El puente Hisgaura, estructura que también es conocido el 'puente acordeón' por la forma en que quedó después de su construcción, continúa siendo motivo de controversia y preocupación. Danil Velandia, reconocido veedor ciudadano de Santander, emitió declaraciones contundentes respecto a los errores de planificación, ejecución y gestión jurídica que rodean esta obra financiada por el Fondo de Adaptación.Velandia destaca que el puente Hisgaura, entregado en 2017 y proyectado originalmente con una vida útil de 75 años, podría no superar los 50 años de servicio. Según un laudo arbitral que ganó la empresa Sacyr, el cual aún no ha sido formalizado públicamente, la falta de pruebas de patología y análisis adecuados para determinar la vida útil de la infraestructura son el centro de la disputa."El contrato iba con una vida útil de 75 años, hoy ese puente no tendría sino una vida de 50 años, pero para determinar la vida útil, el Estado debe hacer una prueba de patología y determinar la vida útil de ese puente. ¿Por qué lo digo? Porque son menos 25 años de servicio, lo que un tribunal de arbitramiento están diciendo... Tres señores que tienen un conocimiento por encima del promedio normal nacional están diciendo que el puente Hisgaura tiene una vida útil de menos de 25 años de edad. No es de 75 años como está en el contrato, sino sería aparentemente, porque ellos están diciendo la palabra clave del derecho, presuntamente, de 50 años”, comentó Velandia.El Fondo de Adaptación, responsable de la obra, ha sido condenado por errores en la ejecución contractual, acumulando costos que alcanzan los 140 mil millones de pesos. Velandia subraya que este no es un caso aislado: hay al menos 13 obras financiadas por el Fondo de Adaptación en la vía Curos-Málaga que presentan problemas graves, 12 de las cuales están en litigio ante el Tribunal Administrativo de Santander.“El Estado sigue perdiendo, y esto no es más que un reflejo de su descuido en los factores jurídicos. Estos errores no solo son costosos, sino que ponen en riesgo la infraestructura y la seguridad de las comunidades”, añadió.A la polémica se suma la reciente declaratoria de desierta de una licitación de 5 mil millones de pesos para el mantenimiento del puente Hisgaura, cuya póliza de garantía vence el próximo 20 de enero. Ahora, el contratista encargado de la vía Curos-Málaga asumirá la revisión del puente con un presupuesto adicional de 24 mil millones de pesos.Velandia recordó casos anteriores, como el colapso del puente Listará, también financiado por el Fondo de Adaptación, que terminó fracturándose y volteándose en circunstancias aún inexplicables. Según el veedor, las fallas en la planificación y la falta de acciones concretas por parte del gobierno actual agravan la situación.“El puente Hisgaura podría repetir la historia si no se actúa de manera inmediata y responsable. Es hora de que Invías y el Fondo de Adaptación definan quién asumirá las acciones judiciales y las reparaciones necesarias”, concluyó.
La Contraloría General de la República reveló las conclusiones de una auditoría realiza al Fondo de Adaptación, entidad creada en el 2010, con el propósito de mitigar los impactos del fenómeno de La Niña en el país, el ente de control identificó 18 hallazgos administrativos de los cuales tres tienen incidencia fiscal por 9.300’091.522 pesos, uno fue trasladado para apertura de indagación preliminar, y nueve fueron hallazgos con presunta incidencia disciplinaria.Fue analizada la contratación del fondo y el estado de los anticipos pendientes de legalizar, pues estos presentaban en su mayoría procesos por presunto retraso o incumplimiento de los contratos.El mayor hallazgo fiscal por $ 6.640.771.076 se dio en un contrato para la construcción de la IPS Saúl Quiñónes en el municipio de Magüí Payán, Nariño. La Contraloría manifestó que se observó en la contabilidad que existe un saldo por legalizar del anticipo que no ha sido amortizado pese a que el contrato terminó su plazo contractual el 10 de marzo de 2023.El ente de control dice que no se desarrolló la totalidad del objeto contractual y lo ejecutado no cumple con su objetivo pues no está en servicio, ya que hay deterioro por moho, descuido físico, afectaciones por vandalismo, vidrios rotos, entre otros.Por otra parte, también se identificaron hallazgos por $ 2.643.415.946 en un contrato que tenía por objeto construir hasta 130 soluciones de vivienda de interés prioritario en la urbanización Altos de Ararat II, ubicada en el corregimiento Carmen del Magdalena, en Plato.El tercer hallazgo se dio en lo que tiene que ver con el pago de multas y sanciones, pues se estableció que el Fondo de Adaptación tuvo que pagar una sanción a la Dian por $15’904.500 por la presentación extemporánea de la información exógena de la vigencia 2022.La Contraloría informó que los hallazgos con presunta incidencia disciplinaria serán trasladados a las instancias competentes.
Durante la sesión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), realizada este lunes en el Ministerio de Hacienda, se aprobaron recursos por $1 billón 234 mil millones para llevarle a La Mojana una solución integral que, según el Gobierno nacional, permitirá “recuperar las dinámicas hídricas de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena que han afectado históricamente a la población y el ecosistema de la región”.El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y gerente (e) de Fondo Adaptación, Olmedo López, aseguró que este “será el proyecto más importante en materia de ordenamiento territorial alrededor del agua, que aliviará a más de 257.000 damnificados por el cambio climático, y le devolverá el espacio que se le ha quitado al agua”.De acuerdo con el Fondo Adaptación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Ambiente, el plan de intervención para La Mojana contempla el control y recuperación de las dinámicas hídricas, la protección de cascos urbanos y agua resiliente al cambio climático."Tal como lo ha dicho nuestro presidente Gustavo Petro, el ordenamiento del territorio en torno al agua, que protege la vida, requiere cambios significativos en la concepción del desarrollo económico y social", dijo López."Las transformaciones deben ser fundamentales y deben abordar la recuperación de cuencas, así como el diseño de estrategias adecuadas para hacer frente a inundaciones y sequías", agregó.Le puede interesar:
El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, confirmó en rueda de prensa realizada en Bucaramanga que se halló un daño fiscal por $45.302 millones en la construcción del puente Hisgaura y obras de remodelación de la vía a Málaga, en Santander.Señaló que respeto de las garantías de los vinculados y el cumplimiento de las etapas procesales, avanzan dos procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República por irregularidades en la construcción de estas dos obras en la provincia de García Rovira, en Santander."En el primer caso, que es el puente Hisgaura, hay deficiencias y daños en la construcción y se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $23.308 millones. La apertura de este proceso de responsabilidad fiscal se sustentó en un informe técnico de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura sobre las presuntas irregularidades evidenciadas en la ejecución del contrato de obra 285 de 2013, suscrito por el Fondo Adaptación y la sociedad Sacyr Construcción S.A., por un valor de $107.663 millones, cuyo objeto fue construir puentes vehiculares para atender sitios críticos de la carretera Málaga-Los Curos, entre ellos el puente Hisgaura", manifestó el contralor.De otro lado, la Contraloría General de la Nación adelanta un proceso ordinario de responsabilidad fiscal por irregularidades en otras obras de la vía Málaga-Los Curos."En este caso el presunto daño fiscal es por $21.994 millones. Se trata presuntas irregularidades evidenciadas en la ejecución del contrato número 239 de 2013 cuyo objeto es la construcción de las obras para la atención de los sitios críticos en el tramo comprendido entre la carretera Málaga-Los Curos en el departamento de Santander, suscrito entre el Fondo Adaptación y la sociedad Gisaico S.A., por un valor de $28.653 millones", aseveró el contralor Rodríguez.La apertura de este proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una indagación preliminar adelantada por la Gerencia Departamental de la Contraloría General en Santander.Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargo contra el asesor del Fondo Adaptación Orlando Santiago Cely, quien estuvo en esa entidad entre 2012 y 2017 y contra los exgerentes Carmen Elena Arévalo Correa e Iván Fernando Mustafá Durán por posibles irregularidades en la construcción y diseño de la obra del puente Hisgaura, ubicado la vía Curos-Málaga en Santander.Según el ente de control disciplinario, en el caso de Orlando Santiago Cely suscribió los estudios previos a nivel fase III, omitiendo incluir aspectos de carácter técnico generando sobrecostos en el rediseño por valor cercano a los $273 millones.“Se produjo un retraso considerable, pues la entrega estaba proyectada para el 12 de noviembre de 2016 y finalmente fue entregado hasta el 23 de enero de 2020 por parte del Fondo Adaptación al Invías”, indicó la Procuraduría en un comunicado.En el caso de la exgerente del Fondo Adaptación, Carmen Elena Arévalo, la funcionaria no habría velado porque los estudios previos, incorporados al contrato 285 del 27 de diciembre de 2013 y su anexo económico, no presentaran deficiencias técnicas sustanciales.“La investigada habría tomado una posición omisiva, teniendo de presente la advertencia por parte del contratista de que los diseños eran anti técnicos, es decir, que no realizó un desplegó de acciones efectivas y sustanciales que permitiese aclarar la irregularidad de las deficiencias técnicas de los diseños recogidos en los estudios previos, dejando la carga en el contratista e interventor, estos últimos que instaron a Sacyr para continuar con la construcción de la obra con los diseños originales”, señaló la Procuraduría.Finalmente, los cargos contra Iván Mustafá se relacionan con el hecho de que no habría adoptado acciones efectivas preventivas en la construcción de la parte superestructura, reduciendo el riesgo de deficiencias técnicas.Las conductas, tanto del exasesor y los dos exgerentes, fueron calificadas como faltas graves a título de culpa grave.Le puede interesar:
La Contraloría General de la República profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $5.443 millones contra la Caja de Compensación Familiar Comfenalco-Santander, por incumplir un contrato para la construcción de 138 viviendas para familias damnificadas por el invierno en el departamento de Bolívar.La decisión fiscal señala que Comfenalco Santander "provocó un daño patrimonial al Fondo Adaptación al incumplir un contrato con esta entidad" para la construcción y dotación urbanística en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. El 8 de julio de 2021 el Fondo Adaptación reitera a Comfenalco Santander mediante comunicación E-2021- 005111, la solicitud del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo adelantada en el mes de marzo de 2021 y se solicita remitir respuesta de las subsanaciones enviadas y relacionadas con el proyecto de transacción de cierre del Contrato 003 de 2013. La Contraloría General de la Nación encontró responsable a Comfenalco Santander, a título de culpa grave."Debido a que casi triplicado el plazo inicialmente acordado, y luego de reiterados e incumplidos compromisos para finalizar las obras, más de 10 años después de ocurrida la emergencia estas 138 familias aún no han recibido una solución ágil y completa, como esperaban", señala el comunicado de la Contraloría. En ente de control fiscal ordenó el embargo de varios inmuebles de propiedad de la Caja de Compensación Familiar de Santander, Comfenalco, que superan el valor de la cuantía del fallo proferido en su contra. Contra esta decisión de la Contraloría procede el recurso de apelación. Este es el comunicado de la Contraloría General de la Nación.
La Contraloría General de la Nación, tras realizar un estudio técnico por la construcción del puente Hisgaura en Santander, determinó que existen los motivos suficientes para abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra 15 funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Nacional, así como contra las tres empresas que realizaron la obra. Considera el ente de control fiscal que "hay deficiencias y daños que dan lugar a la necesidad de cambio o reemplazo del tablero del puente Hisgaura, elemento por el que se pagaron $21.064 millones". El informe técnico de la Contraloría advierte que la durabilidad de 75 años del puente Hisgaura se ha disminuido por la presencia de fisuras que vienen desde la construcción del tablero puente con tendencia incremental, durante toda su vida útil."Resulta imprescindible concluir que la carpeta asfáltica del tablero del puente Hisgaura tendrá que ser reparada e incluso reemplazada totalmente de forma periódica, durante la vida útil del mismo, ocasionando costos muy superiores a los previstos para la operación y mantenimiento de esta estructura y causando que la proyección de vida útil del proyecto, en este caso la carpeta asfáltica, sea inferior a la presupuestada en los diseños del contratista Sacyr”, precisa en el informe la Contraloría.En el juicio fiscal por irregularidades en la construcción del puente Hisgaura la Contraloría vinculó al director del Invías, Juan Esteban Gil y los exgerentes del Fondo Adaptación Carmen Elena Arévalo, Iván Fernando Mustafá y Edgar Ortiz.También están vinculadas otros 12 exfuncionarios del Invías y el Fondo de Adaptación, así como las empresas Sacyr, WSP Ingeniería Colombia SAS y Estudios Técnicos y Asesorías S.A. El puente Hisgaura fue construido en la vía a Málaga, Santander. Tiene un extensión de más de 600 metros de largo y está ubicado cerca al municipio de San Andrés. Comunicado de la Contraloría General de la Nación:
En 2010 Colombia enfrentó el periodo de lluvias más fuertes de su historia reciente. En el país se registraron lluvias que dejaron inundaciones en siete departamentos, más de un millón de personas perdieron su hogar y por eso el Gobierno decretó el estado de emergencia.La promesa de ese entonces fue tomar medidas para que esa tragedia no ocurriera de nuevo. En 2012 se lanzó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, sin embargo, el balance hasta ahora es agridulce, según la Contraloría General de la República.“Proyectos a cargo del Fondo Adaptación y la UNGRD están empantanados, no logran terminarse y la nueva ola invernal trae otra vez tragedias y damnificados”, aseguró la entidad.En los últimos 10 años el país destinó 11.4 billones en obras para la atención de desastres. Pese a esto, obras como el Canal del Dique, La Mojana, Gramalote, Jarillón de Cali y Río Fonce no se terminaron y, según el ente de control, los incumplimientos y atrasos son reiterados.De acuerdo a la Contraloría, los puntos críticos y los riesgos se conocieron desde hace años, pero las obras de prevención y mitigación del riesgo no avanzaron, por lo que la ola invernal causa estragos nuevamente en las mismas zonas.Solo en los últimos 15 meses más de un millón de familias han sido afectadas por las lluvias. En el mismo periodo, el país gastó $670.074 millones únicamente en atención de emergencias y calamidades y otros $516.717 millones en inversiones en obras de emergencias.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué ya no se cree en algunos políticos:
Los investigados por posibles irregularidades, retrasos y fallas surgidas durante la ejecución del contrato que incluía la construcción del puente Hisgaura, La Judía y el Sitio Crítico 43, en la vía Curos- Málaga en Santander, son Juan Carlos Gómez Ibáñez, en su calidad de supervisor integral, y Luis Eduardo Quintero Cuéllar y Herman Montenegro Orjuela, interventores integrales entre 2014 y 2016.A los tres contratistas del Fondo Adaptación la Procuraduría les formuló pliego de cargos.“Los tres contratistas deberán responder por su actuación en el convenio suscrito por el Fondo Adaptación y Sacyr Construcción Sucursal Colombia, en el que se definió desarrollar las obras de los puentes vehiculares de Málaga, Santander, en los sitios conocidos como La Judía, sitio crítico 43 e Hisgaura”, indicó la Procuraduría.El puente atirantado conocido también por sus gigantescas ondulaciones producto de su construcción, está ubicado en el kilómetro 45 entre Bucaramanga y Málaga, su presupuesto inicial fue de $80.000 millones y terminó costando $103.000 millones, lo que la Procuraduría considera un detrimento patrimonial.“El Ministerio Público investiga posibles omisiones e incumplimiento de deberes al no informar en la fase inicial (pre-construcción) que los estudios y diseños aplicables a las obras, no se ajustaban y correspondían a la norma técnica de diseño adecuada para la construcción de puentes, en particular el atirantado denominado Hisgaura”, señala el ente de control.Por estos hechos, la conducta fue calificada provisionalmente como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Obras de infraestructura en materia de vivienda, educación, salud, agua y saneamiento básico entregará Fondo Adaptación en el sur del Atlántico, donde por más de una década la población ha intentado sobreponerse a la tragedia que dejó la ola invernal de 2010, cuando el Canal del Dique se rompió y dejó a miles de familias bajo el agua.La gerente del Fondo Adaptación, Raquel Garavito, recorrió el cono sur del departamento junto a la gobernadora Elsa Noguera para constatar el avance de las obras y supervisar las zonas del Dique donde recientemente se ha presentado rebosamiento de agua.En medio del recorrido, la gerente del Fondo informó que en octubre se entregará la urbanización María Auxiliadora, en el municipio Campo de la Cruz, donde se construyen 75 viviendas para familias beneficiarias y cuyos trabajos presentan un 90% de avance.“Este cronograma de obras nos permitirá entregar viviendas que beneficiarán a unos 340 colombianos en este municipio. Obras que cuentan con condiciones adaptables al cambio climático”, indicó Raquel Garavito.Las obras, cuya inversión alcanza los 58.000 millones de pesos, también contemplan el megacolegio de Las Compuertas, en Manatí, y la planta de tratamiento de aguas residuales de Candelaria.Escuche las noticias del momento:
