El presidente Iván Duque se reunió con la fiscal de la Corte Penal Internacional en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a quien, según conoció BLU Radio, manifestó la importancia de que avance el proceso de denuncia en contra de Nicolás Maduro.Recordemos que en sus tiempos de senador el presidente Duque interpuso una denuncia en compañía de ocho jefes de estado, firmada por más de 70 congresistas de la región en contra de Nicolás Maduro, por cometer una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.Según fuentes de Presidencia, se llevó a cabo una productiva reunión de trabajo con la fiscal de la Corte Penal Internacional, donde Colombia expresó el compromiso de trabajar conjuntamente y fortalecer los mecanismos de cooperación.
Durante el encuentro, que se realizó en la Cancillería, la fiscal de la Corte PenaI Internacional, Fatou Bensouda expresó inquietudes y preocupaciones al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, y al presidente Santos sobre diversos temas como las sanciones restrictivas a la libertad de la JEP, de la cual pidió explicación clara y sobre cuál sería la participación de las victimas una vez se implemente esta justicia. Adicionalmente manifestó su preocupación por la entrada en vigencia de esta justicia. "La gran preocupación de la señora fiscal fueron los falsos positivos por lo cual nos permitimos señalarle que hay 1414 personas condenadas por homicidios atribuibles a la gente del Estado entre 2008 y 2016. Existen 1234 sentencias que hemos entregado a la fiscalía de la Corte Penal Internacional entre abril de 2010 y 2016 donde se involucran conductas de diferentes agentes de Estado y hay 1242 sentencias condenatorias por lo que se ha denominado falsos positivos", reportó Gil Botero a la fiscal Bensouda. Lea también: Santos se reunió con fiscal de la CPI y habló sobre proceso de paz y falsos positivos. Según el jefe de la cartera de Justicia, la fiscal expresó su apoyo a la implementación del acuerdo de paz y ofreció su ayuda para combatir la criminalidad. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
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El representante Rodrigo Lara, coordinador ponente de la de justicia transicional, dijo en BLU Radio que las observaciones al proyecto que hace la fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, Fatou Bensouda, no tiene en cuenta el contexto de la norma jurídica colombiana. “Las observaciones que hace la fiscal Fatou Bensouda son bien intencionadas, pero no obedecen a un análisis profundo de la norma colombiana”, dijo. En ese sentido, Lara explicó que el Estatuto de Roma “entrega un amplio margen de discrecionalidad a los estados para definir las sanciones y los criterios de responsabilidad”. “En la norma colombiana debemos precisar si ese militar o ese superior tenía responsabilidad sobre la zona donde se cometieron los delitos”, dijo. Lara manifestó que “de resto se mantiene la misma responsabilidad” que establece al Corte Penal Internacional. “El principio de posición de garante. Es decir, responde el superior jerárquico cuando tiene control efectivo sobre su tropa y responde por la acción, es decir por participar en la comisión del delito”, explicó. Finalmente, el codirector de Cambio Radical dijo que el proyecto busca entregar en bandeja de plata a los jefes militares y enfatizó en que el país tiene que mantener el principio establecido en el proyecto de Jurisdicción Especial para la Paz. “No vamos a entregar en bandeja de plata a nadie la institucionalidad del Estado colombiano. No vamos a entregar en bandeja de plata a los máximos responsables de nuestra jerarquía militar”, enfatizó. En un artículo escrito para la revista SEMANA, la fiscal de la CPI hace algunos reparos al acuerdo alcanzado con las Farc, respecto a la responsabilidad del alto mando en delitos. En uno de ellos afirma que ve “con cierta preocupación que en la versión final se haya eliminado toda referencia directa al correspondiente artículo 28 del estatuto” de Roma, que habla sobre la “responsabilidad de los jefes y otros superiores” en los delitos de guerra.
El Ministro Reyes abordó cuestiones que van desde los aspectos de la Jurisdicción acordados en el marco de las negociaciones con Farc, hasta los diez puntos que regirán el funcionamiento de la jurisdicción en relación con los agentes del Estado. También explicó cuáles son las diferentes sanciones que aplicaría la Jurisdicción Especial para la Paz. Indicó que, en caso de no reconocimiento de verdad y responsabilidad, los miembros de las Farc que cometieron conductas graves pueden ser condenados a privación efectiva de la libertad por un período que puede variar entre 15 y 20 años. Finalmente, el Reyes reiteró la disposición de Colombia a fortalecer los lazos con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y continuar cooperando con esta y con los países miembros de la misma en el cumplimiento de sus funciones. Igualmente resaltó el compromiso del Gobierno Nacional en el cumplimiento de los estándares internacionales relacionados con la justicia para las víctimas de graves crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
