Tras el más reciente escándalo por la posible corrupción que existe alrededor del manejo de los recursos destinados para los proyectos de paz en los municipios de PDET, el gobierno nacional nuevamente se pronunció.El presidente Iván Duque señaló que existen varias cosas que son importantes, una de ellas corresponde a que los recursos invertidos en la paz superan los 28 billones de pesos en diferentes programas que se han ejecutado o están en proceso de ejecución.“Esos recursos del OCAD Paz, que no es la plata de toda la paz, todo ha estado detallado, hay un visualizador de datos donde se pueden ver los proyectos que están terminados, proyectos que están en ejecución y los proyectos que no tienen contratación. Hay unos filtros, hay un proceso de requisitos. Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia que haya pago de coimas a lo largo de ese proceso, todo ha sido público. Hay actas, videos y el doctor Emilio Archila que era la cabeza ha dado las explicaciones rigurosas”, señaló el presidente Iván DuqueLe puede interesar:El mandatario también explicó que todos los programas están siendo monitoreados. En dicho monitoreo se observa los proyectos terminados, en ejecución y también en proceso de contratación.Duque señaló además, que todos los programas en los PEDET fueron aprobados de acuerdo a las postulaciones y la votación se hizo fue por parte del alto comisionado para la Estabilización, el DNP, al igual que los gobernadores y alcaldes.Escuche el podcast “Al Pelo con Tata” y descubra los colores de moda que pueden sentarle bien a su cabello:
En el marco de las denuncias sobre los recursos del Ocad Paz, en Mañanas Blu Cuando Colombia está al aire, habló Lyda Caicedo, directora del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social, entidad que figura como una de las grandes beneficiarias de las adjudicaciones de contratos que se realizaron, principalmente, en 2021. Ese fondo recibió casi el 10 % de los 4,4 billones de pesos asignados ese año para los proyectos Ocad. “Nosotros somos designados como ejecutores directos, pero los recursos no ingresan al Fondo Mixto, están en el Ministerio de Hacienda; el Fondo Mixto nunca recibe un peso de esos recursos, solo hacemos un tema administrativo, damos el visto bueno de la ejecución y el porcentaje de las obras, hacemos un cargue al sistema para que sea el MinHacienda que haga los giros directos”, aseguró Caicedo. Ante la pregunta de por qué un fondo del deporte y recreación terminó cambiando de razón social y empezó a ejecutar obras viales, de infraestructura y de todo tipo en regiones Pdet, aseguró que querían “extender sus propósitos” para ayudar a las entidades territoriales con sus proyectos. “Nuestro objeto social es muy amplio, es una entidad de segundo orden de carácter mixto. Llevamos 29 años ejecutando proyectos de toda índole, no solamente deportivos. Tuvimos un año de pandemia y de estallido social, eso fue lo que nos permitió pensar en otros modelos de negocios”. Sobre la calificación que recibió el fondo por eficacia y cobertura de dichas obras, aseveró que, en ese momento, registraron problemas con los informes, pero con un sistema interno llevaban el control de todos los procesos. “Para el primer trimestre del 2021 teníamos una calificación de 18 puntos, fue ahí cuando empezamos a mostrar ejecución de los proyectos. Se presentaron inconvenientes en plataformas, rendición de informes, demoras y más; y establecimos un plan interno de mejoras para lograr ser los mejores ejecutores de regaláis”. “No es por arte de magia que aparece el cambio de porcentaje, sino el mismo sistema conforme al rendimiento que hacemos de la información que va cambiando, se llama IGPR, Índice de Gestión de Proyectos de Regalías”, añadió.
Más de un millón de personas se han tenido que exiliar de Colombia debido al conflicto armado, muchos de ellos después de haber sufrido incluso otros delitos en el país antes de salir como: tortura, homicidio de algún familiar y desplazamiento forzado o amenazas.La Comisión de la Verdad encontró siete causas por las cuales las personas deciden salir; la persecución política, seguida del miedo a ser reclutados por parte de los grupos armados, también la falta de garantías de protección por parte del Estado y los hostigamientos o amenazas contra familiares son algunas de ellas."Más de un millón de personas tuvieron que huir del país en búsqueda de protección «son la punta visible de un iceberg, porque las crisis han sobrevivido al paso del tiempo, han mutado, han decaído y otras han reaparecido».Esto afectó a activistas, opositores políticos y periodistas que denunciaron hechos de violencia o corrupción, pero también a los jueces y fiscales que avanzaban en las investigaciones sobre crímenes cometidos por diferentes grupos armados, e incluso, por agencias y organismo del Estado.Este apartado relata las dificultades que viven las personas en otros países, como es el caso de una mujer del Valle del Cauca, que fue testigo de cómo asesinaban a su esposo al parecer a manos de las Farc.“Con dos niños huyó hacia Buenaventura, allí se encontró con los perpetradores del asesinato. Debido a las amenazas, tuvo que salir exiliada a Ecuador”.La mujer en su relato a la Comisión explicó: "«¿Sabe qué es lo más triste? Que habiéndoles mostrado todo –el acta de defunción, la forma como mi esposo murió (porque yo tengo todavía esos papeles del hospital, su seguimiento: dónde quedaron las balas, el daño que nos hicieron)–, yo necesitando el apoyo… me rechazaron dos veces".Este capítulo asegura que el gobierno del expresidente Álvaro Uribe negó el conflicto armado en Colombia, lo que según la Comisión de la Verdad afectó a las víctimas de la violencia en el país."El Gobierno negaba el conflicto armado. Dicha negación dejaba a las víctimas sin un marco social de reconocimiento y las condenó en muchos lugares al silencio y la marginación, sin tener en cuenta la necesidad de protección. La negación de la existencia del conflicto armado durante los periodos de gobierno de Uribe no solo eliminó cualquier posibilidad de diálogos con las guerrillas, sino tuvo un alto costo frente al reconocimiento de las víctimas y su necesidad de protección".Por otro lado, explica que el exilio es un fracaso de las instituciones del Estado en su intento de proteger a las víctimas. Además, los responsables son todos los actores armados involucrados en la guerra, incluyendo a agentes e instituciones del Estado y terceros civiles."«La hoja que nos dan tiene la foto y un número nacional. Eso quiere decir que uno es demandante de asilo. Al ser demandante de asilo, el estigma que tienen es que uno no es formal o es un delincuente o viene a hacer cosas raras. Eso es una mala carta de presentación para uno; o sea, a usted no le dan la oportunidad ni siquiera de trabajar o tomar en alquiler»", se lee en un testimonio.El exilio se sigue presentado incluso después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, pues la Comisión recopiló casos de comparecientes en la JEP que tras su testimonio han tenido que salir del país. Incluso excombatientes de las extintas Farc se van por amenazas, a su vez, los líderes sociales y juveniles que hacen parte de diferentes organizaciones y movimientos e incluso participaron en las manifestaciones del paro nacional.“La Comisión ha podido ser testigo de varios exilios de jóvenes participantes en las movilizaciones, como el de un músico caleño que durante las manifestaciones de 2021 fue ilegalmente detenido por la policía el 28 de mayo de 2021; y de miembros de organizaciones acompañantes del paro".El proceso de regresar a ColombiaEl retorno a Colombia lo han hecho las víctimas solas sin el acompañamiento o apoyo del Estado, por lo que no cuentan con las garantías de seguridad. Aseguran que la atención que reciben en algunos casos es precaria y desinformada, según se lee en el informe.Los hijos de quienes salieron exiliados vuelven a irse del país cuando sus padres retornan, pues se sienten extraños en su territorio. Mientras que, a veces volver también ha traído dificultades económicas debido a una ausencia prolongada que no permite tener un acceso al trabajo u otras oportunidades.Uno de estos casos es el de Rubí, quien tuvo que salir de Medellín a Quito por extorsiones de las Águilas Negras. Sin embargo, se le acabaron los recursos a los pocos días de estar allá."«Qué pesar uno vivir en un albergue. Era una cosa súper pequeñita… muy duro. O sea, se les agradece en el alma acogernos, pero había que cumplir un horario si uno iba a salir, había que estar a una hora exacta para comer, la comida era así como una mortadela, por ejemplo, con un arroz y un juguito. También había muchas familias y los cuarticos eran pequeñitos. A nosotros nos dieron un solo cuarto para los dos niños y nosotros dos".Ante esto la Comisión hace algunas recomendaciones al Estado para evitar más casos de personas exiliadas; poder garantizar protección y retorno a quienes están dispuestas a volver.En una primera medida explican que se debe proporcionar un mecanismo jurídico de reconocimiento del exilio. A partir de ahí crear mecanismos que permitan articular los datos de personas exiliadas y así evitar el subregistro; fomentar acuerdos regionales o bilaterales con otros países para atender a las víctimas y promover la participación para que puedan hacer seguimiento a sus casos."El Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad histórica, ética y política que llevó a cabo acciones de guerra y actividades ilegales contra defensores de derechos humanos y víctimas en el exilio, incluyendo organizaciones de diferentes países".Le puede interesar: Al pelo con Tata
El exconsejero presidencial de Estabilización y Consolidación Emilio Archila publicó un comunicado en el que aclaró que el pago de coimas para proyectos de OCAD-Paz, denuncia que hizo Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, ocurrió en una instancia en la que él no tomaba decisiones.No es la primera vez que Archila aclara que él no tuvo que ver con el pago de más de 500.000 millones de pesos, algo más de 121 millones de dólares, en coimas para facilitar la entrega 355 proyectos a través del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social.Y es que en el centro de la supuesta trama está el OCAD Paz, un organismo del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los que el actual Gobierno denominó Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que conforman los 170 municipios más pobres y más afectados por el conflicto.Al parecer, funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de la Contraloría y varios congresistas crearon un entramado para supuestamente quedarse con más del 10 % de los recursos de ese fondo que está destinado a implementar el acuerdo de paz.“Respecto de ese y todos los temas a mi cargo, durante todo mi ejercicio, invité públicamente, por muchos medios, muchas veces, a todos, a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos, para asegurar principios claros y transparente”, señaló Archila en el comunicado.En ese sentido, añadió: “Nótese que mis funciones eran en esa instancia posterior, a la que, por lo tanto, no habrían llegado nunca los proyectos sujetos al “peaje”. Y, en la instancia decisoria nunca distinguí entre proyectos, voté favorablemente todos, 100 % de los sí se nos pusieron a consideración y cumplían con los requisitos”.Comunicado completo:
Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, dio a conocer que varios funcionarios públicos crearon un entramado para, supuestamente, quedarse con más del 10 % de los recursos de un fondo destinado a implementar el acuerdo de paz.En el centro de esta trama está el OCAD Paz, un organismo del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los que el actual Gobierno denominó Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que conforman los 170 municipios más pobres y afectados por el conflicto.Uno de los funcionarios denunciados es Álvaro Ávila, quien fue director de Regalías del DNP, que elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones y no lo hacía por orden de inscripción, sino que, según testimonios de alcaldes, para que priorizara un proyecto se necesitaba tener un padrino y pagar una coima del 6 % al 15 %.En diálogo con este medio radial, Ávila aseguró que con estas denuncias solo se pretende enlodar su nombre, pues él no era el encargado de aprobar los proyectos.“Son unas denuncias sin rostro, un entramado de suplantaciones para atacar, dañar y enlodar mi nombre. (…) No di un solo concepto, porque no era mi función sobre proyectos. (…) Yo no aprobaba proyectos”, dijo Ávila.En ese sentido, añadió: “Yo hablaba con los 170 alcaldes de forma continua y les explicábamos cómo era el procedimiento. Lo cierto es que éramos facilitadores, en ningún momento a los alcaldes se les cobró un solo peso; se les invitaba a tramitar sus proyectos”.Finalmente, Ávila insistió en que ni alcaldes ni congresistas intervinieron para que los proyectos llegaran a los OCAD Paz.
En su primer debate como candidato presidencial, luego de la consulta del pasado fin de semana, Gustavo Petro aseguró que, en un eventual gobierno suyo, utilizará los recursos de los fondos privados para diferentes inversiones, las cuales generarán un aumento de capital para los mismos fondos.Ante estas declaraciones, el presidente Iván Duque calificó esta propuesta como una clara expropiación y aseguró que sería un corralito, algo muy similar a lo ocurrido en Argentina, donde se retiró el dinero para inversiones en diferentes sectores.Vea también:“Me parece grave qué en Colombia estén haciendo afirmaciones con mentiras; que se esté tratando de deslegitimar un sistema de fondos que tiene nuestro país qué se puede mejorar; pero hablar de quitarte esos recursos a los fondos es una expropiación, eso es simplemente un corralito, cómo lo que vimos en otros países de América Latina; para quitarle el ahorro las personas y volver eso plata de bolsillo para financiar demagogia, eso hay que advertirlo y decirlo así. Esas propuestas empiezan, así como tapaditas pero realmente muestran cuál es el verdadero interés. Lo que quieren es echarle mano al ahorro de las personas para volverlo plata de bolsillo de la politiquería”, indicó el mandatario.El jefe de Estado fue claro en señalar que el sistema de pensiones este sujeto a mejoras.“Creo que estos debates hay que darlos con sensatez, con mucha claridad y poniendo sobre la mesa quienes son los que están defendiendo esas tesis que ya fueron fracasadas en otros lugares de América Latina. Claro que nosotros siempre tenemos que seguir mejorando y fortaleciendo nuestro sistema de ahorro pensional”, aseguró Duque.“Pero esa propuesta de echarle mano a los fondos privados de pensión se lo digo así de claro eso es robarse el ahorro de los ciudadanos para ponerlo al servicio de la politiquería y por eso debe ser rechazado”, agregó,El presidente de Asofondos en diálogo con BLU Radio aseguró que la propuesta de Gustavo Petro es una mentira y una falsedad. Es de señalar que, para hacer el uso del dinero del fondo de las pensiones de los colombianos sería necesario hacer una reforma pensional.Escuche reacciones de la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a su carrera presidencial:
La investigación que reveló Noticias Caracol asegura, entre otras cosas, que la exsenadora Piedad Córdoba habría coordinado las fechas de la liberación de los secuestrados por las FARC. Estos y otros detalles fueron entregados por el noticiero que pudo tener acceso a la audiencia de la Fiscalía del entonces exasesor de comunicaciones exsenadora, Andrés Vásquez Moreno.La exsenadora habría pactado con la cúpula de las extintas FARC un plan que la impulsaría como posible presidenta de Colombia. Llegó, al parecer, a incidir en la fecha de la liberación de la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt y la de los tres contratistas norteamericanos secuestrados por esa guerrilla.Andrés Vásquez Moreno, como testigo directo de reuniones de la exsenadora con la cúpula del Gobierno venezolano y empresarios de ese país, ha declarado ante la Justicia que, “hay diferentes acuerdos entre las tres partes, en donde todos se verían beneficiados si se entregan los secuestrados a Chávez. Chávez sube la popularidad, gana el referendo en diciembre 7 de febrero de 2007 y también catapultaba a Piedad con el tema del proceso de paz para ser presidente”, indicó el testigo.En reuniones de Córdoba en la frontera colombo-venezolana con la cúpula de las FARC, el exasesor asegura que la exsenadora incluso llegó a sugerir cómo deberían presentar las pruebas de supervivencia de los secuestrados. Según esto, ella se extralimitó en sus funciones con el fin de sacar provecho político. Para ese momento, Piedad Córdoba estaba autorizada por el gobierno de Álvaro Uribe para mediar con la guerrilla de las FARC.En relación con la liberación de Ingrid Betancourt, la exsenadora habría planteado todo tipo de argumentos para que no fuera liberada pronto. Asimismo, y con el fin de sumar presión internacional, Córdoba y las FARC habrían acordado retardar la liberación de los contratistas norteamericanos.Andrés Vásquez Moreno asegura que incluso después de que el Gobierno colombiano había retirado a Córdoba de la mediación con las FARC, ella seguía manteniendo comunicación con la extinta guerrilla. Todo a través de correos en los que se referían a la exsenadora como 'Teodora'. “Es cierto que se estableció una comunicación con Raúl Reyes, directa o de manera indirecta entre él y ella”, afirma Vásquez a Noticias Caracol.Finalmente, la investigación también revela que el exasesor afirmó ante la Fiscalía del papel que tuvo Piedad Córdoba para gestionar pagos por deudas del Gobierno venezolano a empresarios colombianos. La exsenadora tendría una lista para favorecer a sus aliados y frenar pagos a empresarios uribistas. Esta información habría sido entregada al servicio de inteligencia venezolano (SEBIN). Entre los empresarios favorecidos por Córdoba estaría Alex Saab, quien hoy responde por un juicio en Estados Unidos por ser presunto testaferro del Gobierno venezolano.
La viceministra de Hacienda, Paula Acosta, entregó un balance sobre los 1,1 billones de pesos que actualmente administra el Fondo Colombia Paz, recursos que aumentaron en casi 120.000 millones de pesos desde abril, fecha en la que se manejaban 884.000 millones.En el balance, Acosta también explicó que dentro de la auditoría que se ha hecho al manejo de la contratación en el fondo no se evidencia relación alguna con Marlon Marín, primo del exguerrillero de las Farc Iván Márquez, supuestamente intermediario en procesos contractuales."Toda la información que tenemos nos señala que no hay ninguna relación de Marlos Marín en la contratación del Fondo Colombia Paz, hay auditorías que están en curso y puede salir nueva información, pero con la que se tiene no hay nada", dijo la funcionaria.De la cifra total de 1,1 billones del fondo, 763.000 millones se están ejecutando en contratos para sustitución de tierras (433.000 millones), programas de desarrollo con enfoque territorial (152.000 millones) y en el pago de benéficos económicos para reincorporados de las Farc (100.000 millones) y otros programas.Los 386.000 millones de pesos restantes están en proceso de planeación y estructuración contractual.
Fueron capturados 10 peligrosos delincuentes, una mujer entre ellos, de las bandas Los Ramsés y Los Skarface, dedicadas al robo de motos en Bogotá. Los criminales, de acuerdo con la Policía, fueron capturados en las localidades de Usme, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar.Y es que en videos de cámaras de seguridad quedó la evidencia de los violentos atracos y robos en distintas partes de la ciudad, material en poder de las autoridades que deja ver cómo los delincuentes abordan a las víctimas a las afueras de sus viviendas y parqueaderos, los amenazan con armas de fuego, los golpean y se les llevan los vehículos.Su modo de delinquir, además, se basaba en hacer uso de aplicaciones de transporte en motocicleta. Así los delincuentes solicitaban el servicio, generaban confianza en los conductores y antes de llegar al lugar de destino y, teniendo en cuenta que no hubiera cámaras de seguridad, amenazaban a las víctimas con armas de fuego y eran despojadas de sus pertenencias y los automotores.En algunos de los eventos investigados y de acuerdo con las diferentes denuncias junto con las evidencias técnicas recopiladas, estos criminales llamaban a las víctimas para extorsionarlas, exigiendo el pago de 5 millones de pesos a cambio de devolverles su motocicleta.En las diligencias de registro y allanamiento adelantadas por la Policía se encontraron dos motocicletas hurtadas y otras dos motocicletas que presentaban los sistemas de identificación alterados, un arma de fuego calibre 9 milímetros, un celular y autopartes con los sistemas borrados.
Este domingo, 24 de noviembre, los ciudadanos de los municipios de Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira y Cali y Puerto Tejada y Villa Rica, podrán salir a ejercer su derecho al voto para decidir la conformación del Área Metropolitana del Suroccidente. Los votantes podrán ejercer su derecho al voto desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 p. m. del domingo próximo.Es por esta razón que la Registraduría Nacional del Estado Civil ya dio a conocer cómo funcionará la logística para este fin de semana en dichos municipios y cómo se verá el tarjetón electoral en el que los ciudadanos manifestarán su voto."En el tarjetón habrá una pregunta, '¿está usted de acuerdo en que se conforme un Área Metropolitana, entre los municipios de Cali, Jamundí, Dagua, Candelaria, Palmira, Villa Rica y Puerto Tejada?', estarán dos recuadros una para el sí y otra para no, las personas deben de marcar y después de esto es que se contabilizan los votos, no hay casilla de voto en blanco, estarán habilitados todos los puestos de votación donde fueron las anteriores elecciones", dijo Rodrigo Molano, delegado de la Registraduría Valle en pedagogía electoral.El proyecto AMSO se aprueba cuando la mayoría de los votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta y la participación ciudadana alcance al menos el 5 % de la población registrada en el censo electoral de cada uno de los municipios intervinientes. Según informó la registraduría, al menos 2.300.000 personas se encuentran habilitadas para sufragar en Cauca y Valle del Cauca, las cuales están distribuidas en 3079 mesas de votación a nivel de toda el aérea metropolitana.
El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, reveló que inteligencia militar está tras la pista de los cabecillas del ELN que ordenaron el ataque con artefactos explosivos improvisados tipo tatucos con los cuales fueron asesinados cuatro soldados profesionales y un suboficial en el municipio de Anorí, departamento de Antioquia.De acuerdo con el general, la información en poder del Ejército revela que alias ‘La Mona’ y alias ‘Dylan’, cabecillas del batallón Héroes y Mártires del ELN, son los responsables del ataque terrorista, por lo que ya se están adelantando las respectivas labores y operaciones contra las estructuras bajo su mando.“Los cabecillas de ese grupo están siendo buscados, la información que tenemos es que ellos fueron los que hicieron esa acción y estamos desarrollando operaciones sobre esa estructura”, dijo el general Luis Emilio Cardozo.En estos momentos el Ejército adelanta el reposicionamiento de las tropas y, según indicó Cardozo, ya hay unidades en ese sector del país ajustando dispositivos para adelantar operaciones contra las amenazas del ELN.“No podemos dejar, primero estas personas que están allá en esa área de reincorporación, tenemos que mantener la seguridad allá sobre el ATCR de La Plancha y segundo, pues tenemos que seguir proveyendo la seguridad que se requiere en ese sector”, finalizó el general Luis Emilio Cardozo.¿Quién ordenó el atentado en Anorí?El hechos, según el reporte, se le atribuye a los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN que hacen presencia en esa zona del país. En el hecho también resultaron heridos un oficial del Ejército, cinco soldados profesionales más y un civil, quienes a esta hora están siendo atendidos por personal médico."Denunciamos y rechazamos el ataque terrorista con artefactos explosivos perpetrado por el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, del GAO ELN, en el municipio de Anorí, Antioquia. Como consecuencia de este vil ataque fueron asesinados cuatro de nuestros uniformados. Así mismo, cuatro militares más resultaron heridos y un civil. Las tropas se encontraban custodiando y salvaguardando la vida de los exguerrilleros en proceso de reincorporación en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. Instauraremos las denuncias penales correspondientes frente a esta flagrante violación de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario". En el lugar se realizó por parte de las tropas el requerimiento de apoyo cercano y extracción de los heridos y las personas muertos y, además, el Ejército ordenó el alistamiento de dos pelotones más para ingresar el área y estabilizar el territorio en el que hacen presencia los delincuentes.
Cinco militares murieron y otras cuatro personas resultaron heridas, una de ellas un civil, en un ataque de la guerrilla del ELN en el municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia."Lamento profundamente el asesinato de cuatro de nuestros valientes hombres: el cabo segundo Fredys David Robles Romero y los soldados profesionales Carlos Andrés Ramos Martínez, Iván Darío Reina Carabalí y Fabián José Regino Mora. Asimismo, sigo atento a la evolución médica de cuatro de nuestros soldados heridos y de un civil afectado por este ataque", explicó Cardozo en un mensaje en su cuenta de X.Horas más tarde el Ejército informó que Yoiser David Redondo Arias, uno de los cuatro soldados que estaba herido, falleció, con lo que el número de militares heridos ascendió a cinco.En diálogo con Mañanas Blu, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, entregó detalles sobre el ataque y reveló que el ataque lo hicieron a través de un sistema de de lanzamiento de explosivos a distancia. "Fueron atacados con tatucos, eso es un sistema de lanzamiento de explosivos a distancia que desafortunadamente nos afectaron nueve hombres, cinco fallecidos y cuatro que se encuentran recuperándose", dijo a Blu Radio. De acuerdo con el general, ese sistema de ataque se puede dar a una distancia de "600 a 700 metros. Esa es la distancia más o menos que tiene el alcance de este tipo de de de sistemas, que básicamente lo que hacen es es un tubo. Es un tubo en acero y en ese tubo, pues hacen granadas y eso funciona como artillería", explicó. Y agregó, "Entonces, lo que asesina y lo que afecta a las tropas son la fragmentación de esos elementos. Una vez caen, esas granadas explotan y esos elementos que prácticamente han organizado con vidrios, tornillos, tuercas, balines y demás, pues se convierten en metralla, que son los que afectan la integridad de nuestros hombres".Por su parte el alcalde de Anorí, Antioquia, Gustavo Silva, habló sobre el ataque y agregó que los ataques se dieron cuando los uniformados hacían patrullaje. "Hicimos un consejo de Seguridad, pues lamentablemente no pudo estar el coronel del Ejército. Entendemos la situación todavía es que está atendiendo lo ocurrido, pero ya estamos haciendo gestiones también con la gobernación de Antioquia. De hecho, aquí en el municipio está haciendo presencia la Defensoría del Pueblo, la unidad para las víctimas, entre otras instituciones que también nos están apoyando en el desplazamiento masivo que tenemos", contó. Precisamente este jueves se cumplieron dos años del reinicio de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN, que ahora mismo están congeladas mientras las dos partes trabajan en Caracas para tratar de reanudarlas en medio de tensiones y desacuerdos.Escuche aquí las entrevistas:
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, estuvo en representación de los mandatarios del Caribe visitando las instalaciones de Ecopetrol y allí, tras una importante reunión, la compañía estatal mostró su interés de ser socio de la nueva compañía energética que se está impulsando en esta región.El propósito de la nueva Gestora Energética del Caribe, cuya acta de creación fue firmada en agosto pasado por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, es ofrecer energías limpias y superar la crisis energética que por años ha afectado a esta zona del país.Así las cosas, Ecopetrol estudiará la posibilidad de sumarse como socio estratégico de esta entidad y, si las cosas resultan, se firmará un memorando de entendimiento el próximo 10 de diciembre en una reunión que tienen prevista los gobernadores.“La reunión que sostuvimos en Ecopetrol marca un antes y un después, porque la nacional petrolera ha aceptado estudiar una alianza para hacer parte de la Gestora Energética del Caribe que le dé a nuestra gente otras opciones para tener en sus casas energías limpias y sostenibles", dijo.Lea"Esto sí sería una verdadera revolución energética porque convertiríamos al Caribe en un verdadero hub energético”, agregó el presidente de la RAP Caribe.El gobernador Verano, como presidente de la RAP Caribe, explicó que este memorando de entendimiento establecería una hoja de ruta para desarrollar acciones concretas que permitan viabilizar la alianza entre Ecopetrol y la apuesta de los mandatarios costeños, no solo con el fin de robustecer la infraestructura eléctrica de la región, sino impulsar su desarrollo económico sostenible, lo que sumaría en su competitividad y en atracción a los inversionistas."Esto es pensar en grande, esto es promover soluciones a la gente de manera contundente y categórica, por eso a nombre de los demás mandatarios de mi región, estamos haciendo la tarea para mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos del Caribe cuya economía será impactada visiblemente en sus hogares", puntualizó Verano.
