En las últimas horas, tropas del Ejército encontraron tres fábricas clandestinas que funcionaban bajo la fachada de talleres de carpintería en la vereda El Morro, del municipio de San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia. El material explosivo pertenecería al grupo armado organizado residual de las estructuras 18 y 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias 'Calarcá'. Sin embargo, la 36 delinque bajó las órdenes de alias 'Firu' recién nombrado gestor de paz por el gobierno.En ese sector del país, las tropas encontraron un total de 95 minas antipersonal en proceso de fabricación y 31 listas para ser instaladas; además, hallaron 554 resortes para activación de minas antipersonal, un equipo móvil acondicionado como detonador, tornillos utilizados como metralla, tres explosivos conocidos como sombreros chinos, cordón detonante y otros elementos para la fabricación de los mismos.Esta organización terrorista, destacan las autoridades, también estarían fabricando explosivos para ser lanzados desde drones para atacar no solo a las tropas, sino también a la población civil. Entre el material incautado se encontró un prototipo de cohete similar a otros hallados en diferentes regiones del país.Los explosivos tienen el potencial de afectar seriamente la integridad física de personas e, incluso, causar daños masivos. Cada uno de estos explosivos, indicó el Ejército, tiene el potencial de afectar seriamente la integridad física de decenas de personas y causar daños masivos.
La defensa de Edmundo González Urrutia entregó este miércoles a la Fiscalía de Venezuela un documento en el que se solicita respeto a "la presunción de inocencia" y las "garantías procesales" que -asegura- "no estuvieron presentes" en las tres citaciones emitidas por la institución, que investiga al antichavista.José Vicente Haro, abogado del opositor, dijo que el objetivo fue cumplido, pues la idea era obtener un acuse de recibo efectivo y establecer ante la Fiscalía las razones por las que González Urrutia no compareció tras las citaciones, por lo cual un tribunal emitió una orden de captura.“Después de más de tres horas de reunión con el fiscal general, tres directores de líneas y el fiscal que lleva el caso, ellos persisten en la intención de capturar al señor Edmundo González. (…) Yo, como abogado de Edmundo González, presenté y consigné un escrito donde se sostienen todos los argumentos desde el punto de vista constitucional desde el punto de vista legal por los cuales Edmundo González no ha comparecido ante las situaciones que se le han hecho”, dijo Haro en Mañanas Blu.>>> Lea también: Fiscalía venezolana rechazó documento que explicaba inasistencias de Edmundo GonzálezSegún el abogado, González no tiene las garantías que le ofrezcan libertad, seguridades personales y vida a él, Edmundo González. “El Ministerio Público persiste en atribuirle un conjunto de delitos que él no ha cometido por hechos que no reviste en carácter penal”, agregó.En el documento, entregado por Haro y firmado por González Urrutia, se expresa que la "incomparecencia" no "obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución", sino "al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones".Al antichavista se le acusa de "usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público", entre otros delitos, luego de que su coalición divulgara "el 83,5 % de las actas electorales" recabadas por testigos y miembros de mesa para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial otorgó la reelección a Nicolás Maduro.González Urrutia aclaró en el documento que no era su responsabilidad "la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio" que recibieron los "testigos en las mesas de votación".Sin embargo, no considera que se "han usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral", ya que la entrega de actas a los testigos se contempla en el sistema venezolano "como una de sus garantías de confiabilidad".Haro, que entregó el documento en una reunión con el fiscal general, Tarek William Saab, abordó el encuentro desde "el punto de vista jurídico" y manifestó que "las declaraciones de carácter político" serán "dadas en su oportunidad" por la coalición opositora.
La defensa del abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, aseguró este miércoles que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) se negó a recibir un documento con explicaciones de la inasistencia del antichavista a las tres citaciones emitidas como parte de una investigación en su contra bajo el argumento de "problemas" en su sistema."Me han dicho que (...) tenían problemas en el sistema", dijo el abogado del opositor, José Vicente Haro, quien antes de entrar en la sede fiscal, en Caracas, señaló que el documento contiene "todas las razones" constitucionales y jurídicas por las que González Urrutia no compareció, como el "grado de indefensión en el que se encuentra" debido a la precalificación de delitos, entre otros motivos.El jurista cuestionó el argumento dado por el MP debido a que, en la "hora y 45 minutos" que esperó por la recepción del escrito, vio que "otras comunicaciones se recibieron de otras personas" durante ese lapso."Yo esperé mientras otros ciudadanos eran atendidos. A mí se me dejó a un lado", sostuvo Haro, quien dijo que la institución le indicó que regresara a las 15:30 hora local (19:30 GMT) para entregarle el acuse de recibo.En este sentido, aseguró que asistirá aun cuando considera que no hay garantías de que le entreguen la constancia, lo que refleja, a su juicio, la "situación de indefensión" que hay en el caso."Este es el tipo de situaciones por las cuales el señor Edmundo González Urrutia no compareció (...) porque hay una situación de indefensión, de imposibilidad de garantizar su derecho a la defensa, al debido proceso", agregó.El MP señala al líder opositor -sobre quien pesa una orden de captura- de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)", según las citaciones publicadas por el ente fiscal en redes sociales.Haro denuncia la violación del derecho a "la presunción de inocencia" del líder antichavista, a quien "se le han precalificado delitos" con base en una investigación que "se anunció hace poco", y de "las garantías constitucionales del debido proceso", al no indicar "el carácter con el cual" fue citado.La investigación contra González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web, en la que el antichavismo asegura haber cargado "el 83,5 % de las actas electorales" recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial da la victoria al mandatario Nicolás Maduro.
El expresidente del Parlamento venezolano Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos, instó al presidente Nicolás Maduro a presentarse "juntos" ante "cualquier fiscalía de este país" o al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU en la Haya, para aclarar "el reciente saqueo" a la empresa estatal de la petrolera PDVSA.Guaidó respondió de esta forma a la orden de arresto en su contra emitida el jueves por el Ministerio Público de Venezuela por varios delitos, entre ellos legitimación de capitales y traición a la patria.En un video publicado la noche del jueves en su cuenta de Instagram, Guaidó, exiliado en Estados Unidos desde abril, señaló que se trata de la "acusación número 28" contra él."La pregunta es por qué en este momento, por qué la cobardía de la dictadura no lo hizo antes", agregó el opositor, quien además emplazó de forma directa al presidente venezolano, Nicolás Maduro."Este mensaje va a ti: mañana presentémonos en cualquier Fiscalía de este país. Como ustedes saben, me encuentro en los Estados Unidos. O si prefieres otra jurisdicción: la Haya", en referencia al Tribunal Internacional de la ONU con sede en los Países Bajos."Puedes traer a tu socio Tareck El Aissami, que hace tiempo está desaparecido, si está vivo, porque son ustedes los que saben dónde está tu socio por cierto, y sobre el reciente saqueo a (la empresa petrolera estatal) PDVSA", añadió.Guaidó avanzó en el video de que este viernes planea dar "una respuesta formal con la solicitud incluso de alerta roja a Interpol".El jueves, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público ha emitido una orden de arresto contra el expresidente del Parlamento venezolano Juan Guaidó."Utilizando la figura de un gobierno ficticio, causó pérdidas al Estado venezolano", dijo el fiscal, que estimó en unos 19.000 millones de dólares el monto desfalcado por el líder opositor.Guaidó, que presidió el llamado "Gobierno interino" de Venezuela, que fue reconocido por Estados Unidos y otros países entre enero de 2019 y finales de 2022, también es acusado de usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos y asociación.Se trata de una "POST-MENTIRA para lavar su propaganda y perseguir física y moralmente a la oposición venezolana", dijo Guaidó en sus redes sociales."Información falaz de un opinador, en este caso un lobista: 'Se perdieron 19 mil millones',(Cuando se sabe que la emisión ilegal de bonos, expropiaciones e hipotecas al país ocasionaron las demandas y las pérdidas a la nación, sin mencionar a El Aissami, Chávez, enfermera, Odebrecht, etc)", añadió ."Me encuentro en el exilio como ocho millones de venezolano que están fuera del país, con el dolor que eso implica, con la añoranza que cada uno tiene por el país", expuso Guaidó en Instagram."Pero te respondo a ti, Maduro: a esta hora no hay fecha de la elección que le debes a todos los venezolanos", añadió el opositor al señalar que se trata de una maniobra de "distorsión" de Maduro de cara a las primarias del próximo 22 de octubre, en las que la oposición venezolana definirá a su abanderado para las presidenciales de 2024.Le puede interesar:
Juan Carlos Montes, el hombre que apareció entregándole dinero en efectivo a Gustavo Petro en bolsas de basura, tendrá que responder por el delito de contratación sin el cumplimiento de requisitos legales, por la asignación de las obras cuando fue subdirector técnico del IDRD durante la alcaldía de Petro.El contrato que se investigó es el 3817 de 2015, por medio del cual se asignaron 19.000 millones de pesos para la construcción del parque El Porvenir, en Bosa. La participación de Montes se habría dado en la etapa precontractual, favoreciendo a un contratista específico para que realizara las obras y también el proceso de interventoría que costó más de $1,160 millones de pesos.De acuerdo con la versión del fiscal del caso, Montes acudió a un convenio interadministrativo que le permitió evadir los procesos licitatorios y proceder con la contratación directa con el contratista que previamente habían asignado, con aparentes intenciones corruptas. Las obras en mención tuvieron además un año de plazo para su ejecución, pero se recibieron a satisfacción 4 años después, es decir, hubo 3 años de retraso.Juan Carlos Montes en este momento es prófugo de la justicia, pues está desde hace muchos años fuera del país y actualmente existe una circular roja de Interpol para capturarlo.Le puede interesar:En su última aparición, en 2018 y aparentemente desde Suiza, Juan Carlos Montes intentó explicar el escándalo que se conoció como los 'Petrovideos' que le grabó a Gustavo Petro en 2005 (según estableció la Corte Suprema) entregándole fajos de billetes en efectivo en bolsas de basura para apoyarlo en su campaña al senado de la República.En ese entonces, Montes explicó que a él le gustaba grabar en video este tipo de entregas para dejar unas secuencias, o unas “actas de vida”, y porque en su momento había notado cierta “displicencia” de Petro con algunas personas.Escuche el podcast “Al Pelo con Tata” y descubra los colores de moda que pueden sentarle bien a su cabello:
José Daniel López, de 38 años, falsificó títulos, documentos y hasta récipes médicos para hacerse pasar como ginecólogo y así engañar a decenas de mujeres. Sin embargo, la denuncia hecha por varias de las víctimas alertó a las autoridades y funcionarios de la Policía científica lograron capturarlo en el municipio Rivas, estado Aragua, centro-occidente de Venezuela.Según narraron algunas de las afectadas, este falso médico les implantaba palitos de chupeta, haciéndoles creer que eran anticonceptivos subdérmicos.El Fiscal venezolano Tarek William Saab confirmó que el detenido será imputado por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de función médica, uso de documentos falsos y además aborto sufrido.Según narraron otros médicos que atendieron a las víctimas de este falso doctor, la colocación del supuesto anticonceptivo ocurrió mayormente en operativos especiales y en una clínica de la zona.Resaltar que algunas de las decenas de mujeres quedaron embarazadas.Escuche más noticias internacionales en 'El Mundo Hoy':
A través de un video, María Diner Hernández, hermana de Marleny Hernández, asesinada junto a su hijo, el estilista Mauricio leal, rechazó los términos del preacuerdo que firmará este viernes Yhonier Leal como responsable del doble homicidio y de la alteración de pruebas en su contra.“En voz de la familia Hernández exigimos a la Fiscalía General de la Nación el derecho a saber la verdad y que le sea imputado el delito de tortura a Yhonier Rodolfo Leal, ya que Mauricio fue presionado y torturado para escribir la carta”, dijo un familiar del asesinado estilista, que acompaña en el video a María Diner Hernández.El jueves, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que este vernes suscribirá el preacuerdo con Yhonier leal, en el cual le fijan la condena entre 26 y 28 años de prisión, le imponen una multa de 200 SMMV y le ordenan pedir perdón nuevamente a las víctimas. También, explicó que no se necesita la firma de las víctimas para presentarlo ante un juez.“En la socialización, la Fiscalía habló inicialmente de 25 y 26 años de prisión, la representación de víctimas insistió en que se imputara el delito tortura, pero la Fiscalía dijo que no. En relación con el documento que Yhonier habría obligado a firmar a Mauricio, me sorprendió enormemente que la Fiscalía dijera que no probaba nada y que ni con ese documento ni con los dictámenes de medicina legal sobre las pequeñas puñaladas que le ocasionaron a Mauricio, se pudiera llegar a imputar la tortura”, señaló este jueves el abogado de las víctimas, Elmer Montaña.Las víctimas también solicitaron que la Fiscalía le pida a Yhonier Leal que haga una declaración en la que reconozca qué pasó, cuente cómo fueron los hechos y por qué cometió los homicidios.
Vea en Noticias Caracol un recuento de la investigación de la Fiscalía que acorraló a Yhonier Leal, quien no tuvo otra opción que aceptar cargos por matar a su hermano, Mauricio Leal, y a su madre, Marleny Hernández.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró en una entrevista con Efe, tras el anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) de investigar presuntos delitos de lesa humanidad en el país, que el memorando de entendimiento firmado con el alto tribunal para seguir el proceso es una "victoria institucional", pues se hará con "cooperación" entre las partes.Pese a recibir una noticia que no comparte, Saab considera que esta investigación es una oportunidad para demostrar que Venezuela ha respondido ante delitos que atentan contra los derechos humanos y nunca ha incurrido en ilícitos que requieran la intervención de la CPI, con la que se ha mostrado dispuesto a colaborar para conocer la verdad."Vaticino que es una victoria institucional, tanto para la propia fiscalía de la CPI, como para el Estado venezolano y sus instituciones vinculadas a la justicia, donde el Ministerio Público tiene un rol protagónico por ser el titular de la acción penal", señaló Saab.En su opinión, lo "importante" es que la investigación de la CPI se hará "sin elementos suficientes para ir en contra de nadie, de ninguna autoridad legítimamente constituida en el Estado venezolano", y "eso está en el documento" de entendimiento firmado por el presidente Nicolás Maduro y el fiscal jefe del alto tribunal, Karim Khan.VENEZUELA INVESTIGA PRIMEROPese a que Saab discrepa de la decisión de la CPI, la respeta, y recuerda que el acuerdo señala que serán las instituciones venezolanas las que investiguen y cooperen, en el marco de una "complementariedad positiva", que supone colaboración entre las partes.Detalló que los resultados que proporcione la CPI serán "en base a las investigaciones que ha adelantado el Estado venezolano sobre sus instituciones, en este caso, el Ministerio Público y los tribunales competentes".El fiscal insistió en que Venezuela "consagra la garantía de los DD.HH. como principios rectores, incorpora la reparación de las víctimas y la imprescriptibilidad de delitos contra los derechos humanos".Según el memorando suscrito por Maduro y Khan, la CPI reconocerá los "esfuerzos, reformas e investigaciones" que el país caribeño lleve a cabo y a los que, aseguró Saab, dará continuidad."La República Bolivariana de Venezuela, como jurisdicción nacional, adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la CPI, en virtud del principio de complementariedad", reza el documento.APORTAR SIN RECIBIRSaab recordó que Venezuela ha aportado al alto tribunal, desde que comenzó el examen preliminar, "más de 3.000 folios en 7 documentos con sus anexos, que sirvió para presentar alegatos" y que, además, recurrió a la Sala de Cuestiones Preliminares para reclamar reciprocidad o alguna respuesta, ya que es un derecho que reconoce el Estatuto de Roma.Sin embargo, aseguró, esa cooperación bilateral no se hizo efectiva, puesto que Venezuela nunca recibió las respuestas a las preguntas formuladas por la vía establecida para conocer los presuntos crímenes de lesa humanidad por lo que estaba siendo examinada.A criterio del fiscal venezolano, esto supone un incumplimiento de los acuerdos reconocidos por el Estatuto de Roma, en los que prima la cooperación mutua.No obstante, confía en que este sea un problema del pasado y que no se repita, ya que la falta de colaboración -asegura- data de la etapa de la exfiscal de la CPI Fatou Bensouda, que concluyó su jefatura el pasado junio, cuando fue sucedida por Khan."Lo único que hemos recibido de la anterior fiscal fue un acuse de recibo de los documentos entregados, pero se supone que si tú entregas un documento, el primero el 30 de noviembre de 2020, hay un compromiso de entregar documentación de los casos que venía trabajando el Ministerio Público", precisó Saab.Por este motivo, Venezuela solicitó "que no haya una especie de acción que tenga como antecedente en su semejanza a la antecesora del fiscal Khan. Si vamos a abrir una compuerta hacia la cooperación con mentalidad positiva, debe haber entonces reciprocidad"."Pienso que a partir de la firma de este memorando vamos a tener otro mapa", insistió Saab.EXPECTATIVAS "POSITIVAS"Tras la firma del memorando, el fiscal venezolano está esperanzado en que las relaciones con la CPI sean de cooperación, como compromiso adquirido por las partes."Nosotros aspiramos ahora a conocer qué es lo que, efectivamente, se examinó en el caso de Venezuela, qué es lo que se va a investigar. Aquí ya hay una obligación por un memorándum que se ha firmado", precisó.Explicó, además, que sus expectativas "son positivas", porque Khan dejó claro que "no va a permitir que se politice" el caso, como -considera- se ha hecho anteriormente.En este sentido, señaló que el proceso de la CPI sobre Venezuela comenzó con una gran mayoría de denuncias hechas a través de redes sociales, notas de prensa o por la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, algo que -confía- es parte del pasado."Nosotros hemos descubierto que parte de esa información (manejada por la CPI) estaba recogida de aproximadamente 4 millones de tuits, en notas de prensa, en fuentes abiertas de factores como del Grupo de Lima, la OEA, a través de (el secretario general de la OEA, Luis) Almagro, que fueron a entregar esa documentación", señaló Saab.Esos "frentes" tuvieron el "protagonismo", lo que dejó "a un lado el desarrollo de la Justicia venezolana, que ha actuado en pro de las víctimas".Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo:
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, ligado al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y acusado de delitos de lavado de dinero en EE. UU. de los que según su abogado se va a declarar no culpable, tiene fijada su segunda cita con la Justicia estadounidense en Miami para este lunes 1 de noviembre.El abogado Henry Bell confirmó a Efe que Saab, de 49 años y extraditado el 16 de octubre desde Cabo Verde, no va a admitir su culpabilidad, algo que le hubiera permitido evitar un juicio público.Declararse culpables es el paso que normalmente dan los acusados que llegan a acuerdos de colaboración con la Fiscalía con vistas a lograr penas más suaves si son condenados.La Fiscalía ya adelantó en la primera audiencia su posición contraria a que se le conceda libertad bajo fianza con el argumento de que existe riesgo de fuga.Bell no desmintió ni confirmó que la defensa vaya a solicitar esa medida en la segunda audiencia, pero en cualquier caso es una decisión que le corresponde tomar al juez del caso, Robert N. Scola.Saab está acusado de siete cargos de lavado de dinero y uno más de conspiración para cometer ese delito.Desde mayo de 2019, más de un año antes de su captura en Cabo Verde debido a una orden dictada a través de Interpol, el empresario nacido en Barranquilla (Colombia) está sujeto a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.Los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas del presidente venezolano a través del sistema financiero estadounidense.La primera audiencia tuvo lugar el 18 de octubre ante el juez John O'Sullivan en medio de una gran expectación, tanto que hubo momentos en que llegó a haber 350 personas conectadas a la sesión de Zoom, la mayoría periodistas.Saab compareció virtualmente desde la cárcel donde está recluido desde su llegada a Estados Unidos y hubo medios que infringieron la Regla 53, que prohíbe publicar las imágenes de las audiencias, por lo que la imagen de Saab con el uniforme color naranja de reo y el pelo largo y suelto fue reproducida masivamente.Los abogados de Saab reclamaron al tribunal que en lo sucesivo tomen "las medidas razonables para prevenir nuevas violaciones de la Regla 53" e hicieron algunas sugerencias al respecto.Saab no quiere más videos de sus audienciasEl juez Scola demandó a la Fiscalía que diera a conocer su parecer sobre este punto antes de anunciar cómo procederá, pero por ahora no ha habido anuncios.Preguntado por Efe, el abogado Bell dijo que "no puede hablar en nombre del tribunal sobre cómo abordará ahora la publicación ilegal de las imágenes de Saab".El Gobierno de Venezuela, que afirma que Saab tenía inmunidad diplomática cuando fue detenido en Cabo Verde, mostró su rechazo a la extradición suspendiendo unilateralmente el diálogo que llevaba a cabo con la oposición en México.Previamente, Saab había sido nombrado en ausencia representante del Gobierno en esas conversaciones.Mientras el exilio venezolano en EE. UU. confía en que Saab colabore con la Justicia de EE. UU. y ponga así en evidencia a Maduro, desde Caracas portavoces oficiales y la esposa del empresario insisten en que no se va "doblegar".El Gobierno del presidente demócrata Joe Biden ha mantenido la decisión tomada durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021) de desconocer al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, como presidente y ha corroborado el reconocimiento al opositor Juan Guaidó como presidente interino.Tampoco ha modificado la presentación de cargos por narcoterrorismo contra el presidente venezolano hecha en 2020, ni la oferta de 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.Escuche las noticias de Colombia y el mundo aquí:
El actual gobierno de Gustavo Petro enfrenta un desafío significativo en sus negociaciones con las organizaciones sindicales, sobre todo en lo que respecta al aumento del salario mínimo para el 2025. Desde el principio, se había anticipado que estas negociaciones se llevarían a cabo de manera más fluida, dada la afinidad ideológica política que existe entre el gobierno y los sindicatos. Sin embargo, las cosas no han salido como se esperaba, y recientes anuncios han evidenciado una creciente discordancia. Recientemente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, propuso un aumento del 6.2% para el salario mínimo en 2025, lo que sorprendió a los líderes sindicales. Fabio Arias, presidente de la CUT, expresó su descontento con esta propuesta en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, señalando que era inusual que un ministro de Hacienda se pronunciara sobre el tema antes de que la Comisión Nacional de Concertación se reuniera. La reacción de los sindicatos fue inmediata y fuerte. Durante la reunión de la Comisión Nacional de Concertación, las centrales obreras mostraron su inconformidad ante el anuncio del ministro Bonilla. Arias subrayó que este tipo de intervenciones solo complican las negociaciones, sugiriendo que el gobierno parece ir en contra de los principios de concertación.Propuestas alternativas y la informalidad laboral Arias también abordó la necesidad de revisar el modelo actual de negociación. Aseguró que el sistema tradicional ha fallado en abordar los graves problemas de desempleo e informalidad que enfrenta el país. "La informalidad laboral es un verdadero desastre, y los empresarios han tenido décadas para solucionar estos problemas sin resultados", afirmó. A pesar de las diferencias en las opiniones individuales, Arias enfatizó que el movimiento sindical está comprometido a presentar propuestas de manera unificada ante el gobierno. Dijo que han acudido a reuniones previas y se han comprometido a hacer su propuesta en un plazo determinado, buscando mantener la cohesión entre las centrales obreras.
Con 20 votos a favor de 21 posibles, el Concejo de Medellín le dio luz verde al proyecto de acuerdo que fijaba el salario mensual del alcalde, personero y contralor general de Medellín para el 2024.El concejal coordinador de la iniciativa, Alejandro De Bedout, indicó que este proyecto está acorde con las leyes nacionales y parte del decreto 0293 del 2024 que emitió el presidente de la República, en el cual se establece el límite salarial.Así las cosas, quedó en firme la propuesta de fijar el salario en $23.836.104 millones de pesos para estas tres importantes figuras en la capital antioqueña, lo que, en comparación al año 2023, representa un incremento del 10.3%. Además, añadió el concejal que el aumento corresponde a la responsabilidad del cargo y da respuesta a la variación del IPC y a las negociaciones entre el Gobierno Nacional con los sindicatos y los empleados en el país.A su vez, el concejal Carlos Gutiérrez afirmó que el incremento va ligado según la categoría del municipio y enfatizó que el aumento que se está haciendo queda por debajo del que se realizará a los servidores públicos del Distrito de Medellín.Por otro lado, la secretaria de Gestión Humana, Natalia Ramírez, explicó que el Gobierno nacional fijó el techo salarial para los alcaldes de categorías especiales. Este proyecto fija el salario mensual en $23.836.104 millones de pesos porque Medellín es un Distrito de categoría especial. Indicó, además, que este aumento da casi un punto porcentual menos que el incremento que tuvieron los servidores públicos del Distrito de Medellín para el año 2024. Finalmente, el Concejo aprobó el incremento salarial para los funcionarios con el IPC más 2.1% puntos porcentuales para el año 2025. El debate se concentró en ofrecer la posibilidad a los empleados del Distrito de un incremento que no se diluya con el crecimiento de la inflación.
La historia empezó cuando el presidente Gustavo Petro cuestionó la forma de actuar del expresidente Álvaro Uribe con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, conocida como Telecom Colombia, durante su Gobierno.El jefe de Estado aseguró que la privatización de la liquidada empresa se dio por la codicia del exmandatario.El expresidente Uribe le respondió a través de sus redes sociales y aseguró que la idea socialista de Estado colma aspiraciones burocráticas y politiqueras, pero niega servicios de primera calidad a la comunidades.“Por el bien de Colombia y de la democracia quisiera evitar noticias que titulen “rifirrafe Petro-Uribe”, que tanto aprovechan algunos. Cuando llegué a la Presidencia Telecom llevaba más de 10 años en cuidados intensivos. Los pasivos valían medio billón de la época, los jubilados estaban en gran riesgo, que se evitó con el proceso público y transparente de adjudicación a un tercero”, dijo en sus redes sociales.Además, añadió que “el actual Gobierno, que ha creado 39 mil cupos burocráticos, ya habría tenido tiempo de fundar otra Telecom que en sus sueños debería estar compitiendo con Elon Musk”.A esto se le suma que argumenta que el Gobierno neocomunista niega a las nuevas generaciones la posibilidad de construir ahorro y una pensión decente. “Colombia necesita la polarización conceptual y debe evitarse la polarización del agravio personal”, finalizó Uribe.
César Pérez Chala, alias ‘Peñaranda’, tenía un largo prontuario delictivo y una carrera criminal de 17 años liderando proyectos de expansión territorial en el departamento del Chocó. El cabecilla es responsable de delitos como el desplazamiento y reclutamiento forzado, además de confinamientos y homicidios. También estaría señalado de las acciones criminales con artefactos explosivos ocurridas en el 2022, contra estaciones de Policía en los municipios de Novita e Istmina, del departamento de Chocó.Durante más de un año, las autoridades le habían seguido la pista al delincuente, quien visitaba con frecuencia la subregión del Urabá para realizar actividades de descanso y compartir con su familia. Según el coronel Héctor Alexander Juzga, comandante de la Décima Séptima Brigada, este importante golpe a este grupo armado fue llevado a cabo por tropas de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional en un trabajo articulado con la Sijín y la Policía Nacional, quienes, en medio de un operativo desplegado en el corregimiento de Caucheras, en Mutatá, capturaron en flagrancia al presunto cabecilla de la Subestructura Carreteras, del departamento del Chocó."Este hombre fungía como el cabecilla principal de la Subestructura de Carreteras del grupo armado organizado, Clan del Golfo, que delinque en el departamento del Chocó. De tal manera que esta importante captura es una afectación vital a los intereses estratégicos del Clan del Golfo en lo que corresponde al expansionismo territorial", explicó el coronel.En el operativo fue hallado un revólver con munición, además de varios objetos de brujería, que portaba el cabecilla en un canguro que en su interior contenía figuras esotéricas, jeringas, aceites y un cuaderno con rituales de magia negra y santería, con los que, según las autoridades, alias ‘Peñaranda’ pretendía atraer riquezas y evitar ser capturado por la justicia.Es importante recordar que, en el año 2021, este cabecilla fue enviado por alias ‘Siopas’, quien fue subcomandante del Clan del Golfo y le había ordenado en aquel tiempo al delincuente trasladarse desde Urabá, donde delinquía, hasta el Chocó, debido a su experiencia en combate y capacidad armada, factor que lo hizo acreedor de ser quien materializara la expansión criminal del Clan de Golfo en el Chocó.
Mientras todo parece indicar que la llegada del primer recibo de cobro por valorización a propietarios de predios en la Vía al mar, entre Barranquilla y Cartagena, será un hecho inminente en el mes de febrero; desde estas dos ciudades siguen las voces de rechazo a este instrumento del Gobierno Nacional.El alcalde de Cartagena Dumek Turbay, quien demandó ante el Consejo de Estado la resolución del Invias que permite dicho cobro, y además coadyuvó la demanda del articulo Plan del Desarrollo del Gobierno que autoriza este impuesto por obras de infraestructura, pidió frenar el inicio de este pago de valorización hasta que se den las decisiones judiciales pendientes.El mandatario cartagenero reiteró que está en contra de la medida que considera inconstitucionalidad, pues de que permite la aprobación y aplicación de la contribución nacional de valorización hasta cinco 5 años después del inicio de la operación del proyecto.“Yo no estoy de acuerdo con el cobro, pero tengo que respetar las reglas, y la regla es que tiene que ser la justicia la que tome una decisión, mientras la justicia toma una decisión el trámite que se está surtiendo es el que ya el Ministerio ha planteado, el que Invias ha planteado, el que se ha comunicado, y de no suceder nada antes de marzo, en esa fecha nos empezarán a llegar los recibos”, sostuvo el alcalde Turbay.Sin embargo, el alcalde también fue enfático en que en caso de que se inicie los cobros, tal como lo ha anunciado la ministra de transporte, María Constanza García, exigirá que todo el dinero recaudo en la ciudad será reinvertido en Cartagena.“El presidente ha hablado de solidaridad de los colombianos, pero si a nosotros al final nos toca pagar eso, esos recursos deben reinvertirse en la ciudad, ni siquiera en Bolívar, en Cartagena, y el proyecto identificado inicialmente es la terminación de la Vía Perimetral”, señaló.El cobro de valorización se aplicará a aproximadamente a 147 mil predios ubicados entre Barranquilla y Cartagena, a partir del primer semestre de 2025, empezando por la capital de Bolívar.“Los análisis realizados nos han permitido identificar que los 147 mil predios, a los cuales se aplicará la contribución, tienen capacidad de pago.Es decir, si tras los análisis realizados se determina que el propietario o poseedor del predio no tiene capacidad de pago, no recibirá el recibo correspondiente. Los propietarios que sí lo reciban tendrán la capacidad de pagar la contribución asignada”, explicó el pasado mes de octubre desde Cartagena el director del Invias, Juan Montenegro.A su vez, el funcionario detalló que el 40% de los predios ubicados en el área de influencia del proyecto Cartagena-Barranquilla: Circunvalar de la Prosperidad, quedaron exentos de este cobro debido a aspectos como falta de capacidad de pago, ser Sisbén A y B, estar clasificados en los estratos 1, 2 y 3; o ser bienes excluidos por ley como iglesias, bienes patrimoniales, entre otros.
