Alrededor de 101 bienes ubicados en el Urabá antioqueño, exactamente en los municipios de Apartadó y Turbo, fueron ocupados por las autoridades con fines de extinción de dominio, estos inmuebles pertenecían a Pedro Pablo Guzmán, más conocido como alias ‘Pelomono’, un señalado cabecilla del ‘Clan del Golfo’ y cuñado de 'Chiquito Malo'.Este sería el encargado de cobrar a otras estructuras ilegales para permitirles sacar toneladas de cocaína por el Golfo de Urabá. Las investigaciones realizadas por fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con apoyo de la Policía Nacional revelaron que las propiedades fueron puestas a nombre de familiares y amigos de alias ‘Pelomono’ para ocultar su origen ilegal e intentar evadir el control de las autoridades.Los predios, avaluados en 2.300 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, las cuales fueron materializadas en diligencias llevadas a cabo en Apartadó y Turbo.Es importante mencionar que los bienes incautados están segmentados como 7 inmuebles urbanos, 27 vehículos, 66 ejemplares de ganado y un establecimiento de comercio. Recordemos que alias ‘Pelomono’ fue capturado en enero de este año, debido a una solicitud de extradición elevada por la justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, pues este estaría involucrado en el envío de clorhidrato de cocaína por el Caribe colombiano con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos.
Un duro golpe a las finanzas del grupo delincuencial denominado ‘Los Pachelly’ propinaron las autoridades con la incautación de varios de sus bienes que habrían conseguido a partir de actividades ilícitas desde el año 2017.Se trata de un total de 13 vehículos entre los que hay una volqueta, una camioneta, autos y motos que estarían a nombre de integrantes de esa estructura que delinque en el municipio de Bello y otras localidades del Norte de Antioquia, principalmente dedicada al cobro de rentas extorsivas.Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre los bienes, avaluados en cerca de 500 millones de pesos, medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.Los vehículos incautados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración.Este suceso se da tan solo cuatro días después de la captura de alias 'Albert', cabeccilla de la banda criminal, quien es hermano de uno de los líderes de la mesa de paz de Itagüí que se encuentran en el proceso de paz urbana con el Gobierno nacional.La orden de captura fue expedida por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidios, tráfico de sustancias estupefacientes, tráfico de armas de fuego, extorsiones y hurtos, entre otros, al ser un presunto cabecilla del grupo de delincuencia organizado Pachelly, que tiene injerencia en al menos siete barrios del municipio de Bello y al menos cuatro localidades vecinas, además del corregimiento de San Félix.El accionar de esta banda criminal es en los barrios Pachelly, San Martín, El Ducado, Villa Linda, Villas del Sol, Playa Rica, Los Alpes Tierradentro y los municipios de Copacabana, Girardota, Barbosa y San Pedro de los Milagros.
Todos los bienes, 136 en total, cuyo calor asciende a los $109.000 millones, las tenían a su nombre personas de su núcleo familiar y varios de sus testaferros.La Dijín de la Policía identificó un incremento injustificado del patrimonio de ‘El Socio’ y sus familiares desde el año 2010 hasta el año 2023. Uno de ellos, de los testaferros, incluso era conocido como el zar de la mercancía china, que capturaron en 2019, y que trabajaba en Bogotá, en el sector de San Andresito.Una vez ubicados los bienes, le hicieron extinción de dominio a los inmuebles dentro de los que se encuentran 5 apartamentos, 2 casas, 4 edificios, 2 fincas, 8 lotes, 5 locales, 45 oficinas, 18 garajes, 1 depósito y dos parqueaderos; además a 9 vehículos, 1 establecimiento de comercio, 2 Sociedades comerciales y 32 títulos valores.Todos estos bienes, que ya están a disposición de la SAE, están ubicados en Bogotá, Barranquilla e Ipiales, en Nariño, y en los municipios de Cajicá- Cundinamarca, Melgar-Tolima, Palestina-Caldas y Barbosa-Santander.Los bienes afectados fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Quienes compraron apartamentos o locales en Meritage, el proyecto de lujo en Las Palmas, en jurisdicción de Envigado, reaccionaron positivamente luego de que Colombia ganara la demanda por más de un billón de pesos en su contra por este polémico predio, que terminó siendo objeto de extinción de dominio por la Fiscalía por los nexos que tenía el proyecto con el narcotráfico.El proyecto inmobiliario Meritage hizo parte de una polémica entre 2016 y 2019 porque los terrenos donde se empezó a construir tenían un historial que habían pertenecido a narcotraficantes y paramilitares. Cuando avanzaba su construcción fue objeto de esta medida por parte del ente acusador y desde ello, quienes habían invertido sus recursos con visión de tener un inmueble allí han emprendido una disputa legal porque la extinción de dominio no fue hacia ellos.Víctor Pérez, abogado que representa a unas 87 personas en este proceso judicial en los estrados colombianos, indicó que aunque esta decisión de arbitramento internacional no los perjudica, tampoco resuelve la situación de sus representados, que invirtieron cada uno entre 300 y 1.200 millones de pesos hace 7 años, por lo que buscan demostrar presuntas irregularidades de la Fiscalía."Tantos años atrás no había hecho absolutamente nada, no hacerlo cuando ya la gente había invertido su dinero, cuando ya las obras estaban avanzadas, más o menos estamos hablando de unos 50.000 millones de pesos, y ahorita son las que invirtieron 300 millones, 400 millones y cinco de pesos", dijo Pérez a Blu Radio.A su vez, detalló que llama la atención la forma como procedió el ente acusador en su momento, cuando afectó solamente este lote en disputa entre Iván López Vanegas, un hombre extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y absuelto en 2007, y Héctor Restrepo Santamaría, para la policía, alias Perra Loca, socio de la oficina de Envigado."La Fiscalía de forma muy selectiva solamente afecta a este periodo y no afecta a todos los otros periodos que son más de 50 bien, pero también debió haber adoptado medidas como las que tradicionalmente se adoptan y es colocar una letra sobre la matrícula en su debido momento", agregó el abogado.El arbitraje por el caso Meritage inició el 25 de marzo de 2019, fecha en la que se registró la demanda presentada por Ángel Samuel Seda y otros, contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI.Por ahora, avanzan dos procesos judiciales, uno contencioso- administrativo que ya tiene una decisión de primera instancia y está a la espera del fallo del Consejo de Estado y el otro, en el Tribunal Administrativo de Antioquia.
La Fiscalía General de la Nación ocupó con fines de extinción de dominio dos propiedades valoradas en 1,2 millones de dólares que pertenecerían a Roberto Escobar Gaviria, también conocido con el alias de 'El Osito', hermano del fallecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, informó el ente acusador.Se trata de dos fincas de una extensión superior a las 86 hectáreas en una zona rural del municipio de Supía, ubicado en el departamento de Caldas, que, según la información, pertenecían a Escobar desde 1990 y fueron adquiridas con dinero obtenido a través del tráfico de drogas a nivel internacional."Los predios pertenecían a Roberto de Jesús Escobar Gaviria, pero fueron registrados a nombre de familiares o empleados. También se acreditó que presuntamente se pagaron en su momento con recursos obtenidos de manera ilegal por Pablo Escobar", agregó la información.Según el ente acusador, las propiedades, que fueron ocupadas en un operativo hecho con la Policía, estaban conectadas entre sí, tenían árboles frutales, piscina y algunos lujos, y eran utilizadas para celebrar fiestas y reuniones.Estos bienes ocupados serán puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se encargará de administrarlos.A Escobar le han sido expropiadas otras propiedades anteriormente adquiridas por su hermano, como un inmueble ubicado en Medellín donde residía y que adecuó para ofrecer a turistas extranjeros un "museo" donde exponía objetos del fallecido narcotraficante, quien fue abatido en una operación policial en 1993.
Un total de 9.942 diligencias de control por parte de la Policía Fiscal y Aduanera en lo corrido de 2024 han dejado como resultado la aprehensión de más de 29 millones de unidades de mercancías de contrabando en todo el país. Todos estos elementos, según las autoridades, avaluados en un total de $102.762 millones de pesos.En lo que respecta a incautación directa, destacan las cifras de las autoridades, se le ha hecho el procedimiento a más de 5 millones de unidades de mercancías de distintos tipos como ropa, tecnología, calzado y demás, que juntos suman un total de $112.587 millones. Entonces, en total, los operativos han dejado resultados por 215.000 millones de pesos.Hasta el momento, por el delito de contrabando, la Policía ha capturado a 82 personas (52 en flagrancia y 30 por orden judicial), identificados como delincuentes reincidentes, cabecillas de organizaciones criminales y dinamizadores del contrabando, entre otros. Además, se han realizado 123 imputaciones en distintos procesos investigativos.También, en lo corrido de este año se han llevado a cabo varias operaciones de extinción de dominio sobre un total de 40 bienes con un valor avalúo de $19.500 millones y se ha logrado la desarticulación de 6 estructuras criminales, responsables de una afectación económica al Estado por valor de 108.430 millones.En armas y municiones, la Policía ha incautado 15 armas de fuego, 78 partes y 3.634 municiones, por la modalidad de tráfico postal en el Aeropuerto Internacional El Dorado, UICT, divisiones de Arauca, Barranquilla, Ipiales, Medellín y Santa Marta, con una afectación económica de $137 millones.
En una operación conjunta entre la Seccional de Investigación Criminal, Sijin, y la Dirección de Extinción del Derecho al Dominio, la Policía Metropolitana de Bogotá logró desmantelar una red dedicada a la fabricación, almacenamiento y comercialización de medicamentos falsificados en Bogotá.Durante nueve meses de investigación, se evidenció que los criminales utilizaban 20 bienes inmuebles y 4 establecimientos de comercio, principalmente droguerías, para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Estos negocios operaban en ocho localidades de Bogotá: Kennedy, Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, San Cristóbal y Puente Aranda.La acción policial resultó en la materialización de 21 medidas cautelares de extinción de dominio, así como una captura por el delito de corrupción de alimentos. Entre los bienes ocupados se encuentran 16 apartamentos y diversos equipos utilizados en la elaboración de medicamentos falsos, como punzones y matrices metálicas, máquinas artesanales para la fabricación y secado de los productos, elementos de empaque y molinos para pulverizar.Además de los medicamentos falsificados, se incautaron productos farmacéuticos sin registro Invima, ampollas inyectables, jarabes, tabletas, cremas, blíster, granulados vencidos, muestras médicas y fármacos de uso institucional. También se encontraron empaques de alimentos y bebidas naturales, envases sin número de funda, etiquetas y cajas de productos, evidencia del alcance y la complejidad de las actividades delictivas.Los bienes ocupados, valuados en diez mil millones de pesos, se estima tenía una renta mensual aproximada de nueve millones de pesos.Los responsables enfrentan graves consecuencias legales, ya que el delito de corrupción de alimentos conlleva penas de 8 a 16 años de cárcel.
En un operativo simultáneo, el CTI incautó más de cien bienes, tanto muebles como inmuebles, que habrían sido adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico por reconocidos delincuentes del Eje Cafetero y el Valle del Cauca. La fiscal encargada del proceso destacó los logros de estas investigaciones.“La Fiscalía General de la Nación, a través de sus fiscales de extinción de dominio, le quitaron a los narcotraficantes del Valle del Cauca y del Eje Cafetero más de 100.000 millones de pesos en bienes adquiridos a través de la práctica ilegal del tráfico de sustancias estupefacientes. No es solo mandar a las personas a la cárcel, sino también quitarles los bienes, que es una de las formas para poder desmantelar judicialmente las estructuras dedicadas a este flagelo", dijo la fiscal general de la Nación (e), Martha Janeth Mancera.Una de las operaciones se dirigió contra Javier García Rojas, más conocido por los alias 'Maracuyá' o 'Fruta', a quien se le decomisaron 71 propiedades ubicadas en zonas urbanas y rurales, así como sociedades y establecimientos comerciales, valorados en cerca de 60.000 millones de pesos. De acuerdo con las investigaciones, alias 'Maracuyá' operaba principalmente en el Valle del Cauca, pero en los últimos años logró expandirse hasta Antioquia, donde contó con la complicidad de amigos y familiares que, bajo la fachada de empresarios, actuaban como testaferros para ocultar propiedades y lavar dinero. Este hombre también es señalado de haber sido socio de Rodrigo Zapata, Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso', de las Autodefensas Unidas de Colombia, y del narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño', entre otros.El operativo incluyó acciones contra Henry Loaiza Ceballos, alias 'El Alacrán', exlíder del extinto 'cartel del Norte del Valle', quien recurrió a testaferros para evadir la atención de las autoridades. No obstante, la Fiscalía logró incautar 27 inmuebles a nombre de familiares, cuyo valor supera los 38.000 millones de pesos. Estas propiedades se encuentran en el Valle del Cauca, Quindío, Magdalena y Cundinamarca. La Fiscalía indicó que, en esta línea de investigación, también lograron identificar bienes pertenecientes a la estructura ilegal 'La Inmaculada', que está al servicio de alias 'El Alacrán', responsables de sembrar el terror en Tuluá mediante actividades de extorsión y violencia.Es importante destacar que la estructura delincuencial 'Los Flacos', un grupo responsable de tráfico de estupefacientes, homicidios, extorsiones y préstamos 'gota a gota', también poseía propiedades valoradas en aproximadamente 1.410 millones de pesos, pertenecientes a los hermanos Montoya Serna, implicados en múltiples delitos en el Eje Cafetero y el norte del Valle del Cauca.Finalmente, la organización criminal 'Cordillera' o 'La Oficina', quienes supuestamente tenían un plan para atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro, enfrentó medidas sobre diversas propiedades pertinentes a este grupo, incluyendo inmuebles y vehículos, con un valor aproximado de 1.900 millones de pesos, supuestamente a nombre de terceros representantes de esta organización."
Blu Radio conoció los testimonios de Leonardo Alfonso Estrada Alvarado y Edver Fajardo, quienes dicen que luego de haberse desmovilizado de las Farc empezaron su colaboración con la justicia. En este proceso indicaron que el fiscal Fernando Barberi los sobornó para que declararan en la Fiscalía contra Jesús Mejía y que dijeran que, supuestamente, era el testaferro de Pablo Catatumbo, excomandante de las Farc.La Fiscalía adelantó un proceso judicial y solicitó medidas cautelares de extinción de dominio para todos los bienes de Mejía y su familia, que la integran 13 hermanos, según Mejía, todo fue producto de un montaje por parte del ente acusador. En entrevista con Blu Radio, Jesús y Socorro Mejía dijeron: “Nos dejaron en la calle, esto ha sido una tragedia, nos quitaron lo que compramos con el trabajo de toda la vida”.Blu Radio habló con Leonardo Alfonso Estrada Alvarado, quien se desmovilizó de las extintas Farc en 2009, y quien denuncia que el fiscal de extinción de dominio Francisco Barberi lo convocó para que sirviera de “testigo” y declarara contra Jesús Mejía, diciendo que este señor sí tuvo nexos con las Farc, y además, según Leonardo, el fiscal le ofreció el 5 % de 5.000 millones de pesos.El testigo estrella de la fiscalía en este caso, Leonardo Estrada, le contó a Blu Radio que el 16 de febrero de 2021, llegó a su casa un investigador que dice él, se llama Freddy Vera y un cabo segundo llamado Jesús Ramos, quienes le dijeron a Estrada que estaba en un proceso de colaboración contra el señor Jesús Mejía Jaramillo, y aunque el asegura que les informó que no conocía al señor Mejía, lo citaron nuevamente días después a una reunión que se dio en el batallón Palacé de Buga y ahí conoció al fiscal Fernando Barberi y a su secretaria, Diana Rozo Novoa.El testigo cuenta que directamente el fiscal Barberi le dijo: “Hermano, le voy a hablar cómo es, yo tengo unos documentos aquí y yo le voy a decir lo que usted debe decir, porque necesito meter a ese bandido de Pablo Catatumbo y a Jesús Mejía Jaramillo a la cárcel”. El testigo dice que insistió en que no conocía al señor Mejía, pero que el fiscal le dijo: “No importa, ahí le vamos a quitar a ese bandido 5.000 millones de pesos, a usted y a siete personas más, les vamos a dar el 5 % de esa plata, ¿a usted no le sirven 55 millones?”.Leonardo además cuenta que recibió una llamada de una mujer que decía ser Diana, la asistente del fiscal Barberi, y en esa llamada le dijo que cumpliera y así el señor Mejía fuera ‘inocente’, debía salpicarlo porque tenía un trato con la Fiscalía, y que, si no lo cumplía, podía perder los beneficios del CODA (Comité operativo para la Dejación de armas) al cual estaba acogido Leonardo tras haberse desmovilizado de las Farc.Por otro lado, el exguerrillero Edver Fajardo, también denunció que el fiscal Fernando Barberi utilizó el mismo discurso y que le ofreció en 2022 el 5 % de toda esa incautación de la familia Mejía, y también este desmovilizado anunció que no conocía a Jesús Mejía, pero que era una trampa del Fiscal Barberi.La tragedia de la familia MejíaJesús Mejía Jaramillo denunció que él contrató a un abogado de Cali llamado Jair Ortiz Guzmán para otros fines distintos a este proceso, pero que tiempo después les dijo que conocía el expediente completo de una investigación que se cursaba en la Fiscalía contra la familia Mejía por la denuncia de los dos desmovilizados.Indicaron que este abogado les pidió plata para frenar esa investigación, pero que, al no pagar, tres meses después él y toda su familia quedó en la calle porque les hicieron extinción de dominio y les incautaron los bienes, que, según él, adquiridos con el trabajo de toda.Mejía Jaramillo denunció que tiene todas las pruebas que demuestran que el abogado Jair Ortiz Guzmán le dijo que ese proceso les hubiera costado 2.000 millones de pesos, pero como no pagaron les quitaron todo.Según los dos testigos Mejía, a través de un montaje creado entre el fiscal Barberi, su asistente Diana Rozo, investigadores, abogados y supuestos falsos testigos, creaban ‘falsos positivos’ a los que involucraban en procesos de extinción de dominio y les quitaban sus bienes diciendo que los adquirieron con dinero de las Farc.Socorro Mejía, la hermana de Jesús, denunció que el fiscal Fernando Barberi ya tenía ‘tranzado’ al depositario de la (SAE) de las empresas de dos familias con los que hacían negocio. Ella pide a gritos que se investigue el manejo que en esa entidad le están dando a esos bienes.Los dos testigos decidieron retractarse de todo lo que anteriormente habían declarado contra Jesús Mejía y contar la verdad que, según ellos, lo hacen porque se está cometiendo una cruel injusticia contra la familia Mejía, que perdieron todo, producto de esa extinción de dominio, supuestamente ilegal y basada en mentiras.El fiscal José Fernando Barberi entró a la Fiscalía en diciembre de 2015 y fue el fiscal especializado de la Unidad de Extinción de Dominio, pero este año fue retirado de este proceso y trasladado a Guaviare. Ahora este caso lo lleva otro fiscal.Blu Radio habló con el fiscal Barberi, quien aseguró que su asistente sí fue la señora Diana Rozo Novoa, pero que todo esto se trata de un montaje en su contra y que a la familia les impusieron medidas cautelares a sus bienes porque están todas las pruebas que incriminan a esta familia con nexos con la Farc.Diana Milena Rozo Novoa dejó de ser asistente de ese fiscal Barberi y ahora es la fiscal encargada de extinción de dominio en Cúcuta. En diálogo con Blu Radio aseguró que, si tuvo reuniones en el batallón Palacé en Buga sobre el caso del señor Mejía, pero que ese audio en el que se le incrimina se trata de una suplantación.Le puede interesar:
La Fiscalía General de la Nación sigue avanzando en una nueva línea de investigación relacionada con el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en Isla Barú, Cartagena (Bolívar). En esta investigación, un equipo de fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y los investigadores del CTI han impuesto medidas cautelares, como la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, sobre tres propiedades y dos vehículos que, presuntamente, pertenecen a tres de los señalados implicados.Las propiedades, cuya estimación preliminar supera los 800 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias simultáneas realizadas en Bogotá y Rionegro (Antioquia).Según los elementos de prueba, se presume que los activos están registrados a nombre de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño. Además, Virgelina Hoyos Durango, madre de los hermanos Andrés y Ramón Emilio Pérez Hoyos, quienes enfrentan cargos penales por este crimen, habría prestado su nombre para ocultar algunos de los activos.En el transcurso de la investigación penal, se determinó que Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, aparentemente, participó junto con su pareja y cuñado en la planificación del asesinato, proporcionando incluso una camioneta para facilitar las reuniones en las que se llevó a cabo la acción criminal. Las otras dos personas admitieron haber vigilado y seguido a la víctima antes del homicidio. Además, señalaron la ubicación del fiscal en la playa para que los sicarios pudieran llegar al lugar exacto y dispararle. Como consecuencia de estos actos, Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño fueron condenados a 23 años y 6 meses de prisión.Marcelo Pecci: fiscales paraguayos llegaron a Colombia para interrogar a cerebros del crimenBlu Radio conoció que una comitiva de la República del Paraguay arribó a Colombia en cabeza de dos fiscales paraguayos para interrogar a los hermanos Pérez Hoyos, Francisco Luis Correa y Margareth Chacón, quienes están involucrados en el crimen del fiscal Marcelo Pecci.Se trata de Manuel Nicolás Doldan Breuer, agente fiscal de asuntos internacionales del Ministerio Público del Paraguay y Francisco Manuel Cabrera Sanabria, agente Fiscal asignado a la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
