Según la Fiscalía, los acusados habrían favorecido al concesionario Ruta del Sol II, que incluye a la empresa brasileña Odebrecht, mediante la flexibilización de condiciones técnicas y financieras, ampliación de plazos para evitar sanciones, modificaciones en la forma de pago y eliminación de obras necesarias, entre otras acciones que perjudicaron al Estado.Los exfuncionarios acusados son Andrés Figueredo Serpa, Daniel Tenjo Suárez, Emerson Durán Vargas, Jorge Huertas Luna, Iván Mauricio Fierro Sánchez, Francisco Javier Forero Lozano, Yasmina del Carmen Corrales Peternina, David Leonardo Montaño García y Mauricio Orlando Castro Castaño. Todos enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos.Cronología caso Odebrecht, según hallazgos de la FiscalíaOtrosí 4 (28 de octubre de 2013) Modificó condiciones financieras y plazos de ejecución, evitando multas al contratista.Otrosí 5 y 8 (19 de diciembre de 2013 y 23 de diciembre de 2014) Añadieron la ejecución de un corredor de acceso a Puerto Boyacá sin las autorizaciones necesarias ni actualizaciones en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión.Otrosí 7 (15 de mayo de 2014) Cambió la forma de pago, beneficiando el flujo de caja del concesionario y privando al Estado de rendimientos financieros.Otrosí 9 (4 de diciembre de 2015) Reconoció puentes como estructuras independientes, afectando los rendimientos financieros del Estado.Otrosí 10 (3 de noviembre de 2016) Eliminó la adecuación de senderos peatonales y la rehabilitación de un tramo entre Puerto Salgar y Caño Alegre, con un descuento menor al que correspondía.Así las cosas, y tras encontrar estas presuntas irregularidades, el ente acusador asegura contar con pruebas contundentes que demuestran la actuación ilegal de estos exservidores en beneficio del concesionario.
La Fiscalía acusó a 5 personas por su supuesta participación en un esquema de sobornos relacionado con Odebrecht, la constructora brasileña involucrada en numerosos casos de corrupción a nivel internacional.Entre los investigados se encuentran el exalcalde de Gamarra (Cesar) Gabriel Alberto Giraldo Escudero, su hermano Jaime Helí Giraldo Escudero, así como los representantes legales de la empresa Midas S.A.S, Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega, junto con la propietaria de la misma compañía, Lina María Bermúdez Aljuri.La acusación surge en el marco de contratos ficticios presuntamente celebrados para facilitar el flujo de dinero destinado por Odebrecht para pagar sobornos a intermediarios y funcionarios que gestionaron la adición del tramo Ocaña-Gamarra al proyecto 'Ruta del Sol II'. Según el ente investigador, los contratos aparentaban servicios que no fueron cumplidos y se usaron para encubrir los pagos ilícitos.“Los elementos de prueba indican que el entonces mandatario municipal habría conseguido que la empresa Midas S.A.S., en la cual trabajaban varios exfuncionarios de la Alcaldía de Gamarra, suscribiera un primer contrato por 2.292 millones de pesos con el Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol), del que hacía parte Odebrecht, para el transporte y suministro de agregados pétreos”, informó la Fiscalía.La Fiscalía estableció que la mencionada sociedad carecía de licencia minera, músculo financiero, experiencia, logística y capacidad para cumplir el objeto previsto. Aun así, fue contratada el 24 de noviembre de 2015, y recibió un anticipo de algo más 1.260 millones de pesos. Cabe mencionar que las actividades definidas no se cumplieron en los dos contratos.Posteriormente, el 11 de enero de 2016, Midas S.A.S firmó un contrato con el Consorcio Navelena, que también estaba integrado por Odebrecht, con el mismo propósito del contrato celebrado con Consol. En esta oportunidad, le fueron desembolsados 1.639 millones de pesos.Los cargos presentados incluyen delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. Se acusa a los hermanos Giraldo Escudero de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, a Bermúdez Aljuri de enriquecimiento ilícito de particulares, y a Ruiz Tello y Abuabara Vega de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, enriquecimiento ilícito propio y falsedad en documento privado.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. dijo este jueves que "lamenta" la decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas que revocó la rescisión del contrato de ampliación de la terminal con Odebrecht, una obra de más de 900 millones de dólares, por un alegado incumplimiento, y anunció la posibilidad apelar ante la Corte Suprema de Justicia.En la Resolución 007-2024, de fecha 8 de enero de 2024 y a la que tuvo acceso este jueves EFE, la corte administrativa decidió "revocar la Resolución 065.AL.21 del 28 de septiembre de 2021 proferida por el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.", en la que rescindía el contrato e inhabilitaba a la constructora por tres años en el país.Frente a esa decisión administrativa, Tocumen dijo en un comunicado que "se reserva plenamente el ejercicio de todos los recursos legales permitidos por Ley, incluyendo la posibilidad de interponer acción de Plena Jurisdicción ante la Corte Suprema de Justicia".En septiembre de 2021, Tocumen rescindió el contrato con Odebrecht alegando incumplimiento, puesto que para el día 27 de ese mes había aún "640 elementos pendientes de Ajustes y Complementos, además de otras actividades no ejecutadas" correspondientes a una Adenda del contrato original que daba plazo para ello hasta el 30 de septiembre de 2021.La corte administrativa resolvió que "no cabe duda" de que la constructora cumplió con el cronograma de entrega de la obra "al 29 de febrero de 2020", fecha en la que ya "había sido entregada sustancialmente" la Terminal 2, la cual estaba "en pleno uso y operación" para septiembre de 2021, cuando Tocumen rescinde el contrato de manera unilateral con el alegado incumplimiento."Para el 28 de septiembre de 2021, fecha de la Resolución Administrativa (rescisión) del Contrato 38/12, esta obra (ampliación de Tocumen), ya alcanzaba un avance de más del 99 %", dijo el juez, y señala que los "ajustes y complementos" pendientes corresponde a una etapa "postcontractual", dice la resolución administrativa."Ni la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, ni el contrato suscrito con la empresa contratista, establecen de modo alguno que, habiéndose realizado entregas sustanciales de obra, el Estado panameño se encuentra impedido de resolver administrativamente un contrato, frente a incumplimientos contractuales. La entrega sustancial no es sinónimo o equivalente a entrega final de obra", respondió Tocumen, entre otros, este jueves.En su resolución, el Tribunal Administrativo recomienda a Tocumen "iniciar con audiencia del contratista el procedimiento de liquidación del contrato", y advierte que la empresa "debe ser multada de conformidad con lo acordado en la Adenda 6 al Contrato 38/12".La nueva Terminal 2 (T2) de Tocumen se comenzó a construir en 2013 y debía estar lista a finales de 2017, pero su entrega se fue postergando con la firma de adendas pactadas por el contratista y el Estado.Es un edificio de 116.000 metros cuadrados que amplía la capacidad de admisión de pasajeros del aeropuerto de 12 a 25 millones anuales, según la información oficial.Odebrecht fue investigada en Panamá por el pago de sobornos. La empresa y la Fiscalía de Panamá firmaron en julio de 2017 un acuerdo mediante el cual la empresa se comprometió a pagar en un plazo de 12 años una multa de 220 millones de dólares al Estado.La constructora brasileña protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la historia de Panamá, con expresidentes, exministros y familiares de estos involucrados. En total, 25 personas imputadas enfrentarán un juicio cuyo inicio está previsto en julio próximo. Le puede interesar:
La exministra de transporte Cecilia Álvarez debe ir a juicio por presuntas irregularidades en el contrato vial de la Ruta del Sol IILa Fiscalía radicó el escrito de acusación contra la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, porque según las pruebas reveladas por la investigación, Álvarez, como máxima autoridad del sector transporte habría permitido que la ANI modificara el contrato de concesión original, desnaturalizando su objeto inicial y desconociendo que las obras adicionales se debían adelantar por medio licitación pública.Para este caso fue un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia quien radicó el escrito de acusación en contra de la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez como presunta responsable de “viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron el tramo Ocaña – Gamarra al proyecto vial”, dice la Fiscalía.Según el escrito de acusación, la exministra no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes. Para la Fiscalía, Cecilia Álvarez al parecer habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado.En juicio, la exministra de Transporte debe responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La fecha de la audiencia de acusación se conocerá próximamente, cuando la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la fije.Le puede interesar:
Este martes, 19 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos contra 11 funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Esto porque, según el ente investigador, habrían favorecido el contrato de un concesionario que pertenecía a Odebrecht.Las irregularidades estarían relacionadas con el aparente favorecimiento al concesionario Ruta del Sol II, y habrían sido cometidas entre los años 2014 y 2016. Según la Fiscalía, los 11 funcionarios habrían proyectado, elaborado, firmado o gestionado, estudios de conveniencia, actas de comité y tramitado la suscripción de los otrosíes 8 y 10 del contrato de concesión 01 de 2010 que permitió la construcción del tramo II de la Ruta del Sol.Estos fueron los presuntos casos de corrupciónAsimismo, el otrosí 8 fue suscrito el 23 de diciembre de 2014, por lo que se accedió un giro de 10.330 millones de pesos para la construcción de una vía de acceso al municipio de Puerto Boyacá, la cual no estaba contemplada en el contrato original. Esta adición habría favorecido al concesionario con el aumento del presupuesto.El otrosí 10 fue firmado el 3 de noviembre de 2016, este eliminó la construcción de la segunda calzada del tramo I entre Puerto Salgar-Caño Alegre y no permitió la rehabilitación de la vía existente.No realizar esa obra ni las complementarias como pasos peatonales, andenes y bahías de parqueo, entre otras, obligaba a descontarle al concesionario 65.395 millones pesos. No obstante, le fue fueron deducidos únicamente 19.976 millones de pesos. Esto generó una millonaria afectación al erario, según la investigación de la Fiscalía.Estos son los funcionarios de la ANI imputados por la FiscalíaÉdgar Chacón Hartmann, exgerente de proyectos, área jurídica gestión Contractual 2Juan Carlos Hernández Cerón, experto.Luis Fernando Castaño Suárez, gestor.Sor Priscila Sánchez Sanabria, exgerente de Proyectos - gestión contractual.Beatriz Eugenia Lopera González, asesora financiera.Jenifer Bustamante Moreno, exasesora de riesgos.Poldy Paola Osorio Álvarez, exgerente de Proyectos-Riesgos.Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración.Fernando Iregui Mejía, vicepresidente jurídico.María Carolina Ardila Garzón, exgerente de Proyectos-Riesgos.Diana Ximena Corredor Reyes, exgerente de proyectos área financiera.Los once funcionarios se declararon inocentes y deben responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos ante la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar
Durante la audiencia de acusación ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, el exfiscal de apoyo en el caso Odebrecht, Daniel Hernández hizo varios cuestionamientos alrededor del proceso que adelanta la Fiscalía en su contra, porque habría tenido irregularidades en ese proceso como tal.Hernández pidió durante la diligencia judicial que el fiscal que le está adelantando su proceso identifique en qué aparte de la resolución se le ordena exclusivamente a él registrar las órdenes de captura contra tres directivos de Odebrecht. También solicitó al fiscal aclarar cuál clase de violencia moral ejecutó; y pidió explicaciones sobre la conexidad entre los delitos que se le imputa por prevaricato por omisión y amenaza a testigos.Hay que recordar que el aún fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá es investigado porque presuntamente en 2017 habría omitido registrar las órdenes de captura contra los directivos de Odebrecht Mauricio Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki.También es señalado de presuntamente haber intimidado al exsenador Otto Bula, testigo del caso, para que no rindiera su declaración. Durante la audiencia que realizó este jueves, 7 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia reconoció como víctima a la Fiscalía en el proceso que avanza contra el exfiscal Daniel Hernández porque sus actos pudieron haber causado algún daño a la entidad. La audiencia se suspendió hasta nueva fecha.Le puede interesar
Un grupo de exfuncionarios y un contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, además de un interventor, fueron imputados por presunta corrupción este miércoles, 30 de agosto, por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues, según el ente, estas personas tuvieron presunta participación en actos irregulares detectados en cuatro adiciones al contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010, que tenía por objeto la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, que incluyen al multinacional brasileña Odebrecht.A través de un comunicado, la Fiscalía explicó que “se habrían alejado de sus funciones públicas y obligaciones, para participar de manera colectiva en decisiones que aumentaron significativamente el contrato original en su presupuesto y terminaron por beneficiar a la concesionaria de la que hacía parte Odebrecht.”Según el ente investigador, las pruebas dan cuenta que actuaron de manera colectiva y avalaron los estudios los estudios de conveniencia, sustentación, valoración y presentación de actas de convalidación de los otrosíes N°3 del 15 de julio de 2013. Estudios que contrató los dueños para: el tramo Ocaña – Gamarra; N°6 del 14 de marzo de 2014, que incorporó la obra Ocaña - Gamarra y cambió la forma de pago; N°7 del 14 de mayo de 2014, que también modificó en dos partes la forma de pago; y N°9 del 4 de diciembre de 2015, que varió cinco aspectos relacionados con el desembolso del dinero.Asimismo, según la Fiscalía, con estas actuaciones los exfuncionarios, contratista y el exinterventor habrían desconocido el objeto del contrato de concesión original y permitieron que se incluyera una nueva vía que no tenía relación ni conexión física con el proyecto Ruta del Sol II; es decir, fueron vulnerados principios esenciales como planeación, transparencia, selección objetiva, responsabilidad y economía.El ente aseguró que fueron destinados, en favor del concesionario contratista del cual hacía parte la multinacional brasileña Odebrecht, 3.177 millones de pesos para los estudios y diseños de la obra Ocaña – Gamarra. Estos dineros fueron asegurados con vigencias futuras sin las autorizaciones del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).Está acreditado que se ocasionaron perjuicios al Estado, en el entendido de que se incrementó el presupuesto original y fueron girados anticipos para brindar flujo de caja al concesionario, dice la Fiscalía, razón por la cual estas personas deben responder por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Cargos que ninguno de ellos aceptó.Estos son los exfuncionarios de la ANI imputados por la FiscalíaCamilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.María Clara Garrido Garrido, exvicepresidente Administrativa y Financiera.Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de Estructuración.Yasmina del Carmen Corrales Paternina, exsupervisora del contrato de concesión.José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carreteros.Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros.David Leonardo Montaño García, experto GGC2.Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual.Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero (contratista).César Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos.Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.Este es el comunicado de la FiscalíaLe puede interesar
Después de que se conocieran los acuerdos a los que llegó el Grupo Aval con la justicia estadounidense por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Agencia Jurídica del Estado hizo un importante anuncio en materia de sanciones contra esta empresa.Y es que, según detalló Martha Lucía Zamora, cabeza de esta entidad, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se gestionará ante el Gobierno de los Estados Unidos la aplicación de ciertas medidas y sanciones administrativas contra el Grupo Aval y su filial Corficolombiana.Dentro de las posibles sanciones que se estudiarían existe una en el caso de que el Estado inhabilite a Corficolombiana, que tiene varias concesiones, como la vía al Llano. Sobre esto, Zamora explicó que la decisión se llevaría a cabo sobre quién podrá continuarla, pero que la decisión no depende del sancionado.“La norma no hace ningún tipo de salvedad. Acá se habla de una inhabilidad sobreviniente y eso tendrá que analizarse cuáles son esas empresas y no es una tarea que nos corresponda a nosotros como agencia. Ya se habla de las filiales, empresas, administradores, esto tiene un campo de acción amplio que será objeto de análisis por parte de la Superintendencia de Sociedades”, puntualizó.En ese sentido, el periodista económico de la mesa de Mañanas Blu, Víctor Grosso, explicó que son siete las concesiones de obras viales públicas a cargo de la filial Corficolombiana que estarían tambaleando por la decisión del Gobierno de no descartar caducar contratos vigentes con Corficolombiana.Ancon Sur. – BolomboloVillavicencio – YopalBogotá – VillavicencioMulaló – LoboguerreroBuga - Tuluá - La Paila - La VictoriaBogotá - Facatativá - Los AlpesLos Alpes – Villeta - ChuguacalSegún se especifica en la misma página web de Corficolombiana, las concesiones viales que tienen a cargo operan 668 kilómetros de vías, ubicadas en cinco departamentos del país (Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca, Meta y Casanare) de las cuales 257.8 km son de doble calzada e incluyen 493 puentes (34.8 km en total) y 38 túneles (55 km en total).Cabe recordar que el mismo Grupo Aval ha afirmado que sobre ellos no recaen las acusaciones de corrupción en Estados Unidos, sino que señalan es a un “exejecutivo de Corficolombiana”, sin decir nombres, pero que es de conocimiento público que se trata del expresidente de esa corporación financiera José Elías Melo Acosta.Le puede interesar:
A seis meses de terminar el periodo fiscal general de la Nación, el Fiscal General Francisco Barbosa dio a conocer en las últimas horas avances importantes en torno al impacto de la corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia.Una de las revelaciones clave es el monto de los sobornos que habría pagado Odebrecht a altos funcionarios del Estado, congresistas, contratistas y particulares, con el fin de quedarse con el contrato para construir la Ruta del Sol Tramo 2, con una longitud de 528 kilómetros y un valor de 2 billones de pesos, además del pago de “coimas” para facilitar el trámite de modificaciones y adiciones al contrato original.Leyendo en detalle los anuncios de la Fiscalía, coincide con una de las principales quejas del presidente Gustavo Petro, en el sentido de que los daños causados por Odebrecht a Colombia suman más de 514 mil millones de pesos, de los cuales se han recuperado 19 mil millones, es decir: hoy Odebrecht tiene una deuda con el Estado colombiano de 494 mil millones de pesos, según la Fiscalía, “producto de actividades ilegales”.La Fiscalía revela detalles del famoso “departamento de operaciones estructuradas” de Odebrecht, utilizado para el pago de sobornos, explica los tres pasos que utilizaban: primero, conseguir los megacontratos, segundo, modificar el objeto del contrato y tercero, cancelar dádivas.En los anuncios de las últimas horas, la Fiscalía por primera vez se mete de frente con los exdirectivos de Odebrecht, comenzando por quien fuera su presidente durante más de seis años, el señor Marcelo Odebrecht, quien hacía visitas a la Casa de Nariño en 2009, cuando su empresa era vista como una reputada multinacional, sumando a los jefes de esa compañía en Colombia: Eleuberto Martorelli, Luiz Bueno, Eder Paolo Ferracuti, entre otros, que tendrán que responder ante la justicia colombiana por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.En esta misma decisión, se anuncia la imputación en total de 24 personas, entre directivos de Odebrecht, contratistas, lobistas y políticos locales.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFLa Fiscalía entregó un balance de lo que hasta ahora se ha logrado en materia penal en el caso Odebrecht: 11 condenas, 93 solicitudes de imputación, 20 imputaciones realizadas, 17 escritos de acusación presentados y 4 principios de oportunidad avanzados.Por otro lado, la Fiscalía anunció una nueva imputación contra 33 exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura, entre ellos el expresidente Luis Fernando Andrade, 11 gerentes y 8 vicepresidentes de la entidad durante la época de los hechos.En el reporte del jueves, la Fiscalía confirma que las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga recibieron aportes de Odebrecht: 3.540 millones para Santos y 3.045 para Zuluaga.En la misma rueda de prensa, el fiscal Gabriel Jaimes explicó que hoy no se adelantan investigaciones por el caso Odebrecht contra directivos del Grupo Aval o de Corficolombiana, porque las que en su momento se abrieron, fueron archivadas por falta de pruebas que los vincularan con los hechos de corrupción. En este caso José Elías Melo fue condenado como expresidente de Corficolombiana.Le puede interesar:
Se puede decir que el caso Odebrecht “está esclarecido, pero no cerrado ni concluido”, según explicó Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Según dijo, las imputaciones que hará la Fiscalía a 33 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hacen parte de este proceso de “gran complejidad”.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el fiscal Jaimes señaló que es posible que a futuro se den otras “imputaciones complementarias” a las que se han realizado hasta el momento, desde que se denunció y destapó el escándalo en Colombia hace ya más de tres años.“En grueso, podemos decir, panorámicamente, que el caso está esclarecido; sin embargo, no está cerrado ni concluido. Es un caso de mucha ramificación, es un caso de gran complejidad y por tanto, siempre permanecen actos de investigación en curso, susceptibles de dar algunos resultados e, hipéricamente, permitir la imputación de otras personas”, mencionó.¿A cuánto dinero ascendió el caso Odebrecht en Colombia?El fiscal Jaimes afirmó que, tras las imputaciones, el Estado debe hacer el respectivo cobro de los más de 500.000 millones de pesos a los responsables e involucrados directos en estas “conductas delictivas”.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF“Consolidando las vías de perjuicios directos en contratación, de sobornos, aportes a campaña, hemos detectado que el perjuicio de Odebrecht en Colombia, con toda esta maraña de actos delictivos, supera los 500.000 millones de pesos y están vigentes y presentes. El Estado colombiano debe procurar el cobro de estos dineros a los actores, a quienes intervinieron en estas conductas de cualquier manera”, contó.En ese sentido, detalló que los cargos contra con los exdirectivos de Odebrecht son concierto para delinquir y lavado de activos: “Es un mecanismo de corrupción creado por Odebrecht de una manera muy sofisticada y por tanto difícil de detectar, de descubrir y probar judicialmente”, subrayó.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
