El Departamento Administrativo de la Función Pública emitió una resolución que reglamenta el trabajo en modalidad virtual para mujeres y personas menstruantes con ciertas condiciones, de manera que tengan acceso a la licencia menstrual.Esta iniciativa tiene un impacto directo en el 40 % de las mujeres que forman parte del servicio público en Colombia y que han reportado dificultades para cumplir sus labores debido a los dolores menstruales.Con esto se busca reconocer y atender las dificultades que algunas personas experimentan durante su ciclo menstrual, especialmente aquellos síntomas que pueden hacer que sea complicado realizar una jornada laboral completa en la oficina.El acceso a este beneficio estará condicionado a la presentación de los síntomas característicos del periodo menstrual, los cuales varían de una persona a otra y pueden incluir dolores abdominales, fatiga, náuseas, entre otros. En este contexto, la medida ofrece una opción para quienes necesiten descanso o un entorno más cómodo para continuar con sus tareas laborales sin la presión de la jornada presencial.Las trabajadoras deberán certificar que tienen condiciones médicas como la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico o los miomas, con certificación actualizada cada 6 meses.El procedimiento para hacer uso de este beneficio será sencillo: las personas interesadas deberán informar a su jefe inmediato sobre los tres días de trabajo virtual que desean tomar, y estos días deben ser consecutivos.De acuerdo con la Encuesta de Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre mayo de 2021 y mayo de 2023, aproximadamente el 9.2 % de las mujeres en Colombia tuvieron que interrumpir sus actividades diarias debido a los síntomas de su periodo menstrual. Este dato evidencia la magnitud del impacto que la menstruación puede tener en la vida laboral y cotidiana de muchas personas.
El director de Función Pública, César Manrique, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro argumentando motivos de salud. El mandatario ya aceptó la renuncia de Manrique.Durante la audiencia de imputación a los principales responsables de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fiscalía vinculó a Manrique, a la “organización criminal” que, dicen las fiscales del caso, se quedó con dineros del erario.Específicamente, Manrique fue señalado de haber direccionado contratos con dinero de un convenio entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras por 100.000 millones de pesos.Esta decisión de hacerse a un lado se da en este contexto y es que el funcionario habría argumentado en su carta de renuncia amenazas que comprometen su salud.Tras ser revelado su nombre en medio de este escándalo que ya salpica a varios funcionarios del Gobierno, su equipo de abogados expresó que estarían atentos a acudir a la Fiscalía para que sea el director de la Función Pública quien entregue su versión sobre los hechos, pues sostiene que es inocente. Blu Radio conoció que el director de la Función Pública le ha expresado a su equipo jurídico que “no hay posibilidad” de que busque una negociación con la Fiscalía ni principio de oportunidad ni preacuerdo, diferente a la postura de Sneyder Pinilla y Olmedo López. Asimismo, dijo que estos exfuncionarios han “engañando” a la Fiscalía.
En medio de la imputación de cargos contra Pedro Rodríguez, y Luis Carlos Barreto Gantiva, exasesores de Olmedo López, por el escándalo de corrupción en la contratación de la UNGRD, la Fiscalía entregó nuevos detalles de la presunta participación de varios funcionarios del Gobierno nacional para direccionar contratos.Pedro Rodríguez fue subdirector para el Conocimiento del Riesgo de la entidad y Luis Carlos Barreto, asesoraba la dirección. Según la fiscal delegada, Andrea Muñoz, los dos junto con López y Sneyder Pinilla, crearon una red criminal para aprovecharse de los contratos públicos que se creaban para la atención de emergencias.En esta intervención la Fiscalía salpicó una vez más a Cesar Manrique, director de la Función Pública y muy cercano al presidente Gustavo Petro. Además, aseguró que cada uno de ellos tenía roles definidos que fueron determinantes par cometer el delito.“En Bogotá, desde por lo menos mayo del 2023 a la fecha, (los mencionados) junto con funcionarios de otras entidades estatales, como César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, así como servidores públicos y contratistas de la UNGRD, (…) se interesaron o acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la Administración Pública, interesándose indebidamente en diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD, (…) logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad, en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros”, detalló la fiscal Muñoz.Durante el espacio, la Fiscalía también señaló que Barreto Gantiva habría organizado una reunión entre Cesar Manrique y Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, con Olmedo López en la que disminuyeron los recursos de un convenio entre la UNGRD y la ANT, logrando destinar 100.000 millones de pesos para coimas.Tras la intervención del ente acusador, ni Barreto ni Rodríguez aceptaron los cargos imputados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad de documento privado.
La Fiscalía expuso en un organigrama que Cesar Manríque, director Función Pública, se habría beneficiado de dinero de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras por 100.000 millones. Según el ente acusador, la promesa de Olmedo López a Manríque es que este último podría direccionar los contratos sus personas más allegadas.En un comunido firmado por su abogado Alejando Trespalacios, Manrique sostiene que toda la información que han revelado López y Pinilla en el búnker es falsa y que está engañando al mismo ente acusador.“La Fiscalía General de la Nación está siendo engañada por los señores López y Pinilla, cuyos dichos tienen que ser investigados a profundidad y, una vez verificado el engaño, se les debe negar cualquier beneficio por colaboración, debiendo ser investigados, además, por el nuevo delito de fraude procesal que estarían cometiendo”, dice el comunicado.Asimismo, Manrique señaló que está dispuesto a acudir a la Fiscalía para rendir su testimonio y aclarar las revelaciones que han hechos las dos fiscales del caso en las últimas dos audiencias.“El doctor César Augusto Manrique Soacha no ha intervenido, directa ni indirectamente, en ningún proceso contractual dentro de la entidad a la que pertenecían los señores López y Pinilla, ni tenía ningún interés particular en ninguna de sus operaciones contractuales”, añadió su defensa.
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y Función Pública, en colaboración con el programa “Servimos”, anunciaron una nueva edición del programa de becas que ofrece un descuento del 60% en el costo total de programas de especialización y maestría ofrecidos por UNIR.Esta iniciativa pone a disposición un total de 150 becas, dirigidas a servidores públicos y contratistas colombianos, con el objetivo de fomentar su desarrollo profesional.Objetivos de la IniciativaEl principal propósito de estas becas es reconocer y enaltecer la valiosa labor de los servidores públicos y contratistas, subrayando su importancia en el desarrollo y funcionamiento del Estado. Mediante estas oportunidades de formación, se busca promover el crecimiento profesional y personal de quienes trabajan en beneficio de la ciudadanía.Requisitos para aplicarPara ser beneficiario de una de estas becas, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:Ser servidor público o contratista del sector público colombiano.Haber sido admitido en un programa de especialización o maestría en UNIR.Realizar el pago de la reserva del cupo del estudio de interés.Las becas se otorgarán en base a criterios académicos y socioeconómicos. Los resultados serán notificados a los beneficiarios a través de correo electrónico y vía telefónica.Cómo AplicarLos interesados en aplicar a estas becas deben seguir los siguientes pasos:Admisión: Ser admitido en el programa de especialización o maestría de su elección en UNIR.Inscripción: Realizar la inscripción y el pago de la reserva del cupo.Solicitud de Beca: Completar el formulario de solicitud de beca disponible en el sitio web de UNIR.Compromiso con el desarrollo profesionalCon este programa de becas, UNIR y Función Pública reafirman su compromiso con la formación y el desarrollo de los colombianos, contribuyendo al fortalecimiento del capital humano en el sector público y al progreso del país. Esta iniciativa no solo mejora las competencias profesionales de los servidores públicos, sino que también impulsa el desarrollo sostenible y eficiente del Estado.Para más información y detalles sobre cómo aplicar a las becas, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de UNIR y consultar las bases del programa.Para resolver cualquier duda o recibir asistencia en el proceso de aplicación, los aspirantes pueden ponerse en contacto con el equipo de admisiones de UNIR a través de sus canales oficiales.Estas becas representan una oportunidad valiosa para los servidores públicos y contratistas colombianos, permitiéndoles acceder a una formación de alta calidad y avanzar en su carrera profesional, mientras continúan contribuyendo al bienestar y desarrollo de la sociedad.Categorías disponibles:1. Becas Función Pública Generales:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 50 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Derecho, Empresa y FSCH (Educación no incluida)- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia.2. Becas Función Pública Salud:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 40 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Salud- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia.3. Becas Función Pública Ingeniería:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 20 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Ingeniería- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia.4. Becas Función Pública Talento Humano:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 20 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Empresa y Jurídico- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia y trabajen en tareas relacionadas con el Talento Humano y RRHH.5. Becas Función Pública Secretarios Generales:- País: Colombia- Fechas: 30 de mayo al 15 de septiembre de 2024- Publicación de resultados: octubre de 2024- Becas: 20 becas del 60%- Programas: Todas las Maestrías Oficiales de UNIR en Empresa y Jurídico- Destinatarios: Profesionales universitarios que sean servidores públicos o contratistas de entidades públicas en Colombia y tengan responsabilidad de Secretario General.
La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra altos funcionarios del Ministerio del Interior y un exgerente de Telecafé, debido a presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2023.Según las investigaciones, el contrato, que superó los $61.900 millones, habría sido otorgado a Telecafé sin que esta tuviera la idoneidad técnica y física requerida para prestar los servicios contratados.El convenio interadministrativo, firmado el 24 de marzo de 2023, estipulaba que Telecafé proporcionaría servicios de operación logística para eventos y actividades del Ministerio del Interior. Sin embargo, se ha encontrado evidencia de que Telecafé subcontrató la totalidad de estas operaciones a seis empresas diferentes, por un total de $57.000 millones, sin asumir ninguna responsabilidad directa en la ejecución del contrato.Este hallazgo llevó a la Procuraduría a calificar las acciones como "gravísimas a título de culpa gravísima", implicando al entonces secretario general del Ministerio del Interior, Juan Manuel Reyes Álvarez; al director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, Álvaro Echeverry Londoño; y al exgerente encargado de Telecafé, Martín Fernando Montoya García.Los cargos formulados por la Procuraduría incluyen la suscripción del contrato sin la debida verificación de la capacidad de Telecafé para cumplir con sus obligaciones, así como la subcontratación de todas las actividades sin realizar un proceso de selección adecuado.Estos hechos refuerzan la importancia de una gestión transparente y responsable en los contratos públicos, y la necesidad de que los entes de control continúen vigilando el cumplimiento de las normativas en las contrataciones estatales.
El Departamento Administrativo de la Función Pública anunció hoy que los servidores y servidoras públicos recibirán un aumento salarial del 10,88 % en 2024. Este incremento fue acordado durante la Mesa de Negociación del Sector Público llevada a cabo en 2023, donde se estableció un aumento del 9,28 % correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de 2023, sumado al 1,6 % pactado.La Mesa de Negociación del Sector Público, integrada por Función Pública, los ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en representación del Gobierno nacional, junto a las organizaciones sindicales del sector público, fue la instancia clave para llegar a este acuerdo. ¿A quiénes les aumentará el sueldo?El aumento salarial abarcará a servidoras y servidores públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, la Rama Judicial y maestros.Cabe destacar que la Rama Legislativa, los uniformados, empleados oficiales y servidores territoriales acordarán autónomamente el ajuste, considerando como referencia los incrementos pactados en la Mesa de Negociación.Tabla de escala de asignación salarial para funcionarios públicos¿Será retroactivo?Este incremento salarial se verá reflejado en la nómina de marzo y será retroactivo al primero de enero de 2024, por lo que los servidores recibirán el ajuste correspondiente a enero y febrero.En la Mesa de Negociación del Sector Público también se acordó el incremento para ese año, que correspondió al IPC de 2022 (13,12 %) más 1,5 %, totalizando un consolidado del 14,62 %.César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, destacó: "En el Gobierno Nacional, y el Departamento Administrativo de la Función Pública, honramos los compromisos que asumimos con las servidoras y servidores públicos el año pasado en las diferentes mesas de trabajo en las que participamos. El incremento salarial es solo uno de los acuerdos a los que llegamos, y que, al igual que este, seguiremos cumpliendo a cabalidad para dignificar la labor de los hombres y mujeres que trabajan en el Estado".El aumento salarial se concretó con la expedición de los decretos que rigen a cada régimen salarial vigente, trabajo en el que Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) colaboraron para que el presidente de la República, Gustavo Petro, firmara e hiciera oficial el incremento.Aquí puede ver el Decreto:
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) recordó a los funcionarios públicos de toda Colombia la implementación de políticas que faciliten la realización de trámites que requiera la ciudadanía. Entre algunas de las recomendaciones, se encuentran la eliminación de cobros no autorizados por la ley, la inclusión de tecnologías y la reducción de documentos que no sean estrictamente necesarios.Además, el ente puntualizó en que se deben garantizar la disminución de tiempos, pasos y procesos que actualmente realizan los ciudadanos a la hora de gestionar algún trámite con organizaciones públicas. Asimismo, buscar la gratuidad de los documentos que se requieran.Como llamado adicional, el departamento informó que es necesario implementar el uso de tecnologías para mejorar las diligencias inscritas en el Sistema único de Información de Trámites (SUIT). Este permite la consulta de los ciudadanos respecto al estado del proceso que se encuentren realizando.De acuerdo con el comunicado, para el 30 de noviembre de 2023, la simplificación de trámites le significó a los colombianos un ahorro de cerca de $15.000.000.000 millones de pesos al año. Esto se presentó, según el DAFP, por la reducción en los procesos en cuanto a costos y requisitos innecesarios en las diligencias de la ciudadanía.
En enero de este año, el Gobierno Petro emitió los lineamientos para que las entidades no suscribieran contratos con personas naturales por un periodo mayor a cuatro meses. Dicha directriz fue demandada por un ciudadano identificado como Joel David Gaona, argumentando que infringió varias normas.Después de meses de análisis el Consejo de Estado decidió en las últimas horas suspender provisionalmente los efectos jurídicos de la circular emitida por el Departamento Administrativo de Función Pública y la Escuela de Administración Pública, asegurando que “pudieron obrar con desconocimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 150 de la Constitución”.En el fallo de 12 páginas, el alto tribunal explicó que en el inciso final de ese artículo de la carta política de Colombia, se señala que el Congreso es el que debe expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.Para el Consejo de Estado la circular del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública tiene un “contenido que impone deber de aplicar esos lineamientos y produce efectos jurídicos que llevan a modificar la Ley 80 de 1993”.Las entidades autoras de esta circular habían manifestado que la directriz “no puede ser objeto de control judicial ante esta jurisdicción (Consejo de Estado), porque su contenido no es de disposición de un derecho ni mucho menos establece o imparte órdenes”.Sin embargo, la Procuraduría también había dado su concepto a la corporación, aduciendo que la circular era una “ivasión” a las competencias del Congreso, quien debería ser el encargado de declarar las normas frente a las prohibiciones legales para contratar con el Estado.Le puede interesar:
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Función Pública, ha emitido una circular conjunta con el objetivo de promover medidas destinadas a combatir la violencia de género y mejorar las condiciones laborales de las mujeres en las instituciones estatales.En dicha circular, se insta a las instituciones estatales a implementar un protocolo contra la violencia de género y a establecer salas amigas de lactancia. Además, se solicita que se ofrezcan jornadas laborales diferenciadas para las mujeres embarazadas, permisos remunerados, flexibilidad en los horarios de trabajo y la posibilidad de teletrabajo.Viviana Peña Moreno, asesora del Departamento Administrativo de la Función Pública habló en Noticias de las Mañanas sobre cómo mejorar las condiciones laborales en las mujeres."En el marco del diálogo social que se estableció el pasado 22 de junio con el Gobierno Nacional y las diferentes organizaciones sindicales, se sostuvieron unos acuerdos en el cual se pactaron entre estas dos organizaciones promover a través de actos administrativos estrategias que impulsen el enfoque de género", indicó.Peña Moreno señaló que harán seguimiento a las entidades para verificar el cumplimiento de los puntos acordados para mejorar las condiciones de las mujeres.Las medidas que aborda la circular para incentivar y fortalecer la participación de las mujeres son:Se les solicita a las y los servidores públicos que realicen el curso virtual “Prevención y atención a las violencias contra las mujeres y discriminación racial en el ámbito del trabajo de la Función Pública” en la plataforma del Sistema de Registro y Control de Eventos de Capacitación (SIRECEC) de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).El Ministerio de Trabajo y Función Pública solicitan a las entidades nacionales y territoriales disponer en sus instalaciones las salas amigas de la familia lactante con espacios adecuados en donde las madres trabajadoras puedan amamantar, así como extraer y conservar su leche materna, siempre salvaguardando su privacidad y un entorno laboral saludable.Las servidoras públicas en estado de embarazo y después del parto podrán disfrutar de horarios flexibles especiales, lo que les permitirá salir 30 minutos antes de terminar su jornada laboral.Las entidades públicas tienen la obligación de otorgar permisos remunerados a las servidoras públicas que deban asistir a citas médicas, tanto para ellas mismas como para sus hijos menores de edad.Las servidoras y servidores públicos tienen la posibilidad de convenir horarios flexibles con las entidades para conciliar la vida familiar, personal y laboral y así brindar la oportunidad de cumplir con los compromisos familiares, sin afectar la duración de la jornada laboral ni la prestación de los servicios a cargo del Estado.Finalmente, es necesario implementar el uso de teletrabajo para desarrollar las funciones sin requerir la presencia física en la sede de trabajo, de esta forma, se asegura que los empleados trabajan para fomentar la productividad, la motivación, el bienestar y el cuidado del ambiente.Actualmente, en el Estado colombiano, las mujeres ocupan el 52 % de los cargos públicos del país, lo que evidencia la importancia del Gobierno del Cambio de concebir una administración pública con un enfoque diferencial que acabe con las brechas de género dentro del empleo público.Es importante destacar que, en la actualidad, las mujeres ocupan el 52% de los cargos públicos en el Estado colombiano. Este dato subraya la importancia del compromiso del Gobierno del Cambio de promover una administración pública con un enfoque diferencial, con el propósito de reducir las desigualdades de género en el empleo público.Escuche la entrevista completa:Le puede interesar:
