La Andi, Fedesarrollo y la Anif le piden al Dane revisar las cifras sobre la productividad laboral reveladas este martes 3 de diciembre en la comisión de concertación del salario mínimo.Coinciden en que los datos divulgados no concuerdan con la situación económica del país nicon el hecho de que la economía este año está creciendo por debajo del 2 % y el empleo por debajo del 1 %.El Dane reveló cuatro mediciones de productividad. La más bajita de todas fue la productividad total de los factores y llegó a 1,75 %. Sin embargo, la más elevada de todas, la productividad por hora trabajada, es del 3.43 %.Justamente, en la reunión de este miércoles, 4 de diciembre, el reto va a ser discutir si la mesa se va a casar con alguna de las cifras o si arrancarán sin un acuerdo en ese punto.Para Anif y Andi y Fedesarrollo, lo que hay que hacer es invitar a otras entidades especializadas a discutir y a revisar técnicamente la manera en que el Dani hizo esa medición. Lo que quieren es una revisión detallada de la metodología, de la forma en que se llegó a la conclusión de una productividad tan elevada para el año 2024.Tradicionalmente, el salario mínimo se fija con la suma de inflación más productividad. Si esa fórmula se respetara para este año, el incremento sería mínimo del 6,8 %, que equivale a unos 99.400 pesos si se tiene en cuenta el subsidio de transporte.
La reforma a las transferencias para alcaldías y gobernaciones aprobada por el Congreso podría traer enormes dolores al bolsillo de los colombianos, según advirtieron el Banco de la República, Fedesarrollo y el exministro de hacienda José Antonio Ocampo.El acto legislativo reforma la constitución colombiana y obliga al gobierno nacional a transferir el 39.5 % de sus ingresos corrientes a departamentos y municipios en un periodo de transición de 12 años.Para el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, esta reforma implica un gasto adicional de 3% del PIB en un momento donde las finanzas del Gobierno ya están apretadas."No nos debería sorprender presiones al alza en el dólar, es decir, depreciaciones de la moneda colombiana. Y seguramente vendrán los análisis posteriores de las agencias de calificación de riesgo sobre las implicaciones de esta reforma en términos de la sostenibilidad de la deuda pública del país", advirtió Mejía.En la misma línea, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que esta reforma complica todavía más los problemas fiscales del Gobierno nacional, pero además enredan la posibilidad de una bajada más rápida en las tasas de interés para los créditos."El reto fiscal que tiene Colombia en este momento afecta los márgenes de riesgo que cobran los inversionistas internacionales por adquirir bonos de deuda externa colombiana y puede afectar las expectativas del mercado cambiario con potenciales impactos adversos sobre el proceso esperado de desinflación. Mientras la incertidumbre en estos frentes se mantenga, las decisiones de políticas monetarias sobre la tasa de política del Banco de la República deberán ser particularmente cautelosas", explicó Villar.Decenas de exfuncionarios de Gobierno firmaron una carta pidiendo al Congreso que detuviera el trámite de la reforma por considerar que lesiona gravemente las finanzas de la nación. Las críticas no solo vienen de economistas de derecha, sino también de quienes han trabajado en la actual administración."La aprobación del sistema general de participaciones genera serios riesgos fiscales, tal como lo hemos señalado un grupo amplio de exministros de Hacienda y el ministro actual. Se siguió una lógica incorrecta: deberían haberse definido primero las competencias de los gobiernos regionales y del nacional, y los costos de unas y otras, no definiendo primero los recursos. Se debe fomentar la descentralización, tal como lo señaló la Constitución de 1991, pero de manera lógica y sin generar importantes riesgos fiscales", aseguró el exministro José Antonio Ocampo.La reforma no entrará en vigencia hasta que se discuta en el Congreso una ley sobre las tareas que deben asumir los gobiernos locales con los nuevos recursos. Además, la Corte Constitucional tendrá que revisar el texto y podrá rechazarla si considera que vulnera la constitución.
El recorte al presupuesto ha suscitado un intenso debate en Colombia entre algunos sectores que están preocupados por las finanzas del país y los diferentes proyectos, esto, contemplando las necesidades del 2025. En diálogo con Mañanas Blu, Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, se pronunció al respecto y habló de las implicaciones de este ajuste fiscal.Mejía hizo hincapié en que el recorte de 28.4 billones de pesos es, según su criterio, "insuficiente". Explicó que la cifra inicial proyectada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, era de 33 billones de pesos, sin embargo, dijo que lo hablado en el consejo de ministros parece que no logró un consenso al respecto y la meta no se alcanzó. “Es insuficiente el recorte. Recordemos que el ministro había hablado de un recorte adicional de 13 billones de pesos para llevar el recorte total en el año a 33 billones. Seguramente, la discusión en el consejo de ministros no logró generar ese consenso para recortar el presupuesto de los diferentes ministerios y llegó a 28.4 billones, es decir, casi cinco millones por debajo de lo que se había anunciado inicialmente, con riesgos adicionales”, explicó.Esto, indicó, crea un vacío fiscal que pone en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal. La caída del recaudo tributario, que alcanzó casi el 13 % en términos reales, y un faltante cercano a los nueve billones de pesos representan un desafío monumental para la economía del país.“Yo no estoy tranquilo, porque, primero, el tamaño del recorte no es lo suficientemente alto y, ratifico, de pronto el Ministerio podrá hacer algo con la ejecución, pero queda esa incertidumbre si efectivamente va a tener la capacidad para, a través del manejo en la caja, poder evitar un incumplimiento fiscal y no es solamente la discusión de este año, el próximo año la situación fiscal está muy apretada”, aseveró.Retos futuros para el GobiernoMejía señaló que el Gobierno nacional enfrentará retos fiscales significativos en 2025. Se estima que el recorte necesario en ese año podría llegar a los 36 billones de pesos. Por eso, insistió en que se necesita “un enfoque más austero” que reconozca la fragilidad de las cuentas públicas actuales.“Ojalá el Gobierno, antes de decretar el presupuesto, porque lo tendrá que sacar a través de un acto administrativo, se siente hacer esas cuentas y reconozca que la dinámica del recaudo ha sido muy negativa y que va a ser muy difícil darle la vuelta a esto el próximo año y, por eso lo mejor es desde ‘el vamos’, arrancar con un presupuesto bastante más a austero”, manifestó.Impactos en la inversión y el crecimiento económicoMejía también advirtió acerca de los efectos negativos que puede tener el recorte en la inversión pública, la cual es fundamental para reactivar la economía y que se “verá afectada”, pues, añadió, se estima que el recorte en inversión será cerca de 11 billones de pesos.Ejecución presupuestaria y sostenibilidad fiscalUno de los puntos críticos que destacó el director de Fedesarrollo es la ejecución del presupuesto, que a octubre de este año solo había alcanzado un 44 %, un nivel alarmantemente bajo comparado con los promedios de años anteriores. En ese sentido, dijo que esta desaceleración en la ejecución puede llevar a una “subejecución sistémica, dificultando aún más la situación fiscal del país".
El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, ha lanzado serias advertencias sobre la reforma constitucional que busca aumentar las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) del 24 % al 39.5 %. En entrevista con Sala de Prensa de Blu Radio, Mejía destacó los riesgos fiscales y el impacto que esta medida podría tener en la sostenibilidad económica del país, calificándola como un proyecto "desbalanceado" y con una alta carga política.“El Sistema General de Participaciones, que representa el 24 % de los ingresos de la Nación, financia principalmente educación, salud y agua potable en las regiones”, explicó Mejía. Sin embargo, el aumento propuesto generaría un gasto adicional de 34 billones de pesos anuales, una cifra que supera el 75 % del presupuesto de inversión del próximo año. Según Fedesarrollo, “esto generaría un incremento preocupante en el déficit fiscal, la deuda pública y un posible incumplimiento de la regla fiscal”.El problema central radica en que el Gobierno no ha presentado un plan claro sobre cómo financiar este aumento de recursos. “El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha defendido la reforma argumentando que no habría impacto fiscal porque parte de los gastos del Gobierno nacional serían asumidos por las entidades territoriales. Pero nuestros cálculos indican que solo entre 10 y 12 billones podrían trasladarse. El resto tendría que financiarse con endeudamiento, lo cual es insostenible”, afirmó Mejía.Fedesarrollo propone un aumento más moderado, del 24 % al 30 %, lo que representaría alrededor del 1 % del PIB, es decir, 15 billones de pesos. Este ajuste permitiría apoyar a las regiones sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país. Mejía también señaló que no todas las regiones tienen la capacidad de gestionar estos recursos de manera eficiente: “Mientras ciudades como Bogotá y Medellín pueden hacerlo, no es el caso de todas las entidades territoriales, que enfrentan graves limitaciones institucionales”.A pesar de las críticas, el proyecto cuenta con gran apoyo político, en gran medida debido a su atractivo para gobernadores y alcaldes. Mejía calificó esta dinámica como “una golosina política en un año preelectoral”. Sin embargo, advirtió que el impacto económico podría traducirse en un aumento del costo del endeudamiento para el Gobierno y para los ciudadanos.“Estamos viendo ya señales de alerta: tasas de interés más altas y una depreciación acelerada del peso. Esto refleja la percepción de riesgo en los mercados frente a la capacidad del Gobierno de financiar estos compromisos”, enfatizó.Aunque algunos economistas han planteado que el proyecto podría ser rechazado por la Corte Constitucional debido a su impacto fiscal, Mejía se mostró escéptico: “Es difícil que se caiga porque se trata de una reforma constitucional. Lo que queda es ajustar la propuesta en el último debate para minimizar los riesgos”.La discusión continúa en un entorno político polarizado. Mejía hizo un llamado a la responsabilidad: “No podemos comprometer nuestra sostenibilidad fiscal a largo plazo por decisiones apresuradas. Colombia necesita pensar en el futuro con seriedad y evitar crisis profundas como las que han enfrentado otros países de América Latina”.
El crimen y la violencia le costaron a Colombia 3.63 % del PIB en 2022, lo que equivale a unos 68 billones de pesos anuales. Colombia es el octavo país de la región en gasto por cuenta del crimen y séptimo en costo por cuenta de la pérdida de vidas.La cifra supera cualquier reforma tributaria presentada hasta el momento y ubica al país como el octavo en gasto por cuenta del crimen, de acuerdo con un estudio de Fedesarrollo para el Banco Interamericano de Desarrollo.¿Por qué la violencia y el crimen le cuestan tanto a Colombia?El costo más alto del crimen en el país tiene que ver con lo que deben pagar las empresas por seguridad privada, que equivalen a 1.59 % del PIB. El sector privado en Colombia tiene que gastar más en seguridad privada en proporción al tamaño de la economía que Brasil, Argentina y Ecuador, aunque mucho menos que en El Salvador, Nicaragua y México.Sin embargo, el país también asume un gran costo público por seguridad que llega en promedio al 1.06 % del PIB. Ese costo incluye la inversión en el aparato de justicia, el funcionamiento de la Policía y también el costo de las cárceles.El estudio también incluye lo que el país pierde en capital humano por cuenta de lo que dejan de aportarle a la economía las personas lesionadas en medio de un crimen, los asesinados y los presos.El informe no incluye una cifra exacta de cuánto les cuesta a los países la inseguridad en términos de desarrollo del turismo o la migración, pero destaca que hay impactos indirectos que pueden ser aún más grandes que el costo directo de atender el crimen.“Estos hallazgos confirman la urgencia de una respuesta robusta y sostenida que priorice tanto la prevención como la mejora en la administración de justicia, lo que permitiría reducir los costos del crimen y la violencia, aumentar la confianza de los ciudadanos y el dinamismo de nuestra economía”, señaló el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.¿Cuánto gastan otros países por cuenta del crimen y la violencia?El promedio de países de América Latina y el Caribe asume un costo de 3.44 % del PIB, es decir que Colombia está en el grupo de los que más debe gastar. La comparación con otras regiones del mundo nos deja aún peor parados. En Europa, por ejemplo, el costo del crimen es en promedio un 42 % más bajo.El problema con eso es que lo que se gasta en crimen no se puede gastar en otras áreas relacionadas con el bienestar de la población."Si los países de la región pudieran acercar sus costos a estos niveles (2.4 % del PIB), dispondrían de recursos equivalentes a aproximadamente 1 % del PIB (o, como referencia, a 20 % del presupuesto en educación) para potenciar el bienestar social", señala el estudio.
La Encuesta de Opinión Financiera (EOF) realizada por Fedesarrollo muestra cuáles son las acciones que los analistas han identificado más atractivas para invertir en septiembre. Un 30,8 % de los encuestas las seleccionaron como las más prometedoras.Los resultados indican que las acciones de Cementos Argos, ISA, Bancolombia (tanto preferencial como ordinaria) y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) lideran la lista de los analistas.>>> Lea también: Ni PSE ni Transfiya, el Banco de la República creará nueva plataforma de pagos inmediatosEstas acciones destacan en el índice MSCI COLCAP, un indicador clave del mercado colombiano. El Grupo Argos también figura entre las opciones más atractivas, seleccionado por el 23,1% de los analistas.En cuanto a los sectores, se observa un aumento en el interés por las acciones financieras, holdings y petroleras en comparación con el mes anterior. Por otro lado, disminuye el apetito por las acciones de los sectores energético y de construcción.Además, la encuesta revela las expectativas de los analistas para el resto del año. Se espera que la tasa de intervención del Banco de la República cierre el año en 8,75%. En términos de crecimiento económico, se prevé un aumento del 2,0% en el PIB para el tercer y cuarto trimestre de 2024, y un crecimiento de 1,8% para todo el año. Para 2025, se estima un crecimiento de 2,6%.Respecto a la inflación, los analistas estiman una tasa de 5,87 % para finales de septiembre y 5,60 % para cierre del 2024, valores que superan el rango meta del Banco de la República. Finalmente, se espera que la tasa de cambio se ubique en $4.185 para septiembre y $4.140 para diciembre de 2024.En resumen, los expertos financieros recomiendan invertir en acciones de Cementos Argos, ISA, Bancolombia y GEB en septiembre, y anticipan un crecimiento económico moderado y una inflación por encima del objetivo del Banco de la República.
El centro de estudios Fedesarrollo destacó como positivos varios aspectos de la reforma tributaria presentada esta semana por el Gobierno nacional ante el Congreso, el principal es que de los 12 billones de recaudo apenas 4.9 billones vendrán de nuevos impuestos lo que la convierte en una reforma pequeña en relación con otras que se han presentado en el pasado y representa un reconocimiento implícito de que el país no aguanta más carga tributaria.Sin embargo, la entidad alerta sobre el hecho de que la reforma podría ser insuficiente para financiar el presupuesto de 2025 y además incluye medidas inconvenientes como una regla fiscal verde que va en contravía de lo que ha hecho el Gobierno por cumplir la regla fiscal y el impuesto al patrimonio.¿Qué le gusta a Fedesarrollo de la reforma tributaria?El director del centro de estudios, Luis Fernando Mejía, destacó como positiva la propuesta de eliminar el régimen simple de tributación y dice que es una buena medida en el sentido de que estaba siendo utilizada principalmente por las compañías para reducir su carga de impuestos y no para formalizar a las empresas del país.Para la entidad también va en la dirección correcta eso de poner a pagar más impuestos tanto a las apuestas digitales como a los colombianos que ganan más de 121 millones de pesos al mes.Así mismo es positiva la idea de un esquema de tarifas marginales del impuesto a la renta que permite reducir el impuesto en mayor proporción a las empresas más pequeñas y reduce el incentivo a que las compañías fragmenten su operación buscando rebajas de impuestos en esquemas como el régimen simple que tienen tarifas fijas de impuestos según los rangos de ganancias.Las cosas que no le gustan a Fedesarrollo de la reforma tributariaPara el centro de estudios es inconveniente insistir con el impuesto al patrimonio porque genera incentivos a que los más ricos se endeuden para evadirlo y no genera un recaudo significativo.Por otro lado, introducir beneficios tributarios a sectores como la energía renovable no convencional va en la dirección opuesta de lo que se hizo en la reforma de 2022 por eliminar exenciones y beneficios tributarios.Otra gran preocupación tiene que ver con que esta reforma, por sí sola, no resuelve el lío de la falta de financiación del presupuesto de 2025 propuesto por el Gobierno."El proyecto ley de financiamiento presentado por el Gobierno nacional reduce sustancialmente su alcanceinicial y contiene elementos positivos que merecen ser discutidos. No obstante, los riesgos de financiamiento del presupuesto persisten para el próximo año, con un faltante que, según nuestros cálculos, alcanza los $26,6 billones, los cuales deberían recortarse del actual monto de $523 billones", señaló Mejía.A esto se suma el hecho de que la regla fiscal verde, que es una propuesta que le permitiría al Gobierno endeudarse por encima de los límites para financiar proyectos de adaptación al cambio climático, es un problema."Esto va en contravía del compromiso del Gobierno por el estricto cumplimiento de la regla fiscal, y probablemente será interpretada por los acreedores como una señal de relajamiento en la senda de reducción del déficit y de la deuda pública del país, lo que podría aumentar los costos de financiamiento para la Nación", concluyó.
El reciente paro camionero en Colombia dejó importantes afectaciones en diversos sectores, principalmente en el agrícola y pecuario. A pesar del acuerdo entre el gobierno y los transportadores, líderes de opinión como Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, y Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), advierten que las soluciones actuales son insuficientes y los problemas de fondo, como el déficit por el subsidio al diésel y las pérdidas en el campo, aún no se han resuelto.El déficit por el subsidio al diésel: un problema sin solución a la vista: FedesarrolloLuis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, explicó que uno de los problemas más graves es el alto costo del subsidio al diésel, que le cobra al país 12 billones de pesos anuales. "Este subsidio se cubre con recursos públicos, lo que es insostenible a largo plazo", afirmó Mejía. Inicialmente, el gobierno había propuesto un aumento de casi dos mil pesos por galón de diésel, lo que habría generado un ahorro de 4 billones de pesos anuales. Sin embargo, tras las negociaciones con los transportadores, el aumento se redujo a 800 pesos, lo que solo reducirá el déficit en 1,6 billones."Aunque el aumento es un paso adelante, aún queda la tarea de seguir subiendo gradualmente el precio del diésel para cerrar la brecha con el mercado internacional", subrayó Mejía. Además, aclaró que, aunque se prevé un aumento en el costo de algunos productos, "nuestros cálculos indican que un aumento de dos mil pesos en el diésel elevaría la inflación en apenas 0.4 puntos porcentuales, lo cual es manejable".SAC denuncia graves pérdidas en el sector agrícolaJorge Bedoya, presidente de la SAC, fue contundente al señalar las graves pérdidas que dejó el paro para los productores agrícolas y pecuarios. “Las afectaciones más fuertes se dieron en sectores como el avícola y el ganadero. Animales murieron en los camiones y muchas cosechas no se pudieron recoger", afirmó. Sectores clave como el arroz, plátano y aguacate también resultaron afectados por la falta de insumos y la imposibilidad de transportar productos.Bedoya criticó el manejo del gobierno durante el paro, afirmando que mientras los transportadores lograron beneficios tras los bloqueos, los agricultores quedaron con pérdidas irreparables. "Es paradójico que los que violaron derechos fundamentales como la movilidad y la alimentación sean los que terminan ganando, mientras que nuestros productores siguen enfrentando los daños solos", señaló.Además, Bedoya alertó sobre la vulnerabilidad del sector agrícola frente a futuros bloqueos. “Estamos condenados a depender del transporte, y cada vez que los transportadores deciden paralizarse, el sector agrícola sufre. Esto no puede seguir así”, advirtió. También instó al gobierno a mejorar las vías terciarias y a garantizar la seguridad en las carreteras para reducir la dependencia y el impacto de futuros bloqueos.Ambos líderes coinciden en que las medidas tomadas hasta ahora no son suficientes para resolver el problema de fondo. Mejía insistió en que es crucial trazar una hoja de ruta clara para el aumento gradual del precio del diésel, tanto por razones fiscales como ambientales. Bedoya, por su parte, destacó la necesidad de que el gobierno brinde más apoyo al sector agrícola para mitigar las pérdidas y evitar que este tipo de situaciones sigan afectando la economía nacional.El país enfrenta un desafío estructural que, si no se aborda con medidas concretas, seguirá afectando a los productores, transportadores y consumidores por igual.
A la expectativa sobre la materialización del ‘Pacto por el Crédito’ se encuentran Fedesarrollo y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, siendo que, desde el seminario ‘Perspectivas Económicas: crecimiento y empleo en Colombia y el Atlántico’, lo catalogaron como un anuncio "positivo e importante" para acelerar el crecimiento de la economía en el país.Por lo menos para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, es un parte de tranquilidad porque aleja el fantasma de las “inversiones forzosas”, ya que, según explicó, es una estrategia para la reactivación económica a través de un largo plazo."Yo creo que es una muy buena noticia porque primero se aleja el fantasma de las inversiones forzosas, que desde Fedesarrollo habíamos dicho que tendrían un efecto negativo en la reactivación, en cuánto podrían haber aumentado el costo del crédito para el resto de empresas y hogares". No obstante, consideró importante que se clarifique cómo serán las asignaciones sectoriales, esperando que sean precisamente los sectores de turismo, agropecuario y de transiciones energéticas los que estén entre los priorizados. "Es un acuerdo de voluntades que beneficiará a ciertos sectores estratégicos. Será importante, positivo, pero insisto en los detalles de su materialización, pues no solamente hay un anuncio global sobre cuál será el monto y cómo se darán las asignaciones sectoriales", dijo. A su turno, José Ignacio López, presidente de la ANIF, explicó que es una “buena concertación” entre lo público y privado en materia crediticia. Sin embargo, fue claro en solicitar otras estrategias de reactivación económica como el escalonamiento de créditos con garantías."No puede ser la única estrategia de reactivación. Es decir, a través del crédito el sector financiero hará un esfuerzo importante para reactivar la economía del país, pero necesitamos otras estrategias, no puede ser la única", manifestó.Así mismo, consideró que se deben eliminar cuellos de botellas sectoriales y la incertidumbre en materia regulatoria y jurídica, precisamente para que la reactivación logre levantar las cifras de inversión en el país.
Como altamente “inconveniente” catalogó el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, el proyecto de Ley de Financiamiento que contempla el Gobierno Nacional para el recaudo de hasta $12 billones de pesos, advirtiendo que la economía colombiana ha crecido muy poco y que, además de ello, no habrían fuentes de financiamiento “confiables”. Y es que, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional publicó en julio de 2024 el documento “Marco Fiscal de Mediano Plazo”, en el que aseguraba que su meta de recaudo era de casi $290 millones de pesos, para agosto de este mismo año se presentó un proyecto de Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria por $316 billones de pesos, es decir, $26 billones de pesos más.Fue entonces allí cuando por concepto de recaudo, Mejía aseguró que era incierto el destino de los recursos y que, siendo así, quedaban dudas sobre los otros $14.6 billones para completar esa diferencia."Cuando uno habla con el Gobierno Nacional (...) pues uno dice, bueno, será gestión de la DIAN, pero no hay una fuente clara de dónde van a salir esos $14.6 billones de pesos adicionales. Nosotros tenemos un problema y es que hay unas fuentes de financiamiento de este presupuesto que no lucen relativamente confiables", expresó Mejía. Así mismo, indicó que "nosotros creemos que una reforma tributaria es inconveniente, porque tenemos una economía que apenas está creciendo y está sufriendo los efectos de las reformas del 2021 y 2022, entonces esto es una especie como diría uno coloquialmente, como intentar sacarle sangre a un paciente anémico". Por su parte, también mostró su preocupación frente a la baja ejecución de recursos por parte del Gobierno Nacional durante los primeros siete meses de 2024, advirtiendo que se encuentra cinco puntos porcentuales por debajo del promedio que se ha registrado durante los últimos cinco años para este mismo periodo.Siendo así, mientras que para julio de 2024 se reportó un indicador del 28% en cuanto a ejecución del presupuesto, durante gobiernos anteriores esta cifra se había mantenido por encima del 33% durante el mismo periodo. "Pero infortunadamente una de sus mayores debilidades ha sido su capacidad de ejecutar, entonces (...) creo que legítimamente si uno quiere pedirle a los colombianos que contribuyan más, lo primero que tiene que hacer es garantizar que esos recursos que se recaudan con tanto esfuerzo se ejecuten de manera eficiente". A su turno, José Ignacio López, presidente de la ANIF, pidió trabajar conjuntamente para recuperar la tasa de inversión en el país que, según explicó, se ha mantenido sobre el margen del 17%; siendo una de las más bajas en los últimos diez años. "Nuestras preocupaciones tienen que ver, por un lado, con las condiciones de inversión del país, porque las cifras de inversión realmente vienen muy rezagadas. Hoy el país, de sus ingresos, se está gastando hasta el 17% en las inversiones que le permiten producción el día de mañana. E una cifra bastante baja". Cabe mencionar que tanto Mejía como López se encontraban participando del seminario presencial ‘Perspectivas Económicas: crecimiento y empleo en Colombia y el Atlántico’ realizado en Barranquilla.
