La consejera presidencial para la Juventud, Gabriela Posso, estuvo este domingo en el sector del Portal de las Américas en Bogotá, en donde un grupo de manifestantes protestó por la decisión del Gobierno Nacional de retirar el artículo del proyecto de ley de paz total, que buscaba el indulto para los integrantes de Primera Línea.En ese contexto, la funcionaria dijo en Blu Radio que los detenidos de Primera Línea son presos políticos, pues fueron detenidos en el marco de la protesta social y como consecuencia de “falsos positivos judiciales”.“Antes de ser consejera de Juventud, también estuve en las calles protestando, alzando la voz en defensa de la movilización popular. Hoy, la verdad, hay miles de jóvenes que salieron a la protesta, cientos de ellos perdieron la libertad de manera irregular. En total de estos prisioneros políticos, del estallido social, el 85% tiene entre 18 y 35 años. El 51% son del suroccidente del país, el 20% es de la zona central”, manifestó.A la pregunta de por qué considera que los detenidos son presos políticos, Posso respondió que muchos de los 211 jóvenes detenidos son víctimas de “falsos positivos judiciales”.“Estamos revisando caso a caso en este momento, haciendo el ejercicio de las historias de cada uno de los jóvenes. Reconocemos que gran parte de ellos son estudiantes, jóvenes que no tenían empleo, que no tenían oportunidades y que incluso aguantaban hambre en sus casas. (…) Reconocemos que hay muchos jóvenes, que por su ejercicio de la movilización fueron capturados, por una estigmatización de la juventud”, añadió.En ese sentido, la consejera presidencial, quien aclaró que no hacía parte de la Primera Línea, dijo que estos jóvenes fueron víctimas de la criminalización de la protesta de parte del Gobierno de Iván Duque.“Nosotros de este Gobierno no estamos criminalizando la protesta ni la pobreza. No hay un ejercicio de represión y se está respetando la movilización, cosa que en los gobiernos pasados no se respetó”, puntualizó.Finalmente, Posso dijo que muchos de los detenidos aceptaron cargos por presión, aunque no especificó de dónde viene la presión.Escuche la entrevista completa con Gabriela Posso en Mañanas Blu:
Este viernes, 22 de noviembre, la Alcaldía de Bogotá recorrió dos de los proyectos más importantes en materia deportiva para la ciudad: el Centro de Alto Rendimiento y el velódromo Gibraltar. En el lugar, el Distrito evidenció el estado de las obras y el avance actual de las mismas, pues su inversión llega a los 300.000 millones de pesos.¿Cómo va el Centro de Alto Rendimiento?A la fecha, las obras del centro ya completan un avance del 11,85 %. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 158.906 millones de pesos, contempla nuevas instalaciones para deportes como judo, gimnasia artística, natación y taekwondo. Además, contará con piscinas olímpicas y semiolímpicas que están proyectadas a entregarse en el segundo semestre del 2025. Con esto, se podrían beneficiar poco más de 1.7 millones de personas en toda la ciudad.¿Y el velódromo Gibraltar?Con una inversión total de 140.429 millones de pesos, este espacio será diseñado para el ciclismo de pista. El proyecto ya cuenta con un avance del 11,6 % y tendría un impacto directo en casi 600 mil personas. De acuerdo con el Distrito, el velódromo busca certificar su pista bajo el estándar de la Unión Ciclista Internacional en las categorías de C1 y C2.“La elección de Kennedy y Bosa como sede para el Centro de Alto Rendimiento y el velódromo Gibraltar no es casualidad; es una zona que históricamente ha forjado a los mejores ciclistas y parte de los más destacados deportistas de Bogotá. Aquí nacen los campeones, y estos escenarios están diseñados para que sigan conquistando nuevas metas”, dijo el director del IDRD, Daniel García.De momento, desde el Distrito aseguran que las obras de los proyectos no cuentan con retrasos. Incluso, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reiteró el impacto positivo de la iniciativa. “Estamos transformando espacios que en el pasado representaban problemas ambientales y sociales, en motores de desarrollo y orgullo para Bogotá. Estas obras son un ejemplo del trabajo articulado entre las entidades distritales y la comunidad”, finalizó Galán.
A más de 12 de horas de que un grupo de estudiantes decidiera bloquear el acceso a la Sede de Investigación de la Universidad de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón se pronunció frente a estos hechos que han puesto en riesgo varios de los procesos investigativos y académicos que se llevan a cabo en este lugar cercano al campus principal de la institución en la capital antioqueña.A través de su cuenta en X, el mandatario confirmó que, con la protesta, no se permitió el ingreso de dos riñones que estaban dispuestos para ser donados, pero además, cuestionó una posible falta de alerta sobre lo que estaba sucediendo por parte de las directivas de la universidad.“Si las directivas de la universidad nos hubieran notificado, habríamos enviado a la Fuerza Pública tal y como lo hicimos en el Politécnico”, aseguró el gobernador a propósito de la reciente intervención de efectivos del antiguo Esmad en ese campus al sur de Medellín en medio de protestas que, incluso, generaron la quema de un vehículo de la Secretaría de Movilidad sobre la avenida Las Vegas.El mandatario fue claro en resaltar que “ninguna protesta puede vulnerar los derechos de los demás ni poner en riesgo la vida de nadie”.Por su parte, en un comunicado a la opinión pública, los manifestantes desmintieron que las vías de hecho que implementan se traten de un bloqueo generalizado al acceso a este sede, pues están permitiendo de manera restringida el acceso a personal que realiza asuntos prioritarios como la alimentación de animales, la muestra de pacientes con enfermedades infecciosas y el sostenimiento de otros procesos necesarios para el desarrollo de investigaciones.Los estudiantes también expresaron que mantendrán este mecanismo de presión hasta tanto no se logre la instalación de una mesa de negociación con diferentes partes para abordar la problemática financiera de la universidad que está en vilo desde hace por lo menos dos meses y donde persiste el déficit que ronda los 350.000 millones de pesos.
Un nuevo hecho de violencia sacude a Barrancabermeja. Eduardo Stiven Soto, un joven de 19 años, fue asesinado con arma de fuego en el sector conocido como La Ladrillera, en el Cerro de Oro. Este homicidio eleva a 139 las víctimas mortales registradas en la ciudad durante este año.De acuerdo con el mayor Sergio Taborda, comandante de la Policía del Magdalena Medio, la víctima recibió dos impactos de bala."En este momento ya se desplegaron todas las capacidades institucionales, lo que tiene que ver con coordinación con la Fiscalía General de la Nación, policía judicial de la Policía Nacional y del CTI, además de acciones de inteligencia para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho", aseguró el oficial.El sector donde ocurrió el crimen es conocido por ser de difícil acceso, lo que complicó la llegada tanto de las autoridades como de los medios de comunicación. Sin embargo, Taborda reiteró el compromiso de las fuerzas de seguridad para esclarecer este y otros casos de homicidio que han estremecido al municipio.En un intento por combatir la ola de violencia, la Policía Nacional mantiene activa una línea de recompensas, ofreciendo hasta 15 millones de pesos a quienes proporcionen información que permita identificar y capturar a los responsables de crímenes en la región.
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) reaccionó a la multa que interpuso la Dimayor contra los once futbolistas de Atlético Bucaramanga que salieron en la fecha 18 de la Liga BetPlay con cinta tapando sus bocas y el escudo del equipo luego de la sanción contra el entrenador Rafael Dudamel y el jugador Fabián Sambueza. Vale recordar que cada jugador deberá pagar $ 1.300.000.Por eso, el presidente de Acolfutpro, Carlos González Puche, manifestó en Blog Deportivo que el Código Disciplinarios está lleno de artículos que vulneran a los futbolistas y enfatizó en el artículo 73 se equivocó en este caso en calificar como "conducta incorrecta" la manifestación pacífica que realizaron los once jugadores que fueron titulares en el partido contra Fortaleza."No sé en qué afecte que los jugadores del Bucaramanga, en el ejercicio de su derecho constitucional a la protesta, se tapen la boca. No entiendo en qué afecta eso el desarrollo de un partido de fútbol o el desarrolló de la competencia (...) ¿Entonces el derecho constitucional dónde lo ejercen los futbolistas, en la cocina de sus casas?", cuestionó Puche.Asimismo, manifestó que los futbolistas en Colombia, así como los técnicos, no pueden expresarse libremente y están expuestos a ser sancionados de acuerdo con el criterio de los directivos de la Dimayor."Ahí tenemos la cantidad de artículos que vulneran derechos y que pedimos que cambien, modifiquen. Si no es así, tenemos que recurrir a una tutela o querella al Ministerio de Trabajo, pues la protesta es un derecho constitucional", añadió Puche.Recordó la postura que emitió la propia Corte Constitucional al reglamento de la Dimayor al enfatizar que este organismo solo puede sancionar conductas que afecten el desarrollo del juego y, según Puche, protestar con una cinta no afectó el partido Bucaramanga - Fortaleza."¿Afectaron el partido? ¿No dejaron hacer goles? ¿Insultaron al árbitro? ¿Ofendieron a alguien? Esto fue una protesta pacífica porque sus compañeros se manifestaron y fueron sancionados drásticamente", recalcó.Ahora se espera conocer si Bucaramanga apelará ante la Dimayor esta sanción económica contra sus futbolistas.
La Contraloría de Bogotá, a través de su Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, y en atención a varias denuncias de la ciudadanía, inició una actuación especial de fiscalización con el fin de establecer el estado de 181 canchas sintéticas cuyo uso y mantenimiento está a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).Hasta el momento, la Contraloría Distrital ha recorrido 60 canchas sintéticas en las veinte localidades de la capital para identificar en sitio las condiciones de estos espacios deportivos y constatar el cumplimiento de las condiciones establecidas en cada uno de los contratos suscritos para su uso y mantenimiento, y que sumados ascienden a 43.370 millones de pesos.El director de Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría, Camilo Quiroz, manifestó que están haciendo este trabajo corroborando que las condiciones contractuales bajo las cuales se firmaron esos convenios se estén cumpliendo en terreno y que especialmente cada uno de estos escenarios beneficien de manera óptima a la comunidad.Dentro de las quejas de los ciudadanos allegadas al organismo de control, reportan dificultades para acceder a estos escenarios deportivos, deterioro y precariedad de la mayoría de canchas sintéticas, falta de baños, baja luminosidad, problemas de inseguridad y consumo de sustancias psicoactivas.
