Un grupo de madres de Soacha llevó al Capitolio de Colombia una serie de botas pintadas, cada una representando a un joven asesinado en los denominados falsos positivos. Esta manifestación fue parte de una invitación hecha por la congresista Dorina Hernández, quien propone modificar la inscripción en el escudo de Colombia. De acuerdo con Jacqueline Castillo, representante de las madres de Soacha, el objetivo es agregar la palabra 'justo' a la frase que actualmente dice 'libertad y orden', resaltando la necesidad de justicia que han clamado durante 16 años.“Nosotros fuimos invitadas y llevar estas botas de la memoria, porque son 16 años que llevamos de lucha y no ha habido justicia total; no ha habido verdad plena, entonces el hacer el cambio y agregar esta palabra de justo que significa justicia, pues era acorde a las reclamaciones que hemos venido haciendo. Por eso fuimos invitadas a ese foro y a la radicación de ese proyecto de la congresista", dijo Castillo en Mañanas Blu.Lo polémica en este evento nació porque Miguel Polo Polo desestimó la importancia de estas botas y botó algunas a la basura.“Bastante triste. Doloroso. Vuelve a revictimizarnos. Le decía: sí, tiene total razón, no son 6.402, son muchos más. Y a todos ellos que siguen negando estos crímenes de Estado, decirles que esta cifra viene de una sumatoria de investigación que hizo la Fiscalía, la Corporación Colombia, Europa, Estados Unidos, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Justicia Especial para la Paz y a todos aquellos interesados, que vayan y busquen todos los reportes que piden direcciones, teléfonos, nombres completos de las víctimas. No podemos seguir negando estos hechos que fueron reales”, agregó.
Esto surgió cuando varias madres llevaron al Congreso las botas de sus hijos asesinados, como parte de un homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia y a los falsos positivos.Sin embargo, en un video, el representante Miguel Polo Polo descalificó el acto y expresó su rechazo a la cifra de 6.402 falsos positivos, señalando que esta no era respaldada por Justicia y Paz, la Fiscalía General ni la JEP, por lo que las tiró a la basura y lo subió a sus redes sociales.Este acto generó gran rechazo en varios sectores, pero la tensión subió aún más cuando en la plenaria varios representantes como David Racero se levantaron a gritar a Polo Polo y a exigirle respeto. Incluso, una de las madres de las víctimas no se contuvo y con una cachetada le expresó su rechazo al congresista Polo Polo.Jacqueline Castillo, otra de las madres, también tuvo su espacio para intervenir en la plenaria.“Quiero decirle a este señor que llevamos 16 años de lucha desde cuando nuestros familiares fueron tirados en fosas comunes como basura para hacer creer que el Estado estaba ganando la guerra. Es falso lo que hicieron, mataron a nuestros seres queridos miserablemente y hoy el acto que usted hace de tirarlas a la basura, a un ser que fue asesinado por el Estado”, señaló.La historia no termina ahí porque varios congresistas, como Iván Cepeda, Alejandro Ocampo y otros, anunciaron acciones legales en contra del representante. Además, más de tres bancadas se retiraron del recinto en rechazo a las acciones del parlamentario, por lo que la plenaria finalmente se detuvo.“Me uno al rechazo contra este acto de ignorancia por parte de Miguel Polo Polo. Presentaré una queja disciplinaria ante la Comisión de Ética para que investigue su conducta. No podemos tolerar este irrespeto y revictimización hacia quienes sufrieron las consecuencias del conflicto, especialmente viniendo de un congresista”, expresó Ocampo.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió perdón y excusas públicas a las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) ocurridas en Caldas, Risaralda y Quindío entre 1996 y 2008. “No muere quien se va, solo quien se olvida”, dijo el ministro en medio del acto de reconocimiento y perdón de la Nación a 22 familias víctimas de estos casos.“Como ministro de Defensa y como ciudadano expreso mi solidaridad, pido perdón y ofrezco excusas a nombre del Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la región del eje cafetero. Hoy pido perdón a las familias de 22 víctimas que murieron de manera irregular por parte de miembros del Ejército, entre 1996 y 2008”, dijo el ministro.Los casos por los que el Estado pidió perdón sucedieron en varios municipios del Eje Cafetero, como lo son Caldas, Antioquia, Risaralda y Quindío. Allí sus poblaciones sufrieron desplazamientos y estigmatizaciones por supuestos vínculos con grupos armados ilegales. “Estos señalamientos se hacían con el ánimo de crear un ambiente de seguridad engañoso, a partir de la presentación falsa de resultados operacionales”, advirtió Velásquez.Las 13 sentencias que condenaron a la Nación por la ejecución extrajudicial de estas 22 víctimas, detallan como aspectos comunes el reporte de combates falsos, producto de acciones no planeadas sino ejecutadas ante circunstancias fortuitas.Durante su intervención, el ministro destacó las historias de todas y cada una de las 22 víctimas, señalando los modos en los que fueron engañados y llevados a otras regiones con falsas promesas de ofertas laborales, y de igual forma la persecución que en algunos casos tuvieron que padecer sus familiares al momento de indagar por la verdad."Hoy como un soldado más y con la humildad que nos caracteriza, ofrezco a todos ustedes disculpas, y de corazón pido perdón por aquellos hechos que en el pasado cometieron algunos de nuestros funcionarios", expresó el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército.
En un emotivo acto de reconocimiento y restauración, Jorge Arley Sánchez, un exmilitar, compareciente de la fuerza pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), devolvió una medalla de distinción que había recibido por su servicio en el orden público. Este gesto simbólico se produjo durante una audiencia realizada el 22 de octubre en Bucaramanga, donde Sánchez admitió su participación en el asesinato de un civil, un caso que fue presentado como una baja en combate en mayo de 2005 en Lebrija, Santander, y la cual fue una ejecución extrajudicial.“Esto que hice no me hace digno de llevar esta medalla. Quiero regresarla, con su permiso, señor magistrado, como muestra de arrepentimiento”, expresó Sánchez, dirigiéndose al magistrado Mauricio García Cadena, quien presidió la sesión.Sánchez no estuvo solo en este proceso; otros cinco comparecientes del Batallón de Infantería N° 14 ‘Capitán Antonio Ricaurte’ también fueron convocados. Durante la audiencia, todos reconocieron su responsabilidad en el mismo hecho y ofrecieron disculpas a las víctimas, que decidieron no participar en el proceso."Quiero ofrendar esta vela en memoria de la víctima, a quien nosotros, de manera vil, le quitamos la vida", dijo Sánchez al encender una vela blanca junto a sus compañeros.La entrega de la medalla, conocida entre las tropas como ‘La Gris’, será considerada por la magistratura en el marco de un enfoque restaurativo. La abogada de Sánchez solicitó que la medalla quede bajo la custodia de la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa de la JEP.Durante la audiencia, los comparecientes, que se encuentran bajo un régimen de condicionalidad estricto, revelaron información adicional sobre otro hecho violento, en el que dos hombres fueron asesinados y presentados falsamente como bajas en combate en marzo de 2005. La magistratura evaluará estos aportes para determinar si los comparecientes pueden ser catalogados como no máximos responsables.Además, Daladier Rivera Jácome, quien se presentó de forma voluntaria al proceso, también ha sido identificado como máximo responsable en el subcaso Norte de Santander del Caso 03. Desde agosto de este año, ha colaborado con la JEP, proporcionando información sobre otros crímenes ocurridos en la región.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la Resolución de Conclusiones No. 03 en el contexto del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, específicamente en el Subcaso Costa Caribe. Entre enero de 2002 y julio de 2005, que involucra al batallón de artillería No. 2 llamada 'La Popa'. En este se registraron 135 crímenes en 77 eventos en varios municipios del Cesar y La Guajira, superando las cifras previamente reconocidas. La JEP identificó dos patrones de macrocriminalidad que evidencian la gravedad de estos hechos y su impacto en las comunidades.Entre las decisiones clave, la JEP incluirá el crimen internacional de tortura, lo que implica que algunos de los máximos responsables deberán ser juzgados por este delito.También se solicitó a la Sala de Reconocimiento una lista de presuntos responsables no obligados a comparecer ante la JEP, para que se inicien acciones en la justicia ordinaria.Además, se subrayó la necesidad de brindar acompañamiento psicosocial a las víctimas, respetando sus particularidades étnicas y culturales, especialmente en el caso de las comunidades indígenas, asegurando la traducción necesaria para facilitar la comprensión del proceso. Por lo anteriormente expuesto, la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad:En dicho documento costa de más de 10 artículos donde se evidencia cual fue la decisión que tomo la JEP:En el primer artículo se confirma que la Resolución de Conclusiones No. 03 aborda los hechos, conductas, pruebas, calificaciones, responsables y propuestas de sanción establecidos por la Sala de Reconocimiento. Se reafirma que estos hallazgos se alinean con los patrones de conducta previamente determinados.Por lo que se va a ajustar la calificación jurídica para incluir el crimen internacional de tortura entre los hechos reconocidos. Los responsables deben pronunciarse sobre esta calificación en un plazo de quince días. Esto destaca la seriedad de los crímenes cometidos y amplía la responsabilidad de los implicados.Similar al anterior, se especifica que ciertos hechos configuran el crimen internacional de persecución. Se prevé que los responsables se manifiesten sobre esta nueva calificación, enfatizando la sistematicidad de las agresiones contra la población civil.Por lo que se solicitará a la Sala de Reconocimiento que proporcione una lista de presuntos responsables que no están obligados a comparecer, así como información sobre acciones legales en su contra. Esto busca asegurar que todos los posibles responsables sean identificados e investigados.También se establece que la decisión debe ser notificada al Ministerio Público y a las víctimas, garantizando su derecho a estar informadas y participar en el proceso. También se ordena un acompañamiento psicosocial para las víctimas durante el trámite judicial. Y se le ordena que se remita una copia de la providencia a la Relatoría y a la Subdirección de Comunicaciones para su divulgación ante la opinión pública. Esto busca asegurar la transparencia y el acceso a la información sobre el proceso.Finalmente, se ordena comunicar la decisión a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y a la UIA para los efectos pertinentes. Esto fortalece la colaboración internacional y el seguimiento del caso.
El general en retiro Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVII, aceptó ante la JEP su responsabilidad en casos de falsos positivos que se registraron en el Casanare mientras él estuvo al mando de esa unidad militar. Sin embargo, Torres Escalante aseguró que su responsabilidad era por omisión, por eso su reconocimiento ha sido cuestionado por algunas de las víctimas.En los últimos días, Torres envió un documento a la JEP en el que pedía que le permitieran entregar una medalla a las víctimas, que le fue otorgada por algunos resultados operacionales que se registraron mientras comandó esa Brigada, sin embargo, en algunas de estas operaciones se registraron casos de falsos positivos.La decisión de entregar esta medalla fue cuestionada por algunas víctimas, quienes consideran que el acto no se debería dar hasta que él acepte la responsabilidad por acción en las ejecuciones extrajudiciales."En el primero de estos escritos, se señala que se rechaza la propuesta presentada por el señor Torres Escalante. Lo anterior, por cuanto consideran que con esta medida no se sanea la falta de compromiso con respecto a los aportes de una verdad clara, amplia y suficiente, sumado a lo que consideran han sido transgresiones e incumplimientos a su régimen de condicionalidad. En ese orden de ideas, considera que el señor Torres Escalante no ha reconocido responsabilidad enlos términos que les fueron imputados, limitándose a aceptar una omisión y, en consecuencia, no ha aceptado de manera integral el aporte que tuvo para con el aparato macrocrimal", explica la JEP sobre la posición de algunas víctimas.Ante esta situación, la JEP le preguntó a Torres Escalante si estaría dispuesto a ampliar su aporte a la verdad y hacer las claridades que piden las víctimas. En su respuesta, el general (r) habría manifestado su intención de aceptar responsabilidad por acción."El señor Henry William Torres Escalante, mediante escrito presentado el 16 de septiembre de 2024, se manifestó sobre algunos de los cuestionamientos elevados por las víctimas y el Ministerio Público: I) acepta responsabilidad por acción y omisión como líder de la organización criminal de la Brigada XVI dedicada a la comisión de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas como bajas en combate, II) manifiesta que no busca que la devolución de la medalla sea entendida como un TOAR sino como un acto simbólico para dignificar a las víctimas, y III) señala que el acto simbólico de entrega de la medalla debe ser concertado con las víctimas" agrega la JEP.Ante esta situación, la Sala de Reconocimiento de la JEP decretó una diligencia de entrega de la medalla por parte de Torres. La fecha y el lugar del evento serán anunciados posteriormente por la jurisdicción a las víctimas y al compareciente.
La Sala de Reconocimiento de la JEP citó a rendir versión a los generales en retiro Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares; Óscar Enrique González Peña, excomandante del Ejército; y Justo Eliseo Peña, para que proporcionen información sobre los casos de falsos positivos ocurridos en el Valle del Cauca."La JEP ha recaudado información sobre numerosos casos de asesinatos presentados como bajas en combate por agentes del Estado en el departamento del Valle del Cauca. Según investigaciones del Grupo de Análisis de la Información (Grai), entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016, se registraron 307 muertes en este departamento que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate", señala la JEP.Junto a los generales, también fueron llamados a rendir versión un coronel y tres oficiales en retiro. Los siete miembros del Ejército fueron mencionados en varios informes entregados a la JEP por organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.La Sala ordenó el llamado a versión de los siete militares basándose en la información obtenida en otras diligencias del Caso 05. Esta investigación abarca violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en la región, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y afectaciones al medio ambiente, ocurridas entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016.Además, se investiga una posible alianza entre miembros de la fuerza pública y el Bloque Calima de las AUC. Hasta ahora, 52 miembros de la fuerza pública han sido citados a versión en este macrocaso, explica la JEP.
Este miércoles, 18 de septiembre, durante el juicio del coronel (r) Hernán Mejía, la Unidad de Investigación y Acusación, es decir, la Fiscalía de la JEP, interrogó a un testigo que estuvo bajo el mando de Mejía en el Batallón La Popa, con sede en Valledupar.El mayor (r) Heber Gómez aseguró que el primer caso de una ejecución militar se dio cuando Mejía llegó a comandar el batallón y pidió que fueran a recoger un cuerpo a 10 minutos de Valledupar.Según el testimonio del testigo, llegaron al lugar algunos militares y se hicieron algunos disparos al aire, posteriormente, el cuerpo de la persona que ya estaba ahí habría sido recogido.El mayor aseguró que no se presentó ningún combate, pues en el punto la persona ya estaba muerta. Además, agregó que él le comentó la situación a Mejía y que el coronel le habría respondido “no se preocupe que es un bandido”.Posteriormente, Gómez aseguró que ya cuando Mejía entró en confianza le habría dado la orden directa de ir a recoger cuerpos que eran dejados en algunos puntos cerca a Valledupar por parte de las Autodefensas. Así mismo, los cuerpos habrían sido llevados a la morgue y reportados como bajas en combate.“Ya la orden era precisa y yo sabía que iba a salir a recoger uno o varios cuerpos que ya habían dejado allí las Autodefensas ilegales, el comandante del Batallón ya entrado en más confianza, el señor Coronel Mejía, ya me lo comentaba y me lo decía. Una hora o media hora antes de salir a recoger esos cadáveres, yo ya sabía por qué el comandante del batallón me llamaba al comando del batallón con los mismos soldados del teniente Llanos y ya sabíamos a qué íbamos”, aseguró Gómez.El coronel (r) Hernán Mejía fue imputado por la JEP por 75 casos de falsos positivos, sin embargo, él no aceptó su responsabilidad en esos hechos y ahora enfrenta un juicio adversarial, si es vencido, podría pagar 20 años de prisión.
Este miércoles 18 de septiembre, en Valledupar, empieza el juicio en la JEP contra el coronel en retiro Hernán Mejía, quien comandó el batallón La Popa y fue imputado por 75 casos de falsos positivos; sin embargo, él no aceptó su responsabilidad y por eso irá a juicio.“De acuerdo con la acusación radicada el 31 de julio de 2023 por los fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación, entre diciembre de 2001 y enero de 2003, Mejía Gutiérrez ideó, diseñó y ejecutó a través de un ilegal aparato organizado de poder un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate”, señala la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, dijo antes del juicio que los fiscales de la UIA pedirán la máxima condena para Mejía, es decir, 20 años de prisión.“Tenemos la información, las pruebas y la evidencia suficiente para pedir que se condene a Publio Hernán Mejía por los hechos de que es responsable durante su paso como comandante del Batallón La Popa”, señala el director de la UIA.En la JEP quienes aceptan su responsabilidad pueden acceder a sanciones restaurativas y reparar a las víctimas; de esta manera no van a la cárcel. Sin embargo, si deciden no aceptar la imputación, enfrentan un juicio y, de ser vencidos, pueden pagar hasta 20 años de prisión y perder todos los beneficios de la justicia transicional.
La Policía y la Fiscalía realizaron la extinción de dominio de 13 bienes de Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias 'Zeus', el exmilitar acusado de casos de falsos positivos que se fugó de una estación de Policía en Cúcuta tras ser capturado en abril de este año.Los bienes, de acuerdo con las autoridades, están avaluados comercialmente en $11.710 millones y están ubicados en el municipio de Yondó, Antioquia; Puerto Boyacá, Boyacá; y en Bogotá. Todos estos bienes estaban a nombre de su pareja sentimental, su excónyuge y su hija.El 10 de abril de 2024, alias 'Zeus' fue capturado en flagrancia en inmediaciones de la vía que conduce de Pamplona a Cúcuta, mientras traficaba armas y explosivos. Una vez judicializado, fue recluido en la Estación de Policía Centro de la ciudad de San José de Cúcuta, de donde se fugó el 21 de abril y actualmente se encuentra prófugo de la justicia."Según los análisis y rastreos financieros realizados por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias 'Zeus', desde el año 2005 se dedicaba a la compra y venta ilegal de armas de fuego, material explosivo y a la comercialización de estupefacientes con diferentes estructuras criminales organizadas que delinquen en Colombia", indicó el coronel Hebert Mejía, director de investigación criminal (e) de la Policía.Alias 'Zeus' había sido capturado el 25 de octubre de 2005 en un operativo en la ciudad de Bogotá con 200 kilos de cocaína en su poder, por lo que fue condenado el 1 de diciembre de 2005 a 12 años de prisión por narcotráfico, tráfico de armas, utilización ilegal de uniformes y falsedad marcaria.En total, se le hizo extinción de dominio a dos fincas, una casa, un apartamento, un garaje y ocho vehículos. Entre estos, había dos fincas ganaderas con más de 500 hectáreas de extensión ubicadas en el Magdalena Medio y una camioneta blindada de alta gama.
El cirujano estadounidense Nabeel Rana, quien estuvo trabajando en hospitales del centro y sur de Gaza todo el mes octubre, describe ataques israelíes "indiscriminados" contra la población civil, quirófanos improvisados y familias con todos sus miembros heridos de metralla."Esos bombardeos contra escuelas dejan niños en pañales con las extremidades arrancadas, el abdomen abierto y la cabeza destrozada. Lamento ser tan gráfico pero eso es lo que vemos todos los días", explica a EFE Rana en una entrevista telefónica desde Carolina del Norte.El Ejército israelí, por su parte, alega que los centros educativos, muchos de ellos reconvertidos en refugios donde viven gazatíes desplazados, son usados por los milicianos de Hamás como "centros de mando", sin aportar pruebas al respecto.Según datos de UNICEF, solo en octubre se registraron al menos 64 ataques contra escuelas en la Franja, en los que murieron más de 125 personas, muchas de ellas niños. Esta agencia de la ONU recuerda que, en caso de conflicto, los colegios son espacios protegidos según el Derecho Internacional Humanitario, pero que en la guerra de Gaza "más del 95 % de las escuelas han sido destruidas parcial o totalmente"."La muerte indiscriminada de personas inocentes -bajo la premisa de tratarse de ataques precisos- es absolutamente incorrecta y no hay forma de modificar esta historia para justificarla", lamenta este especialista en cirugía vascular.Coincidiendo con el Día Mundial del Niño, las autoridades palestinas denunciaron este miércoles que casi 17.500 menores ya han muerto en esta guerra, y miles más siguen desaparecidos entre toneladas de escombros. Entre las muertes verificadas, hay 710 bebés que nunca llegaron a cumplir su primer año de vida.Rana recuerda, en su primer viaje en verano a la Franja cuando trabajó en el hospital de Al Aqsa, en el área central de Deir al Balah, el caso de una familia cuya madre había sido herida de metralla en la pierna, que le había desgarrado la arteria femoral."Ella solo tenía una herida, pero al mismo tiempo estaban en las otras tres salas de operaciones sus tres hijos: de uno, cuatro y cinco años, y cada uno padecía también una sola herida de metralla en el abdomen", recuerda el médico, que dice que si bien la familia estaba lejos del bombardeo y no mostraban quemaduras ni múltiples lesiones, las denominadas "bombas tontas" usadas por Israel igualmente les alcanzaron.Muertos de 5 a 9 añosEste lunes, 18 de noviembre, el alto responsable de la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó la situación en Gaza de "apocalíptica" y recalcó que los niños de 5 a 9 años son el rango de edad más común entre los miles de muertos verificados en Gaza entre noviembre y abril de 2024, según un informe publicado el 7 de noviembre por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU."Esta es una guerra contra los niños. Por eso propuse la suspensión del acuerdo de asociación con Israel", añadió Borrell sobre la propuesta -liderada por Madrid y Dublín- de "no diálogo" con Israel debido a las violaciones de derechos humanos en Gaza, la cual fue rechazada ese mismo día por los Estados miembro.Al menos 25.973 gazatíes se han quedado huérfanos "obligados a soportar un sufrimiento inimaginable", asegura el Ministerio de Exteriores palestino; mientras que a un ritmo sin precedentes -casi una muerte cada dos días, según datos de la ONU- unos 170 niños han sido asesinados en Cisjordania ocupada, por tropas o colonos israelíes, desde el 7 de octubre de 2023.La víctima más joven es Ruqaya Ahmed Odeh Jahaleen, de 4 años, asesinada a tiros en enero por las fuerzas israelíes cuando aguardaba, junto a su madre, cruzar el puesto de control militar de Beit Iksa, entre Jerusalén y Ramala.Según el Ejército, un conductor de una camioneta había intentado atropellar a los soldados, entonces estos abrieron fuego y mataron a la pequeña en el taxi de al lado.Para el cirujano Rana, el hecho de que los gazatíes que logran llegar a un hospital con vida estén siendo operados en salas de parto reconvertidas en quirófanos -"pequeñas habitaciones sin luces quirúrgicas ni equipo quirúrgico"- mientras el mundo continúa indiferente más de un año después es "algo indescriptible"."Las cifras de muertos son tan grandes que ni siquiera te impactan, ni siquiera puedes asimilarlas... ¿Qué significan? Nos preguntamos ¿cuántos niños han sido asesinados? Pero ver una sola foto de un niño inocente tirado en el suelo de una sala de emergencias debería ser suficiente para detener esto, y no lo es", se lamenta.
El Consejo Noruego de Refugiados reveló que en Colombia han sido desplazadas 1.500.000 personas desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. En 2016 hubo un total de 160.000 desplazados, mientras que este año la cifra podría superar los 260.000.“Reconocemos los recientes esfuerzos, pero es de vital importancia que el plan del Gobierno para acelerar la implementación del acuerdo de paz reduzca efectivamente los desplazamientos forzados. Esta tendencia al alza no puede continuar. Debe detenerse inmediatamente. Si el desplazamiento fuera un termómetro de la paz, la salud de Colombia estaría fallando”, dijo Giovanni Rizzo, director de país del Consejo Noruego de Refugiados en Colombia.Las principales causas del desplazamiento en el país son: amenazas, torturas, homicidios, combates armados, bombas, minas antipersonal, reclutamiento forzado, violencia basada en género y el despojo de tierras."En total, cerca de 5,1 millones de personas viven actualmente en situación de desplazamiento, de las cuales 1,5 millones han sido desplazadas después la firma del acuerdo de paz en 2016. A pesar de la respuesta humanitaria para asistir a la población durante las emergencias, los esfuerzos para que la población se recupere del desplazamiento carecen de financiación adecuada. Hasta octubre del 2024, solo se había asignado el cuatro por ciento de los fondos solicitados por los actores humanitarios en Colombia para ayudar a las comunidades a recuperarse tras las crisis", señala el Consejo Noruego para Refugiados.
Con el propósito de impulsar la reactivación económica, generar desarrollo y crear nuevos puestos de trabajo, la RedPro, en alianza con el Consejo Privado de Competitividad, presentó en Bucaramanga una ambiciosa agenda de proyectos que promete inyectar $152 billones a la economía nacional. Este paquete de iniciativas, que abarca diversas regiones de Colombia, fue dado a conocer ante un grupo de empresarios, quienes respaldan la propuesta de la RedPro, un colectivo de 11 organizaciones regionales.Entre las entidades que componen esta red destacan ProAntioquia, ProBarranquilla, ProBogotá, ProBoyacá, ProRinoquía, ProPacífico, ProQuindío, ProRisaralda, ProSantander, ProSanta Marta y ProTolima. En total, las regiones que respaldan estos proyectos representan más del 70% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y albergan a 37,8 millones de habitantes.El paquete de proyectos identificado por la RedPro incluye una serie de iniciativas en infraestructura que buscan conectar diversas regiones del país y optimizar la competitividad. Entre los proyectos destacados se encuentran la Conexión Pacífico - Orinoquía, el Corredor Bogotá-Buenaventura-Ipiales, la segunda línea del Metro de Bogotá, el Aeropuerto José María Córdova, el Puerto Antioquia, el Canal del Dique, y la PTAR Canoas en Bogotá, entre muchos otros.Estas iniciativas están enfocadas en la conectividad aérea, marítima y vial, la expansión de acueductos y saneamiento básico, así como en el sector energético. Si bien los proyectos se encuentran en diversas etapas, algunos todavía en fase de prefactibilidad y otros más avanzados, la RedPro destaca la importancia de su ejecución para mejorar la conectividad del país y reducir los costos logísticos y operativos.En el caso de Santander y el oriente del país son tres los principales proyectos los que se busca impulsar. Así lo explicó el director ejecutivo de ProSantander, Juan Pablo Remolina.“La navegabilidad por el río Magdalena que lo que busca es desarrollar una de las regiones más afectadas por el conflicto armado colombiano que es el Magdalena Medio. Colombia cuenta con una vía natural que es el río Magdalena conecta a 13 diferentes departamentos y ahí vemos una gran oportunidad para avanzar en la logística de Colombia. Con el río se lograría una disminución hasta del 60% de los costos de transporte disminución cerca del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero”, explicó Remolina.Otro de los proyectos que permitiría el desarrollo en el oriente del país, es el de buscar la conexión de Venezuela, “desde Santander hemos considerado que nos empinamos y vemos a nuestro vecino país, pero vemos un abismo en la mitad porque no hay vías, no tenemos una conectividad adecuada y este tramo debe ser entre Cúcuta hasta el interior del país, que es particularmente en Bogotá”.Y un tercer proyecto enfocado a resolver problemas de pobreza energética, explicó el dirigente gremial. “Actualmente el país se le ha anunciado una falta o un déficit de autosuficiencia en materia de gas, de autosuficiencia en abastecimiento de gas, y por lo tanto consideramos que el Magdalena Medio o Santander, el país tiene abundante gas, pero necesitamos es revisar cómo poderlo extraer de manera sostenible, de manera adecuada, y una de las formas es a través de los yacimientos no convencionales”, anotó Remolina.María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, resaltó la importancia de los 40 megaproyectos que juntos generarán desarrollo en las diferentes regiones del país. "Los datos nos confirman que los departamentos con mayor proporción de la población afectada por la pobreza multidimensional coinciden con aquellas regiones que se encuentran más desconectadas. Esto, compromete la capacidad de las regiones de ofrecer condiciones de bienestar a sus habitantes, genera presiones ambientales sobre los recursos naturales y limita las posibilidades de impulsar el desarrollo productivo y social, tanto urbano, como rural", señaló.
Hace dos años, el 21 de noviembre de 2022, el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reanudaron las negociaciones de paz más avanzadas con la última gran guerrilla latinoamericana, que estuvieron estancadas durante los cuatro años de la Presidencia del derechista Iván Duque.Después de un buen arranque y más de un año de sintonía, la negociación actualmente está congelada y las dos partes trabajan en Caracas para intentar impulsarla de nuevo, pero las tensiones y los desacuerdos se acumulan. Aquí algunas preguntas y respuestas:¿Por qué se retomaron los diálogos en 2022?Realmente el ELN empezó a negociar con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos en 2017, en el enésimo intento de lograr la paz con esta guerrilla.Las negociaciones apenas avanzaron en los dos últimos años de Santos y la poca voluntad de Iván Duque, junto a un atentado del ELN contra la escuela de cadetes de Bogotá que dejó 23 muertos en 2019, acabaron dinamitando la mesa de diálogos.El aterrizaje de Gustavo Petro en el poder en agosto de 2022 llegó con la promesa de 'paz total' y el Gobierno comenzó esta tarea titánica con el ELN, retomando el proceso con la agenda que ya se había trabajado con Santos, sin apenas cambios, con la voluntad de avanzar sobre lo trabajado.¿Qué avances ha habido en dos años?Se han realizado cinco ciclos de diálogos en Caracas, Ciudad de México y La Habana.Los anuncios más importantes se realizaron en Cuba, en el tercer ciclo, cuando incluso el presidente Gustavo Petro y el jefe máximo de la guerrilla, alias 'Antonio García', estuvieron presentes para anunciar el cese bilateral al fuego más largo que se ha tenido con este grupo armado.Comenzó el 3 de agosto de 2023 por seis meses iniciales, que tras arduas negociaciones se extendieron otros seis, incluyendo incluso la promesa del ELN de no secuestrar. Pero todo acabó un año después sin compromiso de renovación.Además del cese, ha habido pactos para llevar caravanas humanitarias a zonas de influencia de la guerrilla y consiguieron cerrar el primer punto de los acuerdos, que traza la participación de la sociedad. El estancamiento ha hecho que nada de esto haya avanzado.¿Por qué se torcieron las negociaciones?El ELN y el Gobierno llegaron a México a principios de año con tensión, pues la guerrilla había admitido apenas unas semanas antes que había secuestrado al padre del futbolista Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, quien fue liberado el 9 de noviembre.El ELN también atacaba al Gobierno diciendo que no estaban cumpliendo el cese al fuego al aliarse con "fuerzas paramilitares" para atacarles.En México, sin embargo, consiguieron 'in extremis' prorrogar el cese, pero apenas unos meses después el Gobierno comenzó acercamientos con una supuesta disidencia del ELN que opera en la frontera con Ecuador, los Comuneros del Sur.Eso irritó a la guerrilla, que lleva desde entonces pidiéndole al Gobierno que decida si negocia con ellos de forma nacional o con este grupo minoritario.¿Qué llevó a la congelación?Desde México a finales de enero las dos partes no han logrado celebrar un sexto ciclo de diálogos. Se reunieron en Caracas en mayo donde lograron firmar el primer punto de la agenda, pero desde ahí todo han sido ataques.No se renovó el cese al fuego, ni se avanzó en ninguno de los puntos de la agenda, que se pretendían tener firmados en su mayoría en 2025.El ELN atacó en septiembre una base militar en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, que dejó tres muertos y casi una treintena de heridos.Petro dijo entonces que "prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre", aunque la delegación del Gobierno matizó después y afirmó que significaba que iban a congelar la mesa, pues siempre iban a estar dispuestos a negociar.¿Se van a descongelar los diálogos?A principios de este mes, las delegaciones del ELN y el Gobierno se reunieron de nuevo por primera vez en cuatro meses y acordaron volver a verse esta semana para ver si pueden descongelarlo, aunque las tensiones persisten.El Gobierno ha pedido al ELN que muestre que tiene "un inequívoco propósito de llegar a la paz", mientras que el jefe negociador de la guerrilla, alias 'Pablo Beltrán', aseguró hace unos días a EFE que quieren que el gobierno tenga "una sola política"."Queremos un solo interlocutor (con el Gobierno) que si la mano derecha construye, la otra no destruye", apuntó.
Si bien es imposible establecer una relación directa entre las palabras del presidente Gustavo Petro, y las agresiones que recibe la prensa en redes sociales, "hay un nexo entre el uso" de su megáfono, "la reacción de sus seguidores y aliados, y el tono agresivo en que se da la discusión pública alrededor de los temas que él propone".Así se desprende de un informe elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la organización independiente Linterna Verde, que analizan episodios relevantes de la interacción entre el presidente y sectores del periodismo, que ha derivado en ocasiones en "episodios que han constituido acoso digital en contra de periodistas y medios de comunicación".Los casos analizados son las críticas de Petro a un informe de Noticias Caracol titulado 'El capo y la campaña de la Colombia Humana', el uso de la expresión "periodismo Mossad" por parte del presidente y el calificativo de "muñecas de la mafia" que empleó el mandatario.Entre algunas de las conclusiones que recoge el documento está que "frecuentemente, las publicaciones trascienden la crítica legítima y derivan en ataques".En los tres casos analizados se concluye que las palabras usadas por el presidente fueron replicadas y amplificadas miles de veces en la red social X, y derivaron en ataques y ofensas contra periodistas.En el caso de la expresión "muñecas de la mafia" para referirse a comunicadoras, por ejemplo, indica: "Sus palabras fueron el nodo de los tuits contra las mujeres. De no haber usado la expresión, es apenas lógico concluir que el debate no se habría dado en esos términos"."El Presidente de la República goza de su derecho a la libertad de expresión. No obstante, el ejercicio de este no puede implicar la activación de un ambiente adverso para el ejercicio del periodismo y la amplificación de discursos agresivos y estigmatizantes (...) Como nodo de una red, figura política y mandatario, sus palabras articulan y condicionan la discusión pública", señaló el documento.Desde su llegada al poder la red social X ha sido la plataforma preferida por Petro para comunicar desde cambios en el gabinete hasta políticas, así como sus opiniones personales de una multitud de temas; y desde allí ha protagonizado crudos enfrentamientos con la prensa que él considera trata de desprestigiar a su gobierno.De hecho, ha tenido encontronazos con la propia FLIP, a la que acusó de ser partidista y no velar por los intereses de la libertad de prensa y los derechos de los periodistas.
