El principal sindicato de Ecopetrol, la USO, le pidió al Gobierno que reparta menos dividendos de la petrolera el próximo año para abrirle espacio a un agresivo plan de inversiones en Colombia que le permita aumentar sus reservas y prepararse, también, para lo que podría implicar salirse del negocio del fracking en Estados Unidos y perder unos 100 mil barriles de producción al día.“Que se contemple la posibilidad de hacer una distribución de menos dividendos, para que Ecopetrol tenga flujo de caja y pueda hacer su plan de inversiones. Ahora, en ese plan de inversiones, además de la búsqueda de petróleo y gas, es necesario hacer el proyecto de línea base de calidad de combustibles, que significa invertir en proyectos, en modernización de la refinería de Barrancabermeja, en la adecuación tecnológica, 1.100 millones de dólares para poder entregar combustibles de la mejor calidad al país”, dijo a Blu Radio el presidente de la USO, César Loza.Loza se reunió con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y con la viceministra Juanita Villaveces para plantearle la propuesta.Ecopetrol repartió el año pasado el 67 % de sus utilidades del año pasado como dividendos y aún no ha recibido del Gobierno la totalidad del costo de los subsidios a la gasolina y el diésel debido a que esas cuentas se pagan con rezago por parte del gobierno.Sin embargo, la compañía necesita dinero en la caja. Esta semana la petrolera colocó en el mercado bonos por 1.750 millones de dólares como parte de su estrategia de refinanciamiento.Para Loza es clave embarcar a Ecopetrol en un plan ambicioso de inversiones porque proyectos offshore como Komodo están retrasados y porque los barriles del fracking en Estados Unidos podrían salir de la ecuación el próximo año.“A partir del primero de abril del año 2025, esas cuentas o esos barriles no van a entrar a Ecopetrol, salvo que tomen una decisión en junta directiva y, por supuesto, con el aval del Gobierno nacional. Pero seguramente, teniendo en cuenta que son barriles de crudo y de gas equivalentes que vienen de fracking y que vienen del Permian de Estados Unidos, seguramente que ese negocio o ese contrato Joint Venture no se va a renovar”, aseguró Loza.La junta directiva de Ecopetrol aún no ha tomado una decisión frente a la continuidad de la asociación con OXY para explotar el Perminan. Sin embargo, le dijo que no a la posibilidad de un negocio por 3.600 millones de dólares para ampliar sus operaciones en esa área a través del proyecto Oslo.
La decisión de la Corte Constitucional responde a dos acciones de tutela interpuestas en el año 2022 por diversas organizaciones locales y nacionales. La primera, presentada por varias organizaciones de campesinos, pescadores, mujeres, jóvenes y sindicatos de Puerto Wilches, Santander, que denunciaba la vulneración del derecho a la participación ambiental. La segunda, liderada por la Corporación Afrowilches con el respaldo del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y la Corporación PODION, que alegaba la violación del derecho a la consulta previa.En su fallo, la Corte constató que la comunidad Afrowilches demostró la afectación directa e intensa que sufriría en su territorio debido a la implementación de los proyectos piloto de investigación de fracking denominados Kalé y Platero, subrayando que estos proyectos no solo perturbarían la organización interna y la cultura de la comunidad, sino que también podrían comprometer gravemente el entorno ambiental en el que se desarrolla su existencia.Pese a que los proyectos actualmente están suspendidos, la Corte advirtió sobre el riesgo de su reanudación, lo que justifica la necesidad de la sentencia para proteger los derechos de la comunidad.“La corte constitucional le ha dado razón a la comunidad de Afrowilches en relación con la vulneración a su derecho fundamental a la consulta previa libre e informada en razón a los pilotos de fracking. Nosotros consideramos esto es una decisión importante y esperamos que estos precedentes sirvan para que el Estado y la institucionalidad en general valoren la importancia que tiene respetar el derecho fundamental hacerlo en debida forma y por supuesto sin los abusos de poder”, explicó Rosa María Mateus, vocera del Cajar, Colectivo de Abogados José Alvear RestrepoNo obstante, el tribunal declaró improcedente la solicitud de amparo de los derechos a la participación ambiental de otros grupos de habitantes de Puerto Wilches como campesinos y pescadores, que también podrían verse afectados por los proyectos de fracking.La abogada Mateus enfatizó que, “aunque la sentencia representa un avance importante en la defensa del derecho a la consulta previa, se perdió la oportunidad de fortalecer la participación ambiental para otras comunidades. La Corte ha dado la razón a la comunidad de Afrowilches, pero se queda corta al no reconocer el derecho a la participación de los campesinos y otros habitantes que también se verían gravemente afectados por estos proyectos".Este fallo de la Corte también tiene implicaciones más amplias en el contexto de la transición energética y la justicia climática en Colombia. Yeny Rodríguez, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó que, “la sentencia constituye un hito para la región, ya que el máximo tribunal ha reconocido que los procedimientos ambientales y regulatorios deben ser justos y garantizar la participación democrática de las comunidades afrodescendientes e indígenas en la toma de decisiones que afectan sus territorios”.Aunque la sentencia de la Corte Constitucional señala necesidad de realizar una consulta previa real y efectiva, persiste la incertidumbre entre las comunidades sobre el futuro de los Proyectos Piloto de Investigación Integral en Puerto Wilches que actualmente están suspendidos.Rosa María Mateus añadió que, dado el contexto de crisis climática global, “el Estado colombiano debería reconsiderar su enfoque hacia estos proyectos extractivos, priorizando un ordenamiento territorial basado en el respeto al agua y los derechos de las comunidades locales que han sido históricamente guardianas del equilibrio ecológico en la región”.
Dos integrantes de la junta directiva de Ecopetrol renunciaron a sus cargos, así lo dieron a conocer a través de una carta, enviada al presidente de la compañía, Ricardo Roa. Se trata de las renuncias de Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, quienes asegura que salen de sus cargos, luego de la desautorización del presidente Gustavo Petro a la decisión que había tomado la compañía de adquirir entre el 20 % y el 30 % del proyecto de fracking CrownRock en Estados Unidos."En mayo de 2024 la junta directiva aprobó por mayoría (siete votos a favor y dos en contra) adquirir el 30% de este proyecto, por lo que el 17 de julio se informó al mercado que se adelantaban negociaciones con la Oxy", aseguraron en su carta.Sin embargo, según aseguran, "El 31 de julio de 2024 en la tarde nos informaron que, en una reunión informal en Piedecuesta, Bucaramanga, el Presidente Gustavo Petro había manifestado a Ricardo Roa y a varios miembros de la Junta no estar de acuerdo con el Proyecto por tres razones fundamentales: se invertía en fracking, significaba endeudar más a Ecopetrol, e implicaba enviar recursos desde Colombia al exterior. La Junta decidió entonces, por mayoría, no continuar con el negocio (nuestro voto continuó siendo afirmativo, por supuesto). Además, se consideró imposible ejecutar el proyecto sin el apoyo del Gobierno. El 31 de julio era el último día para comunicar nuestra decisión a la Oxy sin incurrir en multas posteriores".¿Qué pasó con el negocio Ecopetrol - Oxy?El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa aseguró que aunque durante meses Ecopetrol estudió la posibilidad de comprar activos de Crownrock en Estados Unidos y varias instancias de Ecopetrol recomendaron sellar ese negocio, nunca fue aprobado por la junta directiva.Según el ejecutivo, Ecopetrol hizo cuentas y llegó a la conclusión de que necesitarían endeudarse prácticamente por 3.700 millones de dólares para financiar el negocio, que no estaba en sus planes. Una operación de ese tamaño requiere el permiso explícito del Ministerio de Hacienda."La consulta, la sensibilización que se hizo con (el Ministerio de) Hacienda fue sencilla. Yo ya le había hablado al ministro de Hacienda como corresponde, es el ministro de Hacienda -es el titular de las acciones de la Nación en esta compañía- del proyecto, y le dije: Si ves alguna posibilidad... Dijo, estoy viendo ninguna", contó Roa.El proyectoEl pasado 13 de agosto el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, entregó su versión sobre el fallido negocio con Oxy para ampliar las operaciones de fracking de la compañía en Estados Unidos, a través de la adquisición de una participación de los activos de CrownRock y negó que el presidente Gustavo Petro haya intervenido para frenar el negocio y contradijo a las directivas de la OXY.Ese mismo día reveló la caída de las finanzas de Ecopetrol. Las utilidades de Ecopetrol en el segundo trimestre de este año cayeron mas de 17% al sumar 3,37 billones pesos, y las mismas ganancias entre enero y junio de este año fueron de 7,38 billones de pesos lo que significa una disminución de 24,2% comparado con el año anterior.Ecopetrol anunció en ese momento la importación de gas desde Estados Unidos aprovechando el gran rendimiento de la cuenca Permian, un lejano campo petrolero fronterizo entre Texas y Nuevo México con una producción récord de 100 mil barriles diarios de petróleo, 67.000 corresponden a la participación de Ecopetrol.Pese a que el ministro de Minas, Andrés Camacho, descartó la importación de gas, el presidente de Ecopetrol insiste en la idea de importar gas natural. Según Roa, PDVSA estaría lista para enviar las primeras moléculas de gas a Colombia a partir del 1 de enero de 2025.Roa defendió su gestión y atribuyó el desplome en las utilidades a “variables exógenas”, como la revaluación del peso colombiano y las presiones inflacionarias.Escuche aquí el informe en Mañanas Blu:
El Congreso de la República de Colombia ha recibido por quinta ocasión el proyecto de ley que busca prohibir la explotación de yacimientos no convencionales, conocidos popularmente como fracking. El proyecto fue radicado en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y cuenta con el respaldo del Ministerio de Ambiente y de la Alianza Colombia Libre de fracking.La radicación del proyecto contó con la presencia de varios miembros del Pacto Histórico, entre ellos Esmeralda Hernández.Por su parte la congresista Esmeralda Hernández, afirmó que “Por el liderazgo de la ciudadanía de la alianza Colombia libre fracking y con la coautoría de más de 80 congresistas de las diversas bancadas de los diversos sectores políticos radicamos nuevamente el proyecto de ley que busca prohibir el fracking y la explotación y exploración de yacimientos no convencionales en Colombia esta es una iniciativa fundamental para preservar el agua los ecosistemas para preservar los territorios para cuidar la vida para cuidar la diversidad que además profundiza en la línea que ha diseñado que ha estado el presidente Gustavo Petro, frente a la transición energética y dejar de lado la extracción de combustibles fósiles en Colombia”Este proyecto de ley, que ha tenido un historial de rechazos en legislaturas anteriores, tres en el Gobierno del expresidente Duque y uno en la legislatura pasada del Gobierno Petro. La insistencia en la radicación subraya la persistencia de sus promotores en buscar una prohibición definitiva a esta técnica de extracción de recursos, que sigue siendo un tema de gran controversia en el país.Esta radicación la realizó la viceministra de ambiente Lilia Tatiana Roa, quien señaló que: “hemos venido a respaldar la iniciativa del proyecto de ley que busca prohibir el fracking y los yacimientos no convencionales esta es una iniciativa ciudadana esta es una iniciativa de la alianza Colombia libre de fracking un proceso de articulación de múltiples organizaciones que cuenta con el respaldo de 82 congresistas de siete fuerzas políticas diferentes esperamos que el Congreso de la República”, además también manifestó que este será presentado con un mensaje de urgencia.
La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, reveló que el país se enfrenta a una inminente crisis de suministro de gas. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, explicó que el suministro local no es suficiente para cubrir la creciente demanda de hogares, comercios, vehículos e industrias. Incluso, dijo que, actualmente, los productores no tienen la suficiente cantidad para vender, bajo condiciones de firmeza, el gas que se requiere.Según detalló, para el año 2025, se espera que el déficit de suministro alcance el 7.5 % de la demanda total de gas. Además, para el año 2026, se estima en, aproximadamente, el 16 %. Esto significa, dijo, que el próximo año se comenzará a experimentar escasez de gas y será necesario importarlo de otros países. En ese sentido, recalcó que la “única manera de garantizar el abastecimiento y suministro del servicio es sumando a fuentes locales gas importado”."Necesariamente, porque de la información que presentó el Gestor del Mercado, que es una entidad que recolecta, consolida y publica la información que se requiere para comprar y vender gas, es evidente y que es de conocimiento público que la cantidad de gas que están disponibles para la venta en firme, no son suficientes para cubrir las necesidades de contratación de los dos años siguientes. ¿Eso qué quiere? Para atender la demanda esencial que es hogar, comercio y vehículos y la demanda industrial, los distribuidores tienen que comprar gas a los productores a través de contratos que garantizan la entrega de cantidades fijas durante el tiempo que se pacta", indicó.Murgas también se refirió a las declaraciones del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien hace unos días había asegurado que contemplaban la importación de gas para consumo residencial; respondió que las cifras demuestran claramente la necesidad que hay y es “la realidad”. Insistió en que esta situación “obliga” a importar.En cuanto a la cantidad de gas natural importado actualmente, Murgas aseveró que se hace, desde 2016, exclusivamente para respaldar la generación eléctrica en casos de fenómeno de El Niño. Esta importación está destinada exclusivamente a tres plantas térmicas en la costa, según aclaró. El resto de la demanda nacional de gas, incluyendo la residencial, vehicular, comercial e industrial, “nunca ha dependido de gas importado”.La capacidad adicional de estas plantas térmicas podría cubrir aproximadamente el 13 % de la demanda nacional, añadió. En este punto, dijo que es necesario que el Ministerio expida un decreto que “ajuste las reglas de comercialización de este gas importado” para que pueda ser utilizado en el marcado.Fracking en ColombiaMurgas también habló de las alternativas presentadas hasta por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sobre la posibilidad de importar gas de otros países, como Estados Unidos, donde se están utilizando técnicas de fracking para extraer gas. Señaló que es irónico que Colombia haya cerrado la puerta al fracking en el país y ahora esté considerando importar gas extraído con esta misma técnica."Es una paradoja porque, de hecho, lo que nos tiene justamente en esta situación es no haber desarrollado los proyectos de fracking o de yacimientos no convencionales, como lo conocemos, en el momento en el que teníamos los contratos asignados, la selección de compañías como Conoco Phillips y Exxon Móvil, que tienen altos estándares técnicos, ambientales, músculos financieros, experiencia. Tampoco desarrollamos los proyectos piloto de investigación, que fue una idea que surgió para poder evaluar los riesgos que se avizora en términos de uso de agua y demás y, no se realizaron porque no se expidieron las licencias ambientales para poderlos desarrollar. Y llegamos a un Gobierno en el que se le puso la lápida al desarrollo de estos proyectos", puntualizó.A pesar de las dificultades y los desafíos que implica el fracking, Murgas consideró que evaluar esta opción nuevamente podría ser una alternativa para recuperar la autosuficiencia en el corto plazo y evitar depender de importaciones de gas.
Ecopetrol planea traer gas desde sus operaciones de fracking en Estados Unidos para cubrir los faltantes que tendrá el país el próximo año e insistirá en importar gas de Venezuela en el mediano plazo.Las declaraciones del presidente de la compañía, Ricardo Roa, contrastan con las del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien dijo en Mañanas Blu que no hace falta importar gas para el próximo año.Ecopetrol en cambio trabaja para cubrir un faltante de unos 121 millones de pies cúbicos por día, es decir, un 12 % de la demanda."A partir de noviembre de este año vamos a tener la posibilidad de tener la autonomía del manejo de cerca de 50 millones de pies cúbicos día del gas que extraemos en la cuenca del Permian. Tener la comercialidad quiere decir que podemos hacer una especie de intermediación con la molécula e importar ese gas nuestro para el país, para traerlo a suplir el déficit", explicó el ejecutivo.Además, Ecopetrol está buscando la forma de ahorrar unos 40 millones de pies cúbicos de gas de su propio consumo en refinerías y campos petroleros, a los que se sumaría la posibilidad de contactar unos 30 millones después cúbicos adicionales del campo Arrecife.Mientras tanto el mercado del gas natural en Colombia sigue con los pelos de punta. La próxima semana debería iniciar el período de negociación anual de los contratos de gas y esta es la hora en que no se han emitido ni las resoluciones ni los decretos que se necesitan por parte del Gobierno para ayudar a que se firmen los contratos.Muchos en el sector están convencidos de que gas si va a haber el gran dolor de cabeza y la gran pregunta es cuánto tendremos que pagar por él.
A solo dos debates de convertirse en ley de la República, el proyecto que buscaba prohibir el fracking y otras prácticas no convencionales en Colombia sufrió un inesperado revés al no ser agendado por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes durante la legislatura que culminó este 20 de junio.Al cierre de esta sesión legislativa, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, denunció el hundimiento del proyecto, atribuyéndolo directamente al presidente de la Comisión Quinta por no haberlo puesto a discusión, a pesar de contar con las ponencias necesarias.El proyecto de ley, presentado en 2022 con el respaldo de 80 congresistas y diversos sectores de la sociedad civil, tenía como objetivo principal proteger los recursos hídricos del país, así como las especies y la salud de las comunidades frente a prácticas potencialmente dañinas para los acuíferos y las zonas ambientales protegidas.En un comunicado, Muhamad expresó su frustración: "Este proyecto se hunde en un año crucial para Colombia, que será sede de la COP16, donde estamos promoviendo la Paz con la Naturaleza. Es lamentable que mientras invitamos al mundo a discutir sobre sostenibilidad, en nuestro propio país no se logre avanzar en la protección ambiental".La ministra subrayó las consecuencias del fracking, especialmente en un año marcado por fenómenos climáticos extremos como el fenómeno de El Niño, que afectó a casi 400 municipios con escasez de agua."El fracking no solo amenaza los suelos destinados a la agricultura y los humedales, sino que también representa un alto riesgo de contaminación de aguas subterráneas con químicos peligrosos, cruciales en la transición climática de Colombia", advirtió Muhamad.Esta decisión representa un duro golpe para los habitantes del Magdalena Medio, Boyacá y Cundinamarca, quienes lograron recolectar más de 174,000 firmas en apoyo al proyecto de ley, buscando proteger su entorno y asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
La Alianza Colombia Libre de Fracking hizo un plantón de protesta en Barrancabermeja y denunció la negativa de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes para permitir el avance del proyecto de ley, que busca la prohibición del fracking y la explotación de los yacimientos no convencionales.“Hoy denunciamos la indolencia de algunos representantes de la Comisión V, y la intención de dejar que se hunda el proyecto en el silencio que implica la ausencia de discusión, impidiendo un debate de cara al país y de frente a los riesgos que la implementación de esta técnica representa para los territorios y sus comunidades”, dice el comunicado de la protesta realizada por la Alianza Colombia Libre de Fracking.Los integrantes de la alianza denunciaron que el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se ha negado por más de un año a programar el tercer debate del proyecto de ley que busca la prohibición del fracturamiento hidráulico y, la explotación de yacimientos no convencionales, y ante el fin de la legislatura se tendría que archivar la iniciativa por cuarta vez.“Ante la situación actual de escasez de agua y la necesidad de actuar de manera urgente frente a la crisis climática que estamos viviendo en el país, convocamos a la sociedad civil para que se sume al cuidado de la vida y la defensa de los territorios que particularmente se ven amenazados por los proyectos de fracking y la explotación de Yacimientos No Convencionales (YNC)”, explica el comunicado de la Alianza.Entre los congresistas que han radicado ponencia negativa al proyecto de ley contra el fracking se encuentran Héctor Cuellar, Nicolás Barguil y Óscar Villamizar, entre otros. La Alianza Colombia Libre de Fracking lleva más de 6 años pidiéndole al Congreso de la República que prohíba esa técnica de explotación de hidrocarburos por la contaminación del agua que, al parecer, generaría.
La prohibición del fracking en Colombia fue una de las banderas de Gustavo Petro en su correría por la Presidencia de la República, pero hoy se está enredando en medio de la dificultad para sacar adelante el proyecto de ley que prohíbe la técnica de forma definitiva y el hecho de que, tanto la normativa sobre fracking como los contratos firmados con varias compañías, hoy solamente están en ‘hibernación’ y podrían despertar cuando cambie el Gobierno en 2026.“Lo primero que tendría que decirles es que aquí en esta región no va a haber fracking. El fracking es una especie de suicido por unos dólares rápidos e inmediatos se cambia la riqueza del futuro”, dijo el entonces precandidato Gustavo Petro a la multitud que lo aplaudía en Puerto Wilches.Puerto Wilches es el municipio en el que el gobierno anterior buscó sacar adelante el proyecto de piloto Kalé, para evaluar el despliegue del fracking en el país.Amarilis Llanos, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, cree que hoy hay un riesgo alto de que el fracking reviva en Colombia y eso le preocupa.“Para un país como Colombia que no es petrolero, que no somos potencias fósiles porque tenemos que bajarnos de la nube y entender eso, invertir en esa materia, implica que nos vamos a quedar con activos varados. No podemos fortalecer un sector que a nivel mundial va para abajo, debemos fortalecer los otros renglones de la economía en donde sí somos potencia, uno como la energía, las energías renovables, la solar y la eólica, pero también renglones como el turismo y como esa biodiversidad en donde ocupamos los primeros lugares en todo el mundo. Entonces fortalezcamos los renglones económicos en donde tenemos vocaciones naturales, en donde sí somos potencia y no sigamos invirtiendo los escasos recursos que tenemos en un sector económico que va en declive”, dijo Llanos.Ecopetrol seguirá recibiendo recursos del fracking en Estados UnidosLa ley antifracking está prácticamente hundida por tiempos La ley para prohibir el fracking en Colombia fue uno de los primeros proyectos de ley que radicó el Gobierno nacional y tras casi dos años apenas logró pasar dos de cuatro debates. Si no completa los que faltan antes de mitad de año se hundirá por falta de trámite.Según fuentes consultadas por Blu Radio la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, estuvo reunida con el presidente de la Comisión V de la Cámara de representantes a mediados de abril preguntándole qué va a pasar con el proyecto. La versión del presidente de la Comisión, Luis Ramíro Ricardo, es que si pone el proyecto en el orden del día para que se discuta se hunde porque no tiene una mayoría clara y son más los firmantes de la ponencia de archivo que los que apoyan al Gobierno. Apenas tres de los ponentes firmaron la ponencia positiva.Blu Radio buscó a la ministra Muhammad para consultarla pero al cierre de esta nota no obtuvo una respuesta.Gobierno impulsa tutela que pide tumbar fallo que "salvó" la práctica del frackingLos contratos de fracking están en hibernación y la reglamentación está vigente Colombia firmó varios contratos para el desarrollo del fracking bajo el gobierno de Juan Manuel Santos que no se han podido ejecutar.La Agencia Nacional de Hidrocarburos le confirmó a Blu Radio que todos los contratos de fracking comercial se van a suspender de mutuo acuerdo con las compañías el los próximos días, gracias a un nuevo acuerdo de la ANH que permitirá firmar esas suspensiones de mutuo acuerdo entre el gobierno y las petroleras. En la lista de suspendidos está Kalé (el piloto en Puerto Wilches).Es claro que mientras este gobierno esté la ANH no tiene ningún interés en sacar adelante el fracking, pero eso podría cambiar si un gobierno más afín al desarrollo petrolero llega al poder en 2026.Tendría el camino relativamente fácil: el Consejo de Estado ya dejó vigente toda la reglamentación que permitió entregar los contratos de fracking iniciales y la reglamentación del piloto Kalé tampoco tiene ningún inconveniente. Es más Afro Wilches perdió la tutela contra el piloto de investigación Kalé y el asunto está en revisión en la Corte Constitucional.Llanos cree que el Gobierno podría simplemente revocar sus propios decretos, el problema es que con esos decretos se firmaron los contratos y ni siquiera este Gobierno ha logrado liquidarlos.
Ecopetrol seguirá recibiendo recursos de la explotación del fracking en Estados Unidos porque incluso si decide no renovar el actual contrato de asociación con Oxxy que vence en los próximos años, está previsto que continúe recibiendo beneficios económicos.Las operaciones de la cuenca del Permian representan uno de los negocios más rentables para Ecopetrol. Al cierre de 2023 habían generado unas utilidades antes de impuestos y gastos financieros para Ecopetrol de 1.716 millones de dólares (unos 6.6 billones de pesos a precios al tipo de cambio).La petrolera se subió en la aventura del fracking en la cuenca del Permian en los Estados Unidos de la mano de Occidental Pétroleum (Oxxy) durante el Gobierno de Iván Duque. El objetivo, en su momento, fue no solo acceder a una operación rentable y más económica, sino además entrenar empleados de Ecopetrol para un eventual despliegue del fracking en Colombia.“El contrato de asociación con OXY para los activos ubicados en Midland podría terminar en el 2025. En dicho caso, las actividades de desarrollo futuras continuarían, no bajo el JV actual, sino mediante un acuerdo de operación conjunta (figura contractual común en la industria) en el cual OXY mantendría su calidad de operador. Además, Ecopetrol conservaría sus derechos sobre la producción y las áreas”, explicó la petrolera en respuesta a una solicitud de información de Blu Radio.En otras palabras, la petrolera colombiana seguirá percibiendo beneficios económicos de esa actividad sin importar la figura jurídica que se utilice.“Ecopetrol se encuentra analizando las opciones disponibles, incluyendo la extensión del JV, y actualmente se están sosteniendo las conversaciones pertinentes con el socio, para elegir la mejor alternativa de valor alineada con la estrategia 2040 del grupo”, agregó la entidad.Además del contrato inicial en Midland, Ecopetrol tiene un segundo contrato con Oxxy para la operación en Delaware (también en la cuenca del Permian) que está vigente hasta el año 2027.En 2023 la producción promedio correspondiente a Ecopetrol llegó a los 66 mil barriles de petróleo equivalente por día (kbped) antes de regalías. Es decir, sin descontar regalías, el fracking en Estados Unidos representa cerca del 9% de la producción de Ecopetrol.Mientras el fracking en Estados Unidos avanza en Colombia, las iniciativas y pilotos de investigación están suspendidas oficialmente y el Gobierno está impulsando una ley para prohibir definitivamente el uso del fracking en el país. La iniciativa ya surtió dos de los cuatro debates que necesita para convertirse en ley, pero necesita pasar otros dos antes de mitad de año.
