La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) el expediente del general retirado Mario Montoya Uribe. Este movimiento se da ante la negativa del excomandante del Ejército de reconocer su responsabilidad en más de 100 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, ocurridas en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2003.Según la magistrada Catalina Díaz, las pruebas contra Montoya son contundentes y evidencian su contribución dolosa al patrón macrocriminal que resultó en la muerte y desaparición de al menos 118 personas, presentadas como bajas en combate mientras el militar lideraba la IV Brigada del Ejército Nacional. Sin embargo, el silencio del general retirado ha obligado a la JEP a trasladar el caso a la UIA, que ahora debe decidir si lo acusa formalmente o solicita la preclusión del proceso.Giovanni Álvarez, director de la UIA, explicó las diferencias entre el estándar probatorio que exige la JEP y el requerido por la fiscalía de esta unidad. “Aquí el fiscal no solo tiene que probar la ocurrencia de los hechos y la presencia del implicado, sino también demostrar su grado de participación y responsabilidad”, indicó. Aunque el término máximo para investigar es de dos años y medio, Álvarez destacó la necesidad de actuar con agilidad para optimizar las pruebas ya recopiladas.En este caso, la UIA prevé practicar nuevas pruebas para fortalecer el expediente, especialmente en un escenario adversarial, dado que Montoya no acepta los cargos. “Siempre es necesario practicar nuevas pruebas por el estándar probatorio que tenemos que cumplir”, afirmó Álvarez, resaltando que las investigaciones serán exhaustivas y buscarán llenar cualquier vacío probatorio.La posibilidad de involucrar a expresidentes como Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos también está sobre la mesa si los fiscales consideran sus testimonios esenciales. Según Álvarez, esto podría realizarse mediante comparecencias presenciales o certificaciones juradas, debido a su calidad de exmandatarios.
En la mañana de este miércoles, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir a la Unidad de Investigación y Acusación el caso del general (r) Mario Montoya por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos en el marco de los casos de ‘falsos positivos’ ocurridos mientras se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército entre 2002 y 2003.Entre los argumentos presentados por los integrantes de la Sala para remitir este caso se destaca que el general (r) Montoya no reconoció su responsabilidad en el surgimiento y la consolidación de un patrón macrocriminal, en el que al menos 118 personas fueron asesinadas y desaparecidas para presentarlas como falsas bajas en combate en el Oriente antioqueño.“En su investigación, la Sala determinó que el general (r) Montoya Uribe: 1) mintió sobre la producción de bajas (muertos) pertenecientes a las Farc-EP, incluso para encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza; 2) presionó a los miembros de las unidades militares adscritas a la IV Brigada, midiéndolos, comparándolos e intimidándolos para que produjeran bajas a toda costa; 3) cuando se dirigía a sus subordinados, empleó constantemente un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre e incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal; y 4) rechazó el reporte de capturas, incautaciones y otros resultados operacionales distintos de las bajas, considerándolos resultados operacionales indeseados”, señala la JEP.La UIA, que actúa como la fiscalía de la JEP, será la encargada de continuar con la investigación y decidir si lo acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) del Tribunal Especial para la Paz, donde seguiría el proceso adversarial. De ser hallado culpable, Montoya Uribe se enfrentaría a una condena de hasta 20 años de cárcel.Cabe señalar que Montoya aún enfrenta una investigación de la Sala de Reconocimiento en el marco de hechos ocurridos mientras era comandante del Ejército Nacional entre 2005 y 2008.
En las últimas horas, se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le negó por segunda vez una solicitud al general en retiro Mario Montoya con la cual buscaba anular la imputación en su contra por falsos positivos en Antioquia. Casi al mismo tiempo el Gobierno de Estados Unidos anunció que prohibía la entrada a ese país a Montoya, quien fue comandante del Ejército.Jacqueline Castillo, quien es vocera de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, se refirió al tema y asegura que apoya las dos decisiones tomadas este jueves en el caso de Montoya."Celebramos esta decisión que ha tomado Estados Unidos en negar la entrada al señor Mario Montoya, nos parece excelente y ojalá otros países también tomaran esta decisión porque sabemos que hay otros militares que se han ido a vivir a otros lugares. También acompañamos la decisión de la JEP de no darle nulidad al proceso que se le lleva a Mario Montoya, son importantes estas decisiones", señaló Castillo.Por su parte el abogado Germán Romero, quien representa a algunas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pidió que el proceso de Montoya avance en la JEP."Pese a esta decisión sigue generando preocupación que al día de hoy la jurisdicción no haya hecho avances sustanciales frente a la situación de Mario Montoya Uribe, hace 5 años estuvo lista una imputación por parte de la Fiscalía por crímenes cometidos en todo el país cuando el fue comandante del Ejército, el recurso que se decidió hoy solo abarca su periodo como comandante de la cuarta brigada", dijo Romero.En el mismo sentido se pronunció sobre la decisión de Estados Unidos: "Es una decisión autónoma de ese país, pero es importante que Estados Unidos empiece a reconocer la responsabilidad por haber formado a este tipo de oficiales a través de la escuela de las Américas y la asistencia técnica que le dieron al Ejército", agregó el abogado.
La Sección de Apelación de la JEP decidió declarar improcedente la solicitud de nulidad que presentó el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, quien fue imputado por su responsabilidad en casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia mientras él comandó la Brigada Cuarta.“La Subsala consideró que tenía bases suficientes para señalar, entre otros, al compareciente MONTOYA URIBE como máximo responsable en calidad de autor por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, en su calidad de comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, dada su posición de garante por competencia institucional y en atención al ejercicio de tal calidad en la configuración de los patrones macrocriminales analizados por la SRVR en el ADHC”, explicó la JEP.Montoya pidió anular dicha imputación y en una primera medida esa solicitud fue negada, por lo que su abogado volvió a apelar.“Mediante escritos del 17 y 24 de mayo de 2024, el representante judicial del compareciente interpuso de forma oportuna el recurso de apelación contra el auto 024 del 6 de mayo de 202445. Fundamentó su inconformidad en cuatro ejes temáticos: (i) Sobre la imputación como autor por instigación a título de dolo, cuestionó la decisión de la SRVR pues en su criterio los títulos de “autor” e “Instigador” usados por la Sala de justicia implican una mixtura de figuras legales, en tanto el primer vocablo alude al dominio del hecho y el segundo no. Situación que resulta confusa, incoherente e incomprensible para el compareciente y deviene en un vicio del consentimiento de cara a una posible aceptación46. (ii) La falta de enunciación de los hechos” explica la JEP.La defensa aseguraba que algunos hechos imputados se encuentran fuera del rango temporal en el que Montoya ejerció la comandancia en dicha Brigada y que habría violaciones a los derechos en el proceso.“Ninguno de los disensos que elevó el representante judicial del señor MONTOYA URIBE configura una violación a sus garantías y derechos fundamentales, pues de lo conocido por la SA en el trámite, no es posible acreditar los principios, reglas y subreglas que regulan las nulidades ante la JEP. Por un lado, esta Sección referirá que lo alegado respecto al ADHC son aspectos sustanciales que no pueden ser objeto de nulidad, pues hacen parte de la esfera valorativa de la SRVR, lo que deviene inevitablemente en una improcedencia de la solicitud de nulidad respecto a la controversia tanto en la imputación realizada por la Sala de Justicia como por la forma en que relacionó los hechos jurídicamente relevantes en el ADHC. Luego de analizar los argumentos de disenso, él a que consideró que el procedimiento dialógico adelantado cumplió con las garantías procesales que le asisten al compareciente y que, contrario a lo sostenido por el recurrente, no hubo afectación de los derechos fundamentales al debido proceso. Como quedó reseñado, en la solicitud de nulidad se realizó una amplia serie de reproches, por lo que cabe aclarar que la SA solo se ocupará de verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedibilidad de los cargos de nulidad, en los que se insiste en la vulneración de garantías procesales por la indebida valoración de ciertos elementos materiales probatorios y, por otra parte, debido a la ausencia de traslado de algunas versiones voluntarias que lo incriminan”, resolvió la JEP.Ante esta situación, la Sección de Apelación declaró desierta la solicitud de Montoya.“REVOCAR el numeral CUARTO del auto SUB-D SUBCASO ANTIOQUIA- 024 del 6 de mayo de 2024 y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por el representante judicial del compareciente señor Mario MONTOYA URIBE, frente a los cargos de formulación de imputación, determinación de los hechos y conductas y valoración probatoria, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.Segundo.- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el abogado del compareciente MONTOYA URIBE en relación con la vulneración del debido proceso por la ausencia de traslado probatorio deprecado, al no cumplirse por parte del apelante la carga argumentativa conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.Tercero.- En firme esta providencia, DEVOLVER las diligencias a la Subsala D de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, para lo de su competencia”, dice el auto.De esta manera, el general en retiro Mario Montoya deberá enfrentar un juicio adversarial, de ser vencido podría pagar 20 años de prisión.
Estados Unidos anunció que prohibió la entrada al país al excomandante del Ejército Mario Montoya Uribe, general retirado y acusado de ser uno de los autores de los llamados "falsos positivos", por "graves violaciones" a los derechos humanos."Existen pruebas creíbles de que durante su mandato, Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se informaron falsamente como muertes en combate durante el conflicto armado interno de Colombia", dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.La Administración de Joe Biden decidió sancionar al excomandante por participar en "graves violaciones de los derechos humanos" y, como resultado de esta decisión, Montoya Uribe y sus familiares directos "no tienen derecho a entrar a Estados Unidos"."Estados Unidos ha apoyado con orgullo la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia desde su firma en 2016. Nos sumamos al pueblo colombiano para conmemorar su octavo aniversario este noviembre", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.Blinken afirmó que Estados Unidos seguirá respaldando "una paz duradera en Colombia que reconozca las necesidades de las víctimas y los supervivientes".Asimismo, encomió la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para "poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto".El año pasado, la JEP acusó al general retirado Mario Montoya, junto a otros 8 militares, de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes.
La Sala de Reconocimiento de la JEP citó al excomandante del Ejército general (r) Mario Montoya y al general (r) Leonardo Gallego para que entregue información sobre algunas operaciones realizadas en la Comuna 13 de Medellín entre los años 2001 y 2003.“La investigación indica que, durante esos periodos, se habrían cometido crímenes por parte de miembros de unidades adscritas tanto a la Cuarta Brigada como a la MEVAL, en el marco de varias operaciones realizadas por la fuerza pública en la Comuna 13 de Medellín, entre los años 2001 y 2003, entre esas la ‘Operación Orión’”, señaló la JEP.Es importante recordar que el general en retiro Mario Montoya fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre los años 2001 y 2006, mientras que Gallego fue comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, entre 2000 y 2003.“La JEP sustenta el llamado a versión de estos oficiales en varios informes de organizaciones de víctimas y en las versiones de otros miembros de la fuerza pública que ya han entregado versión dentro del Caso 08, específicamente, entre noviembre de 2023 y agosto de este año. Las fechas de las diligencias en Medellín y Bogotá serán anunciadas a los comparecientes mediante oficio”, explicó la JEP.
La JEP imputó al general en retiro Mario Montoya Uribe por más de 100 casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia entre 2002 y 2003, cuando comandó la cuarta brigada, con sede en Medellín."En la brigada cuarta, la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar muertes en combate como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados del Ejército", señaló la JEP.En horas recientes, el excomandante del Ejército le solicitó a la JEP la nulidad de esta imputación.“Con fundamento en lo expuesto solicito a los honorables magistrados de la Srvr de la Jurisdicción Especial para la Paz de conformidad con los numerales 2 y 3 del artículo 306 de la Ley 600 de 2000 decretar la Nulidad del auto SUB D – subcaso Antioquia– 062 del 30 de agosto de 2023, y como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la imputación efectuada al señor General Mario Montoya Uribe”, señaló su defensa.El general Montoya asegura que se le vulneró el derecho a la defensa.“El 30 de agosto de 2023 se profirió por parte de la SRVR el Auto que hoy es objeto de solicitud de nulidad, sin que previamente se le corriera traslado ni al Compareciente General (RA) Mario Montoya Uribe ni a su representante judicial las observaciones que por escrito hubiesen presentado la representación de víctimas o el Ministerio Público como ha ocurrido en otros autos de determinación de hechos y conductas dentro de los Sub-casos costa Caribe, Casanare y Santander”, señala Montoya.En el mismo sentido, explica que hubo una indebida formulación de la imputación:“Considera esta defensa que la formulación de una imputación no debe obedecer a un simple capricho, sino con la suficientes bases legales y constitucionales como garantía al debido proceso; de manera que hasta este punto, ha quedado en evidencia que estas incongruencias e inconsistencias en que ha incurrido la sala, ya por sí mismas generan un defecto sustancial en la providencia judicial de cara a los presupuestos necesarios en aras al control de legalidad sobre la decisión cuya ambigüedad, además de viciar el consentimiento de cara a una posible aceptación o no de responsabilidad, a todas luces constituye una violación de las garantías judiciales del general Mario Montoya Uribe”, explica su defensa.En el mismo sentido, la defensa ha determinado que en algunos casos la JEP ha sacado conclusiones de algunas pruebas que realmente no estarían determinado lo que buscan probar los magistrados, con el objetivo de probar que Montoya presionaba por resultados operacionales en términos de bajas y privilegio las muertes sobre cualquier otro resultado operacional.“Si sumamos las desmovilizaciones más las capturas, se obtiene un total de 1.655 frente a los 675 de los resultados operacionales muertes en combate, a los que la sala denomina “bajas”, es decir, que del total de resultados operacionales el 71.0 3 % equivalieron a resultados operacionales diferentes a muertes en combate que representaron el 28.90 %.De tal manera que, si la política del comandante de la cuarta brigada era “privilegiar las bajas en combate” sobre cualquier otro resultado operacional, el resultado obvio esperado es que estas últimas sobrepasaran por mucho los otros resultados operacionales”, explica la defensa.Le podría interesar:
Durante la audiencia de reconocimiento por falsos positivos en Casanare, el general en retiro Henry William Torres Escalante aceptó su responsabilidad en 196 casos de ejecuciones extrajudiciales, que se presentaron mientras él comandó la Brigada 16.Lo que ha aceptado el general Torres es que presionó a las unidades bajo su mando y esto llevó a que se registraran estos casos entre 2005 y 2007.Al aceptar su responsabilidad, Torres Escalante aseguró que las presiones que él ejercía sobre los militares venían del comandante del Ejército en el momento, general en retiro Mario Montoya.“Se fundamenta en las presiones permanentes que realizaba a mis subordinados, siempre exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las muertes en combate, lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en los programas diarios que realizaba. Las presiones constantes venían desde el comandante del Ejército general Mario Montoya, de la Cuarta División general Guillermo Quiñonez y del mío como comandante de la Brigada 16”, señaló Torres.Por otro lado, aseguró que las muertes se convirtieron en números y porcentajes en la Brigada 16 y que muchas de las personas que cometieron estos homicidios recibieron premios, medallas y viajes, e incluso los felicitó públicamente; además, no adelantó las investigaciones exhaustivas, pues señala que esto a él le servía, ya que de esta manera se posicionaba la Brigada ante los altos mandos.“Tuvimos varias veces en la Brigada la visita del presidente Álvaro Uribe, estaba la población, estábamos las autoridades que teníamos responsabilidad de seguridad en el departamento y pues las personas empezaban a quejarse todo el tiempo de seguridad y él daba instrucciones en forma dura también hacia los comandantes de Policía, Ejército y DAS, y decía que si no podíamos con el cargo pues que avisáramos para que él pudiera gestionar un relevo”, explicó Torres.El general en retiro también reconoció que hubo algunas alertas que él no tuvo en cuenta.“En varias ocasiones se produjeron que había resultados operacionales o muertes en combate y al momento de los levantamientos le manifestaban que no aparecían las armas. Posteriormente, al hacer el levantamiento, ya tenían armas y yo nunca dije nada, me volví un alcahueta”, finalizó Torres.Vea también
El general en retiro Mario Montoya comandó la cuarta brigada del Ejército, con sede en Medellín, desde el 2002 al 2003. Según la JEP, Montoya es responsable por 130 casos de falsos positivos.“Montoya mintió sobre la producción de bajas pertenecientes a las Farc y se mostró dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza”, señaló la magistrada Catalina Díaz.Tras esta decisión de la JEP, Jacqueline Castillo, vocera de víctimas de ejecuciones extrajudiciales aseguró que las investigaciones deben seguir avanzando, pues considera que el excomandante del Ejército podría ser responsable por otros casos en otras zonas del país.“Sabemos que no es tal vez ni el 10 % de todos los hechos victimizantes que vivimos de los mal llamados falsos positivos, pero consideramos que vamos por buen camino y tendremos nuevamente esperanzas de encontrar justicia”, señaló Castillo.El general Montoya tiene un plazo de 30 días para responder si asume o no responsabilidad por estos casos, si decide no hacerlo, enfrentará un juicio y de ser vencido podría pagar hasta 20 años de prisión.Asimismo, la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch también se refirió a la imputación de Montoya en las últimas horas.“Celebramos la histórica imputación por crímenes de lesa humanidad contra el excomandante del Ejército, Mario Montoya. La decisión avanza en determinar la responsabilidad de la cadena de mando y esclarecer los incentivos perversos detrás de los falsos positivos”, señaló Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch.Le puede interesar:
Luego de que la Justicia Especial para La Paz imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) Mario Montoya y a ocho militares más por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente antioqueño, Catalina Díaz, magistrada de la JEP, explicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, qué sigue en el proceso de juzgamiento contra Montoya.La magistrada Díaz, quien hace parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de hechos y conductas de la JEP, explicó que tras la imputación de cargos contra el general (r) Montoya, ahora quedan dos posibles caminos: reconocer la responsabilidad o insistir en su inocencia."Si reconoce será remitido al Tribunal de Paz que tiene la competencia para imponer la sanción restaurativa, que no es cárcel; si insiste en su inocencia irá a la JEP para seguir un proceso adversarial que puede culminar con sentencia de hasta 20 años de cárcel", detalló la magistrada de la JEP.Según expuso Díaz, "Él (Montoya) no dio una orden directa de asesinar civiles, pero mostró en rueda de prensa ante los medios, civiles que habían caído en una emboscada militar sabiendo que se trataba de civiles dijo que los iba a presentar como del frente noveno de las Farc". Esta actuación, agregó, fue calificada "como una disposición a mentir frente a resultados"."Nosotros encontramos una serie de evidencias que fundamentan la autoría. La primera es que él le mintió a los medios de comunicación del país, sabiendo que habían civiles que cayeron en una emboscada militar. Él en versión voluntaria reconoció esos hechos", insistió.¿Por qué se dieron los 'falsos positivos' en Antioquia?Por otra parte, la magistrada Díaz señaló que el Oriente de Antioquia "concentra más hechos que cualquiera de los otros departamentos, el segundo es el Meta, y el Oriente concentra más hechos que el Meta". Esto, dijo, debido a que esa subregión del departamento "fue uno de los territorio críticos".Finalmente, señaló que con todo el proceso investigativo de la JEP, se ha logrado demostrar que los 'falsos positivos' fueron "un patrón recurrente en todo el país", por lo que continuarán investigando, pues han concluido que "esto no puede ser coincidencia".
