Se trata de una licitación para adquirir los bienes y servicios para reanudar en teoría la fumigación terrestre de los cultivos de hoja de coca, acompañado de la logística requerida para ese proceso, por un valor de 7.700 millones de pesos.
La polémica surge, teniendo en cuenta el presidente Gustavo Petro, es uno de los mayores opositores al uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos.
El documento de la Policía Antinarcóticos revela que el motivo para retomar las aspersiones es el desbordamiento de los cultivos que pasó de 204.257 hectáreas en 2021 a 252.572 hectáreas en 2023.
El decreto 380 de 2021, firmando por el expresidente Iván Duque, regula la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato.
El comité, formado por 18 expertos, pide al Gobierno colombiano que fortalezca la presencia y capacidad de sus autoridades e instituciones civiles en los territorios más afectados por la violencia.
