Recientemente, se conoció el caso de los hermanos Llano Narváez, quienes denunciaron que hace 38 años empezaron a ser víctimas de abuso por parte del sacerdote jesuita Darío Chavarriaga.El caso fue denunciado en el 2014 ante el padre Francisco de Roux, quien era presidente de la Compañía de Jesús. En ese momento, se hizo un proceso de derecho canónico y Chavarriaga fue sancionado, pero el caso no fue puesto en conocimiento de las autoridades.En las últimas horas , el abogado Juan David Riveros, quien representa al padre Francisco de Roux, confirmó que en la Fiscalía hay un proceso por el caso.“Esta defensa siguió indagando y estableció la existencia de un proceso relacionado con los hechos divulgados por los medios de comunicación”, señaló el abogado.La Fiscalía compulsó copias para que el padre de Roux sea investigado por una presunta responsabilidad en delitos de favorecimiento y omisión de denuncia, ante esta situación, el abogado de Francisco de Roux ha pedido que su cliente sea escuchado.“Solicité que fuera escuchado en diligencia de interrogatorio el padre Francisco de Roux, para que a la mayor brevedad clarificara cualquier inquietud que pudiera existir sobre la conducta que desplegó como Porvincial de la Compañía de Jesus en el marco del caso denunciado por la familia Llano”, señaló el abogado.El padre Francisco de Roux fue presidente de la Comisión de la Verdad y tras estas denuncias ha dicho que hubiera hecho algo diferente y es que tras realizar el proceso canónico, con las pruebas recogidas, iría a la Fiscalía.
El Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, adoptó la “estrategia de análisis y divulgación de las recomendaciones dispuestas en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad”, para lograr favorecer los procesos de recuperación y reconstrucción de la memoria histórica en los territorios.Esta estrategia fue presentada en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación y allí estuvo el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, entidad que ya terminó su mandato. De Roux se refirió a las recomendaciones que hicieron en el informe final, resaltando algunas de ellas, como la importancia de tener a un ministro de Paz en el gabinete.Por otro lado, se refirió a otras de las recomendaciones que hizo en su informe final la Comisión de la Verdad, algunas de ellas tampoco han sido acogidas por parte del Gobierno y diferentes entidades del Estado."Pedimos unas transformaciones en la Fiscalía, porque sentimos profundamente, Alejandro Valencia, que está aquí con nosotros, con mucha fuerza dirigió el volumen de la violación de los derechos humanos en Colombia, nos hizo sentir muy a fondo el problema de la impunidad en Colombia, que acrecienta tanto el dolor de las víctimas y por eso queríamos que para cuando se trate de crímenes de características internacionales, como pasa con el narcotráfico y otros crímenes de corrupción, que hubiera aquí una entidad donde hubiera no solamente colombianos, sino también juristas internacionales", señaló el expresidente de la Comisión de la Verdad.Le puede interesar:
Este viernes se cumplen siete años de la firma del acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Una de las entidades creadas desde entonces fue la Comisión de la Verdad, que presentó su informe final sobre el conflicto armado en Colombia, el presidente de la entidad fue el padre Francisco de Roux, quien se refirió a los avances en la implementación desde 2016."El acuerdo permitió comprender que la guerra interna de la guerrilla y del Estado, hoy en Colombia, es un crimen contra el pueblo. Cada año de guerra son miles las víctimas. El ELN y las disidencias que se reclaman del pueblo lo saben y persisten en la guerra, ¿hasta cuándo?", señaló de Roux.Por otro lado, el padre hizo un llamado a los grupos armados que en este momento se encuentran en un proceso de diálogo con el Gobierno nacional, en medio de la política de paz total."El pueblo adolorido espera al ELN y a las disidencias en el debate político legal, sin la cobardía de las armas, para construir juntos este país desde las diferencias. Un pueblo que quiere la reconciliación de Colombia basada en la verdad y la justicia", explicó el padre de Roux.Por otro lado, según el expresidente de la Comisión de la Verdad, el acuerdo permitió disminuir la violencia y llevar esperanza a las víctimas del conflicto armado colombiano."Las víctimas campesinas llegaron al Congreso y la reforma rural integral se abre paso. Y los exguerrilleros que han reconocido los crímenes de guerra e hicieron dejación de armas continúan firmes en la paz aunque 400 de ellos y ellas han sido asesinados", indicó de Roux.Le puede interesar:
Durante su visita a Medellín, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad y quien lideró la elaboración del informe tras los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP, habló sobre el interés del Gobierno nacional en trabajar por una paz total, invitando a los grupos armados a ser consecuentes.A los miembros del ELN, particularmente, el sacerdote caleño les envió un mensaje para que sean conscientes que cada acto contra un soldado, contra un campesino o contra uno de sus miembros es un acto que sufre todo el pueblo colombiano y por ello es necesario que se firme un acuerdo de paz pronto."La paz hay que hacerla pronto, que pongan una fecha y que comprendan que cada día de guerra es guerra contra el pueblo colombiano, no contra el Estado ni contra el sistema, esos son solo adjetivos ideológicos", dijo de Roux.En cuanto a la instrumentalización de la población civil que hacen los grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias o el mismo ELN, de Roux explicó que no concuerdan con lo que predican."Se presentan como los defensores del pueblo y los luchadores disque porque el pueblo. Cada acto de esos es un acto criminal contra el pueblo colombiano, los deslegitimiza, les quita toda reputación, muestra que lo que están haciendo no sirve para nada", puntualizó el padre.El sacerdote recordó que en la guerra sufre todo el pueblo colombiano y por ello es necesario hablar de la verdad, desde la comprensión y buscar alternativas para que lo que ha padecido el país no se repita una vez más.
La Comisión de la Verdad, que presentó su informe final sobre el conflicto colombiano el año pasado, entregó este viernes todo el material que le sirvió de base, que consiste en 2.422 cajas, que equivalen a 300 metros lineales de documentos en papel y 140 terabytes de información."Este archivo debe ser un libro abierto a la sociedad para conocer la verdad de lo que nos ha pasado en el país en los últimos 60 años, además de constituir una herramienta para la defensa y protección de los derechos humanos", explicó la Comisión de la Verdad.El material contiene casi 16.000 testimonios de víctimas, familiares y actores del conflicto, 1.679 documentos entre casos e informes que organizaciones y otras entidades entregaron a la Comisión y casi 600 fuentes externas que este organismo usó para investigar los hechos cometidos durante el conflicto armado y elaborar el informe en cinco años de trabajo.Con esta entrega, el que fue presidente de la Comisión, el sacerdote Francisco de Roux, consideró "liquidada la Comisión de la Verdad"."Durante 1.200 días estuvimos buscando la verdad del ser humano y de la vida llevados por las preguntas sobre el esclarecimiento de la verdad en el conflicto", manifestó.De Roux defendió las conclusiones y recomendaciones publicadas hace un año alegando que son preceptos que llevan a una disyuntiva: "si hacemos esto, hay futuro; si no lo hacemos, estamos condenados a seguir en la tragedia humana que es Colombia ante los ojos del mundo".Esta documentación física y electrónica fue entregada al Archivo General de la Nación en un acto en el que participaron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, representantes de la comunidad internacional y otras instituciones surgidas del acuerdo de paz con las FARC, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).GOBERNADOS POR CRIMINALESPetro, por su parte, dijo que "la lucha por la verdad aparece como una prioridad" y lamentó que documentos como el informe final y lo que revela, que son temas "que tienen que ver con la construcción de la nación colombiana, es decir, con el largo plazo, terminan aisladas de la opinión pública de la sociedad inmediata".En ese sentido, recordó lo revelado por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso la pasada semana en cuatro días de audiencias únicas ante la JEP, que está sopesando si incluirle en su sistema de justicia transicional."Confesó que secciones del Estado ordenaron el asesinato, protegían a los criminales, que indudablemente existía un sistema de protección judicial al gran crimen porque viene del gran poder, nombró las personas, le puso nombres propios", recordó el presidente, quien lamentó que a pesar de la gravedad de lo revelado no hubo movilizaciones."Millones de personas no sintieron sensibilidad ante el hecho de que han sido gobernados por grandes criminales", lamentó, y aseguró que la gente no salió a protestar a la calle "porque la sociedad ha sido insensibilizada a la verdad", en "otra forma técnica del relato mediático para que la sociedad pueda seguir siendo gobernada por el crimen".Según Petro, "el crimen, además, tiene un propósito: No es que hayan querido matar al pueblo por matarlo, sino para aterrorizarlo de tal manera que deje de robar el Estado. La otra cara del genocidio es el negocio", afirmó.Esta entrega, y el cierre final de la Comisión de la Verdad, sucede en un momento, según el padre De Roux, "muy difícil" porque "estamos en el filo de volvernos hacia atrás o dar un salto hacia el país basado en la verdad y no la repetición (...) y así proteger la vida", añadió.Le puede interesar
Leyner Palacios es un líder social chocoano y sobreviviente de la masacre de Bojayá, fue además el titular la Comisión de la Verdad, creada tras el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc. Esto como un mecanismo extrajudicial para conocer lo sucedido durante el conflicto armado en Colombia.Palacios recientemente denunció que tenía que salir del departamento pues recibió amenazas de un grupo armado que delinque en esa zona del país, por lo que también le informó al Gobierno nacional lo sucedido con el objetivo de que se tomen las medidas pertinentes al caso."No puedo desestimar la amenaza. Al teléfono de mi hija llegó un mensaje donde le dicen que me comunique con ellos. No dicen a qué grupo pertenecen, pero me dieron 12 horas de plazo para salir del departamento, sino me matan a mi o a mi hija", contó el excomisionado de la Verdad.En las últimas horas también se dio un pronunciamiento público de los excomisionados de la Verdad rechazando las amenazas y pidiendo protección para el líder social chocoano."Con indignación y dolor recibimos la noticia sobre las amenazas contra la vida de Leyner Palacios y contra su familia. Leyner, compañero de la Comisión de la Verdad, víctima de Bojayá, ha entregado todo en su lucha civil por la verdad y los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas sometidas al confinamiento, el desplazamiento y el terror. Leyner: su vida, su misión y su familia, tienen que prevalecer si la verdad y la paz grande tienen un lugar en Colombia", señaló el comunicado.El documento está firmado por todos los excomisionados y también por el expresidente de la Comisión de la Verdad el padre Francisco de Roux, quienes además valoraron el anuncio del Gobierno nacional y de la Policía. Según dicho texto se indicó que se van a tomar medidas para garantizar la seguridad de Palacios.Le puede interesar
El fundador de Wikileaks, Julian Assange; el pueblo ucraniano y sus representantes, y la Comisión de la Verdad de Colombia son los tres finalistas para recibir el premio Sájarov de 2022, anunció este jueves el Parlamento Europeo.Los tres finalistas surgieron de una lista de candidatos luego de una votación conjunta realizada por los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Desarrollo, en el Parlamento Europeo.El ganador será anunciado el 19 de octubre, seleccionado por la llamada Conferencia de Presidentes del Parlamento, que reúne a la titular del legislativo europeo, Roberta Metsola, y los líderes de los diversos grupos políticos.Assange fue propuesto por un grupo suprapartidario de 40 legisladores, al tiempo que la candidatura del pueblo ucraniano y sus representantes fue lanzada por el mayor bloque, del Partido Popular Europeo (derecha), y la Comisión de la Verdad por el bloque de La Izquierda.El premio Sájarov de 2022 por la defensa de derechos fundamentales será entregado en una ceremonia en la plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 14 de diciembre.Escuche el podcast ¿Cómo quitar el miedo a hablar inglés?
Recientemente, y en medio del proceso de paz total que busca impulsar el Gobierno Nacional con todos los grupos armados y estructuras delincuenciales que se dedican al narcotráfico, ha surgido la idea desde algunos sectores de crear una nueva Comisión de la Verdad en Colombia. Incluso el canciller, Álvaro Leyva, aseguró que del proceso de paz con el ELN "podría brotar una nueva Comisión de la Verdad".Asimismo, algunos excomisionados han explicado que la importancia que tuvo este organismo para que el país conociera hechos relacionados al conflicto armado que no habían sido esclarecidos con anterioridad. En principio, la Comisión de la Verdad se creó con el acuerdo de paz firmado con las Farc, pero tenía un tiempo establecido, por lo que hace pocos días y después de la entrega del informe final, terminó su mandato.La comisionada Marta Ruiz ha planteado la idea de que se cree una Comisión de la Verdad para que se investigue el narcotráfico, pues este ha sido uno de los factores generadores de la violencia en Colombia, idea fue respaldada por el padre Francisco de Roux.El argumento del padre se da ya que considera que el narcotráfico ha penetrado muchas de las esferas de la sociedad, desde la política, hasta la justicia, el comercio y la seguridad, e incluso el fútbol, esta es la razón por la cual Francisco de Roux cree que crear esta Comisión ayudaría a esclarecer muchos hechos relacionados con el conflicto y la violencia."Aún queda un largo camino por recorrer para tener un conocimiento completo de la penetración de las drogas en Colombia y el mundo, por lo que recomendamos una Comisión de la Verdad colombo - extranjera para hacerlo. Mientras haya narcotráfico en Colombia, habrá guerra", señaló en una entrevista con la Agencia de Información de la Conferencia Episcopal Italiana.Escuche el podcast El Camerino:Le puede interesar:
Recientemente, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, entregó del informe final sobre el conflicto al Congreso. Después de la presentación recibió algunas críticas por parte de las senadoras del Centro Democrático María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.Cabal además aseguró que la cifra de víctimas de los falsos positivos en el país, de 6.402, es un invento de la JEP.Durante la presentación del nuevo macro caso que se abrió en la justicia transicional e investigará los crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con el paramilitarismo, la magistrada Catalina Díaz respondió a una pregunta referente a la declaración de la senadora Cabal.Díaz investigó en esta jurisdicción los falsos positivos e hizo un llamado para que se lean las investigaciones registradas en el caso, donde aseguró están debidamente evidenciados los 6.402 falsos positivos.“Simplemente, los invitaría a leer las decisiones de la Sala donde hemos explicado en detalle cómo esas 6.402 víctimas tienen un nombre, un apellido, un número de cédula y un cruce de las bases de datos oficiales”, señaló la juez.Asimismo, dijo que en este momento la JEP no da abasto para poder recibir las confesiones de los militares que quieren entregar su testimonio para reconocer casos de falsos positivos.“Las pruebas están allí, la evidencia está allí en todos los autos de determinación de hechos y conductas que hemos dictado, tanto de Norte de Santander como en La Popa,Valledupar, Casanare y Dabeiba”, señaló.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca la polémica que desencadenó la orden del gobierno Petro a la fuerza pública de cesar bombardeos donde haya menores.
Este martes María Fernanda Cabal, durante su intervención en la plenaria del Senado, criticó fuertemente al padre Francisco de Roux y a la Comisión de la Verdad, según la parlamentaria el informe “se encargó de blindar una falsa verdad llenando de hechos, pero no explicó por qué sucedieron esos hechos”.“Yo no tengo porqué felicitar al sacerdote Francisco de Roux, porque primero tuvo el buen cuidado de no escoger a ningún comisionado que fuera víctima de las FARC. La selección de los comisionados fue completamente ideológica y de ahí viene su pecado, en ninguna parte del informe está que los hechos violentos por parte de la guerrilla obedecían a una estrategia de guerra”, dijo Cabal.La senadora siguió en su intervención diciendo que el informe evita mencionar lo que significó el reclutamiento de menores de edad; además, que desconoce las declaraciones de los desmovilizados de las FARC en las que confesaban las atrocidades de las que eran víctimas en esa organización. “Tampoco acepto que nos den recomendaciones a los que no hemos asesinado ni secuestrado a nadie, siempre nos señalan como si fuéramos extremos, lo único que hemos pedido es justicia, y la justicia va amarrada de la verdad”, puntualizó.Cabal terminó afirmando que el informe presentado por la Comisión de la Verdad fue la “plataforma política de Gustavo Petro, por eso usted envió una avanzada a pedirle a Europa y a pedirle a la ONU que no ayudaran más al Ejército de Colombia”.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de BogotáLa Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente.El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
