El 18 de octubre del 2013, el entonces magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt le solicitó al abogado Víctor Arturo Pacheco, apoderado de Fidupetrol, la suma de $500'000.000, con el fin de adelantar gestiones al interior de la Corte Constitucional para que la fiduciaria saliera bien librada en una acción de tutela que habían instaurado contra un fallo dictado por la Sala de Casación Penal, el cual obligaba a Fidupetrol a pagar a favor de la Gobernación del Casanare $22.500.000.000 más intereses del 10,5% anual.El encuentro se dio en la casa del entonces magistrado Jorge Pretelt, ubicada en Bogotá, antes de asistir a una reunión en el Club El Nogal organizada por Pretelt, a la cual también estaba invitado el abogado Víctor Arturo Pacheco.Pretelt le presentó al abogado una hoja de ruta para que la gestión fuera exitosa, la cual incluía que Fidupetrol contratara los servicios del exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil para que continuara el trámite de la acción de tutela, que en ese momento estaba en revisión ante este alto tribunal, y supuestamente entregar prebendas a personas que hacían parte del núcleo familiar del magistrado que estaba a cargo del caso.Según las pruebas de la Corte, además hubo influencias de Fidupetrol para la selección de la tutela por parte de la Corte Constitucional, en la que participaron directivos de la fiduciaria y el abogado Víctor Arturo Pacheco, quienes ya aceptaron su responsabilidad y fueron condenados por el delito de tráfico de influencias.Jorge Pretelt, de acuerdo con el fallo de la Corte, incurrió en el delito de concusión, al abusar de su cargo como magistrado de la Corte Constitucional y tratar de interferir en el trámite de revisión de la acción de tutela promovida por Fidupetrol.“El comportamiento que se identifica con la modalidad de concusión implícita, según la cual la petición se supone obligatoria para la víctima, por la posibilidad fundada de recibir un perjuicio en el evento de no acceder a lo pretendido, en razón al poder que el agente detenta”, señaló la Corte.Este delito, además, se consuma cuando se realiza la exigencia de dinero u otra utilidad indebida, de manera directa, sutil o mediante amenazas, así quedó consignado en el fallo de segunda instancia que confirmó la condena en contra de Jorge Pretelt.La Corte, además, modificó la multa que le fue impuesta fijándola en 56,25 salarios mínimos mensuales vigentes al momento de ocurrencia de los hechos y redujo su inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas en un término de 5 años, 4 meses y 15 días.¿En qué cambio se debe dejar un carro automático al estacionarlo? No lo ponga de inmediato en la 'P'
El exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar, condenado a cuatro años por usar su cargo para favorecer indebidamente la causa de Fidupetrol, elevó una petición a las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra para que revisen su condena, porque, según él, nunca perteneció al 'Cartel de las Tutelas'. Lo hizo a través del Comité de Coordinación de Procedimientos Especiales.La petición la elevó basándose en que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías. Según los argumentos que expone en esta carta, el proceso que llevó a su condena fue irregular y no tuvo un juicio justo porque se aceptaron pruebas anónimas, “no acordes a la ley”, y el Consejo Seccional de la Judicatura había absuelto al exmagistrado al encontrar ajustado al derecho su conducta porque fue Fidupetrol quien contactó a Escobar, únicamente requiriéndole información.La carta dice que, en octubre de 2013, la sociedad Fidupetrol contactó a Rodrigo Escobar con el fin de consultarle sobre un proceso de tutela que esta entidad adelantaba contra la Corte Suprema y se encontraba en la Corte Constitucional.Se añade también: “El 16 de noviembre de 2013, el Sr. Escobar emitió un jurídico que analizaba la posición argumentación de Fidupetrol S.A. y formulaba sugerencias para que sustenten la acción jurídica de los derechos de dicha sociedad ante la Corte Constitucional. La representación judicial estuvo a cargo del abogado Víctor Pacheco, quien utilizó insumos en su actuación el 20 de noviembre de 2013”.En febrero de 2015, el abogado Víctor Pacheco, condenado por las gestiones que hizo ante la Corte Constitucional para que los magistrados beneficiaran a la firma Fidupetrol, dio declaraciones a los medios en las que señaló que el magistrado Pretelt le había solicitado a Pacheco 500 millones de pesos para favorecer la decisión de la tutela de Fidupetrol S.A.Esa denuncia habría sido conocida, de acuerdo con esta información, por la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes en la que el magistrado Mauricio González Cuervo declaró, el 27 de febrero de 2015, sobre hechos relacionados con el magistrado Jorge Pretelt. Dicha denuncia fue trasladada a la Fiscalía General de la Nación y paralelamente al Consejo Seccional de la Judicatura para las investigaciones penales y disciplinarias pertinentes.Se informa, también, que la Fiscalía General de la Nación inició investigación penal a mediados del 2015 por el caso Fidupetrol y por la supuesta existencia de un "Cartel de Tutelas". Mediante la resolución 308 del 2015 se decidió que la investigación de estos hechos se realizará por el vicefiscal general de la Nación, y designó un grupo especial de fiscales y funcionarios judiciales para investigar todos los aspectos relacionados con la actividad personal y profesional de Rodrigo Escobar Gil.Los argumentos del exmagistrado para solicitar que revisen su condena:El Consejo Seccional de la Judicatura habría citado a Escobar a declarar el 24 de marzo de 2015. Y en decisión del 25 de agosto de 2015, el consejo decretó la terminación de la investigación disciplinaria contra Rodrigo Escobar Gil al encontrar “ajustada su conducta a las normas que rigen el ejercicio de la profesión de abogado”.Se menciona que la Fiscalía General de la Nación invocó la existencia de un documento anónimo, medio que en el derecho colombiano carece de legalidad y valor probatorio, y sin que se hubiera sometido a procedimiento alguno para validar la veracidad de la información allí contenida.En ese documento anónimo se afirmaba que Rodrigo Escobar Gil y sus abogados se habían reunido para utilizar un supuesto fondo común con el entonces magistrado Jorge Pretelt, de cerca de 2.000 millones de pesos con el fin de realizar sobornos en la Fiscalía y obtener información del caso, particularmente, sobre el preacuerdo entre Víctor Pacheco y el ente investigador.“Dicho documento anónimo no solo fue invocado en una audiencia ante un juez de control de garantías, y filtrado a los medios de comunicación, los cuales reprodujeron íntegramente su contenido, destacando ante la opinión pública la supuesta orquestación de un "plan" de Rodrigo Escobar Gil para disponer de grandes sumas de dinero para obtener información sobre el proceso de Víctor Pacheco. Dicho documento anónimo, sin capacidad de ser judicializado, sirvió de base para que Rodrigo Escobar Gil fuera objeto de extorsiones anónimas”, según señala el documento.Finalmente, la petición elevada pide que en un plazo de 60 días le puedan dar respuesta acerca del caso del extogado de la Corte Constitucional.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia aceptó el impedimento del magistrado Jorge Caldas, quien fue el delegado de la Procuraduría durante todo el juicio contra el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, por el escándalo de Fidupetrol.El alto tribunal consideró que, hasta el momento, la decisión de Pretelt está en manos de la mayoría de la sala, es decir, de los dos magistrados que la componen.Dentro del escrito que la Corte expuso, el magistrado Caldas manifestó que no podía participar de la decisión en el caso del exmagistrado Pretelt porque pidió en el pasado que lo condenaran por haber recibido 500 millones de pesos para favorecer la tutela a Fidupetrol.Lea también: Santa Marta debe ser parte en proceso contra exmagistrado Pretelt“Hizo saber que, inclusive, al momento de su intervención en desarrollo del juicio en cuestión, fijó la posición del Ministerio Público, solicitando la emisión de sentencia condenatoria en contra del doctor Pretelt Chaljub, por considerar que, más allá de toda duda, es autor responsable de la conducta punible de concusión”, señala la sentencia.En el análisis, los magistrados Ramiro Alfonso Marín y Ariel Augusto Torres resaltaron la importancia del impedimento de Caldas porque se “ha comprometido su criterio”.Advierte la decisión que el magistrado Caldas manifestó públicamente la eventual responsabilidad penal de quien aún es procesado dentro de la presente causa “motivo por el cual, se le debe separar del conocimiento de la misma”.La Sala de Juzgamiento deberá dar a conocer el próximo año el sentido de fallo que determinará si el exmagistrado Pretelt es culpable o no del delito de concusión.
La Procuraduría pidió que Pretelt sea condenado por el delito de concusión al considerar que hay suficientes pruebas que demuestran que el exmagistrado pidió un soborno para beneficiar a la firma Fidupetrol en una tutela.La Procuraduría le dio crédito al testimonio del abogado Víctor Pacheco, quien representaba a esa firma, y quien asegura que Pretelt le pidió 500 millones de pesos para que la tutela con la que Fidupetrol pretendía salvarse de pagar una millonaria multa, saliera positiva.“El testigo Víctor Pacheco indicó en todas sus salidas procesales que la solicitud que recibió Jorge Pretelt, ese hecho está totalmente probado, a partir de él es viable inferir, por medio de una regla de la lógica, que efectivamente lo que motivó a Pretelt fue un fin económico, un afán económico desmesurado”, aseguró el representante del Ministerio Público. Vea aquí: Dos nuevos testimonios favorecen en juicio al exmagistrado Jorge Pretelt Pese a que la defensa de Pretelt sostiene que Pacheco ha mentido, y que prueba de ellos son las inconsistencias con respecto al lugar en el que supuestamente se hizo dicha exigencia de dinero, la Procuraduría argumenta que el lugar es un aspecto “irrelevante”, si se tiene en cuenta la relación de amistad que había entre Pacheco y Pretelt. Así mismo, señala la Procuraduría que “el exmagistrado se aprovechaba de los magistrados para sacar provecho de los procesos adelantados en la Corte”, especialmente del magistrado Mauricio González.
Nuevamente una juez penal del circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento absolvió al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil del delito de tráfico de influencias dentro del escándalo de Fidupetrol. La decisión del juez se da tras considerar que las pruebas en contra del abogado no tenían argumento jurídico.Vea aquí: Pretelt nunca me insinuó beneficiar a Fidupetrol: exmagistrado Mauricio González Escobar gil representó como abogado a la firma Fidupetrol y fue señalado de usar sus influencias ante la Corte Constitucional para que la firma fuera beneficiada en una tutela y librarla así de pagar una millonaria multa.
En la Corte Suprema de Justicia avanza el juicio contra Jorge Pretelt por el presunto favorecimiento a Fidupetrol en una acción de tutela. Este lunes, declaró, en calidad de testigo, el exmagistrado Mauricio González, encargado en su momento de dicho recurso jurídico.Durante su declaración, González dijo que Pretelt nunca le habló del soborno para incidir en esa tutela.“El doctor Pretelt nunca hizo sugerencia o insinuación sobre el sentido de la decisión que fuera a adoptar, ni ninguna otra persona. Quiero agregar que no me presto para ello, nunca doy pie para que se me hagan ese tipo de ofrecimientos”, añadió.Así las cosas, el expresidente de la Corte Mauricio González reitera su versión sobre el presunto soborno de Fidupetrol.Le puede interesar: Rodrigo Escobar Gil se abstuvo de declarar en el juicio contra Jorge PreteltCabe recordar que justamente fue el exmagistrado González quien denunció el escándalo de Fidupetrol.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
En la Corte Suprema de Justicia finalizó la primera parte de la audiencia del juicio en contra del suspendido magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, quien es procesado por presuntamente haber recibido 500 millones de pesos de Fidupetrol a cambio de incidir en una tutela que obligaba a la petrolera a pagar una millonaria multa. Pretelt aseguró que no tuvo nada que ver en la selección de la tutela de Fidupetrol y que “resultó ser una gran casualidad” que la misma le correspondiera a él pues, según asegura el magistrado suspendido, “esos procesos llegan a la Corte y se reparten por sorteo”. "A mí me correspondió el rango de septiembre donde estaba esa tutela", agregó. Además, Pretelt dijo que a su despacho le correspondió hacer una ficha esquemática sobre la tutela de Fidupetrol, lo que es una preselección, pero que él no decidió hacerla, lo que demostraría a su juicio que no tuvo interés en el caso. "A mí me correspondió el rango de la tutela de Fidupetrol a la que desconocía totalmente. Le hice fichas esquemáticas a unas 8 tutelas ese día, el primero de octubre del 2013", dijo, reiterando que entre esas fichas no hizo la de Fidupetrol. Vea acá: Exmagistrado Pretelt enfrentará en libertad juicio por escándalo de Fidupetrol Sobre su relación con el abogado Víctor Pacheco, condenado por el caso Fidupetrol, Pretelt dijo que lo conoció en un almuerzo en un restaurante y que se lo presentó el magistrado Guillermo Bueno en el 2011. Dijo, además, que Pacheco lo visitó unas 7 o 9 veces en su despacho de la Corte Constitucional, pero que durante esas visitas nunca se tocó el tema de Fidupetrol, compañía a la que defendía. Además, afirmó que Pacheco nunca estuvo en su casa como ha asegurado en sus declaraciones y que, durante este proceso, el fiscal general encargado, Jorge Perdomo, le ocultó las pruebas que se tenían. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El juzgado 23 con funciones de conocimiento de Bogotá declaró inocente por el delito de tráfico de influencias al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, en el marco de las investigaciones por el delito de tráfico de influencias. "No se logró demostrar influencia alguna por parte del exmagistrado, en el estudio y fallo final de la tutela de Fidupetrol al interior de la corte constitucional en el año 2014", señaló el juez. El exmagistrado fue acusado de interceder, ante funcionarios de la máxima corporación, con el propósito de inducirlos a favorecer, en sede de revisión, a la empresa Fidupetrol con una tutela para que este recurso fuese seleccionado y fallado de acuerdo con sus intereses particulares. Los hechos materia de la investigación se registraron entre el 18 de octubre y el 27 de marzo de 2014 en Bogotá. Entre las pruebas figuran intercepciones telefónicas de conversaciones sostenidas entre el exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas Silva y el abogado Víctor Pacheco, sobre 500 millones de pesos para favorecer la tutela y dejar sin vigencia la condena contra Fidupetrol correspondientes a una multa de 32 mil millones de pesos. Según la Fiscalía, aunque el funcionario judicial Vargas Silva se negó a tal ofrecimiento, sí se demuestran los acercamientos con fines ilícitos de Escobar Gil por intermedio del abogado Pacheco para alcanzar sus objetivos ilícitos. “Se ha valido de su calidad de exfuncionario del Estado, de sus amistades, de su posición, para favorecer con la tutela a Fidupetrol”, explicó el fiscal al juez de conocimiento. Asimismo, relató los detalles de un almuerzo en un prestigioso restaurante en el norte de la capital, en medio del cual Escobar Gil —sin mencionar que estaba al servicio de Fidupetrol— pretendió inducir a los magistrados asistentes a privilegiar el fallo a favor de esa compañía. Insistió el fiscal que se trató de presiones indebidas de Escobar Gil a los magistrados del alto tribunal. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El juez 21 de ejecución de penas concedió la libertad condicional a Helbert Otero Pacheco, principal socio de Fidupetrol. En la decisión, el juez le concedió un periodo de prueba de siete meses y ordenó el pago de una caución de cinco salarios mínimos legales. El pasado mes de enero, Otero había sido condenado a 25 meses de prisión por el delito de tráfico de influencia a particular. Esta pena se dio luego de que llegará a un preacuerdo con la Fiscalía al asumir su responsabilidad por haber participado en el favorecimiento de una tutela en contra de Fidupetrol. Otero fue capturado el 27 de agosto de 2015, pero en septiembre de ese mismo año un juez le revocó el beneficio prisión domiciliaria y lo envío a la cárcel La Modelo de Bogotá. Finalmente, de acuerdo con datos proporcionados por la Rama Judicial, Otero obtuvo una redención de pena de 60 días el pasado 15 de mayo.
El próximo 8 de mayo iniciará el juicio contra Abel Caballero, expresidente de Fidupetrol por el escándalo de tráfico de influencias en la Corte Constitucional. Esto después de que el Tribunal Superior de Bogotá tumbara el preacuerdo que tenía con la fiscalía en el proceso por el escándalo de Fidupetrol, tras dejar en firme la determinación del Juzgado 28 de Conocimiento de Bogotá, que lo declaró ilegal. El ente investigador tiene pruebas que confirman la alianza entre el exdirectivo de la firma con el socio mayoritario de Fidupetrol, Hélber Otero, para acercarse a los magistrados de la Corte Constitucional, a través del abogado Víctor Pacheco, con el fin de que no se afectará los intereses de la empresa, evitando el pago de la multa. Así las cosas, Caballero deberá enfrentar el juicio por el delito de tráfico de influencias por presuntamente haber intentado pagar cerca de 500 millones de pesos al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, para que Fidupetrol fuera favorecida en una tutela, con la cual, la firma evitaría el pago de una deuda con el departamento de Casanare por 22 mil millones de pesos. Por estos mismos hechos ya fue condenado el máximo accionista de Fidupetrol, Helbert Otero Pacheco y es procesado el expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil.
En las últimas horas, la Policía logró capturar a uno de los sicarios más peligrosos del sur de Bogotá junto con cinco de sus cómplices, entre ellos dos mujeres, quienes se dedicaban al tráfico de armas, drogas y asesinatos en la localidad de Ciudad Bolivar, sur de Bogotá. Se trata de alias ‘La Máquina’, líder de ‘La Catorce’, una banda que delinque en ese punto de la capital del país.Según indicó el coronel Germán Gómez, comandante de la estación de Policía en Ciudad Bolívar, esta peligrosa banda controlaba la venta de drogas en esa zona de la ciudad y sostenía una violenta guerra con otra banda delincuencial.“Tenía una disputa por control territorial con el delito de inseguridad denominado Las Marraneras y Bellaflor. Es así como se logra la captura en una de estas invasiones del sector de Paraíso. Al igual, posteriormente en otra intervención a este mismo grupo delincuencial, se logra evidenciar que en un taxi están transportando estupefacientes y armas de fuego”, agregó el coronel.Alias ‘La Máquina’, agregó el coronel Gómez, es una persona reconocida en este sector y está relacionado con varios homicidios en los que es no solo es autor material, sino también actor intelectual de los hechos que se le atribuyen.“Vamos a seguir actuando de manera contundente con esta estrategia de los microterritorios de contención frente al homicidio y a su vez con el fin de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Se tiene evidenciado que ha hecho parte de ocho homicidios”, finalizó el coronel.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de BogotáLa Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente. El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.En desarrollo...
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
