congreso que puedo ser para Delaware", dijo a TransLash."Es la única manera de que la gente vea que las personas trans pueden ser buenos médicos, buenos abogados, buenos educadores, buenos miembros del Congreso. No puedo estar ahí para sacar un comunicado de prensa y tuitear cada vez que alguien dice algo".
La inseguridad en Bogotá no da tregua y los delincuentes siguen haciendo de las suyas en las vías públicas de la ciudad. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que dos ladrones que se movilizaban en moto le robaron el bolso a una mujer que se encontraba en plena vía pública del barrio Alcalá, de la localidad de Puente Aranda.Luego del violento atraco, los dos delincuentes emprendieron la huida en el vehículo; sin embargo, no se percataron que estaban en la mira de un grupo de vecinos del sector, quienes no dudaron en intervenir en el hecho para evitar que los ladrones escaparan del sitio.Fue allí donde uno de los hombres que presenció el hecho lanzó una carreta a la vía justo en el momento en el que pasaban los ladrones en la moto, lo que provocó que ambos cayeran del vehículo, algo que fue aprovechado por el grupo de vecinos del sector para empezar a golpear a los criminales.Tras un intercambio de golpes, en las imágenes se logra ver que uno de los delincuentes intenta sacar lo que parecer ser un arma, sin éxito teniendo en cuenta que fue atacado en repetidas oportunidades, por lo que tuvo que huir del lugar. Luego de esto, al parecer, la comunidad del barrio Alcalá quemó la moto de color azul a los ladrones.
El Gobierno nacional anunció su intención de renegociar cláusulas específicas en algunos tratados internacionales que afectan las inversiones extranjeras en el país. Esta decisión, según lo explicado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, busca reafirmar la soberanía nacional y evitar que controversias entre empresas y el Estado sean dirimidas por tribunales internacionales de arbitraje, considerados por el Gobierno como desfavorables para los intereses nacionales.En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Reyes señaló que esta iniciativa no pretende desincentivar la inversión extranjera, sino establecer condiciones más equilibradas para todas las partes. “Lo que estamos haciendo es renegociar unos cuantos artículos en algunos tratados. Esto se puede lograr sin afectar las posibilidades de inversión en Colombia”, afirmó.El ministro destacó que muchos acuerdos bilaterales de inversión firmados por el país en el pasado otorgaron “prerrogativas muy importantes” a las empresas extranjeras, lo cual podría generar desventajas para Colombia. Retirar a Colombia del CIADIEl ministro Luis Carlos Reyes explicó que la decisión de retirar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está en evaluación, en línea con la directriz del presidente Petro de renegociar las cláusulas desfavorables en tratados internacionales.“Cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos no son retroactivos. […] Uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Si, eso es, y eso es lo que queremos hacer”, dijo.En cuanto a las alternativas para resolver disputas entre empresas extranjeras y el Estado colombiano, el ministro planteó que estas podrían dirimirse en tribunales nacionales, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos y la Unión Europea. “Entre EE.UU. y la Unión Europea, las disputas se resuelven en las cortes de cada país, respetando su soberanía. Aquí también podemos adoptar un modelo similar sin afectar la inversión extranjera”, aseguró.De acuerdo con Reyes, muchos países ya invierten en Colombia sin depender de mecanismos como el CIADI, lo que demuestra que es posible atraer capital bajo otras condiciones. “Queremos que las inversiones lleguen, pero en términos que respeten la justicia soberana y sean equitativos para todas las partes”, concluyó.Críticas a los tribunales de arbitraje internacionalesEl fallo reciente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra de Colombia por $380 millones a favor de la empresa española Telefónica fue uno de los detonantes de esta revisión. El presidente Petro calificó estos tribunales como “una justicia al servicio del socio”, en referencia a cómo algunas decisiones parecen favorecer sistemáticamente al capital extranjero.El ministro Reyes respaldó esta posición al subrayar que “la justicia debe estar en manos de los estados soberanos, no en las de tribunales privados. Una justicia que favorezca sistemáticamente al capital por encima de los intereses nacionales no puede ser considerada justa”.Sin embargo, el ministro también admitió que el problema no se limita al caso puntual de Telefónica ni al CIADI, sino a un análisis más amplio sobre la imparcialidad de estos mecanismos internacionales: “Es un balance general. No es por un fallo específico, sino porque creemos que estas instancias no siempre favorecen las condiciones óptimas para el país”.Impacto en la inversión extranjeraUno de los argumentos recurrentes contra la salida de Colombia de los tribunales de arbitraje internacionales es el posible desincentivo a la inversión extranjera. Ante esto, Reyes insistió en que no todos los países dependen de estos mecanismos para atraer capital. Citó como ejemplo la relación comercial con la Unión Europea, donde no existen cláusulas específicas de arbitraje en el tratado de libre comercio.“El hecho de que no contemos con estos tribunales no significa que la inversión extranjera desaparezca. Muchos países invierten en Colombia sin depender de ellos. Lo que queremos es establecer un modelo más justo y transparente”, argumentó.Además, el ministro adelantó que el gobierno ya está explorando opciones para sustituir estos mecanismos en caso de avanzar con la retirada. “Hay todo un rango de posibilidades. Las disputas podrían resolverse en los tribunales nacionales, como sucede en otras naciones”, señaló.¿Renegociar los TLC?Reyes reconoció que renegociar cláusulas en tratados internacionales no es un proceso sencillo y que requiere el consenso de las partes involucradas. Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de dialogar con socios comerciales clave, incluyendo a Estados Unidos.“Creo que incluso con gobiernos como el de Donald Trump se pueden encontrar puntos de coincidencia. Muchos tratados firmados en los años 90 no están en condiciones óptimas ni para nosotros ni para ellos. Podría ser una oportunidad para revisar estos acuerdos en beneficio mutuo”, indicó.El ministro concluyó reiterando el compromiso del gobierno con la justicia y la soberanía nacional. Según Reyes, esta revisión no se basa únicamente en un fallo adverso, sino en la necesidad de establecer relaciones más justas en un escenario global. “No es cierto que tengamos que aceptar cualquier condición para atraer inversión. Queremos inversión, pero bajo términos que sean justos para todos”, puntualizó.La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política económica y comercial de Colombia, donde la búsqueda de equilibrios entre inversión extranjera y soberanía nacional será el eje central.
Momentos de pánico vivieron habitantes del barrio Viento Libre, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, luego de que un voraz incendio arrasara con al menos 27 viviendas del sector.Ómar Fernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de esa población nariñense, dijo a Blu Radio que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la conflagración se habría originado luego de que una menor de edad encendiera una veladora.Fernández añadió que, al parecer, el descuido de la menor produjo que las llamas se propagaran por las viviendas, todas construidas en madera, lo que impidió que la comunidad y los bomberos lograran extinguirlas a tiempo.Según el reporte del funcionario, las 27 familias, entre las cuales hay niños y personas de la tercera edad, son desplazados de la violencia que habían llegado a esa población de la subregión del Sanquianga, en busca de una mejor calidad de vida.Durante la emergencia no se registraron personas heridas ni víctimas humanas que lamentar, aseguró Fernández, añadiendo que la oportuna reacción de la comunidad, que logró evacuar las viviendas, evitó una tragedia en la zona, aunque las familias quedaron en la calle con solo la muda de ropa que llevaban puesta."Estas familias necesitan ropa, alimentos, frazadas y utensilios de cocina porque quedaron sin nada", concluyó el comandante de bomberos de Iscuandé.Así fue el incendio en Iscuandé, Nariño
