El uso de las minas antipersona se duplicó en Colombia en 2023 hasta los 895 incidentes, con el 72 % atribuidos a disidentes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), según un informe mundial presentado este miércoles en Bangkok.La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL, siglas en inglés), que monitoriza la situación por este tipo de explosivos prohibidos en 164 países, indica que otros 102 incidentes con minas fueron atribuidos al ELN, 28 a grupos armados no identificados, 5 a organizaciones criminales y 3 a traficantes de drogas.Colombia, que es firmante del Tratado de Prohibición de Minas Antipersona, se encuentra entre los países donde estos explosivos están siendo usados por grupos no estatales, junto con Palestina, India, Birmania (Myanmar) y Pakistán, según el informe de la ICBL.En los primeros nueve meses de 2024, Colombia registró 537 incidentes con minas antipersona, de los que 393 fueron responsabilidad de las disidencias de las Farc, guerrilla que dejó las armas en 2016 y se convirtió en un partido político tras el proceso de paz.Por otra parte, el país latinoamericano consiguió reducir el número de víctimas por estos explosivos desde las 1.228 en 2006 a 99 en 2023, lo que supone un gran avance.Además, las autoridades colombianas lograron limpiar de minas en 1,73 kilómetros cuadrados y destruyó 339 de estos explosivos en 2023, aunque 4,47 kilómetros cuadrados de su territorio continúa contaminado.En el resto de Latinoamérica, Ecuador cuenta con unas 2.866 minas antipersona en unos 0,03 kilómetros cuadrados, y Perú con unos 0,3 kilómetros cuadrados contaminados, mientras que también hay algunos restos en Venezuela debido a enfrentamientos con disidentes de la Farc en la frontera.Según el informe, el número de víctimas por minas antipersona y remanentes explosivos creció el año pasado hasta 5.757, incluidos 1.983 muertos, en todo el mundo, con la mayor parte de los afectados en Birmania (Myanmar), con 1.003.Tras Birmania, los países más afectados fueron Siria (933 víctimas), Afganistán (651), Ucrania (580), Yemen (499) y Nigeria (343), entre otros.
En el marco del foro "Reincorporación: un camino hacia la paz total y la no repetición" el director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, Felipe Harman, anunció que a principios de diciembre la ANT y la Agencia para la Reincorporacion y Normalización, ARN, entregarán 5.000 hectáreas de tierras a firmantes de paz.“Hemos encontrado un rezago enorme en materia de implementación y de acceso a tierras para firmantes, hoy se va a anunciar una maratón de entregas de alrededor de 5.000 hectáreas para firmantes en todo el país”, aseguró Harman.Esta entrega de tierras empezará a principios de diciembre, justo después de que se cumplen ocho años de la firma del acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno Santos.“Hemos venido haciendo entregas importantes de tierras, sin embargo, no son suficientes, todavía tenemos un sinnúmero de obstáculos por superar, creo que tenemos un enorme reto en implementación que no es solo del Gobierno sino también del Estado y el país”, agregó Harman.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió, en zona rural del Nordeste antioqueño, en límites con el departamento de Bolívar, a una persona que se encontraba en poder de los frentes 4 y 12, bloque Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte” de las extintas FARC-EP, que actualmente no están acogidas al acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno nacional y esta guerrilla.Manuel Duce, jefe de la subdelegación Medellín del CICR, señaló que luego de una valoración por parte del personal de salud, se pudo establecer que esta persona se encuentra en buenas condiciones.“Nuestro mandato es el de proteger y asistir, sin ningún tipo de distinción a las personas afectadas por los conflictos armados y la violencia. Nuestro interés es que se respete la vida, se proteja la integridad física y dignidad de las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades”, afirmó Duce.De acuerdo con este organismo humanitario, los ocho conflictos armados y la violencia que hay en el país siguen teniendo efectos en la población civil y en lo corrido del año ha facilitado la liberación de 26 personas que se encontraban en poder de grupos armados.“Agradecemos a las partes involucradas por la disposición y confianza que tuvieron para garantizar que esta operación humanitaria culminara con éxito. En las liberaciones cumplimos el rol de intermediario neutral y actuamos con el propósito estrictamente humanitario de ayudar, de manera imparcial, a las personas afectadas por los conflictos armados y la violencia”, agregó el jefe de la subdelegación Medellín del CICR.
La JEP imputó por 18.677 casos de reclutamiento de menores a seis excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc. En el documento que dio a conocer la jurisdicción hace referencia en un capítulo a la operación Berlín, desarrollada por la Quinta Brigada del Ejército en contra de la Columna Móvil Arturo Ruiz, CMAR, de las Farc, a partir de noviembre del 2000. La JEP empieza relatando que ese hecho dejó en evidencia casos de reclutamiento desde los 12 años.Por parte de la guerrilla algunas de las víctimas le contaron a la JEP que habían sido obligadas a a hacerle frente a la tropa sin tener experiencia en combates."Los registros contrastados por la sala refieren la presencia de hasta 201 niños y niñas en la CMAR, incluso menores de 15 años, y la participación de altos mandos de la organización, incluso del Secretariado y del EMC, en la creación de esta subestructura. A su vez, los relatos de las víctimas recibidos por la Sala narran distintas violencias sufridas por estos niños y niñas, que incluyeron malos tratos y sufrimientos físicos y psicológicos, homicidios y múltiples sufrimientos, violencias sexuales y violencias reproductivas. A su vez, el proceso de salida de niños y niñas de esta estructura aparejó otras violencias tanto por parte de las antiguas FARC-EP como de la Fuerza Pública" señala la JEP.La CMAR fue creada en el año 2000 con el fin de reforzar el Bloque Magdalena Medio, BMME, que se enfrentaban a las Autodefensas en el Catatumbo. Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko' y quien comandó el Bloque Magdalena Medio, se refirió en su versión ante la JEP a este tema."Yo no tuve nada que ver en la selección de los integrantes de esa columna, ellos la integran allá el Bloque Oriental. No quiero quitarme responsabilidades, porque el compromiso que hicimos en La Habana […] De manera colectiva estamos asumiendo esa responsabilidad y, por eso, cuando yo lo digo es la realidad, no tuvimos nada que ver con eso, pero asumo la responsabilidad de las cosas que no se hicieron bien hechas", señaló Londoño a la magistratura.Por su parte, Joaquín Gómez, respondiendo a una pregunta de los magistrados sobre las razones para que se registrara un elevado número de menores de edad en las filas de las Farc, entregó información también relacionada con la operación Berlín."Bajo la euforia esa de que estamos en el proceso de paz, las conversaciones con Pastrana, veían muchachos nuestros que iban en camionetas para arriba, camionetas para abajo, no sé qué, y muchos muchachos, inclusive, muchos con el consentimiento de los papás, porque una de las fallas que hubo ahí, fuera de la otra de que muchos eran menores, fue que apenas salieron de El Caguán y entraron al Meta, entonces eran despedidas, hubo fiestas, hubo de todo donde participaban los mismos familiares de los muchachos. El Ejército los fue siguiendo, los fue siguiendo, los van siguiendo, se iban, "Van por tal parte, van por tal parte", cuando llegan a un sitio, al páramo Berlín que es un sitio de muerte, entonces ellos atacan. Entonces, la pregunta sería dónde hubo más perversidad, si cuando se meten los muchachos estos que ingresan o el Ejército que los iba siguiendo, eran menores de edad y para anotarse un triunfo con menores de edad entonces los ataca y hace prácticamente una masacre, porque murieron unos 70, 80 muchachos de esos", señaló Joaquín Gómez a la JEP.En total, 15 víctimas que se acreditaron ante la JEP e hicieron parte de la CMAR fueron reclutadas a las edades de 11, 12, 13, 14 y 15 años, bajo 3 modalidades: el engaño, la persuasión y mediante la amenaza o uso de la fuerza."Nos pusimos a tomar cerveza y entonces el muchacho nos comentó […] ´¿ustedes no quisieran entrar a la guerrilla? Pa milicianos que no sé qué’, entonces nosotros le dijimos ‘sí, claro nosotros queremos entrar a la guerrilla’ […] Al otro día a las 6 de la mañana dijo ´nos vamos´. Entonces ya la cosa como ya en serio, entonces como ´no, ya no queremos, ya no´, entonces nos llevaron por allá y dijeron hermano, ya no hay cómo echar pa atrás, acá no hay cómo echar pa atrás”, dijo una de las víctimas.Sobre su llegada a la columna móvil 'Arturo Ruíz' han dicho algunas víctimas que no completaron un entrenamiento básico, en el caso de las niñas, la preparación incluyó una jornada masiva de anticoncepción forzada, mediante plantación de dispositivo intrauterinos.“Eso era una fila larga, la fila que usted le toca hacerse ese proceso y listo no hubo ningún consentimiento de que, si quería, no quería, no hubo preguntas si uno había tenido relaciones sexuales, si le había llegado, si estaba en sus días de una mujer, nada, eso fue así, directo a allá con el doctor allá que le pongan esas cosas” dijo una víctima.Además también se presentaron casos de abortos forzados, según contó otra mujer ante la JEP."Yo siempre, en todos los lugares a los que fui, vi cosas feas. Ahí fue donde le hicieron un legrado a una muchacha. Ella quedó embarazada y le hicieron un legrado; entonces, le sacaron su feto y lo echaron en un tarrito transparente, como ver este vaso. Ella quedó muy mal por eso; estuvo acostada toda la noche. Al otro día se levantó y vio el feto en la botella. Ver eso le causó muchísimo daño, y ella lloraba", señaló otra de las víctimas.Antes de empezar un recorrido de 6 meses, hubo una reunión con el 'Mono Jojoy' y 'Timochenko'."Nos decía que nos preparáramos porque vamos para el Magdalena Medio a tomar unas tierras que estaban en manos de las autodefensas, que nos preparáramos, que vamos a morir o vivir. Nos concientizó ahí a qué íbamos, nos dijo la verdad", se lee en otro relato sobre Rodrigo Londoño. En el recorrido, que duró seis meses, se hicieron juicios guerrilleros, varios niños habrían sido sometidos a castigos excesivos y malos tratos, incluso se presentaron casos en los que algunos combatientes, menores de edad, se quitaron la vida."12 años tenía ese niño cuando se quitó la vida, qué hicieron, cogerlo de los pies lo arrastraron por donde quiera que andaba ese niño, iba dejando sus sesitos, hicieron un hueco y lo tiraron allá, otro que, que se mató, lo único que decían, uno menos, y lo único que hacía el comandante Rogelio era, sentarse ahí a echarse aire no más" dijo en una audiencia otra de las víctimas.Excesos por parte de la fuerza públicaPara la JEP durante la operación Berlín se cometieron excesos también por parte de la fuerza pública, sobre el departamento de Santander. En el momento que se desataron las confrontaciones, se hicieron evidentes las falencias en temas de entrenamientos y experiencia, pero los niños fueron forzados a combatir por amenaza de sus comandantes."Empezaron a preguntar usted cuántos años tiene, 15, eche pa allí, usted 14, 16, 17, uno que tenía 15 años dijo yo tengo 19 años, pues demostraba más años, pero era un niño, pues que hicieron, lo corrieron a 3 metros y le dispararon y lo mataron, el ejército, el mismo Ejército […] cuando llegó el helicóptero con nosotros, por nosotros, envolvieron al muchacho, al compañero de nosotros en una sábana blanca y le pusieron ahí, muerto en combate”, dijo a la JEP una de las víctimas.Las víctimas aseguran que sufrieron golpes, humillaciones y malos tratos, así como torturas psicológicas y físicas por parte de miembros del Ejército, después del sometimiento."En cercanías al municipio de Cucutilla, Norte de Santander, registrada en el diario de operaciones de la Fuerza Pública. De acuerdo con información aportada por el Ministerio de Defensa, el comandante de la operación, brigadier general Martín Orlando Carreño Sandoval, recibió una medalla por servicios distinguidos en orden público el 29 de junio de 2001. En su momento, la operación fue documentada por la prensa nacional como “la más exitosa ofensiva del Ejército contra laguerrilla”. Lo anterior, a pesar de que esta operación ofensiva da cuenta de las limitaciones del Estado en la protección de los niños y niñas reclutadas para participar en las hostilidades, como contempla el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados", concluyó la jurisdicción.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exintegrantes del secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado. Los exlíderes señalados son alias 'Timochenko', alias 'El Médico', alias 'Joaquín Gómez', Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada.La JEP reveló que, entre 1971 y 2016, las Farc reclutaron a 18.677 menores de edad. Sin embargo, las acciones del tribunal se centran en los años entre 1996 y 2016, periodo en el que se presentó un incremento significativo en el reclutamiento forzado de niños y niñas, según la Sala encargada de la investigación.Los menores reclutados, según el informe de la JEP, fueron sometidos a condiciones de vida extremadamente adversas. Entre las atrocidades documentadas se encuentran torturas, malos tratos y violencias sexuales, incluyendo agresiones específicas contra niñas, así como violencias reproductivas y actos de violencia contra niños y niñas de la comunidad LGBTI. Estos hallazgos fundamentan la decisión de imputar a los exlíderes guerrilleros.El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, destacó en una entrevista con Mañanas Blu que el reglamento de las Farc prohibía el reclutamiento de menores de 15 años, aunque permitía la vinculación de jóvenes de entre 15 y 18 años. Sin embargo, en la práctica, los reclutamientos involucraban incluso a niños de tan solo ocho años.Ramelli explicó las razones detrás de estas infracciones a las normas internas de la guerrilla: "Era más importante la apariencia física que la verificación de la edad". Los menores que aparentaban ser más fuertes o aptos para el combate eran reclutados sin verificar su verdadera edad. Este enfoque práctico contribuyó al ingreso de menores de 15 años al conflicto. Además, se estableció un sistema de cuotas que obligaba a los frentes guerrilleros a sumar personal, lo cual intensificó el reclutamiento de niños.La JEP ha señalado que, si los excomandantes aceptan su responsabilidad, podrían enfrentar sanciones de cinco a ocho años. Estas no implicarían penas de cárcel, pero sí medidas restrictivas de sus derechos, como la realización de trabajos restaurativos. Esta decisión forma parte del esfuerzo por buscar justicia transicional y reparación para las víctimas del conflicto.
El asesinato de Jimmy Rosero, personero de Cumbitara, Nariño, ha llevado a que personeros de todo el país protesten exigiendo protección del gobierno. Rosero fue secuestrado y asesinado por las disidencias de las FARC, que además usaron su cuerpo como trampa al dejarlo en un campo minado, lo que complicó su recuperación.Jesualdo Arzuaga, director de Fenalper, habló en Mañanas Blu 10AM sobre la situación crítica que enfrentan: “Le pusieron un cartel que decía 'por sapo' y lo dejaron en un campo minado. La muerte de Jimmy Rosero no es una cifra más; es un atentado contra quienes defienden los derechos humanos”.>>> Lea también: Familiar de personero asesinado: “Que reflexionen y piensen lo que están haciendo"Actualmente, las Personerías en todo el país han cerrado sus puertas, atendiendo solo casos urgentes, como protesta ante la falta de apoyo estatal. Arzuaga destacó que hay más de 110 personeros amenazados en Colombia, pero el presidente Gustavo Petro no ha respondido a sus llamados. Hasta ahora, la única figura estatal que ha mostrado solidaridad es la Defensora del Pueblo."Queremos el respaldo del Estado en pleno. Hasta ahora, la única representante del Estado del más alto nivel que ha manifestado su solidaridad con los personeros municipales es la defensora del Pueblo. De resto, el resto de mandatarios brillan por su ausencia. Ni el personero ni el presidente Petro, que fue personero municipal, dicho sea de paso, fue su primer cargo en Zipaquirá, ha manifestado ni siquiera un mensaje de solidaridad con la familia de este personero amenazado”, agregó Arzuaga.El temor de los personeros es claro: que la falta de protección y respuesta por parte del gobierno siga dejando a las comunidades en riesgo. Por eso, exigen que el Estado brinde el respaldo necesario para continuar con su labor de defensa de los derechos humanos.
A través de una carta el antiguo secretariado de las extintas Farc se pronunció sobre el reciente Auto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el cual se abordan casos de reclutamiento y utilización de menores en el conflicto armado y por los cuales fueron imputados por este tribunal de justicia transicional.Allí los exguerrilleros manifestaron su disposición a colaborar con la JEP en el proceso, a la vez que reafirmaron su compromiso de reconocer los hechos que ocurrieron durante la guerra y contribuir al proceso de reconciliación que el país necesita.Los firmantes del comunicado, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', y otros destacados excomandantes de la guerrilla, hablan sobre la importancia de cumplir sus compromisos ante las víctimas y responder ante la justicia transicional como parte fundamental del camino hacia la no repetición.Reconocieron que los hechos relacionados con el reclutamiento de menores, así como otras acciones ocurridas durante el conflicto, deben ser abordados en este proceso para garantizar la verdad y la reparación a las víctimas.Además, los excomandantes expresaron su descontento con lo que consideraron un uso excesivo de tiempo y recursos por parte de la JEP en la investigación de hechos ya admitidos en las negociaciones de paz.Según el comunicado, han renunciado a la presunción de inocencia y han aceptado su responsabilidad, por lo que solicitan que el tribunal agilice las decisiones, argumentando que esta dilación afecta tanto a las víctimas como al proceso de paz en general.Finalmente, hicieron un llamado a todos los actores involucrados en el conflicto a poner en primer lugar el objetivo de la paz y la no repetición, resaltando que la firma del acuerdo de paz debe ser respetada y promovida en los territorios.
La Jurisdicción Especial para La Paz imputó a seis exintegrantes del secretariado de las Farc como responsables de crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado.“La JEP imputa a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra, de reclutamiento y utilización de niñas y niños y otros crímenes asociados. La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP son máximos responsables por estos graves crímenes”, afirmó Lily Rueda, magistrada de la JEP.Este tribunal de justicia transicional destacó que entre los años 1971 y 2016, las extintas Farc-EP reclutaron a 18.677 niños y niñas, además explicó que estos hechos ocurrieron con mayor frecuencia entre 1996 y 2016, marco en el cual la Sala concentró su investigación.Entre los imputados están alias 'Timochenko', alias 'El Médico', alias 'Joaquín Gómez', Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada.En este caso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reveló que los niños reclutados fueron sometidos en todos los aspectos de la vida, lo que “generó condiciones de vida adversas” para los niños y niñas reclutados.Torturas, malos tratos; violencias reproductivas; violencia sexual contra niños y niñas reclutadas y violencias contra niños LGBTI es lo que encontró la JEP y por esto toma la decisión de imputar a estos 6 exintegrantes de las Farc.Escuche información completa:
El 1 de noviembre de 1998 se dio la toma guerrillera de las extintas Farc en Mitú, Vaupés. En este lamentable hecho 56 personas murieron y 61 fueron secuestradas.Tras 26 años de la toma, un grupo de firmantes de paz y de víctimas realizaron el conversatorio “26 años de historia, en Mitú se hace memoria”, para rendirle un homenaje a las víctimas y avanzar hacia la reconciliación.“Tuvimos una velatón, se prendieron unas velas flotantes por el río Vaupés, que significan las vidas que se perdieron y esa luz brillaba en el corazón de las personas y los familiares que recuerdan a sus seres queridos que perdieron, esa luz nos indica la esperanza en la paz y en la reconciliación”, aseguró el sargento (r) de la Policía César Lasso, quien fue secuestrado durante la toma.También se realizó una Eucaristía y estos actos estuvieron acompañados por la comunidad internacional e impulsados por la Fundación Agape, que coordinó y gestionó la logística.“Al final del conversatorio tuvimos la participación de las víctimas, escuchando sus ideas, reflexiones y dolores”, agregó Lasso.La Misión de la ONU en Colombia también hizo presencia en este evento y se refirieron al tema desde su cuenta de X.“La conmemoración fue promovida por las víctimas del hecho de 1998 y de los firmantes, con el fin de impulsar iniciativas tendientes a la búsqueda de la paz, la reparación del daño causado y la no repetición permitiendo la construcción de un nuevo capítulo en la historia de Colombia”, aseguran desde Naciones Unidas.
La sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP dejó en firme la imputación por secuestro y esclavitud contra el antiguo secretariado de las Farc. Los excomandantes de la antigua guerrilla habían pedido la nulidad argumentando que había una vulneración al debido proceso y a la seguridad jurídica, teniendo en cuenta que uno de los magistrados de la Sala había sido recusado cuando se tomó la decisión."Mediante escrito del 31 de mayo de 2024, los apoderados de los comparecientes de las antiguas FARC-EP, interpusieron una solicitud de nulidad y sustentaron el recurso de reposición en contra del Auto TP-SeRVR-AI-No.003-2024 del 29 de abril de 2024. En el memorial consideraron que se presentaba una vulneración a los derechos al debido proceso y la seguridad jurídica previstos en los artículos 29 y 230 de la Constitución Política de Colombia. Además, argumentaron que el Auto TP-SeRVR-AI-No.003-2024 fue proferido por el magistrado ponente «sin competencia material» debido a que existía, previo a la decisión que evaluó la correspondencia, una solicitud de recusación. Bajo esta premisa señalan que al proferir el Auto TP-SeRVR-AI-No.003-2024, al tener pendiente de resolver una recusación respecto de uno de los magistrados, se incurre en una clara violación del precepto legal y, por lo tanto, se configura un defecto procedimental absoluto" explica la JEP en su decisión.Sin embargo, la JEP determinó que no hubo imparcialidad del funcionario que había sido recusado por lo que en el proceso no se ha ocasionado ningún daño y/o perjuicio a alguna de las partes."La decisión que cuestionan los apoderados de los comparecientes fue emitida por la sección con plena jurisdicción y competencia, sin que mediara impedimento alguno por parte de uno de sus magistrados. De igual manera, en el trámite se materializó el principio de publicidad de los actos procesales en tanto se notificó a los sujetos procesales e intervinientes para que, en los términos legales, ejercieran tanto el derecho al recurso de reposición o, como en el presente caso, las consideraciones procesales necesarias, por lo cual, hasta la fecha no se evidencia ninguna afectación sustancial al debido proceso o seguridad jurídica argumentada", agregaron los magistrados.
La Corte Penal Internacional (CPI) dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista. EFE
Luego de que la ministra de Transporte, María Constanza García, le hiciera llegar una carta al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, pidiendo una explicación sobre cómo se le dará continuidad a la prestación del servicio de transporte masivo tras aprobarse la liquidación del ente gestor Metrolínea, la alcaldía, a través del jefe de gobernanza Richard Caicedo, respondió.Lo primero que explicó es que un grupo de profesionales prepara la respuesta respecto de la prestación del servicio de transporte masivo, “la información de cómo se realizará el recaudo de la tarifa, la operación del sistema de control y gestión de flota y el cumplimiento de las obligaciones del convenio de cofinanciación por parte de la alcaldía de Bucaramanga”, señaló Caicedo.El funcionario también aclaró que desde hace seis meses la Alcaldía de Bucaramanga trabajó en el proyecto de acuerdo para solicitar al Concejo Municipal las facultades para la liquidación del ente gestor, así como las soluciones que permitirán que el sistema de transporte masivo se mantenga en la ciudad.“Hace seis meses se viene trabajando en el proyecto de Acuerdo, pero también hemos venido trabajando en las alternativas de solución que permitirán que el sistema de transporte masivo se mantenga en Bucaramanga”, manifestó.Igualmente explicó que, mientras que esté en proceso la liquidación de la sociedad Metrolínea, será el Área Metropolitana de Bucaramanga, como autoridad de transporte, la entidad encargada de presentar el esquema operativo para el funcionamiento de transporte público masivo y de contratar el estudio para la reorganización del sistema público de transporte masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga.“Hay recursos para responder frente al convenio de cofinanciación que tenemos actualmente suspendido con el Ministerio de Transporte para las obras que permitían la infraestructura que necesitaba el Sistema de Transporte, Metrolínea”, aclaró el jefe de Gobernanza, Richard Caicedo.Cabe anotar que, aunque la ministra de Transporte, María Constanza García, en la carta enviada al alcalde de Bucaramanga, indica que la decisión de liquidar el ente gestor, en este caso Metrolínea, es una decisión autónoma del ente territorial, su preocupación es sobre la operación y la prestación del servicio, por eso la solicitud de información y explicación sobre cómo el municipio de Bucaramanga garantizará el servicio.En la carta, la ministra María Constanza García, le recuerda al alcalde de Bucaramanga que el Gobierno Nacional en el 2025 suscribió un convenio de cofinanciación para la construcción de las obras del Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga por $975.000 millones.Actualmente, la sociedad Metrolínea, ente gestor del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, tiene un déficit que alcanza los $600.000 millones.
Este jueves, 21 de noviembre, se registran algunos trancones en Bogotá, especialmente en la carrera Séptima, por cuenta de los enormes charcos que se crean por las fuertes lluvias.Según el reporte del Ojo de la Noche de Blu Radio y Noticias Caracol, las inundaciones por el aguacero, que prolongó desde la noche de este miércoles hasta la madrugada de este jueves, fue sobre la Carrera Séptima con calle 116 hasta las 122.Conductores reportan que hay buses del SITP y vehículos particulares atrapados en la zona, esto, desde las 12:00 de la noche. Además, hay carros varados, por lo que grúas llegaron al ligar para intentar sacarlos.El trancón se genera, entre otras cosas, por los charcos que se forman sobre el deprimido natural que hay allí.Por otro lado, desde Movilidad Bogotá reportan esta mañana que hay una alta congestión vehicular sobre la calle 80, sentido oriente-occidente, por algunas labores de mantenimiento vial que se adelantan en la carrera 96 (entrada al portal). Según avisan, se genera "afectación de un carril de la calzada mixta y un carril de la calzada exclusiva".
La temporada de fin e inicio de año suele ser un momento clave para los colombianos que planean viajar por tierra, y entre los destinos más visitados, al menos por los ciudadanos de Bogotá y alrededores, se encuentra Villavicencio. Sin embargo, quienes opten por desplazarse desde Bogotá utilizando la vía al Llano (que es la mejor manera de llegar) deberán prepararse para enfrentar incrementos consecutivos en las tarifas de los cuatro peajes de esta ruta: Boquerón I, Boquerón II, Naranjal y Pipiral.Nuevos incrementos en peajes de vía al LlanoSegún declaraciones de la ministra de Transporte, María Constanza García, a Noticias Caracol las tarifas de los peajes aumentarán en dos ocasiones:1 de diciembre de 2024: un ajuste del 4.64 %, pendiente desde enero de 2023.1 de enero de 2025: un aumento adicional estimado en un 6 %, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado para el cierre de 2024.Esto implica un incremento acumulado cercano al 12 % en menos de dos meses.Precio peajes vía al Llano 2025Con los nuevos ajustes, las tarifas de los peajes en esta ruta quedarían de la siguiente manera:Categoría I: carros, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencillaBoquerón I y II: de $16.500 pasa a $17.264 en diciembre y $18.299 en enero.Naranjal: de $14.100 pasa a $14.754 en diciembre y $15.639 en enero.Pipiral: de $23.000 pasa a $24.063 en diciembre y $25.507 en enero.Categoría II: buses, busetas con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes.Boquerón I y II: de $48.500 pasa a $50.748 en diciembre y $53.793 en enero.Naranjal: de $36.500 pasa a $38.194 en diciembre y $40.486 en enero.Pipiral: de $45.100 pasa a $47.193 en diciembre y $50.025 en enero.Categoría III: camiones y vehículos de pasajeros de tres y cuatro ejes.Boquerón I y II: de $24.500 pasa a $25.637 en diciembre y $27.175 en enero.Naranjal: de $27.500 pasa a $28.776 en diciembre y $30.503 en enero.Pipiral: de $30.900 pasa a $32.332 en diciembre y $34.272 en enero.Cuánto costaría viajar al LlanoCabe recordar que son cuatro los peajes que hay en la vía al Llano, pero solo se pagan tres dependiendo por donde salga de Bogotá: Boquerón I o Boquerón II, mientras que Naranjal y Pipiral son los otros dos.Un conductor de un vehículo particular (Categoría I) que realice un viaje ida y vuelta entre Bogotá y Villavicencio deberá pagar unos 56.000 pesos por los tres peajes en diciembre y cerca de 60.000 pesos a partir de enero. Otro cobro en la vía al Llano subiráAdemás, las tarifas diferenciales en los peajes de esta vía, aplicables a usuarios con beneficio especial, fueron actualizadas desde el 16 de noviembr por las autoridades. Boquerón I y II: tarifas diferenciales serán de $800 para las categorías IE y IIIE, $2.600 para la categoría IEE, $9.100 para la categoría IEEE y $16.800 para la categoría IIE.En el peaje Naranjal: todas las categorías beneficiadas pagarán $900Peaje Pipiral: categorías IE, IEE y IIIE tendrán valor preferencial de $5.100¿Por qué volverán a subir los peajes?El Gobierno enfrenta un hueco fiscal de más de $400.000 millones, derivado de la decisión en 2023 de congelar las tarifas de los peajes. Esta medida generó demandas de concesionarios y atrasos en los ajustes contractuales."Estamos viendo las consecuencias de esa decisión. Ahora, para cumplir con los compromisos financieros de las concesiones, debemos realizar estos incrementos consecutivos", explicó la ministra.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se reunió con delegados de la Unión Europea para explorar proyectos de renovación urbana, en torno a la construcción de la primera fase del Tren de Cercanías que va de Jamundí al Terminal de Cali y que contribuiría a fortalecer la Galería de Santa Elena.“Se ha pensado que un proyecto muy importante para generar renovación urbana y mejoramiento de la calidad de vida de la gente va a ser en la galería Santa Elena. Por supuesto, tiene una fase técnica, la cual ellos van a evaluar, pero esperamos que nos den los recursos para poder hacer renovación urbana de la galería Santa Elena, además de mejorarla para que, de esa manera, podamos tener mejores condiciones de vida para esa comunidad”, aseguró la mandataria de los vallecaucanos.Por su parte, los representantes de Unión Europea expresaron su interés en apoyar esta iniciativa, misma que es considerada por ser una infraestructura sostenible que contribuirá a mejorar la de la calidad de vida de los ciudadanos.“Este proyecto tiene todos los ingredientes para lograr una colaboración. Es un proyecto verde porque el tren no afecta el medioambiente, es fuente de empleo y además tiene un componente social importante”, indicó Andrea Ferrari-Bravo, jefe de departamento de para las Autoridades Locales de la Unión Europea.¿Cuánto valdría el Tren de Cercanías en el Valle?A la reunión también asistió el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien destacó que el Tren de Cercanías “es una apuesta de región" y que el proyecto en su primera fase, que comprende el tramo entre Cali y Jamundí, representa una inversión de más de un billón de euros, además de que generaría entre 5.000 y 10.000 empleos, y atraería empresas a la región.
