El general en retiro Henry Torres Escalante aceptó la imputación como máximo responsable por falsos positivos en el departamento del Casanare, pues él fue comandante de la Brigada XVI del Ejército, con jurisdicción en esa zona del país. En su escrito de reconocimiento aseguró que sentía vergüenza por lo sucedido y pidió perdón a las víctimas por esos "horribles hechos"."Ahora bien cómo base de mi reconocimiento y como lo he manifestado en mis intervenciones en el proceso dialógico ante esta jurisdicción, mi responsabilidad se funda en las presiones permanentes que hice a mis subordinados, mismas que me eran aplicadas por parte de mis superiores, exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las bajas en combate lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en la unidad que comandaba, cuando debía ejercer una comandancia mesurada en la emisión de órdenes”.Por otro lado, explica que debió hacer mas esfuerzos en el control y supervisión de las actuaciones de sus subordinados y que hizo llamados de atención fuertes a los subalternos que no reportaban bajas, les decía que podían ser relevados o trasladados.“Estas exigencias y presiones indudablemente incidieron en que algunos miembros de la brigada motivados por cumplir con mis demandas y la de sus superiores directos para sobresalir o conservar su posición en la institución, mejorar sus calificaciones en los folios de vida, contar con la oportunidad de permisos, entre otros, se articularon en la mecánica fraudulenta y lograr objetivos operacionales a toda costa”.También explicó que consideraba que había una batalla jurídica contra el Ejército cuando algunos soldados eran acusados de cometer falsos positivos, y creía que eran montajes judiciales contra los soldados y por eso no cayó en cuenta en las actuaciones ilegales.“A pesar de haber ordenado investigaciones para indagar sobre el contenido de las quejas no se hicieron en la debida forma por parte de los funcionarios competentes, situación que de haber actuado dentro de las funciones de mi cargo no hubiese ocurrido, ninguna de las investigaciones arrojó resultados concretos y definitivos, muchas, por no decir todas, facilitaron la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes”.Explica que el comandante del Ejército en temas operacionales tenía como uno de sus criterios las bajas en combate y Torres Escalante asegura que cayó en la irresponsabilidad de exaltar a quienes entregaban resultados operacionales, lo que incrementó las presiones en los soldados.“Acepto que muchas de las personas que realizaron estos homicidios en personas protegidas y desapariciones forzadas en contra de la población civil recibieron reconocimientos y felicitaciones de mi parte, sin haber adelantado investigaciones exhaustivas por los hechos, por el contrario fueron premiadas por solicitud mía al comando superior con medallas con decoraciones cursos y viajes”.En el mismo sentido pidió perdón a las victimas y dijo que está comprometido con la reparación y la no repetición, e incluso de ser necesario, asegura, que en una audiencia pública pedirá perdón y reconocerá lo sucedido.“Con la valentía que reviste un soldado de la patria para reconocer sus errores, por execrables que fuesen, me pongo de pie ante las víctimas y sus familiares para aceptar con vergüenza la responsabilidad que me corresponde asumiendo que mis conductas omisivas y la presión a mis subordinados para que en el desarrollo de las operaciones militares produjeran el mayor número posible de bajas en combate fueron determinantes para la ocurrencia de los lamentables hechos que enlutaron sus hogares”.Escuche el podcast El Camerino:
El general Henry William Torres Escalante es procesado por la justicia por su supuesta participación en por lo menos 60 ejecuciones extrajudiciales, que le sindican a la Brigada XVI del Ejército cuando él la comandaba. En julio de este año, reconoció, por primera vez, su responsabilidad ante la JEP.Uno de los hechos más trascendentales fue el homicidio de Daniel Torres y su hijo Roque Julio, de 16 años, quienes fueron asesinados en Casanare en el 2007 y presentados falsamente como guerrilleros del ELN dados de baja en combate.La nueva polémica surge porque el pasado martes el general Escalante dictó un seminario sobre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a un grupo de oficiales del Ejército. El seminario era sobre las lecciones aprendidas y la experiencia de la XVI Brigada del Ejército Nacional de Colombia 2006-2007.A pesar de la indignación de algunas víctimas, fuentes del Ejército explicaron que el general fue el que pidió dictar el seminario como parte de sus compromisos con la JEP y que fue, justamente, para contar su experiencia cuando comandó la XVI Brigada. El Ejército aún no da una respuesta oficial ni ha contestado a BLU Radio.
Este martes comparecerá ante la Justicia Especial para la Paz el general en retiro Henry Torres Escalante, acusado de falsos positivos.A las 11:00 de la mañana es una cita con la historia. La JEP tendrá su esperado debut pese a las críticas, los cuestionamientos o las interpretaciones jurídicas. Y ese estreno será con un militar.El general Torres Escalante es acusado de falsos positivos que habrían ocurrido cuando el exmilitar fue comandante de la Décimo Sexta Brigada con sede en Casanare.Este miembro en retiro de la Fuerza Pública, a diferencia de exguerrilleros de las Farc, se acogió voluntariamente a la JEP y ahora su primer compromiso será firmar un acta en la que promete decir la verdad.Jaime Granados, abogado de Torres, aseguró que esperan que haya imparcialidad en el proceso en la Justicia Especial para la paz.“Lo que el general espera es que exista una justicia ecuánime, una justicia imparcial como lo exige el acto legislativo”, dijo Granados.Añadió que Torres Escalante es coherente con la petición que hizo hace un año y que por eso no esperará los 18 meses a la creación de la sala especial exclusiva para miembros de la fuerza pública.“Como él ya se había presentado hace un año está siendo coherente con lo que hizo. Si hubiéramos sabido hace un año largo que se iba a hacer esto de pronto hubiéramos esperado”, afirmó.Por decisión de la JEP, la audiencia precedida por los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas será a puerta cerrada y tendrá tres momentos. El primero cuando el general deberá reconocer el acta que formaliza la apertura del trámite para aplicar a los beneficios de la Justicia Transicional y así se inicie su sometimiento. Es el acta que fue entregada a la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la paz cuando manifestó su deseo de acogerse.Esta acta no implica que se accede al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.En segundo lugar, el general o su abogado informarán a la Sala sobre los procesos que se han adelantado o que se están adelantan en su contra, y en un tercer momento será cuando el compareciente presentará a la sala las formas de contribución al esclarecimiento de la verdad a favor de las víctimas y la sociedad, como propuesta para resarcir el daño.Cumplido este tercer paso, que compone la solicitud del compareciente, la sala estudiará la competencia de la JEP y resolverá sobre la concesión de los beneficios, los cuales son un mar de posibilidades porque en esta audiencia es la primera donde comparece un militar, todo puede pasar ya que será la partida para que los magistrados obren y decidan. Será oficialmente la presentación de cómo actuará la JEP.Lo que sí es claro es que con este proceso de este martes el general empezará a contar la verdad sobre asesinatos de Daniel Torres y de su hijo Roque, dos campesinos de Aguazul, Casanare, que murieron en el 2007 y que fueron presentados como bajas en combate, por eso la acusación en el proceso de los denominados falsos positivos.Le puede interesar: El caso de Torres Escalante, una prueba de fuego en la JEPTorres Escalante también está vinculado al proceso por su presunta responsabilidad de mando relacionada con las acciones de varios de sus hombres, quienes asesinaron a dos campesinos para presentarlos como bajas en combate. El oficial siempre ha negado alguna participación o permisión para que tales hechos criminales fueran ejecutados en su unidad. Hoy esa afirmación será contrastada con su compromiso de verdad, justicia y reparación.
A 24 horas de que quede escrito en la historia de la Justicia Especial para la Paz el sometimiento del primer militar acogido a este tribunal, la JEP confirmó que será una diligencia a puerta cerrada.Blu Radio pudo establecer que el general Henry William Torres Escalante asistirá a la audiencia programada para este martes a las 11:00 de la mañana. Será llevado a la JEP y estará acompañado de su abogado, Jaime Granados.El general, primer militar en llegar al tribunal especial, comparecerá ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas donde deberá reconocer el acta que formaliza la apertura del trámite para aplicar a los beneficios de la Justicia Transicional y así se inicie su sometimiento.Durante la audiencia, de acuerdo con la resolución de la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas, se protocolizará el siguiente procedimiento: primero el general reconocerá el acta de sometimiento que fue suscrita en su momento ante la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz, sometimiento que -sea dicho de paso- no implica que se accede al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.En segundo lugar, el general o su abogado informarán a la Sala sobre los procesos que se han adelantado o que se adelantan en su contra y en un tercer momento será cuando el compareciente presentará a la Sala las formas de contribución al esclarecimiento de la verdad a favor de las víctimas y la sociedad, como propuesta para resarcir el daño.Cumplido este tercer paso, que compone la solicitud del compareciente, la Sala estudiará la competencia de la JEP y resolverá sobre la concesión de los beneficios, los cuales hoy son un mar de posibilidades porque en esta audiencia, la primera donde comparece un militar, todo puede pasar ya que será la partida para que los magistrados obren y decidan.Al general en retiro se lo acusa de haber ordenado crímenes extrajudiciales cuando fue comandante de la Brigada XVI en Casanare, entre 2005 y 2007. También, de encubrir a otros oficiales involucrados en otros ‘falsos positivos’.
El Tribunal Superior de Yopal emitió una nueva orden de captura en contra del general en retiro Henry Torres Escalante, procesado por falsos positivos en el Casanare. La muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, respectivamente, lo tuvo privado de la libertad desde el 26 de marzo del 2016, cuando se entregó a las autoridades. El ente acusador aseguró que existía una decisión de Corte Suprema de Justicia que señalaba que esa libertad condicional no procedía porque el tribunal especial de paz no estaba en vigencia. Le podría interesar: Se entregó a la Fiscalía el general Torres Escalante El general Escalante fue el primer general en ser llevado a juicio por los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales de estas dos personas que fueron acribilladas en marzo del 2007 en la finca El Triunfo, situada en Aguazul, Casanare.
El general Montoya, quien tiene más de 10 procesos penales activos en la Fiscalía, fue llamado a imputación de cargos en el contexto de la investigación de diversos casos de falsos positivos a nivel nacional durante el tiempo en que fue comandante de las FF.MM en el gobierno de Álvaro Uribe. Además, se le relaciona con la muerte de 8 campesinos en el municipio de San José de Apartadó en el año 2005, en un caso de impacto mundial por la posible mediación de la Corte Penal Internacional. La masacre ocurrió el 21 de febrero de 2005, cuando 8 personas fueron asesinadas por el frente Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia con el presunto apoyo de integrantes del Ejército Nacional. Las víctimas fueron 5 adultos y 3 menores de edad, entre ellos una niña de 5 años y un bebé de 18 meses de nacido, a quienes los paramilitares mataron acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. Además, un orden de captura fue proferida contra el general Torres Escalante, quien hasta finales de 2015 fue jefe del comando conjunto número 2 de suroccidente del Ejército, comando que tiene a su cargo la operación del Ejército en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. (Lea también: General Torres Escalante, a indagatoria por caso de falsos positivos en Casanare) El general Torres fue citado a indagatoria el pasado noviembre pero no se quiso presentar. El caso de falso positivo por el que es requerido es la muerte de Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniega, padre e hijo, quienes fueron asesinados en marzo de 2007 en la finca El Triunfo situada en el municipio de Aguazul, Casanare, donde el uniformado tenía injerencia en el momento de los hechos. Las versiones preliminares apuntan a que el general Torres señaló a las víctimas como guerrilleros muertos en combate. Además, aparentemente los dos hombres tenían versiones que contarle a la justicia sobre un caso de falso positivo, razón por la que habrían sido asesinados, según la Fiscalía.
Son nueve oficiales de la Policía los que fueron llamados a calificar servicios a través de la resolución 5034 de 2024 firmada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Entre la lista se encuentra una coronel, seis tenientes coroneles y dos mayores de la institución.La lista la encabeza la coronel Lizeth Marina Casas, quien fue Jefe de la Oficina de Talento Humano de la Metropolitana de Bogotá y además ocupó el cargo de directora de la Escuela de Policía Rafael Reyes, la primera mujer en ocupar este cargo. También figura en el listado el teniente coronel Carlos Arley Salamanca, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, y el teniente coronel Marcelo Ricardo Villarte, comandante de la Policía en el departamento de Arauca.Sale también de la Policía el teniente coronel Jader Llerena, quien fue el primer comandante de la Policía del Sistema Masivo de Transporte TransMilenio en Bogotá y que salió de ese cargo por un escándalo relacionado con dos patrulleros en Soacha, por lo cual le abrieron una investigación por peculado por uso y abandono de cargo. Fue llamado también a calificar servicios el teniente coronel Juan de Jesús Cristancho y el teniente coronel Julián Manrique Quiroga, este último de la Policía en Bucaramanga.Los dos mayores que también saldrán de la Policía en los próximos días son el mayor Jhon Mario Ayala, quien formó parte de la Dirección de Tránsito y Transporte en el departamento de Antioquia y el mayor Omar Leonardo Durán.“Retirar del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios al personal de oficiales que se relaciona, a partir de la comunicación del presente acto administrativo”, indica el documento.
Billy Escobar, superintendente de Sociedades, entregó la mañana de este viernes un parte de tranquilidad frente a la estabilidad jurídica y financiera de la empresa colombo-venezolana Monómeros, luego de una visita realizada en las instalaciones de la compañía para constatar cómo se encuentra en materia societaria.Escobar, en medio del Congreso de Empresarios del Gran Caribe que sigue realizándose en Barranquilla, reveló que buscan hacer una indagación “más cercana” respecto a la intención de venta y privatización que hace casi dos semanas anunció el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dado a que existen acreedores y trabajadores que “hay que proteger”.Así las cosas, el funcionario aseguró que aunque Monómeros “es un paciente que está en observación”, por el momento se descarta que pueda entrar en liquidación.No obstante, advirtió que si el Gobierno Petro llega a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional como enviarlo a reorganización y/o liquidación, no les temblara la mano en hacerlo.“Con la misma amabilidad con la que estoy hablando, si nosotros llegamos a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional, no nos temblará la mano en hacerlo. Por el momento, todo está estable”, dijo Escobar.Aunque desconoce si el presidente Gustavo Petro ha tenido acercamientos con su homólogo Nicolás Maduro para hablar de intención de venta y privatización de Monómeros, insistió en que la postura del Gobierno sigue siendo “proteger a la empresa”, sobre todo, por su componente de seguridad alimentaria para el país.Inclusive, confirmó que antes de ayer se reunió con diez trabajadores del sindicato de Monómeros y les entregó ese mismo parte de tranquilidad, asegurándoles que cualquier actuación que se haga estará “dentro del marco de legalidad”.
Un millonario robo a un carro de valores se registró en el municipio de Convención, Norte de Santander, dejando además dos policías heridos.De acuerdo con el reporte conocido, el vehículo llevaba el dinero desde el casco urbano hacia la base militar para ser extraído vía aérea. Sin embargo, en medio del recorrido terrestre, fue interceptado junto a la escolta policial que lo acompañaba. En medio de esa interceptación al vehículo, los policías fueron atacados y dos de ellos resultaron heridos, por lo que los delincuentes lograron su cometido y robaron cerca de 2.760 millones de pesos del carro que los transportaba.Incluso, en videos aficionados de los habitantes donde se registró el millonario hurto, quedaron captadas las ráfagas de disparos generadas en medio del robo.
La Corte Constitucional volvió a hacer un pronunciamiento sobre la eutanasia, en esta oportunidad, cuestionó que se exijan signos terminales o de agonía para aplicar el procedimiento y ratificó que la eutanasia ya no se limita a las enfermedades terminales.Esto, tras fallar una tutela a favor de una mujer de 66 años que enfrentaba un intenso dolor debido a un adenocarcinoma con metástasis. Ella decidió ir a que le practicaran este procedimiento tras varios tratamientos que, según la misma paciente, fueron infructuosos para tener una vida digna.La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional falló a favor de la mujer al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad, la vida digna y el libre desarrollo de la personalidad.El Comité Técnico-Científico de la Fundación Valle del Lili había negado su solicitud basándose en criterios contrarios a la jurisprudencia vigente, como exigir signos terminales o priorizar cuidados paliativos antes de autorizar el procedimiento.De igual manera, el alto tribunal recordó que la Sentencia C-233 de 2021 amplió el derecho a morir dignamente a personas con enfermedades graves e incurables que generan sufrimientos intensos, eliminando el requisito de estar en fase terminal.El tribunal también enfatizó que los cuidados paliativos deben ser una opción, no una condición previa para acceder a la eutanasia.“La negativa de las instituciones de salud a cumplir con estos lineamientos desconoce los efectos generales de las sentencias de constitucionalidad y vulnera los derechos de los pacientes”, dice la Corte.Incluso le hacen un llamado reiterado al Congreso de la República para que puedan avanzar en la protección del derecho a una muerte digna con el único propósito, dice la Corte, para eliminar las barreras que aún existen para el libre ejercicio de la muerte.
El riesgo en el que se encuentran los personeros de Colombia, en materia de seguridad, es uno de los principales temas que se debatió este viernes en Barranquilla durante el Primer Encuentro de Oficinas de Derecho Disciplinarios.Allí, en su discurso de apertura, la procuradora General Margarita Cabello se mostró "preocupada y triste" por el reciente asesinato del personero Jimmy Rosero, de Cumbitara (Nariño), e instó al Gobierno la urgente necesidad de brindarles a los 1.104 personeros verdaderas garantías de seguridad.“Un chaleco, un botón de seguridad o un pito no son suficientes para garantizar la seguridad de las personeras y los personeros en el país. La labor que realizan es vital para el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos fundamentales, pero en muchas ocasiones termina enfrentándose a riesgos mortales”, afirmó Cabello Blanco.El pronunciamiento de la procuradora se dio minutos después del insistente llamado que hizo el personero distrital de Barranquilla, Miguel Alzate, en su calidad de presidente de la Asociación de Personería de Capitales.Alzate recordó que en estos momentos hay 110 personeros amenazados en el país y temen seguir siendo asesinados por ejercer sus funciones, como su colega de Nariño, a quien encontraron sin vida con un cartel que decía: "por sapo".Piden autonomía financieraLa procuradora Margarita Cabello fue insistente en que conviene sacar adelante "un proyecto de ley que legitime y vuelva a las personerías órganos autónomos e independientes", de modo que cada una "maneje su presupuesto y sus actuaciones no estén limitadas por el jefe de turno de cada uno de los municipios".Consideró que esto evitaría que una actuación en contra de los alcaldes de turno les implique a los personeros falta de pago o presiones en su contra.La propuesta de entrada fue respaldada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien escuchó la petición y compartió la posición de la procuradora."Sí, vamos a aceptar el reto de presentar un proyecto de ley en ese sentido, dándole autonomía financiera y esa creo que sería la base definitiva para las 1104 personerías municipales que existen en el país", dijo Cepeda.
