Un estallido de violencia es lo que ha dejado hasta el momento la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro. A la mano tendida del gobierno, las disidencias de las Farc y el ELN han respondido con ataques terroristas que han expandido su dominio en el país y desatado una nueva ola de desplazamientos.Blu Radio constató la situación desde las regiones y evidenció que Colombia ha experimentado un notable retroceso en áreas clave como la seguridad, las condiciones humanitarias y la construcción de paz.A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares, la ausencia de resultados concretos ha generado un impacto negativo, especialmente en los territorios y comunidades que aún hoy permanecen en condiciones de alta vulnerabilidad y bajo la influencia de actores armados.La falta de avances en estos frentes cruciales está perpetuando un ciclo de incertidumbre y violencia que sigue afectando a gran parte del país.En el departamento del Cauca, la desintegración de las disidencias de las Farc ha desatado una atomización de frentes guerrilleros, lo que se ha convertido en una verdadera 'guerra de narcos' donde los cabecillas se están matando entre ellos.Por su parte, el departamento de Caquetá está bajo la extorsión de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco. Este grupo armado lleva una contabilidad detallada, conocen cuánto gana desde el lechero hasta el lanchero, y a todos les cobran. A esto se suma una guerra por el territorio con la Segunda Marquetalia.En Tolima, facciones de las disidencias de las Farc, provenientes de Huila, Cauca y Valle del Cauca, tienen sitiadas varias zonas rurales con patrullajes de hombres armados y redadas nocturnas, buscando reclutar a menores de edad para sus filas, niños y niñas que terminan siendo usados como escudos humanos.En Huila, la guerra entre disidencias de las Farc ha detonado una crisis humanitaria, y cientos de familias desplazadas por la violencia están llegando a Neiva. Ya son más de 340 las familias atendidas en el Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas.A esto se suma la campaña terrorista del ELN con atentados y ataques a la fuerza pública, buscando presionar al Gobierno para que vuelva a sentarse en la mesa de negociaciones.Desde que se levantó el cese al fuego, se han registrado 7 atentados, quema de vehículos y asesinatos en Norte de Santander, Arauca y Antioquia.En la convulsa región del Catatumbo, Norte de Santander, varias viviendas fueron vandalizadas con letreros alusivos al EPL. Este grupo, que ha tenido injerencia en esa zona de Norte de Santander, ha reaparecido con atentados y hechos que alteran el orden público.Santander y Magdalena medio se enfrentan a un ‘coctel criminal’, donde los ataques de guerrillas del ELN, disidencias de las Farc, Clan del Golfo y bandas criminales han llevado a que los homicidios aumenten en la región, a tal punto que hay hospitales que se están quedando sin reservas de sangre porque los ataques violentos se presentan a diario.Un informe de la Fundación Ideas para la Paz reveló que en el país ha crecido la influencia territorial de los grupos armados, se mantienen los focos de disputa territorial, y se ha agudizado la confrontación entre las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ y la guerrilla del ELN.Según el reporte, con respecto al primer año, ha aumentado el desplazamiento forzado masivo (7 %), los confinamientos (71 %), los homicidios de líderes y lideresas (2 %), es el segundo año con más asesinatos desde 2015. El reclutamiento forzado se incrementó un 42 %. La reconfiguración de los grupos armados y la afectación humanitaria se presenta en zonas de disputa, en los departamentos del Cauca, Valle, Nariño y algunas zonas de Antioquia.La situación más crítica se presenta en el norte del Cauca y el sur del Valle, así como en el Cañón del Micay.La suspensión del cese al fuego con los frentes de las disidencias que operan en Cauca, Valle y Nariño, y la salida del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) de la negociación, detonaron una ola de violencia que se suma a las que ya han vivido estas regiones desde la firma del acuerdo de 2016.La ofensiva militar también alteró el orden público debido a la reacción de las disidencias, que controlan la movilidad, especialmente en el Cauca.El departamento de Nariño ha sido uno de los territorios más afectados por la violencia durante los dos primeros años de Petro, debido a las disputas territoriales entre grupos armados.En el segundo semestre de 2023 se registraron 39 desplazamientos forzados; fue el segundo semestre con mayor número de casos desde la firma del acuerdo de paz.
La decisión del presidente Gustavo Petro de poner fin al cese el fuego bilateral con el Clan del Golfo ante la situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño abrió el debate sobre si el Gobierno nacional se equivocó o no al iniciar una negociación con este grupo ilegal - bajo estas condiciones -, y cuál debe ser el futuro de los diálogos y acercamientos con las disidencias de las Farc y bandas criminales con las que también se acordó un cese el fuego bilateral.León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, calificó como “un error” el hecho que el Gobierno nacional pactara un cese preliminar con el Clan del Golfo sin ningún tipo de protocolo o mecanismo de verificación y anotó que en el momento en que el presidente Gustavo Petro hizo el anuncio - en el mes de diciembre del año pasado -, “estaba buscando más un golpe de opinión”.“Estas decisiones que implican muchos acuerdos no se pueden tomar a la ligera ni se pueden tomar unilateralmente, porque un cese bilateral implicaba que ya hubiese una ley de sometimiento o un marco jurídico; implicaba que hubiera una mesa de negociación e implica unos protocolos y también se debía verificar este cese. Ninguna de esas condiciones existía”, expresó.El analista expresó que el Gobierno nacional “debe sentar en una mesa a esas fuerzas ilegales presionando militarmente y concertando un marco jurídico en el Congreso para hablar con claridad y no por debajo de la mesa, para evitar que se usurpe el nombre del Gobierno”.Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), manifestó que la suspensión del cese bilateral con el Clan del Golfo por parte del Gobierno es una rectificación al énfasis de los acercamientos con este grupo ilegal, para salvaguardar a la población civil.Explicó que la situación por el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño se precipitó por el modelo del presidente Petro de hacer por un lado un cese el fuego y de hostilidades y, por el otro, arreciar las acciones de destrucción de economía ilegal en medio del paro minero, lo que generó una movilización en la que se ha detectado la injerencia del Clan del Golfo.Agregó que ante la situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño, con la quema de vehículos, las afectaciones de acueductos, refleja una variación en el modelo de conversación con la mencionada organización ilegal, “lo cual no significa que no se siga hablando”.“Van a seguir conversando los abogados, los voceros, el procedimiento de sujeción a la justicia y al mismo tiempo la acción del Estado contra las economías criminales y la protección a la población civil. Es cierto que en estos procesos se necesitan protocolos o mecanismos de verificación, pero eso es lo que se estaba construyendo”, dijo.Puntualizó que lo ideal, no solo con el ELN, sino con el resto de estructuras criminales es buscar los caminos para el desescalamiento de las confrontaciones con otros grupos y cesar los ataques contra la población civil.Le puede interesar:
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares), publicó su último informe sobre violencia electoral en Colombia. El registro se hace desde el pasado 13 de marzo de 2021, fecha que marcó el inicio del calendario electoral, e irá hasta el 13 de mayo de 2022. Hasta el momento se han registrado 222 víctimas de violencia electoral en 179 hechos, lo que significa una víctima cada día de por medio."Los exalcaldes han sido especialmente victimizados en este periodo: se cuentan tres homicidios y un desplazamiento forzado causado, presuntamente, por el ELN. Como se había predicho, al acercarse las elecciones han aumentado notoriamente los hechos de violencia y, particularmente marzo, el mes de las elecciones de Congreso, se convirtió en el mes con mayor cantidad de hechos y víctimas reportado hasta el momento", se lee en el informe.De los 32 departamentos que tiene el país, en al menos 28 se han registrado hechos de violencia electoral, el 51 % del total de las víctimas se concentran en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, La Guajira y Cauca. Según Esteban Salazar, coordinador de Democracia en Pares, "los perfiles más victimizados han sido funcionarios públicos de cargos de elección popular, dentro de los cuales hay concejales, alcaldes, diputados, senadores y gobernadores”.En la mayoría de los casos todavía no se ha podido esclarecer el grupo o estructura armada responsable de los hechos de violencia, pero en el 32 % de ellos se pudo identificar que los principales perpetradores fueron las disidencias de las Farc, seguido por grupos paramilitares, ELN y la autodenominada Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas (FARM), que opera principalmente en Chocó.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Colombia vivió una jornada de intensificación del conflicto armado con el ELN, el cual anunció un paro armado desde el 23 hasta el 26 de febrero, como método de protesta contra el Gobierno del Iván Duque, lo cual terminó costándole a la población civil, ya que artefactos explosivos y camiones incinerados fueron las herramientas que utilizó el grupo guerrillero.En Sala de Prensa BLU, conversamos con Diego Alejandro Restrepo, investigación de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), quien analizó el actuar del grupo armado y la intención de este con su actuar.El investigador Retrepo señaló que en el marco del paro armado, se realizaron actividades que alteraron el orden público en 10 departamentos, que dejaron 7 personas heridas y un perro antiexplosivos muerto.Además de su rechazo al Gobierno de Duque, los ataques registrados serían una muestra de fuerza por parte del grupo guerrillero, los cuales querrían desestabilizar al país previo a las elecciones."También muestra que quiere hacer daño y que sigue en armas y que lamentablemente puede desestabilizar al país y a la institucionalidad como ya lo hizo, entonces es una muestra de ese poder previo a las elecciones", declaró el investigador de Pares.Ante esto, explica que ni tanto el grupo armado, ni el Gobierno Nacional, han dejado ver alguna intención de llegar a diálogos para buscar la paz.Escuche la entrevista completa de Sala de Prensa BLU:
Este 27 de diciembre se presentaron 10 atentados terroristas en diferentes puntos del territorio nacional sobre horas de la madrugada, ataques se atribuyó el ELN. Situación que incrementó el debate por la posibilidad de empezar diálogos con el grupo armado o si definitivamente, ante sus actos, es necesario un despliegue bélico para someter al grupo armado.En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, se habló con el alto comisionado para la paz Juan Camilo Restrepo Gómez, quien señaló de manera reiterada que el actuar del ELN es similar a un cartel de la droga, pues sus actividades están basadas en actos terroristas, narcotráfico, reclutamiento de menores y secuestros.Por este motivo, desde el Gobierno se ha tomado la decisión que mientras se recurran a estas prácticas, no cabe posibilidad de un diálogo con el ELN."Nosotros hemos tenido toda la intención, pero hemos dicho claramente (...) que cuando cesen la actividad del secuestro, cesen la actividad de instalar minas antipersonal, cuando dejen de reclutar a menores, estamos listos para recorrer el camino que corresponde", expresó el alto comisionado.Situación que pareciera estar lejana teniendo en cuenta que al Gobierno del presidente Iván Duque le quedan siete meses, sin embargo, el alto comisionado señala que si hay voluntad por parte del grupo armado ilegal, dicho tiempo sería más que suficiente.Por otra parte, el funcionario señaló que las únicas opciones que actualmente tienen los militantes del ELN es la desmovilización voluntaria, terminar capturados o dados de baja.Frente a esta situación el asesor en temas de conflicto para la fundación Paz y Reconciliación, Luis Eduardo Celis, se refirió a la responsabilidad del Gobierno para solucionar problemas, sobre todo en situaciones como las que enfrenta el país en la que el ELN hace presencia en más de 160 municipios."Este es un problema que hay que resolver, pero este Gobierno se va a ir sin resolverlo", declaró el asesor Celis, quien agregó que la actual, será una administración más que no logró concertar nada con el grupo.Su posición es clara, sí se debe sentarse a negociar, porque si se espera a que se generen las condiciones, como lo hizo el Gobierno actual, pasarán cuatro años más y no se llegará a nada.Una posición más híbrida es la del exministro Juan Camilo Restrepo Salazar, quien cree que el diálogo con el ELN es más que necesario, sin tener que dejar de lado la firmeza que un estado debe mantener.El exministro Restrepo citó al exprimer ministro de Israel, Isaac Rabin, quien decía que a los grupos terroristas hay que hacerles la guerra como si no se estuviera dialogando y dialogar como si no se estuviese haciendo la guerra."Al ELN hay que combatirlo con todas las fuerzas, tanto más ahora que está haciendo una embestida (...) pero eso no quiere decir que mientras tanto, usted no puede ocultar como Gobierno las posibilidades de entablar un diálogo de paz", dijo el exministro Restrepo.Escuche la conversación completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
Tras dos días de inconvenientes técnicos, este miércoles, finalmente, miles de ciudadanos que esperaban adelantar el trámite de inscripción de cédulas de forma virtual lograron acceder a la plataforma y completar el proceso; sin embargo, hubo un cambio: el sistema ya no pide la autenticación biométrica.En diálogo con BLU Radio, el registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán, explicó días atrás que ese paso era importante “para garantizar que el titular del documento de identidad sea el que esté realizando el trámite”.Sin embargo, debido a las fallas presentadas, dicha autenticación ya no es requisito, lo cual, para Esteban Salazar, coordinador de la fundación Paz y Reconciliación (Pares), “significa que hoy la Registraduría está cometiendo una posible ilegalidad, en el hecho de que no se da el proceso correcto de verificación de la persona que se está inscribiendo dentro de su cédula, lo que puede llevar seguramente a una suplantación”.Además, Salazar señaló que la legislación actual sólo permite el trámite de inscripción presencial, pues las disposiciones sobre el proceso digital están contenidas en el nuevo Código Electoral, que está aún en revisión de la Corte Constitucional.Los problemas con la inscripción en zonas ruralesDesde Pares también advirtieron que en las poblaciones apartadas y zonas rurales el mecanismo digital no es viable, debido a la falta de conectividad y la imposibilidad de acceder a dispositivos que cumplan con los requerimientos técnicos para el proceso.“Es una medida inequitativa que desconoce los problemas de acceso a internet en sectores rurales. Incluso, si se habilitara el proceso de biometría dentro de la inscripción de las cédulas, se identifica que no hay dispositivos de alta gama que permitan hacer una biometría correcta o un cotejo por medio de los pixeles de las personas que están presentando su foto o su cédula”, indicó Salazar.Finalmente, el coordinador de Paz y Reconciliación manifestó que “de acuerdo con entrevistas realizadas a funcionarios a nivel local en diversas zonas del país, el registrador no garantizó los recursos necesarios para poder enviar a los registradores delegados a que se hicieran las inscripciones de forma manual, como lo establece el Código Electoral vigente”.
Cuando faltan poco menos de dos semanas para la jornada electoral en Colombia, el panorama en materia de violencia se agudiza cada vez más. BLU Radio conoció en primicia el cuarto informe que la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) entrega, denominado Informe de Violencia y Dinámica Electoral.Pues las cifras son escalofriantes. En 349 días, el informe de Pares contabiliza 230 víctimas en 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios. La magnitud del problema es alarmante. Tanto como que, en poco menos de un año, puede decirse que se ha producido una víctima de violencia electoral cada día y medio.Vea también: Por violencia y fraude hay 152 municipios en riesgo electoral: MOE La investigación arrojó que el 45,65 % (105) de los casos ocurrieron luego de que se oficializaran las candidaturas el 27 de julio de 2019. “En tan solo los últimos dos meses y medio del calendario electoral, tuvieron lugar 9 de los 22 asesinatos registrados, 74 de las 171 amenazas y 13 de los 27 atentados. Parece claro que, a medida que se acerca el día de las votaciones se intensifican los ataques y sube el riesgo para distintos actores relacionados con el desarrollo del proceso electoral”, cita el informe. El panorama, dividido por regiones, muestra la grave situación en el territorio nacional, de la siguiente manera.Son 10 los departamentos más afectados por la violencia electoral según la fundación Pares:En primer lugar, Valle del Cauca presenta una cifra de más de 25 víctimas. Luego aparecen Guajira (21), Tolima (18), Antioquia (17), Cauca (16), Bogotá (13), Santander (11), Cesar (11), Córdoba (11) y Nariño (10)Sobre los tipos de hechos que más afectan, advierte el informe, están:Las amenazas: En este caso, presentes en 27 de los 28 departamentos donde se han presentado hechos de violencia electoral. Y sobre regiones, los tres departamentos con mayor cantidad de amenazas son la Guajira (19), Tolima (18) y Valle del Cauca (17).Conozca más: Van 173 víctimas de violencia política en 10 meses en Colombia: Paz y Reconciliación El segundo tipo de hecho de violencia electoral son los atentados, que han ocurrido en 15 departamentos. Los tres más afectados por este tipo de hecho son Santander (4), Cauca (3) y Norte de Santander (3).¿Quiénes son las victimas?Desde el 27 de octubre, señala la fundación Pares, 103 candidatos y 19 precandidatos han sido víctimas de violencia electoral (53 % de todas las registradas).“Esto hace de los aspirantes a cargos de elección popular los más victimizados y, en parte, muestra la manera en que selectivamente se busca afectar sus posibilidades de acceso a los puestos de representación política”.¿Víctimas son de izquierda o de derecha?Pues el informe de Pares arroja algo que llama profundamente la atención.Los hechos de violencia electoral en el caso de los partidos de gobierno suman 22. En el caso de los partidos de oposición, son 22 también. Y en el caso de partidos independientes son 17. Esto muestra que en Colombia las amenazas y hechos violentos no son necesariamente un asunto en el que son víctimas los candidatos de derecha o izquierda, sino de todas las corrientes políticas casi por igual.En contexto: Este es el plan para frenar la violencia electoral durante los comicios de 2019 En un 24 % de los casos la alineación política de las víctimas se desconoce, debido a que no es posible determinar una filiación a partir de los perfiles. La mayoría de las personas sin alineación política identificada son: funcionarios públicos (20), candidatos (16) y precandidatos (9).¿Quiénes son los perpetradores?Agente desconocido: número de víctimas 165 en la mayor parte del territorio nacional. Por ejemplo: Valle del Cauca con 20, Antioquia con 16 y Guajira 16.Águilas Negras: número de víctimas 33, de las cuales solo en Bogotá son 6. Y en otras regiones como Córdoba 2 víctimas.Vea también: Violencia electoral sigue en aumento en el país: van 317 ataques Autodefensas Gaitanistas de Colombia: Número de víctimas 7, siendo Guajira, Tolima y Valle del Cauca las regiones predominantes.Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada: Número de víctimas 1 en Bolívar.Grupo Armado Post Farc: 8 víctimas en departamentos como Cauca 3 víctimas, Córdoba 3 víctimas; finalmente Cundinamarca, Norte de Santander y Valle del Cauca cada uno con una víctima.ELN: 7 víctimas en departamentos como Cesar con 5 víctimas, y en otros departamentos como Chocó y Arauca cada uno con 1 víctima.
Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, le contó a BLU Radio la preocupación que tienen tras la aparición de carteles mexicanos que están causando zozobra en el Pacífico colombiano.Ávila afirma que hay “enlaces” de los carteles de Sinaloa y Jalisco haciendo parte de los grupos criminales que ahora azotan las costas del suroccidente del país.Además, confirmó la versión de la Defensoría del Pueblo al indicar que hay 17 nuevas estructuras criminales buscando el control de las rutas del narcotráfico.“En todo el Pacífico hay 17 estructuras criminales, de esas 17 hay dos que tendrían relación directa con los mexicanos”, dijo Ávila.Le puede interesar: Defensoría del Pueblo confirma presencia de carteles mexicanos en el Pacífico “Hay una que se hace llamar los mexicanos, pero que está compuesta por colombianos y que estarían ‘franquiciando’ las playas de Guapi para que los narcos puedan sacar la droga por ahí”, agregó.A su vez, precisó que no es cierto que haya un ejército de mexicanos en el país, y que se trataría de personas que llegan con escoltas para coordinar sus operaciones en el Pacífico.“A ellos solo les interesa el tema del narcotráfico, no les interesa meterse en más negocios, tampoco quieren hacerse visibles”, afirmó.Entérese también: Carteles mexicanos estarían disputándose el control de la droga en el Valle del Cauca “Nosotros recibimos amenazas por parte de ellos hace unos meses donde nos decían que ellos con nosotros no se metían, así que esperaban que dejáramos hablar de ellos”, agregó Ávila.No obstante, politólogo e investigador colombiano, reveló detalles de lo que sería una práctica aterradora que esos carteles han comenzado a impartir en el país relacionada con la decapitación de personas.Cabe resaltar que en el Valle del Cauca dicha práctica se ha registrado en sectores como el distrito de Buenaventura y Tuluá donde no se descarta que se hayan realizado por orden de estos capos mexicanos. Lea también: Encuentran dos cabezas humanas en pleno casco urbano de Tuluá “Hay prácticas típicas de ellos que se están dando en Colombia, como la cortada de cabezas, por ejemplo, y que son muy mexicanas”, indicó el politólogo.“En Colombia hay bala, también se descuartiza, pero el tema de cortar cabezas es nuevo y se ha hecho más fuerte desde hace cuatro meses”, agregó.Finalmente, Ávila precisó que estos carteles hacen presencia en la costa pacífica nariñense, caucana, antioqueña y vallecaucana, especialmente en el sector de El Naya donde estarían subcontratando a bandas colombianas para sacar los cargamentos de droga hacia el extranjero.
"Le pedimos al gobierno que piense en el día 181, ya están corriendo los 180 días. Le pedimos que no sea la misma improvisación, dónde van a vivir los guerrilleros, la plata para los proyectos productivos, las fincas, los que van a venir a hacer política en Bogotá en dónde van a vivir", se cuestionó el subdirector del organismo, Ariel Ávila. Según León Ávila, hubo el tiempo necesario para garantizar las vías de comunicación y la infraestructura necesaria para que las Farc se desmovilicen. Además, la fundación denunció que al Clan del Golfo lo están contratando para asesinar a líderes sociales, lo cual considera que no es un tema aislado al proceso de paz."Estos son herederos de los paramilitares, tienen connotación política y por eso atacan a los líderes sociales. Atacan sobre todo un orden nuevo o una búsqueda de cambio en esas regiones porque quieren mantener el statu quo que construyeron durante muchos años de guerra, apoderándose de las tierras y de los gobiernos locales", explicó el director León Valencia.Le hicieron un llamado a la Fiscalía a concentrar su accionar en estas organizaciones dando con la captura de sus integrantes.
Ávila señaló que se analizaron las elecciones de 2011, 2014 y 2015 y en cada una de esas contiendas se pudo evidenciar los estrechos vínculos entre los líderes políticos y las diferentes bandas criminales que tienen influencia en las regiones. “Ya no está el proselitismo armado en el que un grupo ilegal obligaba a votar por determinado candidato, ahora lo que se hace es una financiación de campaña, con eso se distorsiona y se hace más difícil investigar ese tipo de financiación”, dijo Ávila. El especialista también criticó la estructura del sistema electoral colombiano y señaló que su diseño no permite un ejercicio transparente de la actividad política en el país. “El sistema electoral colombiano está hecho para que no funcione, no tiene recursos entonces no hay funcionarios regionales, adicionalmente al CNE lo eligen los partidos políticos entonces prima la ley de tu no me investigas y yo no te investigo”, agregó. Frente al fenómeno de la bacrim-política, Ávila indicó que si bien tiene algunas diferencias con el de la parapolítica, el daño a la institucionalidad colombiana es el mismo. “Es un fenómeno con características diferentes, no estamos hablando de un gran proyecto como fue las Autodefensas Armadas de Colombia, aquí se habla más de alianzas locales y regionales, tampoco estamos hablando distritos electorales como los que creó Jorge 40, es más difuso, pero el daño es lo mismo”, dijo Ávila. Sobre el más reciente episodio donde fue capturado Luis Javier Rojas, el hijo de la directora financiera del Senado y quien transportaba más de 600 millones de pesos que aparentemente pertenecían al Clan Úsuga, Ávila no dudo en referirse a la relación de este joven con el congresista Alexander García. (Lea también: Claudia López denunció vínculos del representante Alexander García con Bacrim). “A García en 2011 se le denunciaron relaciones con alias ‘Cuchillo y alias ‘Carechimba’, disidente del Erpac en el Meta y Guaviare, luego fue apoyado por un esmeraldero, Yesid Nieto, que fue asesinado, después fue financiado por Ramón Rojas, mayor contratista en el Guaviare muy cercano al extraditado ‘Ceviche’”, señaló Ávila. El especialista agregó que “El hermano de Alexander García está señalado de pertenecer a las bacrim del sur del Meta y no se investigaron estos señalamientos y la captura de ese muchacho se da cuando se sabe que los ‘Urabeños’ compraron las franquicias del Bloque Meta y Libertadores del Vichada, que coincidencia, un congresista acusado de tener relaciones con unas bacrim que son vendidas a los ‘Urabeños’ lo cogen con un montón de plata (…) Era un operativo dirigido contra ese carro, alguien hizo delación y se sabía de eso”, concluyó el analista.
El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha manifestado su apoyo a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Benjamin Netanyahu, actual primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, exministro de Defensa, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Gaza y Cisjordania. Estas órdenes también incluyen al líder de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri.“Colombia reafirma su compromiso con la paz, dentro y fuera de sus fronteras, y reitera su posición frente a lo que ha venido sucediendo con el pueblo palestino y la acción genocida perpetrada por el gobierno de Israel. Tal como lo expresó el presidente Gustavo Petro, Colombia siempre apoyará los esfuerzos para alcanzar la paz y rechazará cualquier acto de guerra", dice el comunicado de la Cancillería.Detalles del caso en la CPILa CPI ha dictado órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, señalados de emplear tácticas como el uso del hambre como arma de guerra en la Franja de Gaza. Asimismo, el tribunal incluye en sus acusaciones al líder de Hamás, Mohammed Deif, aunque su estado actual es incierto tras reportes de un supuesto fallecimiento en un ataque en junio.A pesar de los intentos de Israel por desacreditar la jurisdicción de la CPI en este caso, el tribunal rechazó de forma unánime dichos argumentos, consolidando su autoridad para juzgar los crímenes cometidos en territorios palestinos.Los jueces del tribunal decidieron hacer públicas ciertas partes de las órdenes, tradicionalmente clasificadas, para garantizar que las víctimas y sus familias tengan conocimiento de las acciones emprendidas. Según la CPI, “conductas similares a las abordadas en la orden de arresto parecen estar ocurriendo todavía”, lo que hace urgente visibilizar estas decisiones.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió este jueves a la ex fiscal general de Florida Pam Bondi para suceder a Matt Gaetz como fiscal general de su próximo gabinete, después de que este renunciara acorralado por sus escándalos sexuales."Pam fue fiscal durante casi 20 años. Fue muy dura con los delincuentes violentos y logró que las calles fueran seguras para las familias de Florida", dijo el futuro mandatario en su red social, Truth Social.El magnate neoyorquino recordó que, como primera mujer fiscal general de Florida, un puesto que ocupó de 2011 a 2019, Bondi "trabajó para detener el tráfico de drogas mortales y reducir la tragedia de las muertes por sobredosis de fentanilo, que han destruido a muchas familias" en todo Estados Unidos."Hizo un trabajo tan increíble que le pedí que formara parte de nuestra Comisión de Abuso de Drogas y Opioides durante mi primer mandato (2017-2019). ¡Salvamos muchas vidas!", añadió.Trump reiteró que, "durante demasiado tiempo", del Departamento de Justicia se ha utilizado contra él u otros republicanos, algo que dijo que va a parar."Pam volverá a centrar el Departamento de Justicia en su propósito de luchar contra el crimen y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Conozco a Pam desde hace muchos años. Es inteligente y dura", dijo de su nueva elegida, sobre la que aseguró que "hará un excelente trabajo como fiscal general".Gaetz, que hasta la semana pasada era congresista, renunció a su candidatura para ser fiscal general este jueves.Fue investigado en el pasado por el Departamento de Justicia, aunque nunca imputado, por haber supuestamente tenido sexo con menores, violando leyes de trata de personas, así como por consumo de drogas.En paralelo, enfrentaba una segunda investigación, abierta hasta la semana pasada, en el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, pero esas pesquisas se cerraron al renunciar a su escaño la semana pasada, en cuanto Trump lo nominó, porque la comisión se quedó sin competencias sobre el legislador.Ese mismo comité renunció este miércoles a hacer público el informe sobre sus pesquisas, pero la presión en su contra se había intensificado y habían crecido las dudas sobre la posibilidad de que el Senado validara su nominación.El futuro gabinete de Trump, que debe ser autorizado por la Cámara Alta, todavía tiene en blanco puestos clave de su segundo mandato como el secretario del Tesoro, además de otros como los representantes de Trabajo o Agricultura.
Este jueves, 21 de noviembre de 2024 se llevó a cabo el sorteo número #0228 de MiLoto, dejó nuevos ganadores y un nuevo acumulado para el próximo sorteo.Números ganadores MiLotoLos números ganadores del sorteo 0228, de este 21 de noviembre, fueron: 12 - 02 - 33 - 01 - 26.Estos números definieron la suerte de miles de participantes que esperan hacerse con uno de los premios ofrecidos por MiLoto.Nuevo acumulado: $230 millonesEl acumulado de Miloto sigue creciendo. Para el próximo sorteo, el premio mayor será de $230 millones de pesos.Premios entregadosAunque ningún participante logró acertar los 5 números requeridos para llevarse el premio mayor, los premios secundarios ofrecieron una importante repartición de ganancias:9 jugadores acertaron 4 números y se llevaron un premio individual de $1.640.100, con un total acumulado de $14.760.900 en esta categoría.418 personas acertaron 3 números, cada una recibirá $62.200, lo que suma un premio total de $25.999.600.Finalmente, 5.550 jugadores acertaron 2 números y tendrán un premio individual de $4.000, para un acumulado de $22.200.000.¿Cómo jugar Miloto?Miloto es un juego de lotería sencillo y emocionante. Participar es fácil:Seleccione 5 números entre el rango de 1 y 50.Adquiera su tiquete en cualquiera de los puntos autorizados, como SuRed o SuperGIROS o en baloto.com o su appEspere los resultados del sorteo y compruebe si sus números coinciden con los ganadores.Entre más números acierte, mayor será el premio que podrá llevarse. Además, las probabilidades de ganar aumentan con las categorías de premios secundarios.¿Dónde consultar los resultados de Miloto?Los resultados oficiales de cada sorteo están disponibles en:Bluradio.comSitio web oficial de Baloto.Puntos de venta autorizados como SuperGIROS y SU RED.Redes sociales oficiales de Miloto.
A las 10:30 de la noche de este jueves, 21 de noviembre, se llevó a cabo el último sorteo, número 2769, de la Lotería de Bogotá que ofrece un premio mayor de 14.000 millones de pesos. El ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá del 21 de noviembre de 2024 es el número 1005 de la serie 207.¿Quiere consultar los resultados de sus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí , suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador.Resultados de la Lotería de Bogotá sorteo N.º 2769Consulte los resultados oficiales de la Lotería y verifique si su número fue uno de los ganadores. Recuerde que además del premio mayor de $14.000 millones, hay múltiples combinaciones ganadoras que son los secos de la lotería.Premio mayor de $14.000 millonesNúmeroSorteo1005207Seco de $500 millonesNúmeroSorteo2703208Secos de $250 millonesNúmeroSorteo3467096Secos de $50 millonesNúmeroSorteo04741670104406058523408290470074156Secos de $20 millonesNúmeroSorteo73910557251065939001578393047142391869217694772399443438Secos de $10 millonesNúmeroSorteo0231415225001303521761844017574221016631250937006019642643652091141071¿Quiere consultar los resultados de sus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí, suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador.A continuación, la imagen de los resultados del sorteo, publicada por la Lotería en sus redes sociales:Los últimos números ganadores de la Lotería de Bogotá14 de noviembre: 4456 serie 103.7 de noviembre: 8777 serie 073.31 de octubre: 9121 serie 363.24 de octubre: 3483 serie 322.Resultados para chance con la LoteríaPrimeras tres cifras: 100Últimas tres cifras: 005Últimas dos cifras: 05Última cifra: 5Video del sorteo 2769 de la Lotería de BogotáReviva el último sorteo de la lotería en el siguiente video:Plan de premios Lotería de BogotáPremios mayores y secosTipo de premioPremio bruto billetePremio neto billetePremio neto fracciónPremio mayor$14.000.000.000$9.296.000.000$3.098.666.666Premio mega gordo$500.000.000$332.000.000$110.666.667Premio súper gordo$250.000.000$166.000.000$55.333.333Premios millonarios$50.000.000$33.200.000$11.066.667Premios millonarios$20.000.000$13.280.000$4.426.667Premios millonarios$10.000.000$6.640.000$2.213.333Estadísticas de la LoteríaNúmero recomendado que más sale en cada posición: 3768Números que menos salen: 4204¿Cómo y dónde comprar la Lotería?Existen diversas formas para adquirir el boleto:A través de su portal web: www.loteriadebogota.com.Con los loteros o distribuidores autorizados.En puntos de venta como Paga Todo, Loticolombia, Efecty, Punto de Pago y Codesa.¿Cuánto cuesta jugar la Lotería de Bogotá?El billete tiene tres fracciones y su costo total es de 18.000 pesos. Si prefiere jugar por fracciones, el precio de cada una es de 6.000 pesos. En los sorteos unifracccionales, el billete consta de una única fracción y tiene un valor de 18.000 pesos.¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?La Lotería explica que los ganadores tienen un año contados a partir de la realización del sorteo para reclamar su premio al operador del juego con quien realizó su apuesta y seis meses para iniciar la acción judicial contra el concesionario en caso de que le nieguen el pago del premio.
El Distrito Capital de Bogotá ha encendido las alarmas tras la denuncia de un presunto abuso sexual contra cuatro menores de edad, integrantes de la comunidad indígenaEmbera Katío, quienes estaban bajo protección en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ubicada en el centro de la ciudad. El caso involucra a tres hermanos de 10, 13 y 14 años, además de un cuarto menor cuya edadno ha sido revelada.Detalles del caso y contextoLos hechos salieron a la luz cuando las autoridades locales fueron notificadas del posible abuso. Según declaraciones de Isabelita Mercado, Consejera de Paz, Víctima y Reconciliación de Bogotá, los menores ya se encuentran bajo atención médica especializada en el hospital Santa Clara mientras avanza el proceso judicial.“Recibimos la información sobre el presunto abuso sexual contra cuatro menores indígenas de la comunidad Embera Katío. Inmediatamente activamos las rutas correspondientes: la Secretaría de Salud gestionó los traslados médicos, notificamos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y radicamos la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Infancia y Adolescencia”, declaró Mercado.Vulnerabilidad de los menoresEl caso toma un matiz aún más delicado debido a la situación de desprotección en la que se encontraban los menores. Según dijo la funcionaria, algunos de los padres llevaban dos meses fuera de la ciudad y dejaron a los niños bajo el cuidado de la comunidad."Este tipo de actos son rechazados por el Distrito. Nuestra principal preocupación es garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes", afirmó Mercado.El Distrito aseguró que, además de la atención médica, se brindará acompañamiento psicosocial a los menores y a la comunidad Embera Katío, mientras se esclarecen los hechos. Este caso ha sido prioritario para las autoridades, que buscan garantizar justicia y prevenir situaciones similares en el futuro.Por su parte, la Fiscalía General de la Nación confirmó que ya adelantan las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el caso.
