Según la Fiscalía, los acusados habrían favorecido al concesionario Ruta del Sol II, que incluye a la empresa brasileña Odebrecht, mediante la flexibilización de condiciones técnicas y financieras, ampliación de plazos para evitar sanciones, modificaciones en la forma de pago y eliminación de obras necesarias, entre otras acciones que perjudicaron al Estado.Los exfuncionarios acusados son Andrés Figueredo Serpa, Daniel Tenjo Suárez, Emerson Durán Vargas, Jorge Huertas Luna, Iván Mauricio Fierro Sánchez, Francisco Javier Forero Lozano, Yasmina del Carmen Corrales Peternina, David Leonardo Montaño García y Mauricio Orlando Castro Castaño. Todos enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos.Cronología caso Odebrecht, según hallazgos de la FiscalíaOtrosí 4 (28 de octubre de 2013) Modificó condiciones financieras y plazos de ejecución, evitando multas al contratista.Otrosí 5 y 8 (19 de diciembre de 2013 y 23 de diciembre de 2014) Añadieron la ejecución de un corredor de acceso a Puerto Boyacá sin las autorizaciones necesarias ni actualizaciones en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión.Otrosí 7 (15 de mayo de 2014) Cambió la forma de pago, beneficiando el flujo de caja del concesionario y privando al Estado de rendimientos financieros.Otrosí 9 (4 de diciembre de 2015) Reconoció puentes como estructuras independientes, afectando los rendimientos financieros del Estado.Otrosí 10 (3 de noviembre de 2016) Eliminó la adecuación de senderos peatonales y la rehabilitación de un tramo entre Puerto Salgar y Caño Alegre, con un descuento menor al que correspondía.Así las cosas, y tras encontrar estas presuntas irregularidades, el ente acusador asegura contar con pruebas contundentes que demuestran la actuación ilegal de estos exservidores en beneficio del concesionario.
La Fiscalía acusó a 5 personas por su supuesta participación en un esquema de sobornos relacionado con Odebrecht, la constructora brasileña involucrada en numerosos casos de corrupción a nivel internacional.Entre los investigados se encuentran el exalcalde de Gamarra (Cesar) Gabriel Alberto Giraldo Escudero, su hermano Jaime Helí Giraldo Escudero, así como los representantes legales de la empresa Midas S.A.S, Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega, junto con la propietaria de la misma compañía, Lina María Bermúdez Aljuri.La acusación surge en el marco de contratos ficticios presuntamente celebrados para facilitar el flujo de dinero destinado por Odebrecht para pagar sobornos a intermediarios y funcionarios que gestionaron la adición del tramo Ocaña-Gamarra al proyecto 'Ruta del Sol II'. Según el ente investigador, los contratos aparentaban servicios que no fueron cumplidos y se usaron para encubrir los pagos ilícitos.“Los elementos de prueba indican que el entonces mandatario municipal habría conseguido que la empresa Midas S.A.S., en la cual trabajaban varios exfuncionarios de la Alcaldía de Gamarra, suscribiera un primer contrato por 2.292 millones de pesos con el Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol), del que hacía parte Odebrecht, para el transporte y suministro de agregados pétreos”, informó la Fiscalía.La Fiscalía estableció que la mencionada sociedad carecía de licencia minera, músculo financiero, experiencia, logística y capacidad para cumplir el objeto previsto. Aun así, fue contratada el 24 de noviembre de 2015, y recibió un anticipo de algo más 1.260 millones de pesos. Cabe mencionar que las actividades definidas no se cumplieron en los dos contratos.Posteriormente, el 11 de enero de 2016, Midas S.A.S firmó un contrato con el Consorcio Navelena, que también estaba integrado por Odebrecht, con el mismo propósito del contrato celebrado con Consol. En esta oportunidad, le fueron desembolsados 1.639 millones de pesos.Los cargos presentados incluyen delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. Se acusa a los hermanos Giraldo Escudero de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, a Bermúdez Aljuri de enriquecimiento ilícito de particulares, y a Ruiz Tello y Abuabara Vega de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, enriquecimiento ilícito propio y falsedad en documento privado.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. dijo este jueves que "lamenta" la decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas que revocó la rescisión del contrato de ampliación de la terminal con Odebrecht, una obra de más de 900 millones de dólares, por un alegado incumplimiento, y anunció la posibilidad apelar ante la Corte Suprema de Justicia.En la Resolución 007-2024, de fecha 8 de enero de 2024 y a la que tuvo acceso este jueves EFE, la corte administrativa decidió "revocar la Resolución 065.AL.21 del 28 de septiembre de 2021 proferida por el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.", en la que rescindía el contrato e inhabilitaba a la constructora por tres años en el país.Frente a esa decisión administrativa, Tocumen dijo en un comunicado que "se reserva plenamente el ejercicio de todos los recursos legales permitidos por Ley, incluyendo la posibilidad de interponer acción de Plena Jurisdicción ante la Corte Suprema de Justicia".En septiembre de 2021, Tocumen rescindió el contrato con Odebrecht alegando incumplimiento, puesto que para el día 27 de ese mes había aún "640 elementos pendientes de Ajustes y Complementos, además de otras actividades no ejecutadas" correspondientes a una Adenda del contrato original que daba plazo para ello hasta el 30 de septiembre de 2021.La corte administrativa resolvió que "no cabe duda" de que la constructora cumplió con el cronograma de entrega de la obra "al 29 de febrero de 2020", fecha en la que ya "había sido entregada sustancialmente" la Terminal 2, la cual estaba "en pleno uso y operación" para septiembre de 2021, cuando Tocumen rescinde el contrato de manera unilateral con el alegado incumplimiento."Para el 28 de septiembre de 2021, fecha de la Resolución Administrativa (rescisión) del Contrato 38/12, esta obra (ampliación de Tocumen), ya alcanzaba un avance de más del 99 %", dijo el juez, y señala que los "ajustes y complementos" pendientes corresponde a una etapa "postcontractual", dice la resolución administrativa."Ni la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, ni el contrato suscrito con la empresa contratista, establecen de modo alguno que, habiéndose realizado entregas sustanciales de obra, el Estado panameño se encuentra impedido de resolver administrativamente un contrato, frente a incumplimientos contractuales. La entrega sustancial no es sinónimo o equivalente a entrega final de obra", respondió Tocumen, entre otros, este jueves.En su resolución, el Tribunal Administrativo recomienda a Tocumen "iniciar con audiencia del contratista el procedimiento de liquidación del contrato", y advierte que la empresa "debe ser multada de conformidad con lo acordado en la Adenda 6 al Contrato 38/12".La nueva Terminal 2 (T2) de Tocumen se comenzó a construir en 2013 y debía estar lista a finales de 2017, pero su entrega se fue postergando con la firma de adendas pactadas por el contratista y el Estado.Es un edificio de 116.000 metros cuadrados que amplía la capacidad de admisión de pasajeros del aeropuerto de 12 a 25 millones anuales, según la información oficial.Odebrecht fue investigada en Panamá por el pago de sobornos. La empresa y la Fiscalía de Panamá firmaron en julio de 2017 un acuerdo mediante el cual la empresa se comprometió a pagar en un plazo de 12 años una multa de 220 millones de dólares al Estado.La constructora brasileña protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la historia de Panamá, con expresidentes, exministros y familiares de estos involucrados. En total, 25 personas imputadas enfrentarán un juicio cuyo inicio está previsto en julio próximo. Le puede interesar:
La exministra de transporte Cecilia Álvarez debe ir a juicio por presuntas irregularidades en el contrato vial de la Ruta del Sol IILa Fiscalía radicó el escrito de acusación contra la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, porque según las pruebas reveladas por la investigación, Álvarez, como máxima autoridad del sector transporte habría permitido que la ANI modificara el contrato de concesión original, desnaturalizando su objeto inicial y desconociendo que las obras adicionales se debían adelantar por medio licitación pública.Para este caso fue un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia quien radicó el escrito de acusación en contra de la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez como presunta responsable de “viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron el tramo Ocaña – Gamarra al proyecto vial”, dice la Fiscalía.Según el escrito de acusación, la exministra no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes. Para la Fiscalía, Cecilia Álvarez al parecer habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado.En juicio, la exministra de Transporte debe responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La fecha de la audiencia de acusación se conocerá próximamente, cuando la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la fije.Le puede interesar:
Este martes, 19 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos contra 11 funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Esto porque, según el ente investigador, habrían favorecido el contrato de un concesionario que pertenecía a Odebrecht.Las irregularidades estarían relacionadas con el aparente favorecimiento al concesionario Ruta del Sol II, y habrían sido cometidas entre los años 2014 y 2016. Según la Fiscalía, los 11 funcionarios habrían proyectado, elaborado, firmado o gestionado, estudios de conveniencia, actas de comité y tramitado la suscripción de los otrosíes 8 y 10 del contrato de concesión 01 de 2010 que permitió la construcción del tramo II de la Ruta del Sol.Estos fueron los presuntos casos de corrupciónAsimismo, el otrosí 8 fue suscrito el 23 de diciembre de 2014, por lo que se accedió un giro de 10.330 millones de pesos para la construcción de una vía de acceso al municipio de Puerto Boyacá, la cual no estaba contemplada en el contrato original. Esta adición habría favorecido al concesionario con el aumento del presupuesto.El otrosí 10 fue firmado el 3 de noviembre de 2016, este eliminó la construcción de la segunda calzada del tramo I entre Puerto Salgar-Caño Alegre y no permitió la rehabilitación de la vía existente.No realizar esa obra ni las complementarias como pasos peatonales, andenes y bahías de parqueo, entre otras, obligaba a descontarle al concesionario 65.395 millones pesos. No obstante, le fue fueron deducidos únicamente 19.976 millones de pesos. Esto generó una millonaria afectación al erario, según la investigación de la Fiscalía.Estos son los funcionarios de la ANI imputados por la FiscalíaÉdgar Chacón Hartmann, exgerente de proyectos, área jurídica gestión Contractual 2Juan Carlos Hernández Cerón, experto.Luis Fernando Castaño Suárez, gestor.Sor Priscila Sánchez Sanabria, exgerente de Proyectos - gestión contractual.Beatriz Eugenia Lopera González, asesora financiera.Jenifer Bustamante Moreno, exasesora de riesgos.Poldy Paola Osorio Álvarez, exgerente de Proyectos-Riesgos.Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración.Fernando Iregui Mejía, vicepresidente jurídico.María Carolina Ardila Garzón, exgerente de Proyectos-Riesgos.Diana Ximena Corredor Reyes, exgerente de proyectos área financiera.Los once funcionarios se declararon inocentes y deben responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos ante la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar
Durante la audiencia de acusación ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, el exfiscal de apoyo en el caso Odebrecht, Daniel Hernández hizo varios cuestionamientos alrededor del proceso que adelanta la Fiscalía en su contra, porque habría tenido irregularidades en ese proceso como tal.Hernández pidió durante la diligencia judicial que el fiscal que le está adelantando su proceso identifique en qué aparte de la resolución se le ordena exclusivamente a él registrar las órdenes de captura contra tres directivos de Odebrecht. También solicitó al fiscal aclarar cuál clase de violencia moral ejecutó; y pidió explicaciones sobre la conexidad entre los delitos que se le imputa por prevaricato por omisión y amenaza a testigos.Hay que recordar que el aún fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá es investigado porque presuntamente en 2017 habría omitido registrar las órdenes de captura contra los directivos de Odebrecht Mauricio Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki.También es señalado de presuntamente haber intimidado al exsenador Otto Bula, testigo del caso, para que no rindiera su declaración. Durante la audiencia que realizó este jueves, 7 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia reconoció como víctima a la Fiscalía en el proceso que avanza contra el exfiscal Daniel Hernández porque sus actos pudieron haber causado algún daño a la entidad. La audiencia se suspendió hasta nueva fecha.Le puede interesar
Un grupo de exfuncionarios y un contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, además de un interventor, fueron imputados por presunta corrupción este miércoles, 30 de agosto, por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues, según el ente, estas personas tuvieron presunta participación en actos irregulares detectados en cuatro adiciones al contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010, que tenía por objeto la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, que incluyen al multinacional brasileña Odebrecht.A través de un comunicado, la Fiscalía explicó que “se habrían alejado de sus funciones públicas y obligaciones, para participar de manera colectiva en decisiones que aumentaron significativamente el contrato original en su presupuesto y terminaron por beneficiar a la concesionaria de la que hacía parte Odebrecht.”Según el ente investigador, las pruebas dan cuenta que actuaron de manera colectiva y avalaron los estudios los estudios de conveniencia, sustentación, valoración y presentación de actas de convalidación de los otrosíes N°3 del 15 de julio de 2013. Estudios que contrató los dueños para: el tramo Ocaña – Gamarra; N°6 del 14 de marzo de 2014, que incorporó la obra Ocaña - Gamarra y cambió la forma de pago; N°7 del 14 de mayo de 2014, que también modificó en dos partes la forma de pago; y N°9 del 4 de diciembre de 2015, que varió cinco aspectos relacionados con el desembolso del dinero.Asimismo, según la Fiscalía, con estas actuaciones los exfuncionarios, contratista y el exinterventor habrían desconocido el objeto del contrato de concesión original y permitieron que se incluyera una nueva vía que no tenía relación ni conexión física con el proyecto Ruta del Sol II; es decir, fueron vulnerados principios esenciales como planeación, transparencia, selección objetiva, responsabilidad y economía.El ente aseguró que fueron destinados, en favor del concesionario contratista del cual hacía parte la multinacional brasileña Odebrecht, 3.177 millones de pesos para los estudios y diseños de la obra Ocaña – Gamarra. Estos dineros fueron asegurados con vigencias futuras sin las autorizaciones del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).Está acreditado que se ocasionaron perjuicios al Estado, en el entendido de que se incrementó el presupuesto original y fueron girados anticipos para brindar flujo de caja al concesionario, dice la Fiscalía, razón por la cual estas personas deben responder por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Cargos que ninguno de ellos aceptó.Estos son los exfuncionarios de la ANI imputados por la FiscalíaCamilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.María Clara Garrido Garrido, exvicepresidente Administrativa y Financiera.Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de Estructuración.Yasmina del Carmen Corrales Paternina, exsupervisora del contrato de concesión.José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carreteros.Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros.David Leonardo Montaño García, experto GGC2.Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual.Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero (contratista).César Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos.Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.Este es el comunicado de la FiscalíaLe puede interesar
Después de que se conocieran los acuerdos a los que llegó el Grupo Aval con la justicia estadounidense por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Agencia Jurídica del Estado hizo un importante anuncio en materia de sanciones contra esta empresa.Y es que, según detalló Martha Lucía Zamora, cabeza de esta entidad, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos la aplicación de ciertas medidas y sanciones administrativas contra el Grupo Aval y su filial Corficolombiana.Dentro de las posibles sanciones que se estudiarían existe una en el caso de que el Estado inhabilite a Corficolombiana, que tiene varias concesiones, como la vía al Llano. Sobre esto, Zamora explicó que la decisión se llevaría a cabo sobre quién podrá continuarla, pero que la decisión no depende del sancionado.“La norma no hace ningún tipo de salvedad. Acá se habla de una inhabilidad sobreviniente y eso tendrá que analizarse cuáles son esas empresas y no es una tarea que nos corresponda a nosotros como agencia. Ya se habla de las filiales, empresas, administradores, esto tiene un campo de acción amplio que será objeto de análisis por parte de la Superintendencia de Sociedades”, puntualizó.En ese sentido, el periodista económico de la mesa de Mañanas Blu, Víctor Grosso, explicó que son siete las concesiones de obras viales públicas a cargo de la filial Corficolombiana que estarían tambaleando por la decisión del Gobierno de no descartar caducar contratos vigentes con Corficolombiana.Ancon Sur. – BolomboloVillavicencio – YopalBogotá – VillavicencioMulaló – LoboguerreroBuga - Tuluá - La Paila - La VictoriaBogotá - Facatativá - Los AlpesLos Alpes – Villeta - ChuguacalSegún se especifica en la misma página web de Corficolombiana, las concesiones viales que tienen a cargo operan 668 kilómetros de vías, ubicadas en cinco departamentos del país (Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca, Meta y Casanare) de las cuales 257.8 km son de doble calzada e incluyen 493 puentes (34.8 km en total) y 38 túneles (55 km en total).Cabe recordar que el mismo Grupo Aval ha afirmado que sobre ellos no recaen las acusaciones de corrupción en Estados Unidos, sino que señalan es a un “exejecutivo de Corficolombiana”, sin decir nombres, pero que es de conocimiento público que se trata del expresidente de esa corporación financiera José Elías Melo Acosta.Le puede interesar:
A seis meses de terminar el periodo fiscal general de la Nación, el Fiscal General Francisco Barbosa dio a conocer en las últimas horas avances importantes en torno al impacto de la corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia.Una de las revelaciones clave es el monto de los sobornos que habría pagado Odebrecht a altos funcionarios del Estado, congresistas, contratistas y particulares, con el fin de quedarse con el contrato para construir la Ruta del Sol Tramo 2, con una longitud de 528 kilómetros y un valor de 2 billones de pesos, además del pago de “coimas” para facilitar el trámite de modificaciones y adiciones al contrato original.Leyendo en detalle los anuncios de la Fiscalía, coincide con una de las principales quejas del presidente Gustavo Petro, en el sentido de que los daños causados por Odebrecht a Colombia suman más de 514 mil millones de pesos, de los cuales se han recuperado 19 mil millones, es decir: hoy Odebrecht tiene una deuda con el Estado colombiano de 494 mil millones de pesos, según la Fiscalía, “producto de actividades ilegales”.La Fiscalía revela detalles del famoso “departamento de operaciones estructuradas” de Odebrecht, utilizado para el pago de sobornos, explica los tres pasos que utilizaban: primero, conseguir los megacontratos, segundo, modificar el objeto del contrato y tercero, cancelar dádivas.En los anuncios de las últimas horas, la Fiscalía por primera vez se mete de frente con los exdirectivos de Odebrecht, comenzando por quien fuera su presidente durante más de seis años, el señor Marcelo Odebrecht, quien hacía visitas a la Casa de Nariño en 2009, cuando su empresa era vista como una reputada multinacional, sumando a los jefes de esa compañía en Colombia: Eleuberto Martorelli, Luiz Bueno, Eder Paolo Ferracuti, entre otros, que tendrán que responder ante la justicia colombiana por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.En esta misma decisión, se anuncia la imputación en total de 24 personas, entre directivos de Odebrecht, contratistas, lobistas y políticos locales.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFLa Fiscalía entregó un balance de lo que hasta ahora se ha logrado en materia penal en el caso Odebrecht: 11 condenas, 93 solicitudes de imputación, 20 imputaciones realizadas, 17 escritos de acusación presentados y 4 principios de oportunidad avanzados.Por otro lado, la Fiscalía anunció una nueva imputación contra 33 exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura, entre ellos el expresidente Luis Fernando Andrade, 11 gerentes y 8 vicepresidentes de la entidad durante la época de los hechos.En el reporte del jueves, la Fiscalía confirma que las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga recibieron aportes de Odebrecht: 3.540 millones para Santos y 3.045 para Zuluaga.En la misma rueda de prensa, el fiscal Gabriel Jaimes explicó que hoy no se adelantan investigaciones por el caso Odebrecht contra directivos del Grupo Aval o de Corficolombiana, porque las que en su momento se abrieron, fueron archivadas por falta de pruebas que los vincularan con los hechos de corrupción. En este caso José Elías Melo fue condenado como expresidente de Corficolombiana.Le puede interesar:
Se puede decir que el caso Odebrecht “está esclarecido, pero no cerrado ni concluido”, según explicó Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Según dijo, las imputaciones que hará la Fiscalía a 33 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hacen parte de este proceso de “gran complejidad”.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el fiscal Jaimes señaló que es posible que a futuro se den otras “imputaciones complementarias” a las que se han realizado hasta el momento, desde que se denunció y destapó el escándalo en Colombia hace ya más de tres años.“En grueso, podemos decir, panorámicamente, que el caso está esclarecido; sin embargo, no está cerrado ni concluido. Es un caso de mucha ramificación, es un caso de gran complejidad y por tanto, siempre permanecen actos de investigación en curso, susceptibles de dar algunos resultados e, hipéricamente, permitir la imputación de otras personas”, mencionó.¿A cuánto dinero ascendió el caso Odebrecht en Colombia?El fiscal Jaimes afirmó que, tras las imputaciones, el Estado debe hacer el respectivo cobro de los más de 500.000 millones de pesos a los responsables e involucrados directos en estas “conductas delictivas”.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF“Consolidando las vías de perjuicios directos en contratación, de sobornos, aportes a campaña, hemos detectado que el perjuicio de Odebrecht en Colombia, con toda esta maraña de actos delictivos, supera los 500.000 millones de pesos y están vigentes y presentes. El Estado colombiano debe procurar el cobro de estos dineros a los actores, a quienes intervinieron en estas conductas de cualquier manera”, contó.En ese sentido, detalló que los cargos contra con los exdirectivos de Odebrecht son concierto para delinquir y lavado de activos: “Es un mecanismo de corrupción creado por Odebrecht de una manera muy sofisticada y por tanto difícil de detectar, de descubrir y probar judicialmente”, subrayó.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
El Metro de la 80 en Medellín es una obra de más de 13 kilómetros que conectará a la ciudad entre las estaciones Caribe y Aguacatala en el sistema actual, por nuevas rutas que comprenden 17 estaciones por el occidente de la ciudad.Aunque traerá beneficios en materia de movilidad para la ciudad, hoy los recursos enredan el proyecto. En el 2020 se suscribió un convenio por ley de metros y quedó establecido que el gobierno aportaría el 70 % de la plata, mientras que el otro 30 la Alcaldía de Medellín.“Ya lo que son las vigencias futuras, el Distrito ya cumplió, ya les cumplimos a tiempo. Más de 70.000 millones de pesos y el Gobierno nacional tenía que haber puesto 483.000 millones de pesos y no han llegado”, señaló el alcalde Federico Gutiérrez.Por su parte, el concejal de Medellín Alejandro De Bedout realizó un derecho de petición al Gobierno nacional haciendo esta misma pregunta y desde el Ministerio de Hacienda admitieron que “los recursos no han sido asignados, toda vez que están sujetos a la disponibilidad de caja de Nación, como es de conocimiento público, el incumplimiento en las metas de recaudo durante la presente vigencia ha obligado a replantear las metas en el gasto”, afectando así al Metro de la 80.“Tengo información que, al Metro de Bogotá, que es una obra también muy importante bajo la ley de metros 7030, ya le hicieron los desembolsos. 600.000 millones de pesos ha recibido el Distrito de Bogotá por parte de la Nación y viene cumpliendo. ¿Por qué con Medellín y Antioquia no? ¿Cuál es el odio que hay con Medellín y con esta región?”, dijo el concejal.A su vez, el Metro de Medellín señaló que los recursos de la obra están garantizados porque se hizo un préstamo con entidades bancarias. Esto quiere decir que, si el Gobierno no cancela la deuda de 483.000 millones de pesos el 31 de diciembre, el metro podría entrar en una crisis por cuenta de esos créditos.“La entrega de recursos por parte del Gobierno nacional y el Distrito se van a mayor plazo para eso fue necesario tener un crédito para poder ejecutar el proyecto este crédito nos da nosotros la salvedad que vamos a tener el flujo de caja para cumplir con todas nuestras obligaciones. Sin embargo, es muy importante y estamos esperando los recursos del Gobierno nacional para poder cubrir con las obligaciones estos 483.000 millones de pesos y las cifras que nos tiene que entregar el año 2025-2026 cubrir no solamente las condiciones del crédito, sino también todos los recursos y el flujo de caja que vamos a tener después de los créditos”, explicó Antonio Toro, profesional de la empresa de transporte.Otro de los problemas es el de los moradores, que no ven justos los avalúos de las viviendas que tienen que ser adquiridas para la construcción del proyecto.“Los avalúos que nos están presentando en estos momentos son avalúos que están en un 50% o 60% por debajo del valor comercial de cada una de las propiedades. Están basados en una zona geoeconómica homogénea de las cuales el alcalde Federico cambió una ley de orden nacional a un decreto distrital para que esta zona fuera en la base para los avalúos que nos están presentando”, indicó Luis Bernal, uno de los afectados por las obras.El Metro de la 80 también tiene un déficit de 1.1 billones de pesos, desagregados de un desfase financiero de 510.000 millones de pesos y la necesidad de construir intercambios viales con otros 665 mil millones de pesos.Ahora, la preocupación es que el Gobierno nacional se atrase con este pago de 2024 y de ahí en adelante se acumulen los de 2025 por 497.000 millones y 2026 por 512.000 millones de pesos. La obra va en un 27 % de ejecución y se estima que inicie operación comercial en 2028.
En un hito significativo para la aviación en Colombia, este 21 de noviembre llegó al país el nuevo avión de la flota de Satena, la aerolínea estatal de Colombia, que espera la incorporación de siete aeronaves adicionales en los próximos meses. Se trata de su primer avión Twin Otter DHC-6 Serie 400 de matrícula FAC-1400 y HK-5452-X. Este equipo es el primero de una flota de ocho aeronaves destinadas a mejorar la conectividad en las zonas más apartadas del país. El mayor General Óscar Zuluaga, presidente de Satena, encabezó la recepción de la aeronave, que representa un salto tecnológico y operativo para la aerolínea estatal. Este avance marcó un momento crucial para la conectividad aérea en el país, especialmente en aquellas regiones remotas donde las opciones de transporte son limitadas.Aeronaves diseñadas para superar desafíosEl nuevo avión incorporado es una aeronave tipo STOL (Short Take-Off and Landing), especialmente diseñada para operar en pistas cortas y no preparadas, ideales para acceder a regiones apartadas con difíciles condiciones geográficas y climáticas. Además, cuenta con tecnología avanzada que prioriza la seguridad operacional, uno de los pilares fundamentales de la aerolínea.Satena promete tarifas más accesibles Uno de los aspectos más destacados es el impacto económico positivo para los pasajeros. Los vuelos regulares y programados de Satena tendrán tarifas que oscilarán entre $180.000 y $250.000 pesos, dependiendo de la distancia. Esto no solo hace el transporte más asequible, sino también más predecible y organizado, eliminando la especulación de precios en regiones de difícil acceso."Con estas aeronaves, los colombianos podrán viajar a regiones apartadas de manera económica y segura, sabiendo que cuentan con su aerolínea para conectarlos con el resto del país", concluyó Zuluaga.Las tripulaciones que volarán este equipo, en su mayoría compuestas por pilotos militares de la Fuerza Aérea Colombiana, han recibido un riguroso entrenamiento en Calgary, que incluyó simuladores avanzados de clase D, asegurando que las operaciones se realicen bajo los más altos estándares de seguridad.
Las redes sociales, especialmente plataformas como TikTok, se han convertido en el escenario de historias sorprendentes que rápidamente se viralizan. Entre ellas, se destacan aquellas que exponen situaciones de infidelidades, generando reacciones de todo tipo entre los usuarios. Una de las historias más impactantes fue compartida por Luci (@luciiabar), quien reveló la desgarradora experiencia de descubrir que su novio, con quien llevaba casi una década de relación, le había sido infiel. Lo más sorprendente, la confundió con su amante.En un video de poco más de dos minutos, Luci contó cómo, a pesar de haber defendido siempre la idea de no revisar el celular de su pareja, después de lo sucedido lamentó no haberlo hecho antes. Según cuenta, la relación comenzó a dar señales de alerta cuando su novio decidió cambiar de celular, lo que provocó que perdiera todos los números almacenados en su agenda. Fue en ese momento cuando, mientras ambos se encontraban en el auto, él le pidió que le enviara un mensaje para guardar su número."Hey, lindo, ¿cómo estás?", escribió Luci, sin imaginar que ese simple gesto desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida.Poco después, su novio le respondió de manera inusual: “No puedo hablar ahora, te llamo más tarde”. Aunque la respuesta le pareció extraña, no le dio mayor importancia, ya que su pareja solía hacer este tipo de bromas. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando llegaron a su departamento. Él se encerró en el baño, y Luci, mientras tanto, recibió un mensaje que la dejó perpleja: “¿Qué haces? (…) Estoy re-caliente. ¿No quieres que nos veamos esta noche?”.Creyendo que se trataba de una broma más de su novio, Luci decidió seguir la conversación. Pero la sorpresa fue mayor cuando, al salir del baño, él comenzó a actuar de manera extraña, diciendo que no se sentía bien y queriendo irse del lugar. Fue entonces cuando Luci envió otro mensaje y descubrió la cruel verdad: su novio pensaba que estaba hablando con otra mujer.Finalmente, él confesó haber mantenido una relación con otra mujer durante los últimos dos años y le reveló que no podía decidirse entre ambas. Sin entrar en confrontaciones, su pareja asumió su error sin mayores disculpas. “Es mi novio de hace ocho años”, reflexionó Luci, aún procesando el dolor de la traición.
