Una tensa situacion enfrentó este jueves Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, durante la presentación de su libro “Los fracasos de la reforma agraria”, pues varios campesino de La Mojana viajaron al evento que fue organizado en Bogotá a reclamarle por la entrega de bienes en los que no pueden criar ganado ni sembrar porque son más lodo que tierra. "Nos engañó a La Mojana. Engañó a nuestras comunidades campesinas. ¡Necesitamos solución", fueron algunos de los gritos que se escucharon en el evento y que quedaron registrados en video.A estos reclamos, se suma la denuncia que el actual director de la ANT Felipe Harm por la presunta irregularidad en la compra de estos predios que, según anunció, será reversada para la entrega de nuevas tierras a los campesinos afectados de la región Caribe, especialmente en San Marcos, Sucre, donde al parecer se habría comprado una finca por 17.000 millones de pesos con falsa tradición, títulos irregulares y numerosas anomalías. Pese a que la situación fue defendida en redes sociales por el presidente Gustavo Petro, quien señaló que todo era el resultado de talanqueras institucionales para obtener los terrenos necesarios para avanzar en una reforma agraria, los campesinos de esta zona del país siguen en su reclamo.
El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y abogado de la fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, aseguró que el histórico fallo de una corte de Estados Unidos, a diferencia de otros, “está dirigido a las víctimas” que dejó el paramilitarismo en la región de Urabá en el caso de la multinacional Chiquita Brands, acusada de ser responsable de financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004; recursos que, supuestamente, pagaron para proteger a sus empleados de ese entonces. La empresa dijo que fue consecuencias de amenazas.Así eran los pagos a los paramilitares: esta es la historiaCabe recordar que la fundación Forjando Futuros ha jugado un papel vital en la investigación del despojo de tierras en Colombia, específicamente, en el caso de Chiquita Brands. Vega contó que, durante las audiencias de Justicia y Paz, miembros desmovilizados de las autodefensas han confesado que esta compañía y otras empresas comercializadoras giraron millones de dólares a las cooperativas Convivir, dinero que posteriormente llegaba a las autodefensas en la región del Urabá.A pesar de que algunas empresas argumentaron que creían que las Convivir eran legales, los testimonios de los paramilitares y la evidencia respaldan la existencia de un acuerdo para financiar grupos armados ilegales de la época. Chiquita Brands, que se encargaba de la producción y distribución de bananos, fue condenada a pagar una multa de 38,3 millones de dólares a los demandantes por su financiamiento a los paramilitares. Sin embargo, Vega insistió en que este dinero debería llegar a Colombia y ser utilizado para reparar a las víctimas.“Chiquita Brands ha sido acusada y hallada responsable de girar 1.7 millones de dólares entre las comercializadoras que exportaban banano desde Colombia (…) Pero muchas otras empresas exportaban y pagaban tres centavos de dólar a los a las cooperativas Convivir de vigilancia, dinero que posteriormente llegaba a la familia Castaño o a las autodefensas o grupos paramilitares de la región de Urabá. Eso ha sido confesado no solamente por Chiquita, empresas colombianas comercializadoras también han dicho que ellos sí ponían los tres centavos de dólar, que lo que pasaba es que ellos pensaban que como las Convivir eran legales, pues era una operación legal. Es lo que han dicho", recordó. El abogado Vega señaló que, realmente, lo que está demostrado y según las confesiones de los miembros de las autodefensas, es que allí "lo que había era un acuerdo celebraron en una casa grande" en pleno centro de Medellín, en la avenida del Poblado "que se llama Montecasino”. De acuerdo con Vega, en ese lugar estaban los Castaños, donde, además, vivían y “despachaban desde ahí”.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, respondió a las denuncias de compras de tierras improductivas realizadas durante su administración. Según Vega, estas denuncias se refieren a dos o tres compras de tierras que fueron adquiridas a pesar de que los agrónomos de la agencia las habían considerado improductivas. Sin embargo, Vega asegura que estas tierras no fueron compradas y que el Estado no ha gastado ningún peso en ellas. Además, señaló que la nueva administración detuvo estas compras."No se ha pagado un solo peso, no hay detrimento patrimonial", reiteró. En cuanto al proceso de compra de tierras, Vega explicó que se basa en estudios técnicos y jurídicos realizados por agrónomos de la agencia y avalados por empresas contratadas para hacer el aval comercial. Estos estudios determinan si los terrenos son productivos o no. Vega también mencionó que se firma una promesa de compra-venta antes de adquirir los terrenos, y que la entrega de los mismos se realiza una vez se ha completado el proceso de compra. Vega también criticó la nueva resolución establecida por la actual administración, la cual, según él, complica y encarece el proceso de compra de tierras y dificulta la ejecución de la reforma agraria. Además, señaló que la falta de ejecución de la reforma agraria ha generado un malestar entre los campesinos que esperan tierras para trabajar.Escuche aquí a entrevista:
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Gerardo Vega Medina, por las presuntas irregularidades en la compra de un predio ubicado en Chimichagua, Cesar, por el que habrían ofrecido desde la agencia un precio muy superior a su valor real para luego ser adjudicado a campesinos de la región, a pesar de que el predio tendría una baja fertilidad, con un 32 % de tierra que no sería aprovechable para la producción agropecuaria.El Ministerio Público indagará si el exfuncionario aprobó esta adquisición por un precio que equivale a un 70 % más de su valor, y se revisará el análisis de mercado que se llevó a cabo para la presentación de la millonaria oferta.El organismo de control revisará si para determinar el valor a pagar en la agencia habrían hecho comparaciones con otros cuatro predios similares en la región encontrados a través de páginas web y que oscilan entre los $1.000 y los $4.800 millones, a pesar de lo que aparentemente se ofrecieron $8.500 al vendedor y la cifra final oscilaría los $5.000.Ahora, la Procuraduría practicará las pruebas necesarias con el fin de establecer si hubo conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
La salida de su cargo del director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, no ha sido un tema menor, las diferencias con la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica y su marcado distanciamiento deja muchos interrogantes sobre su paso por esa dirección.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, entregó detalles sobre lo que él ha llamado una campaña de desprestigio y calumnia.“Desde el Ministerio de Agricultura filtran información para desprestigiar la labor que hicimos y para desprestigiarme a mí como persona”, inició.Y agregó que, desde esa cartera, “Cuando quieren hacer daño, desprestigian, desprestigian, calumnian, calumnian, y luego, tal como lo hizo el ministerio este fin de semana en un trino, te echan todos los organismos de seguridad encima para que te metan a la cárcel. Y lo que sigue es el asesinato físico”.Sobre las razones de su salida de la Agencia, reveló que el presidente deseaba hacer un cambio, por lo cual simplemente la renuncia fue solicitada y él la pasó.“A la media hora presenté la renuncia y a los ocho días fue aceptada la renuncia. Y yo lo que sé del presidente es que él quiere que esto se haga más rápido. Quiere que se haga más, que entregue la tierra rápido, que se haga más rápido”, explicó.Gerardo Vega, el director saliente, dirigió anteriormente la Fundación Forjando Futuros y está en la ANT desde que Cecilia López era ministra de Agricultura. A la salida de Vega se suman otras que se han conocido, como la del director de Colombia Compra Eficiente, Stalin Ballesteros, y la del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González.Estos movimientos se han dado tras un consejo de ministros, que se desarrolló en días pasados y en el cual el presidente Gustavo Petro manifestó su inconformidad con algunos proyectos y la ejecución de algunas carteras.Escuche aquí la entrevista:
Si bien el pasado 17 de octubre el Congreso de la República eligió a Vladimir Fernández como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de Alejandro Linares Cantillo, el Consejo de Estado debe revisar una tutela radicada contra la terna presentada por el presidente Gustavo Petro para dicho proceso.Se trata de un tutela impulsada por los abogados y docentes María Carolina Olarte, Juan Sebastián Ceballos, Esteban Hoyos Ceballos, (este último decano de Derecho de la Universidad Eafit) alegando que no se adelantó una convocatoria pública previa de la que se escogería los ternados.“Esta forma de integrar la terna vulneró nuestro derecho político fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público, garantizado en las normas constitucionales antes referidas, ya que nos privó de la posibilidad de participar en el control los nombres de los candidatos ternados de forma previa a la configuración de la terna e, incluso, nos dejó sin la oportunidad de siquiera examinar si postulábamos nuestros nombres al cargo”, dice el documento de la tutela.En esa medida, los demandantes pedían dejar sin efectos la terna que estaba conformada por Vladimir Fernández, Cielo Rusinque y Gerardo Vega, así como pedirle al Consejo de Estado que ordenara al presidente, adelantar la mencionada convocatoria pública.Y aunque la elección ya se surtió y la tutela fue presentada el 12 de octubre, no ha sido fallada de fondo porque lo que el alto tribunal debe continuar con su estudio y definir o no si hubo fallas en el cumplimiento del debido proceso.Le podría interesar:
Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierra (ANT), salió al paso frente a las reacciones que ha generado la cuestionada propuesta de una expropiación exprés que permitiría en cuestión de 21 días, quitarle la propiedad de un predio a una persona.El director manifestó desde Medellín que se trata de una herramienta que permitirá agilizar al máximo el cumplimiento del punto uno del acuerdo de paz con las Farc relacionado con la reforma rural integral."Buscamos que la gente tenga la tierra ya, comprarla ya, de manera ágil, sin más dilaciones ni tardanzas", aseguró Vega.Además, el funcionario procuró atenuar el significado y consecuencias del término 'expropiación' manifestando que es una figura totalmente legal y usada por muchos alcaldes en las principales ciudades del país."Para comprar los predios del metro, para hacer una avenida los alcaldes todos los días compran de manera voluntaria, pero cuando se trata de los campesinos no quieren que compremos rápido", puntualizó.Según Vega, desde la entidad han procurado continuar con el diálogo constante que los ganaderos han sostenido con el Ministerio de Agricultura, en cabeza de la exdirectiva de esa cartera, Cecilia López, y que ya varios han manifestado su voluntad de vender en zonas como Córdoba y el Magdalena Medio antioqueño.La reciente propuesta de la ANT se conoce horas después de que La nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, asegurara, en Mañanas Blu, que el Gobierno nacional no tiene la necesidad de impulsar la iniciativa, ya que la expropiación está contemplada en la ley.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia entregó este martes títulos de propiedad de 3.000 hectáreas a 115 familias campesinas que llevaban esperando estas tierras más de 10 años, en los municipios de San José, Retorno y Calamar, que hacen parte de la Zona de Reserva Campesina del Guaviare (este).El coordinador de las Unidades de Gestión Territorial (UGT) Oriente, Gonzalo Agudelo, expresó en un evento que el propósito es "que más campesinos sean propietarios de la tierra, que han trabajado por años y han hecho producir en este departamento", donde "empieza la transición de la Orinoquía con la Amazonía".El coordinador también dijo que gracias al trabajo articulado con líderes sociales, alcaldes y la Gobernación del Guaviare se ha podido llegar hasta este territorio.Uno de los beneficiarios fue Carlos Sogamoso, quien esperó 12 años la titulación de su posesión.Para él, tener una tierra genera sentido de pertenencia e incrementa su productividad, ya que se sienten "propietarios de los terrenos donde se ha venido trabajando por tantos años y se abre la posibilidad de acceder a programas y beneficios" a los que antes no podían.La entrega de títulos de propiedad es una de las grandes apuestas del Gobierno de Gustavo Petro, que se enmarca en la reforma agraria que busca impulsar y desarrollar.En el Guaviare, la ANT busca fortalecer el desarrollo del departamento aumentando la producción a nivel nacional de chontaduro, queso, cacao y frutos amazónicos como asaí, sacha inchi y cacay.En este sentido, la agencia gubernamental adelanta con la Gobernación del Guaviare un convenio que permitirá la aplicación de una oficina de la ANT en este departamento para que sus habitantes no se tengan que desplazar a Villavicencio, en el departamento del Meta, para adelantar los trámites con la entidad.
Desde Neiva, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, indicó que además de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), hoy se tienen más de 1.700.000 ofertas para la compra de tierras que harán parte de la Reforma Agraria Rural Integral.“Hoy en oferta hay más o menos 1.700.000, de los cuales han llegado ofertas no solo de Fedegan sino también hay un cúmulo de ofertas que se le hicieron comunidades indígenas, comunidades negras, campesinos y otras ofertas individuales que han llegado a la correspondencia de la Agencia Nacional de Tierras”, puntualizó.Entre los oferentes también esta la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que hoy tienen predios que han sido entregados por grupos paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, los cuales deben ser destinados al pago de indemnizaciones a personas que han sido afectadas por el conflicto armado.“Son varias las ofertas que hemos recibido entre ellas está la de la Unidad de Víctimas, son 33 predios que tienen que fueron recibidos en el proceso de Ley de Justicia y Paz, que devolvieron grupos paramilitares en su momento o miembros de la Autodefensas y ellos lo que necesitan es monetizarlas, convertirlas en dinero, para con ese dinero indemnizar a las Víctimas”, señaló Vega Medina.Estas tierras que comprará el Gobierno nacional serán entregadas a los campesinos de Colombia. Así mismo, aseguró que están dispuestos a recibir otros ofrecimientos de compra de tierras desde otros sectores.Durante su visita a Neiva Vega, además, hizo entrega de 286 títulos de propiedad a campesinos de 12 municipios del Huila: Pitalito, Isnos, San Agustín, Saladoblanco, Paicol, Campoalegre, Santa María, Íquira, Teruel, Oporapa, La Plata y Neiva.Para facilitar la implementación de la Reforma Agraria, estas entregas cuentan con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al igual que con las alcaldías municipales y oficinas de registro de instrumentos públicos para la convocatoria o notificación a la ciudadanía.Fueron en total 217 hectáreas las entregadas por la ANT a familias campesinas de la región.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, explicó en Mañanas Blu qué sigue tras la firma, entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), de un acuerdo marco para la compraventa de tres millones de hectáreas de tierras que serán destinadas a la reforma agraria.Para Vega, la Agencia Nacional de Tierras será la encargada de realizar las compras y el IGAC (Instituto Geológico Agustín Codazzi) el que se encargará de hacer el avalúo por hectárea.“Todo esto estará liderado por la ministra Cecilia López. Ella este fin de semana lo estará aclarando permanentemente. Tierra que esté saneada, que no esté en proceso de restitución, como lo ha explicado el presidente de la república. Se está buscando crear un fideicomiso que permita hacer eso de manera más rápida”, añadió.Sobre la ubicación de las tierras que se tienen proyectadas comprar, Vega manifestó que, principalmente, están ubicadas, en buena parte, en la altillanura y no en los extramuros.“Será, en primer lugar, tierra fértil, en la zona agraria, en la zona de la altillanura, en donde están las tierras fértiles de Colombia, no puede ser en los extramuros”, dijo el funcionario.Añadió que la manera cómo se distribuirán las hectáreas aún está por construir, aunque recordó que hay un cúmulo de solicitudes que van desde el liquidado Incora.“Hay unas solicitudes que vienen desde hacen mucho tiempo atrás, que vienen desde el Incora, que no se han resuelto. Viene desde el Incora, desde el Incoder, desde la Agencia Nacional de Tierras. Allí hay un cúmulo de solicitudes de gente que necesitan tierras”, añadió.En ese sentido, Vega aclaró que en total hay 139.000 solicitudes, las cuales deberán ser actualizadas y analizadas¿Cuándo inicia la distribución de tierras?Gerardo Vega explicó que la distribución debe comenzar este mismo año y que para eso se debe diseñar un nuevo proceso, nuevas metodologías.¿Quiénes serán los beneficiarios de la distribución de tierras?De acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Tierras, la distribución será para quienes no sean propietarios, principalmente para campesinos.“Es para gente que no tienen tierras, para campesinos o campesinas que no tienen tierras o no tienen suficientes. Desde luego, habrá asociaciones cooperativas, gente de los desmovilizados de las Farc, donde están los municipios PDET, pero en principios son para quien no tiene tierras”, puntualizó.¿Cómo se definirá cuántas hectáreas de tierras les darán a las familias?“Eso está regulado técnicamente, no es que una persona decida arbitrariamente. Depende de la calidad de la tierra en el área, municipio o vereda. Esa información la da la UPRA para que, en determinado sector, un proyecto sea productivo.El director de la Agencia Nacional de Tierras explicó que no es lo mismo una hectárea de plátano entre Turbo y Apartadó, donde vale mucho, a una hectárea en otra zona del país.“Eso depende de la calidad de la tierra, de los servicios, de las conexiones que tengan, de eso depende el número de hectáreas que se requieren”, puntualizó.¿Cómo se garantizará que los proyectos sean productivos?Vega explicó que la Agencia de Desarrollo Rural se encargará de verificar que los proyectos para las tierras entregadas sean viables y se ejecuten.“La Agencia de Desarrollo Rural, liderada por Diego Bautista, será la encargada de eso. Ellos están presentando los planes para acompañar. Nosotros vamos diciendo: ‘es esta tierra, tantas hectáreas y estas familias’ y ellos van diciendo: ‘esas tierras son aptas para esto y esto”.Escuche al entrevista completa aquí:
