Luego de un estudio, la Fundación para el Estado de Derecho, con el apoyo de National Endowment for Democracy, llegó a la conclusión de que el proyecto de jurisdicción agraria podría generar serios riesgos para los derechos a la propiedad privada.Según dicha fundación, gran parte del articulado representa una amenaza para el Estado. Dentro de los principales hallazgos está que por ejemplo en la redacción del proyecto de ley se permitiría que la Agencia Nacional de Tierras adquiera o asigne tierras rurales mediante procedimientos administrativos sin un control judicial exhaustivo. Esto según ellos, reaviva el temor de una posible "expropiación exprés".Además, aseguran que "el proyecto de ley S-183 introduce restricciones significativas que afectan la capacidad de los propietarios de tierras rurales para defender su propiedad en casos de ocupaciones indebidas. El principio de "permanencia agraria" prohibiría la interrupción de actividades productivas en predios rurales por parte de sujetos vulnerables hasta que se resuelva la disputa legal. Así mismo, este principio impediría que los jueces ordenen medidas cautelares que detengan dichas actividades de manera total, incluso si el terreno está siendo ocupado ilegalmente o de forma indebida", dijeron luego del estudio.A lo anterior se le suma que, según la fundación, se incorpora medidas procesales destinadas a proteger a sujetos especialmente vulnerables, como campesinos y comunidades rurales. Sin embargo, al hacerlo, genera un desequilibrio significativo en los juicios agrarios. Hacen énfasis en que una de las disposiciones más problemáticas es la denominada “presunción de veracidad”, que implica que las afirmaciones de estos sujetos se considerarán ciertas, incluso sin la necesidad de presentar pruebas que las respalden. Este desequilibrio se agrava aún más con la posibilidad de que los jueces emitan fallos que excedan las pretensiones de las partes."Creemos que como están radicados estos componentes no van a generar más paz en el campo, sino que van a traer más conflictos. Hay una serie de normas que podrían revivir la expropiación exprés, pueden incentivar la invasión de tierras, invadir las jurisdicciones que hay en el país. Se requiere de unos ajustes en la normatividad", dijo Luis Guillermo Vélez, presidente de la fundación.Hay que mencionar que este proyecto tampoco ha tenido buena acogida dentro del Congreso de la República porque al conocerse que iría con mensaje de urgencia, representantes como Katherine Miranda advirtieron que este abriría la puerta también no solo a la expropiación, sino además a la violación de la propiedad privada.
En medio de la controversia que rodea la adquisición de tierras por parte del Gobierno para su redistribución entre los sectores más necesitados, surge un creciente debate en torno a las medidas legales y administrativas necesarias para llevar a cabo una auténtica reforma agraria. Este diálogo se intensifica aún más con la revelación de un proyecto de decreto que convoca a una "movilización campesina" y establece la creación de comités municipales, marcando un hito en la formalización de la organización campesina.Desde varios sectores se encendieron las alarmas por una posible expropiación exprés en medio de esta reforma agraria. La exministra de Agricultura Cecilia López habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, sobre los alcances de la reforma agraria que se tramitará en el Congreso.“A mí lo que me preocupa es que esto que logró, que es que el país aceptara que no puede haber concentración de tierras y hay que distribuirlas y entregarlas a esa población que tiene una diferencia de calidad de vida con la población urbana; esa idea se podía hacer concertadamente. Lo que han hecho ahora es que ese Decreto, que sí trata de agilizar la compra de tierras, lo están reglamentando y ahí meten el concepto de extinción de dominio y lo están poniendo de una manera que genera incertidumbre y que es una señal de que quieren hacer la reforma agraria no concertada, sino a la fuerza” señaló.Además, con base en una reciente columna que escribió, explicó si el Gobierno está tratando de meter la reforma agraria a la fuerza y en lo que consistiría la iniciativa planteada por el Ejecutivo.“El llamado que hice en ese artículo es que el presidente no deje que sus funcionarios prendan una llama frente a la reforma, porque en la reglamentación Están unas condiciones que le pueden dar mucha incertidumbre a una persona porque se supone que si no cumple la tierra la función social que ya la determina, aparentemente, la ministra, resulta que tiene que entregar la tierra y si no quiere le van pagando el 80 o el 60%, eso le genera un ruido y eso mata la idea esencial de la reforma agraria de que se va a concertar, no que se va a forzar decisiones”, enfatizó la ex funcionaria.Sobre el llamado del Gobierno a una movilización campesinaLópez, habló del pánico que se puede generar si la decisión de si la tierra no está cumpliendo su función social, no la expide un juez puede provocar pánico. También se refirió a la movilización social, la movilización de la población rural que esta convocando el Gobierno para que se apruebe la reforma.“Eso me parece tan inconveniente que me atrevo a plantear que si con eso están buscando es distraer una discusión por los muchos cuestionamientos sobre la reglamentación de este Decreto que habla de la extinción de dominio. Si le digo al presidente que no deje que le dañen el ambiente”, recalcó.Finalmente, la exministra mencionó que todos estos argumentos los hace desde el conocimiento y resaltó la oportunidad que tiene este Gobierno para llevar una reforma agraria histórica, en la que según ella, se va a ver beneficiado el propietario de la tierra cómo los que la van a recibir.“El presidente se desesperó, pero la forma no es crear un ambiente de conflicto porque si la gente si está temerosa va a ser muy difícil hacer una reforma agraria concertada. Aquí hay un elemento clave y es que el campo está en guerra, usted no puede llegar a poner más motivos de conflictos rurales, eso prende todo lo negativo hacia la reforma; aquí toca hacerlo por las buenas. Se que es posible, pero toca hacerlo como el presidente lo propuso en su campaña y no como ahora que unos funcionarios ineficientes lo están tratando de hacer a la fuerza”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
Desde el corregimiento de El Salado, en los Montes de María, Bolívar, donde participó de la entrega de más de 700 hectáreas de tierras a víctimas del conflicto y firmantes de paz, el presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensajes a sus detractores y, en especial, a quienes, según él, estarían buscando sacarlo del poder."Hay quienes sueñan en tumbar el Gobierno, recogen platica de empresarios españoles, se van a España y a ver cómo se tumba el Gobierno, no se les ocurra hacer eso porque estarían iniciando una nueva ola de violencia, no sean brutos", insistió el mandatario.En su discurso, el presidente defendió su política agraria y rechazó que con esta busquen expropiar y, por el contrario, cuestionó que las sentencias judiciales de tierras sigan estancadas por décadas."Entonces se nos hostiga porque queremos mecanismos más expeditos, les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en un mes o en dos meses comprada con el dinero público, les parece que eso se llama expropiación exprés, pero no les parecía un problema que las víctimas murieran sin tener un título", dijo Petro.Precisamente, el mandatario aclaró que los objetivos son devolverles la función social a las tierras y que sea cultivada por sí quien quiera hacerlo."Aquí pareciera que fuera un delito pronunciar siquiera la frase que en todo el mundo se repite: la tierra tiene una función social, el Estado debe hacerla cumplir; si la tierra no la cumple porque el tenedor no quiere cultivar, entonces se le ayuda, se le compra la tierra o, incluso, dice nuestra constitución, se le expropia, pero nosotros no queremos hacer eso", puntualizó.Puede ver:
El artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro fue demandado porque “suprimió de un solo plumazo la fase judicial en los procedimientos agrarios como la extinción de dominio y eliminar esta etapa viola la Convención Americana de Derechos Humanos”, dijo el abogado constitucionalista Guillermo Forero a Blu Radio.Para el constitucionalista, en ese artículo del PND “les cortaron la cabeza a los jueces” y le dieron lo que sería facultades extraordinarias a funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) frente al procedimiento de los procedimientos agrarios como la extinción de dominio.Asimismo, el jurista cree que el “presidente no sabe el ‘mico’ que metieron porque va en contra de la Cidh y el sustrato filosófico del propio presidente”.La demanda llegó hasta la Corte Constitucional para someter dicho artículo a la sala plena con el fin de que suspenda provisionalmente hasta que se tome una decisión de fondo frente a la constitucionalidad de la norma.El documento también alerta que el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno actual es una “vulneración al principio de progresividad y la regla de no regresividad frente a los avances del derecho fundamental”.“Se evidencia el capricho irrazonable de suprimir la fase judicial para concentrar la función de juez y parte en la Agencia Nacional de Tierras, lo que repugna un Estado social de derecho”, dice el documento.
José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, en su más reciente columna publicada en Contexto Ganadero, dejó en claro que, frente al acuerdo suscrito con el Gobierno para la compra directa de tierras con destino a la Reforma Agraria, el gremio se mantiene fiel y o seguirá honrando.“El 11 de mayo, en San Marcos, Sucre, el Gobierno entregó las primeras tierras adquiridas en virtud del acuerdo, y no se trata de una tierra cualquiera, sino de una inmejorable, no solo por su condición agrológica y ubicación en las goteras de San Marcos, sino por su dotación de riego, con pozos profundos y pivote central, y por el excelente manejo de quien fuera su propietaria, la empresa Agrolonja, con niveles ejemplares de productividad y certificación de manejo sostenible”, indicó el líder gremial.Adicionalmente, quien vende no es tampoco una empresa cualquiera, sino una que desplegó en la zona una invaluable labor de responsabilidad social en educación, transferencia tecnológica, construcción de vivienda y generación de empleo, del cual dependen 142 familias, lo cual, sin duda, muestra otra cara de la ganadería, la que estamos impulsando y desbarata estigmas injustos en su contra.Para el presidente de Fedegán, lo que viene representa un reto para la Agencia Nacional de Tierras, y que es necesario aprovechar lo que ya está construido e incluso menciona preservarlo como un piloto de proyecto asociativo de ganadería sostenible, para que sea una “verdadera redención económica y social” para los asociados.Explicó que Fedegán busca que estos acuerdos salgan bien, por eso está en disposición de aportar su capacidad certificada de Entidad Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria, EPSEA, para brindar Asistencia Técnica y darle continuidad a todos los proyectos productivos ganaderos que vienen.“Finalmente, dos mensajes: el primero para invitar a los ganaderos interesados en vender tierras, a que hagan sus ofertas a través de Fedegán o directamente ante la ANT (..) El segundo para el Gobierno. Los ganaderos seguiremos cumpliendo el acuerdo, porque creemos en su eficacia para consolidar una clase media rural que impulse la recuperación del campo; y lo haremos a pesar de la inclusión del artículo 61 del Plan de Desarrollo, que abre caminos sumarios a la expropiación y alcanzó a destruir algo de la confianza que construimos con la ANT en las regiones donde promovimos el acuerdo con éxito”, puntualizó Lafaurie.Le puede interesar:
“Es una expropiación muy peligrosa que pone en peligro la propiedad privada”, es la conclusión de la Senadora del Centro Democrático Paloma Valencia sobre el proceso de compra de tierra para la reforma agraria que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo.Tanto el Centro Democrático como el Partido Conservador planean demandar el artículo por inconstitucional pero para el gobierno es la posibilidad de destrabar el cumplimiento del acuerdo de paz con las FarcVarios de los congresistas que apoyaron la versión final del artículo dicen que por ninguna parte se incluyó un mecanismo de expropiación acelerada sino la agilización de los trámites de la agencia nacional de tierras.“Nadie la va a arrebatar la tierra a nadie”, dijo la coordinadora ponente del Plan de Desarrollo, Olga Lucía Velásquez. Según la congresista cuando el estado identifique una tierra improductiva le van a hacer una oferta de compra al dueño, si no vende tendrá que pagar impuestos más elevados (porque va a subir el predial).Las opciones para el dueño son “o prodúzcala o véndala o haga algo, pero no la deje ahí quieta”, agregó Velásquez.“En un país donde siete millones de colombianos comen una vez al día, en un país con los índices de pobreza de Colombia quien tiene tierra tiene que ponerla a producir”, dijo por su parte el ministro del interior Luis Fernando Velasco.¿Qué dice el artículo?El artículo incluye un proceso para compra de tierra por ofertas voluntarias de sus dueños pero al final tiene una frase que deroga apartes del procedimiento de reforma agraria que existe desde que se firmó el acuerdo de paz.Eso implica que el proceso de extinción del dominio de tierras incultas no tendrá que ir a un juez agrario y será decidido en la Agencia Nacional de Tierras. Según la ley 160 de 1994 el proceso de ‘extinción judicial’ es distinto al de expropiación.En todo caso cuando la ANT declara la extinción de dominio el dueño de la tierra tiene la posibilidad de usar una defensa legal en esa entidad o pedir una revisión del Consejo de Estado y solo cuando esa revisión termine el gobierno podrá registrar formalmente el cambio de propiedad en la escritura.Le puede interesar:
Polémica ha causado un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que salió a la luz pública y que para la oposición es un mico, con el que se pretendía incluir una ley para realizar la “expropiación exprés”, sin embargo, el designado ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que pedirá este martes a los presidentes del Congreso retirar este artículo.“Hay un artículo que lo afirma un grupo de parlamentarios y algunos funcionarios del Gobierno ayudaron a redactar, lo que habla ni más ni menos que de la expropiación, ese artículo no lo apoya el Gobierno. Óigase bien, ese artículo no lo apoya el Gobierno y no sólo no lo apoya, sino que como ministro pediré que se retire ese artículo del debate”, explico el nombrado ministro del Interior Luis Fernando Velasco.De acuerdo con el texto que está en las plenarias de Senado y Cámara, la Agencia Nacional de Tierras podrá negociar directamente un predio y, si en 20 días no hay un acuerdo con el propietario, este se podrá declarar “de utilidad pública para la reforma rural integral”, lo que para algunos es una clara expropiación.“Mi primera intervención en el Congreso en la plenaria sea no sólo para saludar a mis viejos compañeros del Senado y Cámara, sino para señalar con claridad que tenemos un presidente que honre su palabra. En campaña dijimos que este Gobierno no se metía a jugar con expropiaciones y no vamos a hacer eso. Ese artículo óigase bien, no es un artículo que apoye el Gobierno”, expresó el designado jefe de la cartera de la política.Esta semana en las plenarias del congreso esta previsto que se debata el plan nacional de desarrollo el cual debe estar aprobado el 6 de mayo y tiene más de trecientos artículos los cuales son la ruta para los cuatro años de Gobierno.Le puede interesar: Truco para saber si hay que cambiar las llantas del carro:
Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierra (ANT), salió al paso frente a las reacciones que ha generado la cuestionada propuesta de una expropiación exprés que permitiría en cuestión de 21 días, quitarle la propiedad de un predio a una persona.El director manifestó desde Medellín que se trata de una herramienta que permitirá agilizar al máximo el cumplimiento del punto uno del acuerdo de paz con las Farc relacionado con la reforma rural integral."Buscamos que la gente tenga la tierra ya, comprarla ya, de manera ágil, sin más dilaciones ni tardanzas", aseguró Vega.Además, el funcionario procuró atenuar el significado y consecuencias del término 'expropiación' manifestando que es una figura totalmente legal y usada por muchos alcaldes en las principales ciudades del país."Para comprar los predios del metro, para hacer una avenida los alcaldes todos los días compran de manera voluntaria, pero cuando se trata de los campesinos no quieren que compremos rápido", puntualizó.Según Vega, desde la entidad han procurado continuar con el diálogo constante que los ganaderos han sostenido con el Ministerio de Agricultura, en cabeza de la exdirectiva de esa cartera, Cecilia López, y que ya varios han manifestado su voluntad de vender en zonas como Córdoba y el Magdalena Medio antioqueño.La reciente propuesta de la ANT se conoce horas después de que La nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, asegurara, en Mañanas Blu, que el Gobierno nacional no tiene la necesidad de impulsar la iniciativa, ya que la expropiación está contemplada en la ley.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, reveló este viernes que mediante la resolución 265 del 16 de marzo de 2023, se declararon áreas de utilidad pública e interés social en los municipios de Rosas, Timbío, Sotará, Patía, Mercaderes y Sucre del departamento del Cauca.El propósito es reubicar a las 222 familias que resultaron damnificadas en el municipio Rosas, Cauca, tras el deslizamiento del 9 de enero de este año, mediante la disposición de cuatro predios que suman en total 1.430 hectáreas.El funcionario destacó que esta es la primera vez que en el país se da aplicación a los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a los que se ha referido el presidente Gustavo Petro.En diálogo con Blu Radio, Pava explicó el alcance de la resolución y es que se iniciará un proceso de negociación exprés para tener los predios, pero si no se logra un acuerdo, en un período de 15 días serían expropiados.“Estamos aplicando la Ley 1523, artículos que no se habían utilizado anteriormente que permiten disponer de predios en 15 días, bien sea por negociación directa o por expropiación. Una vez que inicia este proceso, tanto el propietario como la entidad estamos obligados a resolver el tema de los predios para darle una solución a las familias damnificadas en Rosas que lo perdieron todo”, señala Pava.Señaló, agregó que, los procesos de reasentamiento que se han realizado en el país demoran hasta seis años y aseguró que eso “no es aceptable para familias que pierden todo en una tragedia y que tengan que esperar esa situación. Esta medida es para resolverles en el menor tiempo posible, el presidente ha sido enfático en varias ocasiones que demos aplicación a la ley”.Pava advirtió que se intentaron hacer las negociaciones directas, pero que no se han logrado los resultados.“Existían varios procesos que hemos adelantado buscando tierras y buscando negociación directa, pero viendo que no encontramos esos caminos expeditos, entonces el camino más claro es este procedimiento”, indicó.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, se refirió a las declaraciones que dio este martes acerca de la posibilidad de que el Gobierno lleve a cabo expropiaciones para reubicar a familias damnificadas por lluvias.“Tomamos medidas que tienen que ver con la relocalización de estas personas. Lo que se ha venido manejando es el traslado a salones comunales o colegios, lo que genera un nuevo reto que es inhabilitar instalaciones educativas. Hemos estado acudiendo a una acción, en algunos casos, de facilitar el pago de los arriendos, para que las familias sean recibidas en otro lugar y nosotros sufragar los pagos, pero en muchas situaciones no ha sido suficiente y la situación de las familias es mucho más complicada", declaró el funcionario. De acuerdo con Pava, legalmente el Gobierno tiene en cuenta la posibilidad de negociar predios o incluso llegar a expropiarlos, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas por las lluvias. "La misma ley 1523 de 2012 establece tres artículos. El 73, 74 y 75, para que en momentos en que se requieran realizar alojamientos temporales o reubicaciones definitivas, se acuda al tema de la adquisición de predios, negociación directa o, incluso, de requerirse, entre un proceso de expropiación. Tenemos 270.000 familias que han sido afectadas por la tragedia. De estas, tenemos más de 17.000 que requieren en muchos casos la evacuación temporal o definitiva", indicó el funcionario.El director de la UNGRD habló del caso de Piojó, Atlántico, el cual puso como ejemplo para referirse a la gestión del Gobierno para atender la ola invernal y sostuvo que en caso de que se llegaran a cursarse procesos de expropiación por vía administrativa los predios podrían acondicionarse para servir inicialmente para construir albergues y posteriormente construir viviendas para los damnificados.
Fueron capturados 10 peligrosos delincuentes, una mujer entre ellos, de las bandas Los Ramsés y Los Skarface, dedicadas al robo de motos en Bogotá. Los criminales, de acuerdo con la Policía, fueron capturados en las localidades de Usme, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar.Y es que en videos de cámaras de seguridad quedó la evidencia de los violentos atracos y robos en distintas partes de la ciudad, material en poder de las autoridades que deja ver cómo los delincuentes abordan a las víctimas a las afueras de sus viviendas y parqueaderos, los amenazan con armas de fuego, los golpean y se les llevan los vehículos.Su modo de delinquir, además, se basaba en hacer uso de aplicaciones de transporte en motocicleta. Así los delincuentes solicitaban el servicio, generaban confianza en los conductores y antes de llegar al lugar de destino y, teniendo en cuenta que no hubiera cámaras de seguridad, amenazaban a las víctimas con armas de fuego y eran despojadas de sus pertenencias y los automotores.En algunos de los eventos investigados y de acuerdo con las diferentes denuncias junto con las evidencias técnicas recopiladas, estos criminales llamaban a las víctimas para extorsionarlas, exigiendo el pago de 5 millones de pesos a cambio de devolverles su motocicleta.En las diligencias de registro y allanamiento adelantadas por la Policía se encontraron dos motocicletas hurtadas y otras dos motocicletas que presentaban los sistemas de identificación alterados, un arma de fuego calibre 9 milímetros, un celular y autopartes con los sistemas borrados.
Este domingo, 24 de noviembre, los ciudadanos de los municipios de Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira y Cali y Puerto Tejada y Villa Rica, podrán salir a ejercer su derecho al voto para decidir la conformación del Área Metropolitana del Suroccidente. Los votantes podrán ejercer su derecho al voto desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 p. m. del domingo próximo.Es por esta razón que la Registraduría Nacional del Estado Civil ya dio a conocer cómo funcionará la logística para este fin de semana en dichos municipios y cómo se verá el tarjetón electoral en el que los ciudadanos manifestarán su voto."En el tarjetón habrá una pregunta, '¿está usted de acuerdo en que se conforme un Área Metropolitana, entre los municipios de Cali, Jamundí, Dagua, Candelaria, Palmira, Villa Rica y Puerto Tejada?', estarán dos recuadros una para el sí y otra para no, las personas deben de marcar y después de esto es que se contabilizan los votos, no hay casilla de voto en blanco, estarán habilitados todos los puestos de votación donde fueron las anteriores elecciones", dijo Rodrigo Molano, delegado de la Registraduría Valle en pedagogía electoral.El proyecto AMSO se aprueba cuando la mayoría de los votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta y la participación ciudadana alcance al menos el 5 % de la población registrada en el censo electoral de cada uno de los municipios intervinientes. Según informó la registraduría, al menos 2.300.000 personas se encuentran habilitadas para sufragar en Cauca y Valle del Cauca, las cuales están distribuidas en 3079 mesas de votación a nivel de toda el aérea metropolitana.
El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, reveló que inteligencia militar está tras la pista de los cabecillas del ELN que ordenaron el ataque con artefactos explosivos improvisados tipo tatucos con los cuales fueron asesinados cuatro soldados profesionales y un suboficial en el municipio de Anorí, departamento de Antioquia.De acuerdo con el general, la información en poder del Ejército revela que alias ‘La Mona’ y alias ‘Dylan’, cabecillas del batallón Héroes y Mártires del ELN, son los responsables del ataque terrorista, por lo que ya se están adelantando las respectivas labores y operaciones contra las estructuras bajo su mando.“Los cabecillas de ese grupo están siendo buscados, la información que tenemos es que ellos fueron los que hicieron esa acción y estamos desarrollando operaciones sobre esa estructura”, dijo el general Luis Emilio Cardozo.En estos momentos el Ejército adelanta el reposicionamiento de las tropas y, según indicó Cardozo, ya hay unidades en ese sector del país ajustando dispositivos para adelantar operaciones contra las amenazas del ELN.“No podemos dejar, primero estas personas que están allá en esa área de reincorporación, tenemos que mantener la seguridad allá sobre el ATCR de La Plancha y segundo, pues tenemos que seguir proveyendo la seguridad que se requiere en ese sector”, finalizó el general Luis Emilio Cardozo.¿Quién ordenó el atentado en Anorí?El hechos, según el reporte, se le atribuye a los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN que hacen presencia en esa zona del país. En el hecho también resultaron heridos un oficial del Ejército, cinco soldados profesionales más y un civil, quienes a esta hora están siendo atendidos por personal médico."Denunciamos y rechazamos el ataque terrorista con artefactos explosivos perpetrado por el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, del GAO ELN, en el municipio de Anorí, Antioquia. Como consecuencia de este vil ataque fueron asesinados cuatro de nuestros uniformados. Así mismo, cuatro militares más resultaron heridos y un civil. Las tropas se encontraban custodiando y salvaguardando la vida de los exguerrilleros en proceso de reincorporación en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. Instauraremos las denuncias penales correspondientes frente a esta flagrante violación de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario". En el lugar se realizó por parte de las tropas el requerimiento de apoyo cercano y extracción de los heridos y las personas muertos y, además, el Ejército ordenó el alistamiento de dos pelotones más para ingresar el área y estabilizar el territorio en el que hacen presencia los delincuentes.
Cinco militares murieron y otras cuatro personas resultaron heridas, una de ellas un civil, en un ataque de la guerrilla del ELN en el municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia."Lamento profundamente el asesinato de cuatro de nuestros valientes hombres: el cabo segundo Fredys David Robles Romero y los soldados profesionales Carlos Andrés Ramos Martínez, Iván Darío Reina Carabalí y Fabián José Regino Mora. Asimismo, sigo atento a la evolución médica de cuatro de nuestros soldados heridos y de un civil afectado por este ataque", explicó Cardozo en un mensaje en su cuenta de X.Horas más tarde el Ejército informó que Yoiser David Redondo Arias, uno de los cuatro soldados que estaba herido, falleció, con lo que el número de militares heridos ascendió a cinco.En diálogo con Mañanas Blu, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, entregó detalles sobre el ataque y reveló que el ataque lo hicieron a través de un sistema de de lanzamiento de explosivos a distancia. "Fueron atacados con tatucos, eso es un sistema de lanzamiento de explosivos a distancia que desafortunadamente nos afectaron nueve hombres, cinco fallecidos y cuatro que se encuentran recuperándose", dijo a Blu Radio. De acuerdo con el general, ese sistema de ataque se puede dar a una distancia de "600 a 700 metros. Esa es la distancia más o menos que tiene el alcance de este tipo de de de sistemas, que básicamente lo que hacen es es un tubo. Es un tubo en acero y en ese tubo, pues hacen granadas y eso funciona como artillería", explicó. Y agregó, "Entonces, lo que asesina y lo que afecta a las tropas son la fragmentación de esos elementos. Una vez caen, esas granadas explotan y esos elementos que prácticamente han organizado con vidrios, tornillos, tuercas, balines y demás, pues se convierten en metralla, que son los que afectan la integridad de nuestros hombres".Por su parte el alcalde de Anorí, Antioquia, Gustavo Silva, habló sobre el ataque y agregó que los ataques se dieron cuando los uniformados hacían patrullaje. "Hicimos un consejo de Seguridad, pues lamentablemente no pudo estar el coronel del Ejército. Entendemos la situación todavía es que está atendiendo lo ocurrido, pero ya estamos haciendo gestiones también con la gobernación de Antioquia. De hecho, aquí en el municipio está haciendo presencia la Defensoría del Pueblo, la unidad para las víctimas, entre otras instituciones que también nos están apoyando en el desplazamiento masivo que tenemos", contó. Precisamente este jueves se cumplieron dos años del reinicio de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN, que ahora mismo están congeladas mientras las dos partes trabajan en Caracas para tratar de reanudarlas en medio de tensiones y desacuerdos.Escuche aquí las entrevistas:
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, estuvo en representación de los mandatarios del Caribe visitando las instalaciones de Ecopetrol y allí, tras una importante reunión, la compañía estatal mostró su interés de ser socio de la nueva compañía energética que se está impulsando en esta región.El propósito de la nueva Gestora Energética del Caribe, cuya acta de creación fue firmada en agosto pasado por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, es ofrecer energías limpias y superar la crisis energética que por años ha afectado a esta zona del país.Así las cosas, Ecopetrol estudiará la posibilidad de sumarse como socio estratégico de esta entidad y, si las cosas resultan, se firmará un memorando de entendimiento el próximo 10 de diciembre en una reunión que tienen prevista los gobernadores.“La reunión que sostuvimos en Ecopetrol marca un antes y un después, porque la nacional petrolera ha aceptado estudiar una alianza para hacer parte de la Gestora Energética del Caribe que le dé a nuestra gente otras opciones para tener en sus casas energías limpias y sostenibles", dijo.Lea"Esto sí sería una verdadera revolución energética porque convertiríamos al Caribe en un verdadero hub energético”, agregó el presidente de la RAP Caribe.El gobernador Verano, como presidente de la RAP Caribe, explicó que este memorando de entendimiento establecería una hoja de ruta para desarrollar acciones concretas que permitan viabilizar la alianza entre Ecopetrol y la apuesta de los mandatarios costeños, no solo con el fin de robustecer la infraestructura eléctrica de la región, sino impulsar su desarrollo económico sostenible, lo que sumaría en su competitividad y en atracción a los inversionistas."Esto es pensar en grande, esto es promover soluciones a la gente de manera contundente y categórica, por eso a nombre de los demás mandatarios de mi región, estamos haciendo la tarea para mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos del Caribe cuya economía será impactada visiblemente en sus hogares", puntualizó Verano.
