El juzgado 39 de conocimiento de Paloquemao aprobó el preacuerdo que le otorgó la Fiscalía al empresario Tomás Jaramillo Botero, salpicado en el escándalo del Fondo Premium de InterBolsa. Aunque en una próxima audiencia el juez deberá determinar el tiempo exacto de la pena, la multa ya está fijada.Le puede interesar: Groenewegen suma su primer triunfo y Ciccone sigue de líderEn el acuerdo, Jaramillo acepta los delitos de captación masiva y habitual de dinero y no reintegro, en calidad de cómplice, por lo que recibiría una pena de siete años y un mes de prisión. Además, deberá devolver 400 millones de pesos al Estado.Y aunque se cuestionó el monto de la multa porque el descalabro bursátil fue de 350.000 millones de pesos, las víctimas del Fondo Premium no se opusieron al preacuerdo porque ya habrían sido indemnizadas.
Un juez de Bogotá condenó a 85 meses de detención domiciliaria a Rachid Maluf y Juan Andrés Tirado, cerebros del escándalo bursátil del Fondo Premium y quiénes son considerados cómplices del desfalco. Le puede interesar: Aumentan a más del doble condena a implicados de desfalco al Fondo PremiumTambién deberán pagar 2.000 salario mínimos mensuales vigentes de multa, los cuales deberán ser entregados en un plazo de 3 meses. Tirado fue condenado por los delitos de captación masiva de dinero, manipulación de especies, no reintegro de dinero, estafa y concierto para delinquir. Maluf fue condenado por los mismos delitos excepto el de concierto, para delinquir.
Dentro del proceso de extinción de dominio que adelantó la Fiscalía a los bienes de los socios del Fondo Premium de Interbolsa encontraron 80 piezas precolombinas consideradas patrimonio de la Nación.Según las investigaciones, estos elementos fueron hallados en dos apartamentos de los exsocios Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, quienes fueron procesados por este desfalco.Lea también: Aumentan a más del doble condena a implicados de desfalco al Fondo Premium.Los investigadores y expertos en elementos arqueológicos hicieron una verificación y determinaron que "las 80 piezas proceden de diferentes regiones del país y, en su mayoría, se ubican cronológicamente 500 años antes de la era cristiana hasta la conquista".Los elementos, que fueron entregados al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pertenecían a las culturas de Nariño, Calima, Tairona, Magdalena Medio, Quimbaya y San Agustín.La Fiscalía, a través la delegada contra las Finanzas Criminales, informó que ha incautado varios de esos bienes representados en apartamentos, oficinas y hasta un yate avaluados en 38.000 millones de pesos.
Este jueves el Tribunal Superior de Bogotá resolvió el recurso de apelación que interpusieron las víctimas de Fondo Premium cuando conocieron que los responsables del descalabro Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez, habían sido condenados a 11 años de prisión y cómo habían aceptado cargos, les otorgaron una rebaja del 50%, quedando de esta manera en solo 5 años y 9 meses de prisión. La decisión del tribunal fue subirla. Ortiz y Jaramillo fueron condenados a 18 años y 8 meses, sin embargo, les dieron el 35 % de rebaja por aceptar cargos y quedó finalmente de 12 años y 3 meses. Por su parte, la de Martínez quedó en 10 años. Vea aquí: ¿Qué viene después de los cinco años del descalabro de Interbolsa y Fondo Premium?Los tres hombres fueron condenados por los delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta y estafa agravada por manejar de manera irregular los recursos de 1.206 inversionistas, una suma aproximada de 350.000 millones de pesos.
El pasado 2 de noviembre de 2012 se conoció uno de los escándalos de corrupción más grandes del país. La comisionista InterBolsa, la más importante de Colombia en su época, quebró, comprometiendo más de 380.000 millones de pesos de 1.026 inversionistas que habían depositados sus recursos. A la fecha, la liquidación realizada por la Superintendencia de Sociedades ha facilitado la devolución de cerca de $180.100 millones. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, señaló que actualmente los afectados por el Fondo Premium, perteneciente a la comisionista, se vinculan a una fiducia conformada por bienes valorados en 206.465 millones de pesos. Dicho valor incluye bienes muebles, inmuebles, inversiones y dinero en efectivo, valor al que se le suma lo que ya se les había pagado en efectivo, para un total de $385.000 millones. “Se creó una fiducia a la que se le aportaron la totalidad de los activos que se habían recaudado y que no se habían liquidado en el proceso del Fondo Premium, a esa fiducia le faltan ingresar unos activos y tiene por objeto entregar dinero a las personas afectadas, el monto alcanza para cubrir la totalidad de los activos que se habían respaldado”, dijo Reyes. Añadió que solamente hace falta que se registren en la fiducia los bienes que fueron embargados del Fondo Premium para que se pueda realizar el pago final de estos recursos. “Está pendiente el desembargo de todos los activos y está pendiente que los registradores los inscriban, una vez eso ocurra queda la posibilidad de hacer ese pago final”, precisó. Con estas acciones, la totalidad de las víctimas del Fondo Premium serán reparadas con el dinero que invirtieron. “El 100 % del capital que le correspondiera a los afectados pudo recuperarse, se hizo un trabajo de captura de activos e incluso repatriar recursos desde Curazao y se vendieron compañías”, sentenció Reyes. “Hay que tener en cuenta que es uno de los procesos más complejos que se han tramitado en la Superintendencia, que a pesar de su gran complejidad pudo culminarse con relativo éxito”, concluyó.
Por primera vez en la historia del país, las más de 1.070 víctimas, quienes presentaron reclamación ante el liquidador, serán retribuidos en su totalidad con una suma que asciende a los $380 mil millones de pesos. El proceso de hizo en ocho pagos y en este último los afectados se vinculan a una fiducia conformada por bienes valorados en más $206 mil millones. Hasta la fecha la liquidación había efectuado siete devoluciones en efectivo por un valor superior a los $180.100 millones. El superintendente de sociedades, Francisco Reyes, destacó la gestión de la delegatura para los procedimientos de insolvencia y del liquidador del Fondo Premium, quiénes además lograron obtener excedentes de dinero para asumir otras obligaciones tales como impuestos. Le puede interesar: Inicia octavo pagó por $8.000 millones a afectados del Fondo Premium. El liquidador del Fondo Premium ya comenzó el proceso de vinculación al patrimonio autónomo de los afectados que tenían saldos de reclamaciones sin pagar. Tras la puesta en marcha de este instrumento los afectados pueden negociar sus derechos fiduciarios o esperar a la venta de los bienes por parte del administrador fiduciario. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Esta semana vence plazo para que Colombia conteste la denuncia que interpuso el empresario Víctor Maldonado, uno de los implicados en el escándalo del Fondo Premium, ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación del debido proceso y honra. Y es que en abril pasado la CIDH envió una carta a la canciller María Ángela Holguín para responder a la demanda, al igual que más de 1.000 folios con evidencia presentada por los abogados de Maldonado. “Solicito respetuosamente al gobierno tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de la transmisión de la presente comunicación”, señaló en su momento la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed. Lea también: Inicia octavo pagó por $8.000 millones a afectados del Fondo Premium Cabe recordar que Maldonado fue extraditado en enero de 2015 desde España, por solicitud de la Fiscalía. En marzo de este año quedó en libertad condicional mientras avanza el proceso por los delitos de estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especie y no reintegro de dineros captados del público.
La Superintendencia de Sociedades aprobó la devolución de $8.000 millones a los afectados por la captación ilegal del Fondo Premium. Los $8.000 millones serán distribuidos entre las 300 personas (que a la fecha reportan saldos insolutos), aseguró el liquidador Alejandro Revollo tras explicar que cada uno de los afectados recibirá $27.934.065. El dinero que será repartido proviene del segundo pago de la venta de la Sociedad Inversiones Vesubio Colombia S.A.S. (antes Archie's Colombia SAS.) y de los dineros consignados en depósitos judiciales y que han sido puestos a disposición de la liquidación. Al igual que en oportunidades anteriores, los afectados podrán acercarse a las oficinas de Bancolombia en todo el país a reclamar su parte.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, criticó duramente la condena de 5 años y 4 meses contra Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo por el caso Fondo Premium. El jefe del organismo acusador manifestó que el bajo monto no es culpa de los operadores judiciales, sino de la política criminal del país. “Por el solo hecho de allanarse a los cargos, hoy en Colombia, el victimario tiene derecho a un descuento del 50 por ciento de entrada”, expresó. Añadió que desde el punto de vista criminal eso es una invitación a la continuidad del delito. “Por eso me he tomado el trabajo de demostrarle al ministro de Justicia de seguir en estas rebajatones, que lo que hace es enviar señales equivocadas frente ante este fenómeno”, puntualizó.
El juez 48 del circuito penal de conocimiento estableció está nueva fecha del 31 de marzo a las 10:00 de la mañana para fijar la condena a tres de los máximos responsables del fraude relacionado con el descalabro de Interbolsa. Se trata de Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz, altos directivos de Fondo Premium, y Ricardo Emilo Martínez, quien se desempeñaba como tesorero de Andean Capital Markets, ambas empresas filiales de Interbolsa. Los tres procesados ya habían aceptado cargos por los delitos de: concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro Nacional y estafa agravada. Por lo que sólo se espera se imponga los años de prisión que deben pagar por estos hechos. Durante la audiencia donde se esperaba la imposición de dicha condena, los procesados reiteraron su pedido de perdón a las víctimas del desfalco y advirtieron que van a reparar en un ciento por ciento a todos los que resultaron afectados, igualmente presentaron su solicitud de tener como lugar de reclusión, sus lugares de residencia. Es de anotar que ni la Fiscalía ni el Ministerio Público pidieron severidad en la pena y sí dejaron a consideración del juez las respectivas rebajas, teniendo en cuenta que los tres implicados aceptaron los delitos desde la imputación de los cargos y el principio de oportunidad concedido a Ricardo Martínez.
