Durante la tercera fase de intervención al Cementerio Campo Hermoso de Bucaramanga, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, encontró restos óseos pertenecientes a menores buscados por las familias quienes aseguraron que fueron reclutados de manera ilegal por las extintas Farc.En tumbas del cementerio fueron encontrados 8 cuerpos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos durante los años 2000 y 2001 en el páramo de Berlín, el análisis forense realizado a los restos óseos confirmó que la mayoría de las víctimas eran menores.Sin embargo, no fue posible establecer su identidad, debido a la ausencia de documentos con huellas dactilares, lo que impidió su plena identificación, por lo que la Unidad hace un llamado a Familiares victimas del conflicto armado en Berlín ha acercarse a Medicina Legal para su identificación.Manuel Guillermo Criales Aponte, coordinador de la Unidad de Búsqueda en Santander, explicó que, "los cuerpos ya habían sido sometidos a una primera necropsia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde las investigaciones arrojaron que algunos son menores y otros adultos identificados".Hasta la fecha, la investigación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, ha logrado encontrar los restos de al menos 62 personas desaparecidas en el marco de la operación Berlín. Estos cuerpos fueron sepultados en el cementerio municipal de Bucaramanga entre finales de 2000 y principios de 2001. La intervención en el cementerio se enmarca dentro del Plan Regional de Búsqueda para el Área Metropolitana - Soto Norte, un proceso de investigación que ha permitido la exhumación de 52 cuerpos a lo largo de sus tres fases. Estos restos han sido remitidos al Instituto de Medicina Legal, donde se están llevando a cabo las acciones necesarias para avanzar en su identificación.La Unidad continúa avanzando en la búsqueda de respuestas para las víctimas y sus familias, con el objetivo de esclarecer los hechos y contribuir a la reparación integral de las personas afectadas.
Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves de que la política de 'paz total' del presidente Gustavo Petro ha obtenido resultados limitados para reducir los abusos contra la población civil y alertó de que los grupos armados expandieron su presencia en el país el año pasado."Dos años y medio después de que el presidente Gustavo Petro asumiera la Presidencia, su estrategia de 'paz total' ha logrado resultados limitados en la reducción de los abusos contra la población civil", señaló HRW al hablar de Colombia en su Informe Mundial 2025, en el que analiza lo sucedido en materia de DD.HH. el año pasado.El mandatario asumió el poder el 7 de agosto de 2022 con la promesa de una 'paz total' que, hasta el momento, ha atravesado varios baches a pesar de que se entablaron diálogos de paz con varios grupos y se concretaron ceses al fuego con algunos de ellos.En ese sentido, el Gobierno está negociando el fin del conflicto armado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos disidencias de las FARC, una conocida como Estado Mayor Central (EMC) y la otra como Segunda Marquetalia.Igualmente, busca el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y de otros grupos armados.Al respecto, HRW destacó que si bien el Gobierno colombiano logró varios alto el fuego, "los preparativos y el seguimiento fueron insuficientes y en muchos casos los grupos armados no los cumplieron".Abusos contra la población civilLa organización aseguró que grupos armados cometieron el año pasado "serios abusos contra los civiles y expandieron su presencia en el país", pues el Clan del Golfo está presente en 392 de los 1.102 municipios de Colombia, el ELN en 232 y las disidencias de las FARC en 299.HRW también criticó a las autoridades por fallar en garantizar la seguridad efectiva de la población y el acceso a la justicia a las víctimas, además de no investigar y desmantelar los grupos armados.Entre los abusos cometidos por estos grupos, HRW recordó que en la primera mitad de 2024, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hubo 159 casos de reclutamiento de menores, que son "frecuentemente miembros de comunidades indígenas"."A más de 71.000 personas se les impidió salir de sus comunidades, situación conocida como 'confinamiento', entre enero y julio, lo que supone un aumento del 39 % en comparación con el mismo periodo de 2023. Persistieron los temores a las minas antipersona, las amenazas de grupos armados y los fuegos cruzados", agregó Human Rights Watch.En los convulsos departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, en el oeste del país, la lucha armada entre los militares y los grupos armados provocó el desplazamiento forzado de más de 34.000 personas entre enero y julio, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entretanto, recibió 138 denuncias de asesinatos de líderes sociales, la mayoría de los cuales "defendían los derechos de sus comunidades".Libertad de expresiónPor otra parte, Human Rights Watch señaló que, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), "Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas".En ese sentido, la oficina del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó el asesinato de cinco reporteros entre enero y julio del año pasado."El presidente siguió utilizando las redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos con su Gobierno", expresó HRW.Como ejemplo de ello puso que en septiembre, Petro emitió una "instrucción presidencial dirigida a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo para garantizar un entorno seguro para la libertad de expresión y los periodistas" que, "sin embargo, no la cumplió durante el acto de presentación", agregó HRW.
El consejero comisionado para la paz de Colombia, Otty Patiño, ha hecho un llamado a la guerrilla del ELN que la paciencia del Gobierno "no es eterna" e invitó a ese grupo armado a reanudar las negociaciones de paz que están congeladas desde mayo del año pasado."Esa generosidad y esa paciencia (del Gobierno) han sido interpretadas por el Comando Central (COCE) del ELN como debilidad de nuestro Gobierno. Pero la paciencia no es eterna ni la generosidad es infinita", expresó Patiño en una carta pública dirigida a la cúpula de la guerrilla. En ese sentido, también hizo un grave denuncia con respecto al actuar del grupo guerrillero, aseguró que según informaciones que le han llegado, el grupo terrorista quiere asesinar a Álvaro Jiménez, negociador de paz del Gobierno con el Clan del Golfo.Así lo dijo en diálogo con Mañanas Blu, en medio de su asombro; asegura que no se imaginó que el grupo guerrillero planeara este tipo de hechos, más cuando se trata de una organización que está en medio de un proceso de paz. “Jamás se imaginó Álvaro Jiménez que una organización como el ELN decidiera graduarlo como enemigo y tomar la decisión de asesinarlo", dijo. Según Patino, esta decisión emanaría del Comando Central del ELN, y ha sido confirmada por fuentes altamente confiables, lo que intensifica la gravedad de la situación. "No se trata de un simple plan, sino de una decisión clara de acabar con la vida de Álvaro Jiménez, un exguerrillero del M-19 y negociador en procesos cruciales con grupos armados". El comisionado enfatiza que este acto no solo representa un delito contra la paz, sino que es inadmisible para una organización que aspira a reconocimiento y legitimidad. Jiménez, quien ha enfrentado amenazas por su participación en negociaciones con el Clan del Golfo, se encuentra actualmente en riesgo, no de grupos armados rivales, sino, sorprendentemente, de aquellos con quienes se esperaría un diálogo. "Me aterra escuchar que una organización que busca la paz pueda tener en su mente la decisión de asesinar a uno de sus propios miembros que ha llevado un camino hacia la reconciliación", comentó el comisionado. Otty Patiño denuncia que ELN quiere asesinar a Álvaro Jiménez, negociador de paz del Gobierno.A esto agregó que "este comportamiento no es nuevo dentro de la historia del ELN, donde la violencia se ha impuesto por encima de la razón y el diálogo. Es una tradición trágica que estigmatiza cualquier intento de acercamiento hacia la paz". Patiño también afirmó que, aunque el gobierno permanece abierto al diálogo, la paciencia está comenzando a agotarse, sobre todo por parte del presidente Gustavo Petro. "El mes de enero se perfila como un momento decisivo. Necesitamos saber si el ELN efectivamente quiere la paz o prefiere seguir en un camino de guerra que solo genera más sufrimiento a la población", sentenció. Escuche aquí la entrevista:
Después de auditorías adelantadas entre el 19 al 21 de noviembre y entre el 9 al 11 de diciembre de 2024, se evidenció una crítica situación de carácter administrativo, financiero, asistencial y jurídico que desencadenó un riesgo inminente en la prestación oportuna del servicio de salud a todos los usuarios.El superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, indicó que: “La medida es preventiva y busca fortalecer y proteger el derecho de todos los ciudadanos de la región, a quienes se les debe una atención prioritaria y más humana frente a cada una de sus necesidades”.Los hallazgos de las auditorías traducen un número de incumplimientos reiterados en la gestión del hospital, especialmente, en términos de una adecuada atención en salud con enfoque diferencial. Asimismo, se evidenció la falta de control de medicamentos y que la calidad de los reportes contables y financieros era insuficiente. Otro de los factores claves de los desacatos por parte de la entidad es en materia de infraestructura y los requisitos de habilitación, ya que eran deficientes.La Superintendencia, por medio de la intervención, busca la estructuración y gestión de soluciones que impacten positivamente en la entidad, designando como agente especial interventora de la ESE Hospital de Nazareth a la señora Nelvis Yudian Guerra Vangrieken de manera que se garantice la continuidad en la prestación de los servicios de salud.
Llegó a su fin el periodo como procuradora de Margarita Cabello, posesionada en enero de 2021. Estuvo a cargo del Ministerio Público y, según lo ha manifestado en varias ocasiones, la Procuraduría estuvo enfrentada con el presidente Gustavo Petro, quien sugirió eliminar ese ente de control.Ahora, Gregorio Eljach quien fue ternado por el mismo presidente Gustavo Petro y electo por el Congreso de la República para ser el procurador para el periodo 2025-2029, tiene como reto principal mantener una distancia con el Gobierno.En el acto protocolario, la procuradora saliente, aseguró que los próximos 4 años serán de una buena administración, mientras que Gregorio Eljach resaltó la labor de Margarita Cabello en la Procuraduría.Eljach deberá asumir una Procuraduría que ha sido objeto de críticas y señalamientos a causa de las sanciones que impuso el Ministerio Público a los funcionarios públicos y también a los electos por voto popular, que además, tuvo enfrentados a la procuradora saliente Margarita Cabello y al presidente Gustavo Petro en medio de duros cuestionamientos de un lado hacia otro.Hay un punto muy importante y es que en un principio Gregorio Eljach fue uno de los candidatos de la Corte Suprema de Justicia y llegó a estar entre los 10 aspirantes y en medio de la audiencia pública en el alto tribunal por aquel entonces, Eljach aseguró que frente a las sanciones impuestas por la Procuraduría se deberían buscar otras alternativas.“En relación con la competencia de la Procuraduría para sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular, estoy convencido de que debemos respetar el control de convencionalidad, pero existen alternativas jurídicas para armonizar los mandatos de la convención con la existencia de una Procuraduría objetiva y respetuosa”, dijo Eljach en la Corte.Todo esto, porque durante la Procuraduría de Margarita Cabello en el 2024 sancionó a exaltos funcionarios del Gobierno Petro como por ejemplo el excanciller Álvaro Leyva por el lío jurídico de los pasaportes y la firma Thomas Gregorio & Sons y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero por participación política.
El presidente Gustavo Petro estuvo en el Coliseo León XIII de Soacha para socializar el decreto mediante el cual se establece la exclusividad de la actividad de aprovechamiento para las organizaciones de recicladores durante un periodo de 15 años. Desde allí, el mandatario habló de cuando fue alcalde de Bogotá y se fue en contra del exproxurador Alejandro Ordóñez.“Nunca pensé que aplicar una sentencia de la Corte Constitucional pudiera traer hasta la destitución del alcalde por parte del procurador Ordóñez, un señor de ideología fascista que prefirió sacar al alcalde que consideraba socialista, que aplicar la constitución nacional, que aplicar la sentencia de la Corte Constitucional. Él no supo, pero al destituirme me hizo presidente de la República, esas son las paradojas de la vida”, señaló Petro.En Colombia, la actividad de reciclaje cuenta con un nuevo marco normativo delimitado por el decreto 1381 de 2024, que otorga exclusividad a las organizaciones de recicladores de oficio para el aprovechamiento de residuos por un periodo de 15 años. Esta regulación define el esquema operativo del servicio y establece un régimen de regularización que promueve la protección y participación de grupos vulnerables, como madres cabeza de hogar, personas mayores y población migrante. La construcción del decreto se llevó a cabo mediante un proceso participativo, que incluyó mesas de trabajo y la recopilación de más de 4.000 comentarios ciudadanos.El decreto busca además fortalecer la gestión integral de residuos sólidos en el país, en línea con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Este esfuerzo será socializado en Soacha, donde se realizará una feria de emprendimientos liderados por recicladores, promoviendo el modelo de Economía Circular.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda contra el presidente Gustavo Petro. Este reclamo, impuesto por el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, pide que se cumpla con la actualización de la Política Nacional de Salud Mental, tal y como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional (PND).“Es el colmo que tengamos que demandar al presidente para que cumpla lo que ellos mismos propusieron en su Plan de Desarrollo. Ya pasó más de la mitad del ‘gobierno del cambio’ y no le han cumplido al país con la actualización de la política pública nacional de salud mental. Esa que él mismo (el presidente) planteó en el artículo 166 del PND”, dijo el concejal del partido Verde, Julián Sastoque.Bajo esa línea, el funcionario aseguró que fue necesaria la demanda para que haya una nueva política con enfoque poblacional, territorial e intersectorial. Con esto, y según el documento del Tribunal, los abogados del presidente, o hasta el mismo mandatario, tiene tres días para solicitar la práctica de las pruebas que considere necesarias.“La decisión de fondo será proferida dentro de los 20 días siguientes a la admisión de la presente acción. Notifíquese personalmente al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que intervenga si lo considera pertinente”, afirma el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Cabe recordar que, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un 5 % de los colombianos sufren de depresión. A eso se suma que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, durante el 2023 se notificaron 40.850 casos de intento de suicidio. Los motivos principales de dichos desencadenantes estuvieron asociados a los problemas familiares (36,4%), seguidos por los conflictos con parejas o exparejas (27,1 %).
Luego de la lluvia de críticas al Gobierno por la creación de una zona especial para la agricultura en el suoreste antioqueño, el Ministerio de Agricultura anuncia que acelerará la declaratoria de nuevas zonas y áreas de este tipo en todo el país.El anuncio forma parte de un proyecto de resolución según el cual este 2025 será el "Año Nacional de la Reforma Agraria y de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria". En el documento señala que uno de los objetivos de la declaratoria es la protección de los suelos para la producción de alimentos.Concretamente, el numeral seis señala que se "impulsarán y promocionarán las áreas de especial protección para la producción de alimentos para su uso exclusivo de actividades agrícolas de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria orientadas a garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y el desarrollo rural".Hasta el momento, la única área especial para la producción de alimentos está en La Guajira. Sin embargo, el Gobierno está limitando áreas adicionales en zonas como la sabana de Bogotá, Tolima y el suroeste antioqueño.Un área de producción de alimentos es un conjunto de hectáreas que el Gobierno, mediante una resolución, determina que se deben destinar exclusivamente a la producción de alimentos. En esas áreas no se pueden desarrollar actividades como la expansión urbana, la industria, el turismo o la minería. Antes de declarar un área, el Gobierno identifica una zona prioritaria para la producción de alimentos. Por ejemplo, la zona para la producción de comida de la sabana de Bogotá recorre la cuenca del río Bogotá y se compone de unas 50.000 hectáreas.Desde la aprobación del plan nacional de desarrollo, las áreas para la producción de alimentos tienen prioridad incluso sobre las órdenes y planes de municipios o departamentos.La declaratoria de 2025 para la reforma agraria implica que se van a seguir haciendo eventos de socialización y participación con las comunidades para determinar qué acciones o proyectos se van a implantar. Un tema que podría ser polémico en un año donde hay un llamado a la austeridad.
Durante los días 12 y 13 de septiembre, en la ciudad de Armenia, Quindió, se llevó a cabo un encuentro particular. El Gobierno, a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) convocó a cerca de 1.500 representantes de medios comunitarios, alternativos y digitales.El encuentro en el que no solo participaron medios comunitarios, sino también activistas, periodistas, influencers y opinadores cercanos al Gobierno, fue presentado como un espacio para proporcionar “formación avanzada y fortalecer la formación de competencias del talento humano en la industria de medios alternativos y comunitarios, contribuyendo al desarrollo económico y regional”, según señala el MinTic.Para ello, el MinTic calificó como medios alternativos, independientes y comunitarios, a aquellos que, “por el contenido de su programación, se caracterizan por su enfoque no convencional y conexión directa con la comunidad; buscan ofrecer perspectivas diferentes a las ofrecidas por los medios tradicionales, buscan independencia editorial (...) sirven como contrapeso a la concentración mediática, permiten la expresión de opiniones y fomentan la participación ciudadana”.Blu Radio pudo conocer en detalle los contratos, convenios y resoluciones que orientaron dicho encuentro. Mediante una respuesta a un derecho de petición, el MinTic confirmó que la realización del evento tuvo un costo total de $3.000 millones de pesos, los cuales fueron asignados por el Ministerio mediante la resolución 673 de 2024. Estos fondos fueron entregados al canal Telecafé para que realizara la contratación correspondiente, la cual fue un contrato por $2.800 millones de pesos en un contrato de logística con la empresa CNC Agencia S.A.S y los $200 millones restantes fueron administrados por Telecafé para la “producción y emisión de 10 piezas audiovisuales sobre el desarrollo del evento, así como un informe en el noticiero del canal Telecafé”.El Ministerio aseguró que en el evento participaron cerca de 951 medios y alrededor de 1.500 personas, entre “periodistas y representantes de medios inscritos, representantes de entidades de la región y delegados de entidades departamentales y gubernamentales”. Si bien el Ministerio se negó a entregar el listado de asistentes aludiendo la ley de protección de datos personales, salvo el listado de medios como organizaciones o personas jurídicas; sí señalaron que se tuvo en cuenta dos registros: la base de datos del directorio de la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, así como la base de datos de radio y televisión comunitaria del MinTic. “El proceso de registro en este directorio se gestionó a través de un enlace que fue compartido en diversos eventos y grupos de WhatsApp, y para el caso de la base de datos de MinTIC, se envió un correo electrónico”.Para determinar los medios que participarían, se tomaron en cuenta unos criterios obligatorios y unos de prelación. En el caso de los medios de comunicación, se establecieron como criterios, para el caso de los medios analógicos y digitales, tener dos o más años de existencia, licencia, concesión o en proceso de legalización y ser una emisora comunitaria o de interés, prensa o revista con tiraje periódico, nombre o marca reconocible, página web y cuentas en redes sociales y publicación de contenido semanal, entre otros.En el caso de los comunicadores independientes, se establecieron como criterios tener dos años o más de experiencia, con al menos dos redes sociales, de las cuales una sea activa, varias publicaciones por semana, tener más de 10.000 seguidores en redes sociales, entre otros.Frente a pagos de honorarios a los asistentes, el MinTic señaló que no se hizo ningún pago por este concepto, pero sí se destinaron recursos para “gastos de traslado, alojamiento y alimentación”, en lo que se gastaron $ 2.442.200.000.En el caso de los panelistas nacionales o internacionales que participaron en el evento como por ejemplo el experto en libertad de expresión, Joan Barata, el dirigente de izquierda española, Juan Carlos Monedero, el asesor de la presidencia; Andrés López, representante de Reporteros sin Fronteras; Fabiola Posada, manager del Journalism Trust Initiative de reportero sin Fronteras; Bertrand Mossiat, entre otros; el MinTIC señaló que a ninguno de ellos se les pagó honorarios por su participación, pero si se les destinaron recursos para su traslado, alojamiento y alimentación que suman en total de $ 26.546.099.El MinTIC señaló que ni los asistentes como aquellos que participaron como conferencistas tienen contratos con la entidad. Frente al marco legal que llevó a la realización del evento, el MinTIC sostiene que la financiación del evento estuvo enmarcado apoyar “proyectos tendientes al fortalecimiento de la programación educativa, infantil y cultural a cargo del Estado, al desarrollo de contenidos digitales multiplataforma, apoyos de procesos de actualización tecnológica de los usuarios de menores recursos y al fortalecimiento de los operadores públicos de televisión”.Escuche informe completo:
La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó al Ministerio del Interior el aplazamiento de las elecciones atípicas para la elección de gobernador de Putumayo y alcalde de Puerto Guzmán, previstas para el domingo 9 de febrero de 2025.La solicitud, firmada por el registrador delegado Jaime Hernando Suárez, argumenta que la entidad no dispone de la asignación presupuestal necesaria para contratar los bienes y servicios requeridos para la organización de los comicios en ambas localidades.Suárez, en el documento, enfatiza que la organización de estas elecciones demanda una logística compleja, especialmente en municipios como Puerto Guzmán, que tienen zonas de difícil acceso. “El municipio requiere un despliegue especial, ya que cuenta con lugares en los que se debe hacer uso de helicópteros para el traslado tanto de los servidores de la Registraduría y los jurados de votación, como del material electoral”, señala el documento.Sin embargo, en conversación con Blu Radio, el registrador delegado, precisó que la razón de dicho aplazamiento no es por falta de dinero.“No vamos a poder hacer las elecciones del 9 de febrero porque no nos dan los tiempos contractuales de las normas contractuales. Y ustedes han escuchado que bastante se nos ha dicho que por favor hagamos con suficiente tiempo las contrataciones, que invitemos a todos los interesados que se quieran presentar, de quien llegue a ganarse un proceso contractual de estos y se le adjudique un contrato de esos tenga suficiente tiempo para su ejecución, para no acude también a una figura contractual, que es la urgencia manifiesta, y que se puede hacer ese contrato en un menor tiempo posible”, señaló Suárez.Añadió que “una vez se tenga el presupuesto, ya que se nos comunique por parte del Ministerio de Hacienda, pues que estaremos informándole al ministro y al gobernador para ver si se deben correr y por cuánto tiempo la fecha para realizar las elecciones”.La suspensión temporal de estos comicios afecta la elección de dos cargos clave, el gobernador de Putumayo, que se encuentra vacante debido a la destitución del anterior titular, y el alcalde de Puerto Guzmán, cuya elección también se vio interrumpida por circunstancias previas. Ambos cargos son cruciales para el gobierno local y el desarrollo del departamento, y la situación genera incertidumbre entre los habitantes de estas zonas.A pesar de la solicitud de aplazamiento, la Registraduría no ha señalado una nueva fecha fija para los comicios, lo que deja en suspenso el proceso electoral en estas regiones del país. Los habitantes de Putumayo y Puerto Guzmán esperan que la asignación presupuestal se concrete lo antes posible para poder llevar a cabo las elecciones de manera efectiva y con las garantías necesarias para todos los votantes.
