La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó una acusación formal contra el coronel retirado David Herley Guzmán Ramírez por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de 18 personas. Los hechos ocurrieron entre agosto de 2004 y noviembre de 2005, mientras Guzmán comandaba el Batallón Contraguerilla 79, en los municipios antioqueños de Dabeiba e Ituango.Según el escrito de acusación, Guzmán Ramírez, en asociación con otros militares y grupos paramilitares del norte de Antioquia, habría ejecutado homicidios de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Las víctimas, presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate, fueron objeto de tratos crueles y degradantes para obtener incentivos internos del Ejército Nacional.La mayoría de los cuerpos fueron exhumados de cementerios en Ituango y Dabeiba, con un 90% de las víctimas identificadas preliminarmente por expertos forenses. Estos hallazgos sustentan la reconstrucción de los hechos, que incluyó pruebas documentales y testimoniales, pese a que parte de los registros originales se perdieron en un incendio.La investigación, que suma 25.000 folios de documentos analizados, incluyó el testimonio de 130 testigos y el análisis de 643 evidencias testimoniales y 170 informes periciales. Durante el proceso, la Fiscalía de la JEP también descubrió dos nuevos casos que no habían sido reportados previamente.Esta acusación, la quinta presentada por la Unidad de Investigación y Acusación en casos de ejecuciones extrajudiciales, refuerza los avances en el esclarecimiento de crímenes ocurridos durante el conflicto armado. Cabe recordar que recientemente también se formuló una acusación contra Justo Pastor Ruiz Mahecha, vinculado al Batallón La Popa de Valledupar.Ahora, el coronel retirado enfrentará un juicio que podría determinar su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) el expediente del general retirado Mario Montoya Uribe. Este movimiento se da ante la negativa del excomandante del Ejército de reconocer su responsabilidad en más de 100 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, ocurridas en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2003.Según la magistrada Catalina Díaz, las pruebas contra Montoya son contundentes y evidencian su contribución dolosa al patrón macrocriminal que resultó en la muerte y desaparición de al menos 118 personas, presentadas como bajas en combate mientras el militar lideraba la IV Brigada del Ejército Nacional. Sin embargo, el silencio del general retirado ha obligado a la JEP a trasladar el caso a la UIA, que ahora debe decidir si lo acusa formalmente o solicita la preclusión del proceso.Giovanni Álvarez, director de la UIA, explicó las diferencias entre el estándar probatorio que exige la JEP y el requerido por la fiscalía de esta unidad. “Aquí el fiscal no solo tiene que probar la ocurrencia de los hechos y la presencia del implicado, sino también demostrar su grado de participación y responsabilidad”, indicó. Aunque el término máximo para investigar es de dos años y medio, Álvarez destacó la necesidad de actuar con agilidad para optimizar las pruebas ya recopiladas.En este caso, la UIA prevé practicar nuevas pruebas para fortalecer el expediente, especialmente en un escenario adversarial, dado que Montoya no acepta los cargos. “Siempre es necesario practicar nuevas pruebas por el estándar probatorio que tenemos que cumplir”, afirmó Álvarez, resaltando que las investigaciones serán exhaustivas y buscarán llenar cualquier vacío probatorio.La posibilidad de involucrar a expresidentes como Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos también está sobre la mesa si los fiscales consideran sus testimonios esenciales. Según Álvarez, esto podría realizarse mediante comparecencias presenciales o certificaciones juradas, debido a su calidad de exmandatarios.
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 36 integrantes del ejército que no fueron seleccionados como responsables de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en Norte de Santander, lo que ha dicho el presidente de la JEP Alejandro Ramelli es que esta decisión se da porque ellos hicieron aportes significativos a la verdad.Además, Ramelli explicó que se trata de 10 soldados profesionales activos, 21 retirados, dos sargentos viceprimeros, un sargento primero, un cabo Segundo y un subteniente, quienes aportaron verdad suficiente para acceder a beneficios que comprenden eliminación de antecedentes penales.“Al concederles la renuncia a la persecución penal, se procede con la extinción de la responsabilidad y la sanción penal, así como con la eliminación de los antecedentes judiciales conforme las normas vigentes de la Constitución y los estipulados en el acuerdo de paz de 2016”, afirmó el Ramelli.El magistrado resaltó que este beneficio permite que los comparecientes retomen su vida, además que destacó que es una decisión complementaria a una resolución previa en la que se imputó a los máximos responsables de 120 homicidios de los falsos positivos.“Aplicar este beneficio a quienes no ostenten la más alta responsabilidad en relación con graves crímenes les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad. Esta decisión complementa el trabajo de la Sala de Reconocimiento, que previamente imputó a 11 máximos responsables por el asesinato de 120 personas en estado de defensión”, añadió el presidente de la JEP.Sin embargo, este tribunal de justicia transicional advirtió a los comparecientes que el beneficio de la renuncia a la persecución penal está condicionado al cumplimiento continuo del régimen de condicionalidad estricto.“En caso de que alguno de los comparecientes incumpla este régimen el beneficio podrá ser revocado y su caso será remitido a la jurisdicción ordinaria”, mencionaron los magistrados.
En la mañana de este miércoles, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir a la Unidad de Investigación y Acusación el caso del general (r) Mario Montoya por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos en el marco de los casos de ‘falsos positivos’ ocurridos mientras se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército entre 2002 y 2003.Entre los argumentos presentados por los integrantes de la Sala para remitir este caso se destaca que el general (r) Montoya no reconoció su responsabilidad en el surgimiento y la consolidación de un patrón macrocriminal, en el que al menos 118 personas fueron asesinadas y desaparecidas para presentarlas como falsas bajas en combate en el Oriente antioqueño.“En su investigación, la Sala determinó que el general (r) Montoya Uribe: 1) mintió sobre la producción de bajas (muertos) pertenecientes a las Farc-EP, incluso para encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza; 2) presionó a los miembros de las unidades militares adscritas a la IV Brigada, midiéndolos, comparándolos e intimidándolos para que produjeran bajas a toda costa; 3) cuando se dirigía a sus subordinados, empleó constantemente un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre e incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal; y 4) rechazó el reporte de capturas, incautaciones y otros resultados operacionales distintos de las bajas, considerándolos resultados operacionales indeseados”, señala la JEP.La UIA, que actúa como la fiscalía de la JEP, será la encargada de continuar con la investigación y decidir si lo acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) del Tribunal Especial para la Paz, donde seguiría el proceso adversarial. De ser hallado culpable, Montoya Uribe se enfrentaría a una condena de hasta 20 años de cárcel.Cabe señalar que Montoya aún enfrenta una investigación de la Sala de Reconocimiento en el marco de hechos ocurridos mientras era comandante del Ejército Nacional entre 2005 y 2008.
Durante 3 días se realizó una audiencia en la que 25 militares que hicieron parte de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas (Afeur), de Medellín, reconocieron su responsabilidad en casos de falsos positivos.Esta diligencia hace parte de la ruta no sancionatoria de la JEP por medio de la cual al menos 6.000 comparecientes de la fuerza pública buscan resolver su situación jurídica.Durante la diligencia el soldado profesional en retiro Fabio León Torres reconoció que ante la justicia ordinaria algunos militares entregaron versiones falsas sobre las ejecuciones extrajudiciales.“Lo que se habló en la penal militar y lo que se habló en la Fiscalía todo fue mentira, es que engañamos a la justicia. Hoy no podemos engañar a las víctimas ni a la JEP porque estamos esclareciendo la verdad”, aseguró el soldado que hizo parte de las Afeur.El compareciente también se refirió a algunos militares que aún no reconocen su responsabilidad en estos casos.“Hay militares que no quieren asumir responsabilidad y señalan a otras personas, pues algún día tendrán que venir acá y si no lo aceptan, ya ellos verán. Por eso creamos todos estos falsos positivos porque todo esto lo creamos todos nosotros los militares, nos dejamos creer de una política de Estado en ese entonces y cometimos todos esos hechos”, agregó el soldado.Los militares también le pidieron perdón a algunos de los familiares de las víctimas que estaban presentes en la diligencia."Fui quien le disparó con mi arma de dotación. Mis compañeros dispararon en otras direcciones y simularon un combate para decir que un grupo ilegal nos había atacado”, señaló sobre uno de los casos el compareciente Fredy Alberto Zapata.La diligencia fue presidida por el magistrado Pedro Elías Díaz de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, quien aseguró que “esto no solamente debe servir a los comparecientes para que dimensionen el daño causado a unas familias y personas, también para que la sociedad y la institucionalidad observen hasta dónde llegaron estos hechos”.
El representante a la cámara Miguel Polo Polo fue denunciado por el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, y por las víctimas de los falsos positivos. Lo anterior después de que se conociera un vídeo en el que Polo Polo mete unas botas de caucho a una bolsa de basura. Dichas botas habían sido parte de un acto de memoria de las madres de los falsos positivos.Tras la denuncia contra el congresista, la Corte Suprema de Justicia le pidió a la JEP enviar información sobre las 6.402 víctimas de falsos positivos.“Envíe copia magnética de las decisiones judiciales publicadas por dicha corporación que contengan listados de victimas que hicieran parte del universo provisional de hechos cuantificado con cifra de 6.402 mediante auto n.° 033 de 12 de febrero de 2021 de la Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y las conductas”, se lee en un oficio enviado a la jurisdicción desde el despacho del magistrado de la Corte Misael Fernando Rodríguez.Es importante recordar que tras conocerse la polémica de Polo Polo, la JEP realizó un acto de memoria y reconocimiento a las víctimas de los falsos positivos.Ese evento se realizó en la sede de la jurisdicción en Bogotá y allí los magistrados leyeron los nombres de casi 2.000 víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales.
El Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá ordenó al congresista Miguel Polo Polo pedir disculpas públicas a las madres de las víctimas de los falsos positivos, tras una acción de tutela presentada por Daniel David Martínez Avilez y Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt. Según el fallo, Polo Polo vulneró derechos fundamentales como el buen nombre, la honra, la dignidad humana y la verdad judicial e histórica, entre otros.Los hechos que llevaron a esta decisión ocurrieron el pasado 6 de noviembre, cuando, durante una manifestación en la Plaza Núñez de Bogotá, Polo Polo arrojó a la basura una obra de arte titulada Mujeres con las botas bien puestas. Esta obra, compuesta por botas que representaban a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, fue interpretada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un acto de odio y estigmatización. En un video que el congresista publicó en sus redes sociales, aseguró que las madres de las víctimas habían sido pagadas para “ensuciar la plaza”. También cuestionó el número de víctimas reportado por la JEP, que asciende a 6.402 entre 2002 y 2008.El fallo del juzgado otorga tres días a Polo Polo para cumplir con varias órdenes: ofrecer disculpas públicas a las madres integrantes de la Asociación Mafapo y al país mediante un medio de comunicación nacional; restituir la obra artística en las mismas condiciones en la Plaza Núñez; y abstenerse de incurrir en conductas similares en el futuro.“Conceder el amparo deprecado (…) contra el congresista Miguel Abraham Polo Polo, por la vulneración de derechos fundamentales al buen nombre, honra, dignidad humana, verdad judicial e histórica, reparación integral, entre otros”, dice la sentencia.Además, se fundamenta en normas de la Constitución colombiana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizando que acciones como las realizadas por el congresista no se repitan.La restitución de la obra y la disculpa pública serán supervisadas por el juzgado, que conminó a Polo Polo a informar sobre el cumplimiento de la decisión judicial.
La JEP adelanta un juicio contra el coronel en retiro Hernán Mejía, quien comandó el Batallón La Popa, con sede en Valledupar. Mejía es acusado por más de 70 casos de falsos positivos y, si es hallado culpable, podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión.El fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Samuel Serrano, presentó a un testigo en la sesión de este martes 3 de diciembre y posteriormente solicitó que la audiencia sea aplazada mientras se realizan las gestiones para que los otros testigos se presenten desde el 16 y hasta el 20 de diciembre, una solicitud a la que accedió la magistrada Reinere Jaramillo."Esa semana del 16 al 20 agotaremos los testigos de la Unidad de Investigación y Acusación y los testimonios decretados a cargo de las víctimas", explicó Jaramillo.Es importante recordar que recientemente el fiscal Serrano envió un documento a la magistratura en el cual renunciaba a 41 testigos.Los testimonios que estarían pendientes de practicar en desarrollo del juicio oral son de corroboración, como quiera que darían cuenta de algunas de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos en los que participaron y que ya han sido puestas de manifiesto por otros testigos en desarrollo del juicio. Todas las personas que fueron solicitadas, rindieron versión libre ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas en el proceso dialógico y participaron en los procesos que se adelantaron en la justicia ordinaria o en la justicia penal militar”, señaló el fiscal Serrano.
Después de casi 19 años, el Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional a indemnizar a 20 familiares de Edilberto Vásquez Cardona, un integrante de la Comunidad de Paz de Apartadó, asesinado por militares adscritos al Batallón de Infantería No. 46 del Ejército Nacional, según lo determinó la justicia.El campesino fue sacado de su casa, asesinado y presentado como integrante del frente 58 de las Farc muerto en combate el 12 de enero 2006, en el sitio conocido como “Guineo Alto” del corregimiento de San José de Apartadó.El 26 de marzo de 2009, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó, había condenado como coautores del homicidio en persona protegida a los militares Fredy Torres Botero, Regino Ceren Paz, César Duván Ciro Martínez, Germán Manuel Martínez Gómez, Adelso Padilla Ramos, Nelson Viloria Avendaño y Fernando Hinestroza, sentencia que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia. Aunque estuvieron en la cárcel un par de meses, fueron cobijados por someterse a la JEP. "La ejecución de Edilberto Vásquez hizo parte de una falla sistemática y estructural de la Fuerza Pública que en ese entonces trató de mostrar resultados operacionales y obtener beneficios profesionales y económicos a través de simular combates para dar de baja a guerrilleros que a la postre eran agricultores", aseguró al respecto el abogado Javier Villegas Posada.En su sentencia, el Consejo de Estado ordenó al Ejército a indemnizar a ocho hermanos, nueve hijos y tres nietos de la víctima, considerada una persona protegida en virtud de las medidas especiales de protección decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todos los habitantes de la comunidad de paz de Apartadó.Cabe recordar que San José de Apartadó se declaró comunidad de paz en 1997 y que en 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la adopción de medidas provisionales de protección para sus miembros. Pese a ello, desde entonces más de 300 integrantes de la comunidad han sido asesinados.
El Centro Democrático emitió un comunicado en el que cuestiona la veracidad de las conclusiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respecto al controvertido tema de los "falsos positivos". Según el partido, la JEP estaría incurriendo en graves imprecisiones y distorsionando la realidad.En su comunicado rechazan la afirmación de la JEP de que existió una "supuesta política de facto" que priorizaba el "conteo de cuerpos" en la lucha contra las guerrillas.Entre los argumentos presentados se destacan los datos relativos a la desmovilización, captura y bajas en combate de los grupos guerrilleros entre 2002 y 2010, período en el que gobernó Uribe. Según el partido, durante esos años se registraron 53.000 desmovilizados, 36.000 capturados y 13.900 bajas en confrontaciones legítimas con los grupos armados ilegales. Esta cifra, argumentan, demuestra que la política de seguridad democrática no se basaba en una estrategia orientada a las ejecuciones extrajudiciales, sino en el combate legítimo contra los actores ilegales que amenazaban la seguridad del país."Los datos hablan por sí mismos", afirmó el partido, agregando que "no era la muerte del último guerrillero lo que se debía hacer para conseguir la paz".Por otro lado, el Centro Democrático también critica la postura de la JEP por lo que considera un intento de "legitimar" la narrativa de los opositores al Gobierno de Uribe, quienes han acusado a la administración del expresidente de promover políticas de seguridad que habrían dado lugar a las ejecuciones extrajudiciales.Según el partido, la Jurisdicción estaría validando la "propaganda" construida por los enemigos políticos del exmandatario y de la política de seguridad democrática.El comunicado concluye señalando que las afirmaciones hechas por la JEP no solo son incorrectas, sino que también contribuyen a "desdibujar" el trabajo de las fuerzas armadas en el marco de una política de seguridad que, según el Centro Democrático, fue clave para la recuperación de la seguridad en Colombia. Además, apuntan que este tipo de acusaciones no favorecen la construcción de la paz, sino que, por el contrario, siembran división y perpetúan un relato distorsionado sobre los eventos ocurridos durante esa época.La polémica sobre los falsos positivos sigue siendo uno de los temas más delicados y debatidos en la política colombiana, y la confrontación entre la JEP y el Centro Democrático parece ser un capítulo de no terminar en la disputa por la interpretación histórica de esos años críticos para el país.
