Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia fue condenado por pertenecer a una organización que recibió dineros para beneficiar a terceros en procesos que estaban a cargo del magistrado Gustavo Malo Fernández, entre los que se encontraban los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile en el entramado judicial conocido como el cartel de la toga.La Procuraduría General de la Nación se pronunció en este caso, y pide que se mantenga vigente la condena de 16 años y 5 meses de prisión impuesta al exmagistrado de la Corte Suprema.Durante la audiencia de sustentación del recurso de casación presentado por la defensa de Ricaurte ante el alto tribunal, el procurador segundo delegado para la casación penal destacó que la sentencia emitida, tanto en primera como en segunda instancia, está respaldada por testimonios y pruebas recopiladas durante el proceso penal, por lo que no existen fundamentos para su revocación.El procurador encargado del caso también fue enfático en afirmar que el objetivo es lograr una justicia efectiva para restaurar la imagen de la judicatura, afectada por las actividades delictivas en las que estuvieron involucradas diversas personas, incluidos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.Ricaurte fue hallado culpable de formar parte de una organización que recibía sobornos para favorecer a terceros en casos a cargo del magistrado Gustavo Malo Fernández, incluyendo a excongresistas y un exgobernador. El Juez Décimo Penal del Circuito de Bogotá dictó la condena inicial y luego la confirmó el Tribunal Superior de la capital.
La sala analizó los impedimentos presentados por los magistrados para conocer las demandas de casación presentadas por la defensa del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y el fiscal 3 delegado ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.Durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos corruptos al conspirar con otras personas.Estos actos se materializaron en procesos penales dirigidos contra Musa Abraham Besaile Fayad, Álvaro Antonio Ashton Giraldo y Juan Carlos Abadía Campo, en el escándalo judicial conocido como "El Cartel de la Toga".La Corte Suprema de Justicia explicó que en este sentido, la organización criminal obtenía información privilegiada, retrasaba procesos y manipulaba pruebas para emitir decisiones que beneficiaban a sus "clientes", quienes eran beneficiarios de tráfico de influencias.Entre los impedimentos, se encuentra el de la magistrada Myriam Ávila, porque en su anterior condición de procuradora delegada para la investigación y el juzgamiento penal, intervino dentro de las actuaciones que adelantó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, seguida en contra de los exmagistrados de este alto tribunal José Leonidas Bustos y Gustavo Malo.La magistrada agregó que "dentro de esos procesos se presentó alegato previo a la calificación del mérito del sumario y solicitó que se profiriera la resolución de acusación en contra de Bustos y Malo".Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia declaró fundados los impedimentos expresados por estos cuatro togados para intervenir en el trámite y decisión de este asunto.
Un juez rechazó la solicitud de nulidad que interpuso la defensa del expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, contra la acusación que le formuló la Fiscalía por el delito de cohecho dentro del caso del cartel de la togaEl expresidente de la Corte Suprema de Justicia fue condenado hace dos años por corrupción, dentro del famoso caso conocido como el cartel de la toga; pero resulta que el exmagistrado tiene otro proceso en su contra dentro del mismo caso, esta vez como presunto responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer.Según la fiscalía, entre 2015 y 2016, el exmagistrado Ricaurte, presuntamente, recibió dinero por intervenir para frenar los procesos que se adelantaban en la Corte Suprema contra Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma, los entonces representantes a la Cámara por Putumayo y Chocó, quienes tenían como abogado a Luis Gustavo Moreno Rivera, quien también fue condenado por el cartel de la toga.Según la Fiscalía, el exmagistrado Francisco Ricaurte contactó, a través de Luis Gustavo Moreno, al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, con el cual habrían acordado que, a cambio de dinero, se abriera investigación o incluso emitiera orden de captura contra los dos congresistas.Por estos hechos, la Fiscalía acusó recientemente al exmagistrado Ricaurte, pero este lunes, 31 de julio, un juez negó la petición de la defensa, quien pedía que se declarara nula la acusación que le hizo el ente acusador. Esto es importante porque ahora Ricaurte debe ir a juicio por el delito de cohecho.Finalizando la audiencia, el abogado de Ricaurte anunció que elevará una queja al Tribunal Superior de Bogotá porque para él sí había cabida a una nulidad porque la Fiscalía no demostró circunstancias de modo, tiempo y lugar que evidenciara que el exmagistrado sí cometió ese delito.Puede ver:
La Fiscalía General de la Nación imputó al exmagistrado de la Corte Suprema Francisco Ricaurte como presunto responsable del delito de cohecho, al parecer, por intervenir y favorecer en varios procesos en contra de Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma, en ese entonces representantes a la Cámara por Putumayo y Chocó.“En la investigación se conoció que Francisco Ricaurte, al parecer, a través de Moreno Rivera quien era el abogado de Velásquez y Córdoba, contactó al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, adscrito en su momento al despacho de Gustavo Malo Fernández, y entre ellos acordaron que, a cambio de dádivas, impediría que se expidiera orden de captura o se emitiera cualquier decisión en contra de los dos congresistas”, estableció el comunicado de prensa de la Fiscalía General de la Nación.El exmagistrado, presuntamente, estableció “honorarios” y reajustó los valores de acuerdo con la complejidad de los señalamientos y pruebas en contra de los dos representantes a la Cámara. Debido al compromiso ilegal que adquirieron ambas partes, estas personas estuvieron en indagación preliminar durante dos años sin ningún avance, cabe recalcar que Francisco Ricaurte está involucrado en el Cartel de la Toga en el que magistrados, fiscales, jueces y abogados recibieron dineros por parte de congresistas con el fin de intervenir en procesos judiciales.
La ponencia del magistrado Alfonso Cajiao confirmó que Francisco Javier Ricaurte Gómez fue excluido de la profesión de abogado porque incurrió en actos fraudulentos al servir como intermediario para afectar decisiones judiciales.La investigación disciplinaria determinó que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte Gómez actuó de manera ilícita en favor de los aforados Álvaro Antonio Ashton Giraldo, Musa Abraham Besaile Fayad, Nilton Córdoba Manyoma y Argenis Velásquez Ramírez.La defensa de Ricaurte Gómez apeló la decisión de primera instancia proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá al considerar que las conductas del exmagistrado habían prescrito y se violó el debido proceso al desconocer elementos de prueba.Sin embargo, el despacho del magistrado Alfonso Cajiao decidió modificar la sanción contra Ricaurte Gómez y archivar el caso respecto a Julio Alberto Manzur Abdalá, per confirmó la sanción contra el exmagistrado por los demás caos mencionados.La decisión de la comisión unidad fue remitida al Registro Nacional de Abogados para que sea ejecutada con base en los elementos juzgados.Escuche y siga el podcast Lo más Viral
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte declaró como testigo ante ese organismo por el cartel de la toga y negó conocer a Nilton Córdoba en la investigación que se adelanta en contra del excongresista.Al excongresista, la Sala de Instrucción decidió llevarlo a juicio por los supuestos pagos que hizo Nilton Córdoba de 200 millones de pesos al ‘cartel’, para evitar una orden de captura en su contra en otro proceso sobre presunto lavado de dinero, que lleva la misma Corte Suprema, luego de que el excongresista rindiera indagación y tras evaluar las pruebas, la corte decidió acusarlo formalmente.Este miércoles, 26 de enero, arrancó el inicio del juicio ante la Corte Suprema contra Nilton Córdoba Manyoma.“Mi relación con el doctor Gustavo Moreno solo fue una relación laboral, donde lo busqué para que me defendiera en términos legales y producto de esa defensa que él me iba a hacer yo me comprometí a darle una suma de dinero. Eso quiero dejarlo totalmente claro a la luz que tengo aquí enfrente del computador y a la luz de cualquier ser humano. Lo único que hice con él fue tener una relación profesional y digamos que de trabajo”, señaló Nilton Córdoba en a la audiencia.El excongresista dijo que un senador de apellido Andrade fue quien le recomendó contactar a Gustavo Moreno para que lo defendiera en los procesos que tenía en esta corte, con quien se encontró y acordaron un pago de 50-50 de los procesos por un valor total de 800 millones de pesos.También aclaró que Gustavo Moreno nunca le garantizó que los procesos iban a salir a su favor, sino que lo contrataba únicamente para su defensa.Además, señaló que el único encuentro que tuvo con Francisco Ricaurte fue en medio de una reunión con Moreno, porque justamente el exmagistrado iba entrando a la oficina del exfiscal y como Nilton Córdoba estaba con él, Moreno aprovechó y los presentó.Asimismo, dijo en la audiencia que desconocía las amistades de Gustavo Moreno con magistrados de las altas cortes y que los interrogatorios que rindió ante la corte los hizo ante el magistrado auxiliar de Gustavo Malo, Camilo Ruíz. Entretanto, Nilton Córdoba reconoció que Gustavo Moreno le iba a dar unos puestos en la Fiscalía General de la Nación. "Yo le había pedido que me ayudara con unos cupitos en la Fiscalía, él quería ser Defensor del Pueblo y yo ayudar a unos amigos del Chocó". Escuche la noticia en el siguiente audio:
La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación contra la condena impuesta al exmagistrado Francisco Ricaurte por su participación en el denominado cartel de la toga, específicamente, por los delitos concierto para delinquir, cohecho, utilización indebida de información privilegiada, tráfico de influencias de particular.En la apelación, la Fiscalía insiste en aumentar la pena que se le impuso de 19 años de prisión a 23 años de cárcel, al considerar que la pena actual no se ajusta a los delitos cometidos.“Solicito se modifique la pena impuesta al sentenciado adicionando en la proporción señalada el delito de tráfico de influencias, lo cual, aunque no es la pena que pretendió la Fiscalía en su solicitud (23 años) en este caso particular sería más acorde a los argumentos y valoración desarrollados por el señor Juez en el acápite de dosificación punitiva”, dice el documento de la Fiscalía.En las próximas semanas, el Tribunal Superior de Bogotá deberá tomar la decisión sobre si mantiene la condena de 19 años, la aumenta a 23, o la tumba como pretende su abogado con una apelación que también interpuso en esa instancia.Es preciso recordar que en este caso la justicia demostró que Ricaurte era pieza fundamental en la organización porque era quien conseguía clientes y establecía el monto a cobrarles.“Francisco Ricaurte conseguía los llamados clientes, establecía las condiciones del precio, la forma de pago, distribución de dineros, como quería presentarse al margen de los hechos delictuosos, esto no fue posible porque sus mismos socios, clientes lo delataron acogiéndose al principio de oportunidad como Gustavo Moreno, Álvaro Ashton y Musa Besaile”, dijo el juez en la sentencia.
El exmagistrado Francisco Javier Ricaurte ingresó a la historia criminal del país, como el primer expresidente de la Corte Suprema, máximo tribunal de la justicia en Colombia, en ser condenado, en su caso, por ser uno de los cerebros delincuenciales del denominado cartel de la toga.Ricaurte, oriundo de Cartagena, hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, fue condenado a 19 años de cárcel y al pago de una multa de más de 440 millones de pesos, por haber cometido cuatro delitos: concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho y uso indebido de información privilegiada.En una larga providencia de 194 páginas, el juez Guillermo Adame dijo que Ricaurte “actuó con pleno conocimiento de las conductas prohibidas, actuó en contrario de dichas prohibiciones, desconociendo bienes jurídicos de vital trascendencia para el Estado y la sociedad colombiana quien por su posición distinguida y destacada se le exigía mayor mesura en sus actos”.El juez señaló que la defensa de Ricaurte no logró desvirtuar las graves acusaciones que la Fiscalía sustentó con base en documentos y testimonios.Según los investigadores, desde el 2013 hasta el 2016 Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron a Luis Gustavo moreno, Leonardo Pinilla, Gustavo Malo, entre otros, dedicada a cometer delitos relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal.La forma en la que operaba esta red criminal, implicaba reuniones de sus integrantes en casa de Ricaurte, de Bustos y en hoteles, restaurantes y fuera del país.Según la Fiscalía, Ricaurte y Moreno se conocieron por medio de Leonidas Bustos en 2013 en el apartamento de Bustos, Ricaurte le indica a Moreno la forma en la que funciona la organización criminal, indicándole cómo manejarían los procesos y detallando la manera como en adelante procederían frente a lo que ellos llamaban clientes, que eran los beneficiarios del tráfico de influencias.Ricaurte y Bustos tenían los contactos, especialmente de políticos, congresistas y gobernadores, de quienes se supiera que tuvieran investigaciones, indagaciones o procesos en la Corte o en la Fiscalía.Los servicios criminales que ofrecían desde el cartel de la toga eran muy variados: Conseguían información privilegiada de procesosRetardaban los tramitesInstrumentalizaban medios de comunicación para desacreditar testigosAlteraban evidenciasLes pagaban a funcionarios del más alto nivel para que les dieran información, para que permitieran su actuación o para que engavetaran procesos.Según los testigos, Ricaurte recibió 400 millones del exsenador Álvaro Ashton- investigado por parapolítica desde 2017.Ricaurte pidió 2 mil millones de pesos contra el exsenador Musa Besaile – en cuyo caso se frenó una orden de captura por parapolítica que el propio expresidente de la Corte conocía.Ricaurte, vía el expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, habría buscado favorecer al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.Además, habría favorecido al exsenador Julio Manzur al haberle informado anticipadamente sobre una orden de captura en su contra.Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
Se conoció el documento definitivo que contiene el fallo condenatorio contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, uno de los cerebros del denominado 'cartel de la toga' que recibía sobornos por información privilegiada de procesos judiciales, incidir en fallos, entre otros. Por este delito, de cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada, Ricaurte fue condenado a 19 años de cárcel. En el fallo también se ordenó una multa contra el ex magistrado por 495 salarios mínimos legales vigentes, unos $440 millones de pesos. Este es el fallo completo de 194 páginas que detalla cómo la justicia llegó a la condena, los hechos punibles, la manera cómo se lucraron Ricaurte y otros miembros de los delitos, entre otros detalles:
Este jueves se profirió la quinta condena en el denominado cartel de la toga. El juez 10 de conocimiento de Bogotá condenó a 19 años y 1 mes de prisión al exmagistrado Francisco Ricaurte, como responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho, utilización indebida de información privilegiada, tráfico de influencias de particular, por ser, supuestamente, integrante del denominado de este cartel que vendía decisiones judiciales a “clientes” del más alto nivel.Sin embargo, son muchos otros procesos los que están pendientes y las investigaciones contra quienes habrían pagado por beneficios continúan.Así queda el procesoEn primer lugar, ya han sido condenados exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia; Camilo Ruiz; el exfiscal Alfredo Bettin; el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno; el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, y el abogado Leonardo Pinilla, todos supuestos integrantes del cartel.Además, se encuentran en juicio: el exmagistrado auxiliar Camilo Tarquino, el abogado Luis Ignacio Lyons, la exrepresentante Argenis Velásquez y el congresista Nilton Córdoba.Por otro lado, el proceso del exsenador Musa Besaile y del exsenador Álvaro Ashton están en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que aceptó sus casos.Y hay varios procesos pendientes. El caso en contra del exmagistrado Gustavo Malo quien, supuestamente, habría participado en esta red ilícita, ya está alegatos finales del juicio, es decir, próximo a conocerse la sentencia y en el proceso del exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, ya se presentó su acusación ante el senado de la república, falta su discusión y que decidan si lo declaran indigno y lo pasan a la sala de primera instancia de la Corte Suprema para que allá continúe el juicio.Finalmente, la Fiscalía sigue investigando a los supuestos clientes del cartel. Uno de los supuestos clientes y de quien sigue pendiente la fecha de imputación de cargos, es el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía.En el caso del exmagistrado Ricaurte, será el Tribunal Superior de Bogotá quien defina si sube la condena, como lo busca la Fiscalía al apelar la decisión, o si la tumba que es lo que pretende el abogado de Ricaurte, Juan Sebastián Fajardo.
